Los de Yamila Cuello y Facundo Rivera Alegre son dos ejemplos cordobeses emblemáticos de ese agujero negro de la Argentina de posdictadura: los casos de personas desaparecidas en democracia.
Esta semana, dos actividades recuerdan en Córdoba estos hechos que, desde hace siete y cuatro años respectivamente, son el rostro de un reclamo que puja por hacerse oír.
Tramas
El de Yamila es el único caso de Córdoba investigado por la Justicia Federal como posible trata de personas. Vivía en Coronel Olmedo, uno de los tantos barrios populares de Córdoba capital. Tenía entonces 21 años. Desapareció el domingo 25 de octubre de 2009. Su familia, sobre todo su hermana Soledad, emprendió desde entonces una activa militancia para sostener en pie el reclamo de búsqueda, a pesar de los pocos recursos económicos con que contaba, de las trabas burocráticas del sistema judicial, de la indiferencia de la clase política. Para la familia, el principal sospechoso de su desaparición es un ex novio, que según consta en el expediente judicial jugaba clandestinamente, apostaba y cuando perdía, obligaba a Yamila a tener relaciones sexuales con otras personas, a modo de pago de las deudas contraídas. El hombre fue citado a declarar y luego absuelto. La familia también ha denunciado que, si bien no se sospecha de que haya sido el Estado el actor directo de la desaparición de Yamila, sí está presente en las redes que posibilitan la desaparición de mujeres y en la lenta actitud para recuperarlas de la clandestinidad. En su caso, cuando quisieron radicar la denuncia en la comisaría de su barrio, no se la tomaron, y tardaron 48 horas en activar la búsqueda. Dicen los que saben que esos dos primeros días son centrales a la hora de dar con el paradero de una persona que ha sido secuestrada. Hoy la causa sigue formalmente abierta, aunque sin signos de avance y, desde hace tiempo, sin novedades.
Perejiles
El del “Rubio del Pasaje”, como se lo conoce en Córdoba a Facundo Rivera Alegre, es un caso “jurídicamente” más complejo que el de Yamila, aunque sus familiares no dejan de señalar las implicancias políticas del entramado que rodea a los expedientes judiciales. Es un caso en el que hubo juicio y condena. “Es la primera vez que una madre se queja por la condena a los culpables del asesinato de su hijo”, arremetieron desde la fiscalía, tras la disconformidad de Viviana Alegre, la mamá de Facundo, luego de que la Cámara 11 del Crimen condenara a Pablo Rearte a 12 años de prisión, como coautor del homicidio por el que su hermano de 15 años fue declarado penalmente responsable. “Me arruinaron la vida, somos inocentes, saben que somos inocentes”, replicó el menor de los hermanos en la sala el día en que se leyó la sentencia.
“Entre 1990 y 2013 desaparecieron en Argentina 3.231 mujeres y 2.081 varones”
La hipótesis oficial de la fiscalía sostiene que Facundo fue asesinado en un barrio alejado del Estadio del Centro donde se lo vio por última vez, a donde había ido a ver a la banda de cumbia de Damián Córdoba, quien le habría encargado comprar drogas. Según esta hipótesis, El Rubio del Pasaje intentó pagar los estupefacientes con dinero falso y discutió con los acusados (hijos de una conocida vendedora de drogas), quienes terminaron asesinándolo ese mismo 19 de febrero de 2012, escondiendo su cuerpo y luego de ocho meses cremándolo en el Cementerio Municipal de San Vicente. “Allí el cerebro habría sido un empleado que no sabe leer ni escribir y tiene una discapacidad mental que no le permite operar maquinaria alguna, menos aún un complejo horno crematorio. Un cementerio, además, con constante presencia de cuatro a seis policías de guardia a metros de los hornos, que no funcionan sin que se note”, escribió la abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, refiriéndose al ex empleado municipal Aldo Monje, quien finalmente resultó absuelto por la Justicia. Para el abogado de Viviana Alegre, Claudio Orosz, las pruebas recolectadas en la investigación judicial no hacen más que “crear un marco de duda”. Tanto para él, como para la familia de Facundo y las organizaciones sociales que la han acompañado durante estos años, la principal sospecha debería recaer sobre la “brava” policía de Córdoba. El joven fue visto por última vez cerca de la Central de Policía. El único testigo presencial del caso apareció un año y nueve meses después, y ubicó al hecho entre las 5.45 y las 6 de la mañana en el barrio Maldonado, hora en la que se ubica a Facundo marcando tarjeta en un colectivo.
Responsabilidad y omisión
Los casos de Yamila y Facundo, emblemáticos en una provincia gobernada por la derecha peronista desde hace dos décadas, con una de las policías más “autonomizadas” del país (que en diciembre de 2013 protagonizaron la “rebelión” que logró contagiar a los uniformados de otros sitios de la geografía nacional), tienen sus símiles en otras latitudes de la Argentina. Las cifras de los desaparecidos en el país entre 1990 y 2013 lograrían captar la atención de cualquier desprevenido que no tiene mucha idea de la cuestión. Sin embargo, parecen no alarmar demasiado a los gobiernos, que muchas veces brindan respuestas acotadas o insuficientes para los reclamos de una importante porción de la sociedad que suele acompañar las demandas de familiares y amigos de las víctimas. En el período mencionado, desaparecieron en Argentina 3.231 mujeres y 2.081 varones. Eso, al menos, según los datos revelados por un informe publicado el año pasado por el gobierno nacional. Informe al que la gestión de José Manuel De la Sota se negó a aportarle datos sobre las desapariciones acontecidas en Córdoba.
Esta investigación, realizada conjuntamente entre la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROTEX) y la organización no gubernamental Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), a partir del proyecto “Búsqueda e identificación de Víctimas de Trata y delitos conexos”, se basó en la información brindada por las Secretarías de Derechos Humanos del país y las policías provinciales, a las que se les solicitó reenviaran las denuncias presentadas por desaparición, extravío y ausencia de personas, tanto de menores como de mayores de edad.
“La Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello ha denunciado que con la confusión, tanto durante las gestiones provinciales y nacionales anteriores como en las actuales, de dos fenómenos diferentes como son la Trata de Personas y el Trabajo Sexual, no se contribuye a un real esclarecimiento de los casos de desaparición de mujeres”
Si bien el gobierno de Córdoba no remitió información acerca de personas buscadas en la provincia, según establece el informe, se pudieron de todos modos relevar denuncias a partir de otras fuentes documentales, como la ONG Missing Children, el Registro de Personas Desaparecidas de Buenos Aires y la base de ACCT. Así pudo establecerse que al menos siete personas fueron denunciadas como desaparecidas en la provincia entre 2004 y 2012. De las siete denuncias, 4 corresponden a niñas, adolescentes o mujeres adultas y 3 a niños, adolescentes o varones adultos. Las edades más representadas son las de dos casos de niñas/os de 5 años, un caso de 14 años de edad, 3 casos de entre 21 y 24 años, y otros dos casos de 37 y 78 años.
Micropolíticas y políticas de Estado
Desde algunas organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos reclaman que el Estado, en sus distintas esferas, efectivice políticas concretas para una “búsqueda real” de las personas desaparecidas en democracia.
La Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello, por ejemplo, ha denunciado que con la confusión, tanto durante las gestiones provinciales y nacionales anteriores como en las actuales, de dos fenómenos diferentes como son la Trata de Personas y el Trabajo Sexual, no se contribuye a un real esclarecimiento de los casos de desaparición de mujeres. Para ejemplificar comentan el hecho de que entre el número de mujeres rescatadas en todo el país, producto de los allanamientos en prostíbulos, no se encuentren mujeres denunciadas por desaparición. También reclaman la implementación de medidas que ayuden a terminar con el flagelo de las desapariciones en democracia y denuncian la complicidad que suele producirse entre las policías provinciales y el Poder Judicial de cada lugar, así como la ausencia de un Registro Único y Federal de Personas Desaparecidas.
El caso de Rivera Alegre, en este sentido, no puede dejar de mirarse a la luz de otros casos como el de Luciano Arruga y Maida Castro, cuyos restos estuvieron años enterrados como NN en cementerios. Esto recuerda también que tampoco existe en Argentina un Registro Único de Personas Enterradas como NN.
La concentración realizada el martes pasado en la Plaza de Fundador, recordando los siete años de la desaparición de Yamila Cuello, y la jornada de intervenciones performáticas prevista para esta tarde de jueves en el Archivo Provincial de la Memoria, acompañando el reclamo de la madre de Facundo Rivera Alegre para que se reabra la causa que ordena la búsqueda del cuerpo de su hijo, son dos expresiones de una puja entre aquellos anhelos y exigencias esbozadas por un sector de la sociedad que no se resigna a aceptar las explicaciones oficiales, y un entramado político, policial y judicial que es acusado de ineficaz, cuando no directamente de cómplice de este flagelo de la democracia.
