En relación con el petróleo, sectores interesados han establecido la práctica de la inconsulta. Se dice que se quiere una democracia participativa, sin los escapismos de la democracia representativa o “delegativa”, pero que convierte en letra muerta a las consultas populares y referéndum de orden constitucional.
¿Por qué deben consultarse las prórrogas de las concesiones, por ejemplo en Neuquén? Por muchas razones. La consulta popular es necesaria porque se están otorgando concesiones de gas y petróleo crudo por muchos años, muchos más que la duración de los mandatos otorgados a los funcionarios, que pareciera se sienten dueños del subsuelo, aunque les pertenece a todos los habitantes del país. Y también porque la constitución neuquina establece que el único explorador y extractor debe ser el Estado provincial (Art. 95 de la constitución provincial: “No podrá otorgarse ninguna clase de concesión para la explotación… de hidrocarburos, salvo a una entidad autárquica nacional…”)
Y porque se concede sin normas ni marco regulatorio, y porque equivocadamente se las denomina “renegociaciones”, cuando en realidad se trata de prórrogas de los privilegios concesionales a las petroleras. No se está en presencia de una sincera intención de ampliar la renta petrolera provincial con un aumento de las regalías, a las que ahora Jorge Sapag denomina “canon”, porque no tiene una ley nacional que pueda aplicar. Las concesionarias, en general y a pesar de las prórrogas que obtienen, no han cumplido con las obligaciones ambientales, y han desconocido los derechos de las poblaciones originarias, en este caso el pueblo mapuche.
Esta ausencia de normas legales y la debilidad del procedimiento legislativo exigen una consulta. Sin embargo, ¿por qué no se hacen las consultas a la población? Simplemente porque hay funcionarios que saben bien que si lo hicieran el pueblo rechazaría las prórrogas petroleras.
Solanas y Herrero son presidente y vicepresidente del grupo MORENO.
