Uruguay: sacudones de un gobierno de izquierda

Seguramente ya habría votos para aprobar en el Parlamento un TLC con Estados Unidos. Bastaría con los legisladores de la oposición y una pequeña ayuda de la bancada oficialista. Pero no sólo es cuestión de cantidad, importa la calidad. Y sobre todo la ideología, aunque esté de moda sostener lo contrario.

Entre discursos ambiguos, metáforas ferroviarias de ida y vuelta y hasta algún chiste que algunos diarios toman en serio (como la propuesta del ministro José Mujica de negociar ya un TLC con Japón), una enorme falacia contamina el debate sobre la negociación de un acuerdo comercial “lo más amplio posible” con Estados Unidos.

Se sostiene, como si fuera una verdad revelada e incontrovertible, que la ideología no tiene arte ni parte cuando de hacer negocios se trata. Lo ideológico en realidad es sustancial en una discusión que incluye, entre otros aspectos, la integración latinoamericana y las relaciones con Estados Unidos, asuntos que toda la vida, aun mucho antes de la constitución del FA, han sido señas de identidad de la izquierda uruguaya.

Para la Casa Blanca el principal interés en negociar con Uruguay no es precisamente comercial, sino político: su objetivo es, en este caso, meter una cuña en el Mercosur, que siempre le molestó como bloque regional y que ahora lo afecta más por la incorporación de Venezuela. Al gobierno de George W Bush le viene de perillas, además, firmar un acuerdo de este tipo nada menos que con otro de los gobiernos progresistas de América Latina (hasta ahora sólo lo había logrado con Chile).

Pero la integración y el comercio exterior fueron, al menos hasta hace dos años, una cuestión ideológica también para el presidente Tabaré Vázquez. En la campaña presidencial de 2004, entre sus “propuestas, proyectos e ideas para el gobierno progresista”, incluyó el capítulo “Uruguay integrado”, donde afirmó que “para conducir políticamente los procesos de integración hay que ser coherentes: hay que creer en ella y asumirla en todas sus dimensiones, porque las relaciones entre los pueblos y los países es mucho más profunda que una relación mercantil”.

El debate puede tener muy graves consecuencias en el Mercosur y en el Frente Amplio. Todos los sectores de la fuerza de gobierno plantean un eventual acuerdo económico con Estados Unidos que “no lesione la soberanía ni la economía” y “no contradiga el compromiso con los demás países de la región, en particular con el Mercosur”, según los términos de la declaración aprobada por la Mesa Política el lunes 14.

Sin embargo, las declaraciones sectoriales y las manifestaciones de los diversos dirigentes muestran distintos énfasis. ¿Qué significa no contradecir el compromiso con el Mercosur? ¿No celebrar acuerdos bilaterales con otros países, como lo establece la resolución 32 del año 2000? ¿Celebrarlos sólo en el caso de que haya una autorización previa de los demás socios, que en este caso se sabe de antemano que no sería concedida? ¿Celebrarlos aunque no exista esa autorización, partiendo de la base de que hay otras resoluciones que los demás socios no cumplen, como ha llegado a sugerir el ministro de Economía Danilo Astori? ¿Celebrarlos apostando a que no habrá sanción alguna porque el costo político de perder a un socio sería mayor al de tolerar a regañadientes la permanencia del desobediente en el bloque regional?

Es probable que la incompatibilidad entre la adhesión al Mercosur y la firma de un TLC con Estados Unidos -o un acuerdo parecido- no se traduzca, por una razón o por otra, en un alejamiento de Uruguay del Mercosur. Pero sin duda la relación con los socios grandes, a partir de ese momento, ya no será la de antes. En todo caso, Uruguay ya no podrá invocar su condición de “mejor de la clase”, que reivindica aunque en realidad no ostenta, ni estará en las mejores condiciones para reclamar por ejemplo una compensación por las famosas asimetrías.

El martes 8 Diputados aprobó, con votos frenteamplistas, blancos y colorados, una declaración sobre la guerra en Oriente Medio. Por primera vez la bancada oficialista votó dividida y fueron necesarios los votos de la oposición para obtener una mayoría. Si la votación sobre un tratado con Estados Unidos fuera hoy, seguramente ocurriría lo mismo, pero las consecuencias serían mucho más graves por la entidad del asunto.

Actualmente hay tres posiciones en la bancada frenteamplista: la de quienes apoyan el tratado, la de aquellos que lo rechazan y la de aquellos otros que, más allá de que personal o sectorialmente se identifiquen con una u otra posición, se alinearán con la actitud que en su momento asuma Vázquez. Al margen de cuántos sean los senadores y diputados que se encuentren en esta última categoría, es previsible que si el Ejecutivo envía un tratado de este tipo al Parlamento, sea aprobado con los votos de la oposición y una parte de la bancada oficialista. La fractura, en este caso en torno a uno de los puntos clave del programa, quedaría expuesta.

El FA no se romperá, pero ya no será el mismo. En cuanto a los votantes del FA en 2004, la única encuesta que se ha difundido -de Interconsult, publicada por Últimas Noticias el lunes 14- indica que el 47 por ciento es partidario de un acuerdo comercial con Estados Unidos y el 43 por ciento lo rechaza (hay un 10 por ciento de “no sabe, no contesta”): el electorado del FA partido a la mitad, entre los seguidores de los contenidos programáticos y quienes se definen como partidarios de un mayor pragmatismo.

El FA tiene pendiente una discusión a fondo que le permita zanjar orgánicamente esta controversia. Mientras no la dé y sus autoridades insistan en proceder con tanta autonomía respecto de los acuerdos programáticos, se avanza hacia un enfrentamiento cada vez mayor entre las fuerzas que lo integran, incluso con el riesgo de incurrir en desbordes como la decisión del presidente Vázquez de prohibir a sus ministros, con las excepciones que él mismo disponga, referirse a una cuestión objeto de controversia.

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