Uruguay. Llamamiento contra la ley de impunidad: “Írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre…”

Por la Redacción de Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- Vamos a decirlo desde la primera línea: nos disponemos a defender la anulación de la ley de impunidad. Puesto que no somos juristas, no empleamos el término anulación como propuesta de acción jurídica, pero sí en un sentido de acción política que abandone el enmarañado camino del menudeo que intenta, desde hace demasiados años, rescatar unas gotas de verdad y justicia. Serán los juristas comprometidos con el respeto por los derechos humanos quienes elaboren una propuesta de acción precisa que conforme a quienes, como los integrantes del cuerpo de redacción de Brecha, sostenemos que llegó el momento de abandonar el minimalismo pragmático en materia de derechos humanos para dar paso a una acción basada en el imperativo ético de investigar y hacer justicia.
Entendemos que se trata de una cuestión controversial.

Pero es justamente en la controversia que el Estado tiene la obligación de optar por una interpretación que abra los caminos a la acción y no como lo ha hecho hasta ahora, por interpretaciones de bloqueo.

No es sólo la parte más reaccionaria de la sociedad la que considera que la ley de impunidad es intocable. También lo hacen aquellos que ignoran que el derecho internacional cuestiona radicalmente la facultad legislativa de amnistiar delitos de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada. O quienes consideran que una ley es independiente de las condiciones históricas en que fue creada. Hoy, el resultado del plebiscito de 1989 sería seguramente muy distinto, a la triste pero potente luz de lo que se sabe, se reconoce y se encuentra.

En 1989 no se reconocía siquiera la existencia de desaparecidos, no se pronunciaba la palabra dictadura en los medios de comunicación, un spot en el que Sara Méndez informaba sobre el secuestro de su hijo fue censurado…

Hoy no sólo se habla abiertamente de desaparecidos, torturas y huesos de prisioneros enterrados en cuarteles, sino que hay reconocimiento oficial al respecto, se informa la existencia de transferencia de prisioneros desde otros países y de su posterior exterminio (los vuelos), se busca el cuerpo de la madre asesinada (María Claudia García) después del robo de su hija (Macarena); se encuentran huesos humanos en predios militares. No es descabellado pensar, con todo respeto por la Constitución, que estamos ante un momento constitucional distinto.

Hasta el pasado 31 de octubre todos los gobiernos posdictadura evidenciaron una absoluta falta de compromiso con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de los familiares y conciudadanos de las víctimas, así como de las víctimas sobrevivientes.

Los crímenes de la dictadura no son cosa del pasado. Pesan diariamente en la vida ciudadana, en las familias, en los individuos, su ascendencia y su descendencia.

La espera ha sido muy larga y penosa. Los familiares de desaparecidos primero y otras organizaciones de derechos humanos luego transitaron una etapa en la que sus reclamos chocaron contra muros de silencio y hostilidad, y en la que fueron elaborando una suerte de “estrategia de intersticios”, de buscar donde la ley de impunidad dejara una ranura, un orificio, para intentar algún paso en la búsqueda de la verdad.

En esa lógica del goteo, hasta los más consecuentes luchadores por la verdad se enredaron alguna vez en la maraña de argucias para rescatar una brizna de justicia.
Durante años se intentó arrastrar fuera la ley a una u otra de las víctimas: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, María Claudia García, Elena Quinteros…

La Comisión para la Paz dio un paso importante en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en los crímenes de desaparición, tortura y asesinatos de uruguayos. Pero no aportó información sobre el destino de los desaparecidos ni sobre los responsables de su suerte.

No hay un solo civil ni militar de la dictadura preso por los delitos de torturas, desaparición y asesinatos, a pesar de que hoy ni las Fuerzas Armadas niegan la existencia de tales delitos.

Con el triunfo del Frente Amplio en las elecciones hubo un instante de feliz esperanza. Ahora sí se avanzaría en la investigación, se conocería el destino de los desaparecidos, se recuperarían los amados cuerpos… Se ingresó a los cuarteles, se exigió informes a los mandos, se iniciaron las excavaciones en busca de los restos.
Pero el nuevo tiempo político traería otras racionalidades, en particular la nueva doxa del pragmatismo.

Y la vuelta al menudeo en el tema derechos humanos. La calidad de “permanente e imprescriptible” del delito de desaparición no debería quedar subordinada a la aparición de cuerpos, como señaló el presidente Vázquez.

La alternativa a la impunidad en este nuevo escenario no puede ser un nuevo remiendo que sirva para seguir postergando la verdad.

Entendemos que la formulación, obviamente bien intencionada, de una ley interpretativa de la ley de impunidad, será un nuevo remiendo o postergación que chocará con la inequívoca actitud de los jueces, contraria a la investigación y a la sanción de los (de esos) delitos.
Por todo esto, el cuerpo de periodistas de BRECHA llama a los uruguayos que están en el país y a los que están diseminados por el mundo a expresar su voluntad de poner fin, frontalmente, a la impunidad.

La alternativa será legal, se llamará anulación o inaplicabilidad -por muchos caminos se puede llegar a Roma-, incluirá respuestas a los argumentos acumulados durante décadas para impedir la investigación y la sanción de los delitos citados.

Pero esta vez la alternativa elegida debe declarar explícitamente “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre” todos los actos de validación de la impunidad “arrancados a los pueblos” mediante campañas intimidatorias y ocultamiento de la verdad.

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