Un pésimo comienzo de año para los chaqueños: luego de un feroz temporal desalojan a quienes buscaban refugio

Por Causa Popular.- A mediados del mes de diciembre un temporal arrasó con sus viviendas. Cerca del panorama desolador que había dejado la furia de la naturaleza se encontraban las casas deshabitadas de un barrio casi terminado del Instituto Provincial de la Vivienda. En él decidieron instalarse las cerca de 200 familias afectadas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales. Pero el pasado jueves fueron desalojadas por una violenta represión que no distinguió siquiera a los chicos y periodistas que cubrían el hecho. El gobierno provincial al frente del cual se encuentra del radical Roy Nikisch, responsable político del operativo, se limitó a desempolvar la vieja formula de culpabilizar a las victimas y afirmó que la fuerza policial sólo “respondió” a las agresiones. Luego de que el CELS condenara la represión, el gobierno se sumó al repudio cuando los hechos estaban consumados.

“Vinimos acá porque nuestros ranchos se rompieron todos con la tormenta de la vez pasada y queríamos arreglar la situación legalmente, pero nos hacen esto; nos trataron como a animales”, se quejó tras el desalojo Juana Gómez, una madre de siete hijos cuyas pocas pertenencias fueron arrojadas a la calle por la policía como las de los otros desalojados. Sobre la represión, la mujer relató que “no perdonaron a nadie, ni a los viejos ni a las criaturas”.

El desalojo comenzó por orden judicial en la mañana del día jueves. Trescientos efectivos policiales, de Infantería, Caballería y Comando de Operaciones Especiales desalojaron por la fuerza a los vecinos, 60 los cuales resultaron heridos por bala de goma y golpes.

La abogada de las familias que ocuparon las viviendas, Valeria Romero, indicó que la orden de desalojo la dio el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Geijo.

Por la tarde, el gobierno chaqueño no sólo no hizo referencia a las personas heridas a causa de la represión, sino que además recurrió a la vieja táctica de inflar los efectivos policiales heridos para intentar justificar la violenta represión policial a causa de una supuesta reacción a las agresiones.

Según el gobierno radical seis personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia y “17 efectivos de la policía debieron ser hospitalizados, uno de ellos con traumatismo ocular de pronóstico reservado y otro con quemadura de sus miembros”.

La policía, por su parte, señaló en un comunicado oficial, que “acató lo dispuesto por el Juzgado de Garantías y actuó bajo instrucciones de la Fiscalía de Investigaciones 9, a cargo de Hugo Miguel Fonteina”.

El texto afirma que mientras “la mayoría de las personas se retiró con normalidad y por sus propios medios, un grupo de encapuchados arrojó una lluvia de objetos contundentes a los efectivos policiales, quienes actuaron rápidamente para neutralizar la situación”.

El comunicado difundido por la policía señaló a su vez que “las autoridades policiales lamentaron que algunos periodistas circunstancialmente sufrieran lesiones superficiales mientras se cumplían las órdenes de desalojo emanadas de la Justicia”.

Durante la represión, las supuestas “lesiones superficiales” que sufrieran dos trabajadores de prensa indicadas por la policía, fueron una herida en la cabeza a un camarógrafo, y 12 perdigones de goma entre la rodilla y el tobillo de la pierna izquierda del fotógrafo Germán Pomar.

Al respecto, el Sindicato de Prensa del Chaco repudió el “violento operativo represivo desplegado por el gobierno en Puerto Vilelas que en pocos minutos fue expuesto al país por los medios como un ejemplo de brutalidad incomprensible”.

Al día siguiente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista y abogado Horacio Verbitsky, se solidarizó “con las víctimas de la violencia policial”, y repudió la represión policial en Puerto Vilelas exhortando a los poderes judicial y ejecutivo a que se investigue a los responsables de esa violencia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó a su vez que se “juzgue a los funcionarios responsables y se disponga urgentemente de una solución habitacional para las familias afectadas”.

Un comunicado del CELS señaló que “El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deberán establecer las responsabilidades de los funcionarios encargados de ordenar, ejecutar y controlar el desalojo (de las viviendas) en el que resultaron heridas numerosas personas, incluyendo niños”, dijo la entidad de derechos humanos.

Para este organismo “La violencia desplegada” es “inaceptable”, sostuvo, porque “la existencia de orden judicial no exime a quienes ejecutaron la medida ni a quienes la ordenaron de la responsabilidad por la forma en la que se llevó a cabo esta acción”.

“Las familias pobres que son desalojadas no cuentan con viviendas alternativas, ni tienen recursos para defender adecuadamente sus derechos”, subrayó también. El gobierno chaqueño “tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos”.

Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también expresó su “honda preocupación” por la violenta represión desatada en Chaco. La dependencia oficial manifestó su “solidaridad con las víctimas de estos hechos”, e invitó “a los poderes públicos de la provincia de Chaco a conducir cada uno en la esfera de su competencia una investigación rápida, exhaustiva e imparcial de lo ocurrido”.

En un comunicado de prensa que lleva la firma del subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, se reconoció oficialmente, desmintiendo al gobierno del Chaco, que “el saldo hasta ahora conocido de este operativo entre las personas desalojadas es de 60 heridos, por golpes y balas de goma, incluidos niños y dos trabajadores de prensa”».

“La Secretaría de Derechos Humanos recuerda que la policía y las fuerzas de seguridad deben siempre observar los principios de necesidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza y de todo tipo de armas, letales y no letales, tal como lo establece claramente la normativa nacional e internacional en la materia”, advirtió.

El CELS recordó además que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció “que el Estado debe abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos, que sólo pueden justificarse ante situaciones excepcionales y siempre que incluyan medidas alternativas para el realojamiento de los afectados”.

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