Estados Unidos activó el escenario de una acción militar contra Venezuela, horas después del paso del Secretario de Estado Rex Tillerson, quien demandó desde Bogotá impedir la firma del acuerdo logrado en reuniones de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en República Dominicana, con la intermediación del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero
Zapatero ratificó que el documento recogió todo lo que los opositores demandaron, incluso elegir la fecha de las próximas elecciones presidenciales, con todas las garantías que aseguraban ese proceso.
Sin embargo Tillerson ya venía en son de guerra, disfrazando frases y recurriendo a los gobiernos subordinados de la región, como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, a los que el diario El País de España llama “democráticos”, pero donde los pueblos están permanentemente en las calles ante las graves violaciones a sus derechos y a los derechos humanos, bajo verdaderas dictaduras ejercidas por los poderes mediáticos concentrados.
En horas, el jefe del Comando Sur Kurt Tidd se trasladó a Colombia y llegaron tropas de Estados Unidos a ese país, para agregarse al contingente establecido en las siete bases militares que tienen allí, a los que se añaden las que desembarcaron en Panamá donde la invasión de 1989 perdura en la vida política del país. El gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia no titubeó en aceptar las órdenes y la oferta de millones de dólares y ordenó desplazar fuerzas armadas a la frontera con Venezuela, a sabiendas que una acción contra el país vecino arrastrará al suyo y a su pueblo a la tragedia de una guerra.
La relación militar de Estados Unidos con Colombia data de un largo tiempo atrás, desde el asesinato por la CIA del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y de la participación militar en la guerra contra Corea en los años 50. Luego con el cínico argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo impusieron tres bases en el siglo pasado y ya en este incorporaron otras cuatro, una de ellas estratégica para dominar la región, como es la de Palanquero.
Colombia es una democracia de Seguridad Nacional (la seguridad de EE.UU), como antes imponían las dictaduras de la Seguridad Nacional.
En ese país hay miles de muertos y desaparecidos (más de cien mil) a manos del mismo ejército y los paramilitares, que en estas horas se desplazan por zonas fronterizas con Venezuela. Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, han sido asesinados unos cien dirigentes de derechos humanos (lo dijo la ONU), además de líderes sociales e indígenas y varios integrantes de lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dedicados ahora a su labor política, y atentados contra dirigentes de la misma línea. Nunca hubo justicia para los crímenes de lesa humanidad de tantos años sobre un pueblo bajo terror.
Hay movimientos militares en Perú donde existen tres bases estadounidenses y su presidente empresario Pedro Kuczinski está acusado de corrupción ligado al caso Odebrecht, y negoció su continuidad con un indulto al criminal Alberto Fujimori, mientras el pueblo reclama justicia y derechos.
En Guyana, la Fuerza de Defensa (GDF) anunció el aumento paulatino de tropas en la zona fronteriza con Venezuela, y la instalación de una base de “patrullaje transitoria” por un informe de inteligencia sobre problemas de seguridad en la frontera “debido a la situación en Venezuela”. En realidad todos saben que es parte del cerco amenazante contra el país vecino.
Las otras “democracias”
En noviembre pasado, en Tabatinga, en la Amazonia brasileña, frontera con Venezuela, se realizaron maniobras militares con Estados Unidos, Colombia y Perú en una evidente amenaza contra Venezuela. También el golpista presidente Michel Temer no dudó en enviar ahora tropas a Roraima otra zona fronteriza para solucionar el “problema de migrantes”.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, afirmó que duplicará el número de efectivos militares en la frontera con Venezuela donde piensan instalar un hospital de campaña y un curioso centro de “selección” para ubicar y orientar a los inmigrantes venezolanos. Las acciones “humanitarias” y un Comité para refugiados estarán bajo comando de las Fuerzas Armadas.
Temer, ex informante del Comando Sur (traidor a la patria) asumió el gobierno mediante un golpe parlamentario-judicial y mediático, que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff votada por el 54 por ciento de los brasileños, utilizando uno de los varios jueces como Sergio Moro, que trabajan para Washington.
El ahora llamado law fare es un trazado de la guerra psicológica, que fue introducido a fines de los años 90, cuando el Comando Sur y otros organismos políticos y de seguridad estadounidenses discutían los conflictos posibles en América Latina para los años 2000. En esos momentos se trazó el esquema de “democracias de seguridad nacional”, contraladas por Estados Unidos en la región.
Para esto necesitaban el control de la justicia y de los parlamentos, en ambos casos mediante la cooptación y corrupción. El término law fare difundido en los últimos tiempos significa un método contrainsurgente de guerra no convencional en el que los medios y los poderes judiciales son usados para conseguir un objetivo estratégico militar (Unrestricted Warfare, 1999).
A través de esta metodología el Departamento de Justicia se encargó de la tarea de infiltrar las estructuras jurídicas en América Latina. De allí surgieron Sergio Moro, en Brasil –no el único sino el más visible– y la serie de jueces como Claudio Bonadio en Argentina y otros en varios países de la región que actúan bajo el control militar de Estados Unidos.
En los últimos días Temer decidió la intervención militar en Río de Janeiro, cuya seguridad quedará bajo control de estas fuerzas, en un hecho inédito en una democracia. Esto cuando debe tratar la reforma de jubilaciones en el Congreso, y por otra parte Río es el lugar de mayor movilización en favor del perseguido ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
En Honduras el golpe de Estado de junio de 2009, donde el enviado del departamento de Estado el general John Negroponte –ex embajador en ese país durante la guerra contra Nicaragua– logró el control del Congreso, mediante la corrupción cuando éste debía nombrar la Corte Suprema, cuya lista de jueces fue decidida en Washington.
La justicia y el parlamento justificaron que el golpe –con militares secuestrando al presidente Manuel Zelaya y llevándolo fuera del país– no era golpe sino un acto “en defensa de la democracia” amenazada por el mandatario.
En ese país el golpe se continúa con falsas democracias, como la que ahora llevó al gobierno –sobre los cadáveres de decenas de personas que protestaban contra esa injusticia– a Juan Orlando Hernández, que perdió las últimas elecciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros, siempre con una de cal y otra de arena, reclaman por los derechos humanos en Venezuela, el país agredido de manera brutal, cuando saben lo que sucede en los países antes mencionados donde los asesinatos se multiplican en todo el país desde 2009 en adelante.
¿Y qué hacen con México? En lo que va de este 2018 ya asesinaron a cinco periodistas, mientras siguen los crímenes brutales al tiempo que las tres fuerzas armadas del país se han convertido en un virtual ejército de ocupación, con sus grupos paramilitares y se denuncia que desde la firma de la Iniciativa Mérida en 2006 –copia del Plan Colombia, para una supuesta y falsa guerra contra el narcotráfico– hay más de 150 mil muertos y unos 40 mil desaparecidos. ¿Dónde está la ONU? ¿Qué hace la OEA? ¿Y la Corte Penal Internacional? Ninguno de estos organismos escuchó al gobierno de Maduro, sino a los golpistas.
En Paraguay, como en Honduras, hay una continuidad del golpe que derrocó a Fernando Lugo en 2012, también utilizando la justicia y el parlamento, y montando un episodio violento donde grupos especiales mataron a campesinos y policías, que por disposiciones del gobierno de Fernando Lugo, fueron a negociar desarmados. Grupos de fuerzas especiales estadunidenses –que están en Paraguay desde 2005– diseñaron y ejecutaron esta acción que la justicia y el parlamento atribuyeron a Lugo y destituyeron al mandatario en horas.
El actual presidente, el empresario Horacio Cartes, fue hace unos años acusado en Washington por contrabando de drogas y ahora está totalmente subordinado a la política estadounidense conformando otra “Democracia de Seguridad Nacional”, con bases de EE.UU como la de Mariscal Estigarribia.
El presidente empresario Mauricio Macri de Argentina llegó al gobierno como titular de la Fundación Pensar, dependiente de la Heritage de EE.UU en el marco de una despiadada guerra de “cuarta generación” contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con intervención de los medios de comunicación masivos y una serie de jueces que todo el tiempo la hostigaron.
Además el Fondo Buitre que maneja Paul Singer envió a Buenos Aires públicamente una “fuerza de Tarea” (task force) para ayudar a derrocar o derrotar a la ex mandataria, con millones de dólares en la que colaboraban, entre otros de los funcionarios actuales del gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual titular de la Oficina Anticurrupción, la ex diputada Laura Alonso.
Los republicanos encabezados por el representante Marco Rubio y el lobby judío de Nueva York habían creado en Washington una “Task Force” para actuar contra el gobierno de Fernández de Kirchner, Todo este poder y dinero incidieron en las elecciones de 2015. Hoy el gobierno de Macri viola las normas democráticas, tomando medidas drásticas por decretos, vetando leyes votadas por el Congreso, anulando otras por decreto, utilizando conductas mafiosas de extorsión sobre gobernadores, diputados, sindicalistas, pero además con un esquema de corrupción, que cuenta con la impunidad de los medios que el oficialismo controla en un 98 por ciento.
En el país hay muertos, persecución y presos políticos, víctimas de la contrainsurgencia judicial, aumento de la pobreza y marginalidad, destrucción de los más avanzados programas sociales, culturales, científicos y entrega de la soberanía nacional contra la voluntad del pueblo.
Ahora acordó con Estados Unidos la instalación de bases y establecimientos militares en el extremo sur, Tierra del Fuego y zonas de la Patagonia y en el norte, Misiones (en la Triple Frontera), en Salta y Jujuy en el noroeste. Transformaron a las fuerzas de seguridad como la Gendarmería, Prefectura y grupos de elite policiales en fuerzas de “despliegue rápido” que se trasladan de un lado a otro, reprimiendo los conflictos sociales.
Después del paso de Tillerson por Argentina Macri decidió crear una Fuerza de Despliegue Rápido conformada por las Fuerzas Armadas, con lo cual, a pesar de estar prohibido, actuarán en seguridad interior. Macri decretó otorgar residencia a todos los venezolanos que llegaron al país.
Estas son los países “democráticos” cuyos gobiernos sin ninguna moral acusan al presidente venezolano Nicolás Maduro de “dictador” y lo declaran persona no grata en la próxima Cumbre de las Américas en Lima.
Justamente al país que más hizo por la democratización, la integración, emancipación y la liberación de la región, y fue solidario con todos en momentos muy difíciles.
El “pecado capital” de Maduro, el pueblo y el ejército bolivariano es no haber aceptado subordinarse a la potencia imperial y entregarles la soberanía nacional, haber resistido el golpismo permanente desde el año 2002, cuando intentaron derrocar al ex presidente Hugo Chávez Frías, con un golpe que duró poco más 48 horas, derrotado por el pueblo y fuerzas armadas patrióticas..
Desde la muerte de Chávez en marzo de 2013, se lanzaron a la “toma” de Venezuela, activando la violencia una y otra vez, sin poder doblegar al pueblo y el gobierno venezolano. Los que hablan del “fracaso” de la economía venezolana son los que han desabastecido criminalmente a ese país, bajaron el petróleo para ahogarlo económica y financieramente, mataron, destruyeron y no lograron la rendición del gobierno.
Van tras las riquezas petroleras y otros recursos estratégicos. Estiman que si cae Venezuela cae toda América Latina, para imponer su proyecto recolonizador y no quieren elecciones, porque saben que pese a todo lo actuado, Maduro ganará, como lo hizo el año pasado con la Constituyente y en la elección de gobernadores.
Un país que está sufriendo bajo los métodos de una guerra contrainsurgente, de bloqueo, intervencionismo y chantaje, ahora bajo la amenaza de una invasión a la que intentan llamar “humanitaria”, con la complicidad de los organismos que debían asegurar el equilibrio y la paz necesaria para una región, donde Estados Unidos produjo un verdadero genocidio en el siglo XX.
