Para el macrismo fue como decir “listo, ya está”. A la 10:56 del domingo, cuando terminó la maratónica audiencia pública por el tarifazo del gas, el gobierno nacional consideró que había completado los requisitos exigidos por la justicia para aplicar el aumento sobre este servicio básico. Como quien tacha el último casillero de un listado de trámites engorrosos, el Poder Ejecutivo se siente ahora con libertad de acción. Lo dejó en claro el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que en la apertura misma del encuentro anunció cómo será el esquema que va a regir a partir de octubre. En un debate pensado para durar tres días y que terminó teniendo cerca de 400 expositores, ya en los primeros 20 minutos el enviado de la Casa Rosada vació de sentido práctico el resto de las intervenciones, remarcando de forma explícita el carácter no vinculante de lo que estaba por seguir. Tratando de cuidar las formas, dos días después el ex CEO de Shell prometió que “todo lo que se ha escuchado se va a considerar”.
El PRO se vio obligado a cumplir la letra del fallo que la Corte Suprema emitió el pasado 18 de agosto, pero no iba a entrar en disquisiciones sobre el espíritu del dictamen. Le reclamaron una audiencia y eso organizó. Eso y no mucho más.
Con los vallados, la fuerte presencia policial y los detectores de metales desplegados en el barrio de La Boca, la administración de Mauricio Macri demostró su preocupación por controlar quiénes iban a exponer y, sobre todo, quiénes no iban a estar presentes en la Usina del Arte. Así reafirmó la idea de una audiencia de naturaleza protocolar, que aplicó el derecho de admisión a muchas de las voces críticas y, en paralelo, dispuso a los panelistas aceptados de manera tal que el tramo central quedase en manos de los defensores del tarifazo: el propio gobierno nacional, las empresas del sector y los asesores alineados. El efecto fue el buscado: la Rosada consiguió establecer un auditorio a su medida, al menos en los momentos claves. Tanto es así que Aranguren -quizá el funcionario más discutido en el staff de Cambiemos- se dio el gusto de recibir aplausos mientras anunciaba que el golpe al bolsillo de los usuarios residenciales iba a rondar el 203%. Y eso como primer tramo de un incremento que se irá renovando semestralmente en las boletas, hasta el año 2019, cuando el PRO espera que los subsidios al suministro del fluido hayan sido eliminados por completo.
«Si en un momento de la historia argentina se acuñó la figura del “diario de Yrigoyen”, durante el fin de semana el macrismo cambió las páginas del periódico por el desarrollo de una audiencia pública»
Mientras todo esto era dicho, afuera la postal era otra. Protestaban gremios, pymes, asociaciones de consumidores, partidos opositores y movimientos sociales, ese combo de sectores críticos que en los últimos tiempos vienen coincidiendo en distintas manifestaciones de descontento contra el gobierno. Algunos lograron ingresar al recinto a un representante que fijara posición, pero muchos otros se quedaron en la puerta, a pesar de haber cumplido con el trámite que exigían los organizadores.
Si en un momento de la historia argentina se acuñó la figura del “diario de Yrigoyen”, durante el fin de semana el macrismo cambió las páginas del periódico por el desarrollo de una audiencia pública.
VIP
La confección, puesta en escena y transcurrir del debate que tuvo lugar entre el viernes y el domingo en el barrio de La Boca se volvió una muestra a escala de las tensiones que cruzan a la presidencia de Macri, así como de la forma en que el primer mandatario y su equipo las encaran o esquivan. De los más de mil inscriptos para ser parte de la audiencia, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) apenas habilitó a unos 400. Además de la Usina del Arte, hubo videoconferencias con ocho sedes virtuales habilitadas en distintos puntos del país: Ushuaia, Salta, Córdoba, Mendoza, Paraná, Rosario, Santa Rosa y Neuquén. En cada lugar se replicó la misma situación: partidos, sindicatos y diversas expresiones de la sociedad civil quejándose por no poder ingresar a los auditorios, junto a un operativo policial sobredimensionado, más oportuno para repeler que para facilitar la participación. En el caso de Neuquén, las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores de ATE que se manifestaban por no haber sido incluidos.
En la sede de la Capital Federal, las primeras tres horas fueron pro tarifazo. Después de Aranguren, tomó el micrófono Alejandro Nicola, ministro de Energía neuquino, quien pidió que “las señales de precios sean las adecuadas para que la industria pueda llevar adelante los proyectos actuales y buscar nuevas alternativas”. Luego, en bloque, siguió la voz del mercado: se escuchó a los directivos de YPF y Total, a un especialista de la consultora G&G, a la Cámara de Hidrocarburos y el Instituto del Petróleo y el Gas, y a las transportistas, distribuidoras y prestadores del servicio.
Todos respaldaron al titular de la cartera de Energía, que antes había detallado que el usuario residencial sentirá un incremento promedio del 203%, distribuido en tres escalas: el 56% de menor consumo, pagará una suba mensual que rondará los $107; para el 31% de la categoría media, serán $371; en tanto que el 13% de los grandes usuarios recibirán facturas de $953. Al final de su mandato, el macrismo augura que los aumentos semestrales hayan licuados los subsidios, salvo en los casos de Malargüe, la Patagonia y la Puna, para los que habrá que esperar hasta fines de 2022. Ese fue el proyecto de política tarifaria que recibió aplausos.
No VIP
Lejos del entorno que arropó a Aranguren, las reacciones fueron bien distintas. Un grupo de intendentes peronistas del conurbano emitió un comunicado para manifestar su “total desacuerdo con el procedimiento mediante el cual el gobierno de Mauricio Macri anuló las audiencias públicas”. Para los jefes comunales, “la posición ya tomada sobre los porcentajes de aumento y comunicada al iniciarse las audiencias (…) incumple con el espíritu y lo dispuesto por la Corte Suprema en su fallo”. En ese dictamen, el tribunal encabezado por Ricardo Lorenzetti había echado por tierra el tarifazo al gas por no haberse realizado previamente lo indicado por la Constitución en su artículo 42, que garantiza a los ciudadanos el derecho a contar con el instrumento de las audiencias públicas.
Desde el mundo pyme, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) -que días atrás presentó un amparo contra el impuestazo-, admitió “la necesidad de adecuar las tarifas”, pero subrayó que “eso no puede ser a costa de beneficiar a algunos y perjudicar a otros”.
Si bien estaba incluido entre los oradores, Hugo Yasky, dirigente de la CTA, decidió no tomar la palabra por el poco tiempo que le dieron. “Restringieron al mínimo la lista de oradores y silenciaron a cientos de inscriptos”, acusó Yasky, que junto a la CTA de Pablo Micheli y a la Corriente Federal Sindical integró el frente gremial que se movilizó para protestar en La Boca.
A su turno, Axel Kicillof sostuvo que el tarifazo no llega en un momento de “cielo despejado”, sino “en un contexto imposible, con 120 mil despidos, inflación del 40% y devaluación”. Para dar cuenta de ese marco, el ex ministro de Economía chicaneó diciendo que “tendrían que hacer una audiencia, pero para reabrir las paritarias”.
«La confección, puesta en escena y transcurrir del debate que tuvo lugar entre el viernes y el domingo en el barrio de La Boca, se volvió una muestra a escala de las tensiones que cruzan a la presidencia de Macri, así como de la forma en que el primer mandatario y su equipo las encaran o esquivan»
El senador Fernando “Pino” Solanas habló de “secretismo de Estado”, al advertir que, a pesar de lo señalado por el máximo tribunal, el gobierno sigue sin entregar un cálculo preciso del millón de BTU en boca de pozo, piedra angular para analizar el nuevo cuadro tarifario, ya que constituye cerca del 70% de la factura. “Deben dar esa información, como lo exigió la Corte”, demandó el legislador de Proyecto Sur.
Sobre ese punto, Aranguren se limitó a mostrar cifras a futuro, pero no despejó el planteo que en su momento le hizo el diputado José Luis Gioja, cuando le dijo: “Si no sabe eso, ¿cómo sabe cuánto cobrar?”. El ministro de Energía señaló que quisieron “llevar el precio del gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU, pero la Corte dijo que era un precio de mercado y ordenó realizar esta audiencia”. En cambio, lo que van a hacer ahora es “pasar a 3,42 dólares y evolucionar de forma gradual y previsible con aumentos semestrales en tres años”.
Así las cosas, la pregunta de Gioja sigue flotando en el aire.
Billeteras
Mientras se completaba el debate, las tensiones que se vienen acumulando en estos nueve meses de gestión PRO no retrocedieron ni un ápice. Los pedidos para lograr la reapertura de las paritarias mantuvieron paralizados los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, lo que incluso impidió que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, llegara a tiempo para su exposición en la audiencia. La titular de la aerolínea de bandera, Isela Constantini, ex CEO de General Motors, calificó como “una locura” la medida de fuerza tomada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Lo cierto es que el reclamo de volver a negociar salarios ante una inflación anual superior al 45% viene sumando voces de alarma en el mundo sindical, incluida una CGT reunificada que demora la entrada en acción pero no se priva del espadeo verbal: “El trabajador necesita recuperar el poder adquisitivo perdido ante una inflación desmedida”, consideró Hugo Moyano, el líder camionero y ex secretario general de la central de Azopardo. En ese sentido, una suba como la dispuesta para el gas -una entra tantas- aporta argumentos evidentes a los gremios.
La noche previa a la audiencia, se supo sobre un pedido de juicio político contra Martina Isabel Forns, la jueza federal de San Martín que había frenado el tarifazo eléctrico con una medida cautelar de alcance nacional. La magistrada hizo cuentas simples y vio en la embestida un castigo por su decisión: “No me sorprendió lo del juicio político porque molesté muchos intereses”, resumió Forns.
Días antes de que comenzara el desfile de expositores por la Usina del Arte, “Juanjo” Aranguren había sido sutilmente conminado a desprenderse de sus 1,2 millones de dólares en acciones de la multinacional en la que trabajó durante 36 años. El consejo se lo dio la Oficina Anticorrupción (AO), que hizo malabares discursivos para sostener que el funcionario estaba libre de sospechas y, a la vez, sugerirle que diera muestras de “prudencia”.
Con la discusión por la suba del gas, el gobierno pretende forzar esa misma ecuación. Si al vender Aranguren sus títulos en la petrolera ya no existen razones para acusarlo de incompatibilidad, entonces una vez celebrada la audiencia se acabaron los argumentos para oponerse al tarifazo.
Ese es el razonamiento en Balcarce 50. Claro que el desafío es más complejo, porque no se trata solo de palabras, sino también de números. Los que comenzarán a venir en las facturas de octubre, los que ya están en las boletas de luz y agua, y los que no dejan de subir en las góndolas del supermercado. Es la audiencia pública de la billetera y no hay forma de amañarla.
