Melisa Argento
Agosto de 2020 registró una terrible marca para nuestro país. De acuerdo con el Monitoreo Global de Bosques, Argentina fue el segundo país con mayor número de incendios forestales en el mundo. A lo largo de todo ese atroz año, en el cual la población adolecíó los mayores impactos de la pandemia de COVID 19, se quemaron más de un millón de hectáreas de humedales. Pero la cosa no terminó ahí, en el año 2021 ardieron en llamas, 302.451,67 hectáreas más, y en el año 2022 el fuego arrasó con 328.369 nuevas hectáreas. Esto es más de una sexta parte de las zonas de humedales del país que comprenden, en su totalidad, más de un 20% del territorio nacional.
Se quemaron los humedales del delta Santa Fe y Entre Ríos, los bosques serranos de Córdoba, el monte de Chaco, Salta y Formosa, Corrientes, Misiones y sus esteros, San Luis, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, y el sur patagónico. Todas estas provincias, sus localidades, especies y habitantes, vivieron un infierno imposible de detener. Cementerios de animales, cenizas de humedal, huida desesperada de carpinchos, nutrias, víboras, comadrejas, ciervos de los pantanos, aguará guazú, aves, ganado.
Claro que la dramática situación no quedó circunscrita a este país, en Brasil ardió el Amazonas en los más feroces incendios durante todo el 2019, Australia, Canadá, Oregón, Washington, diversos países del continente europeo, la Siberia y Argelia enfrentaron la misma tragedia. El IPCC por caso, alerta sobre el posible incremento a 2050 de incendios hasta en un 30% producto de las extremas temperaturas. Y es que estamos en el horno, y Argentina nuevamente obtiene un récord, el Servicio Meteorológico Nacional registró para 46 grados de temperatura en una localidad de Salta el 7 de diciembre de 2022. Todo un fenómeno ¿natural?
Pues no, como venimos diciendo cientos de investigadores, y miles de militantes socioambientales y especialistas a lo largo y ancho del mundo, los caminos que nos han traído hasta acá, los del Antropoceno o el capitaloceno (según qué enfaticemos en la discusión) claramente encuentran sus causas en el incremento exponencial de temperatura y emisión de gases de efecto invernadero (GEI) resultado de las actividades humanas, sobre todo luego de la revolución industrial. Pero el problema, a no confundir, no es el del incremento poblacional, sino la desigualdad, la concentración de la riqueza, que se traduce en responsabilidades absolutamente desiguales en torno a la crisis ambiental. Los sectores que más contaminan en el mundo son la industria minero-energética y fósil, transporte, agronegocios. Se trata de responsabilidades asimétricas que se reproducen entre países (deuda ecológica) y también en el interior de cada país. El 10% de la población más rica del planeta es responsable de la mitad de las emisiones globales.
Las causas expresan entonces profundas asimetrías sociales, y los impactos de esta crisis socioecológica las hacen aún más. Dependemos en la actualidad de la energía, de disponer de ella para alcanzar algún nivel de confort térmico que nos permita sacar la cabeza de estos hornos o freezer en los que nos encontramos. El problema es que el objetivo número siete del tan mentado ODS muy lejos está de ser una realidad para todes y la energía ha sido completamente mercantilizada, apropiada de manera privada al igual que el conjunto de los bienes comunes y la tierra. Los impactos sobre la salud, la vida, son desiguales en función de las desigualdades históricas estructurales, de clase, de raza- etnia y de género, o lo que el feminismo comunitario y ecofeminismos han venido a llamar un modo de dominación basado en el entronque colonial-patriarcal- capitalista.
Esta crisis que es socio-ecológica es también civilizatoria, encuentra su génesis en el modo en que concebimos como humanidad la forma de relacionarnos con la naturaleza. Esta colonización, exterioridad, instrumentalidad que ha caracterizado al paradigma dualista de la modernidad es la que debe ser modificada, la expansión de la ley del valor y la acumulación por sobre la defensa de la vida es lo que debe ser urgentemente transformado, y repito urgentemente porque no tenemos más tiempo.
Sobre esta superposición de crisis se inscriben las otras, la política, social, económica, cuyos rasgos más draconianos la pandemia de covid 19 vino a desnudar sumándole una crisis sanitaria. La desestructuración de los Estados, la pérdida de sus capacidades en materia regulación social, redistribución económica, educación y salud fueron dolorosamente evidenciadas. Las medidas de aislamiento pretendidas igualitarias fueron privilegios de pocos, la posibilidad de quedarse en su casa no existe para quien debe patear la calle para parar la olla. Despidos injustificados y laburantes sometidos al riesgo de contraer la enfermedad en buses, metros y subtes, o en sus labores en actividades “esenciales” como la minería son solo un botón de muestra de las enormes desigualdades sociales. El cuidado se visibilizó, como lo que es, una dimensión central de nuestras vidas que aún tematizada, continuó operando como esa esfera reproductora del conjunto de las desigualdades.
El poder del fuego. Desnudar las causas de este ecocidio
En medio de una pandemia cuyas consecuencias para el aparato respiratorio aún desconocíamos y sin tener aún una campaña vacunatoria, en la ciudad de Rosario no se podía respirar. Tal vez por esto, los corazones de los árboles crujientes lograron atravesar la sensibilidad de una manera peculiar. Estas columnas de humo negro, venían a decirnos que nuestra salud, nuestro cuerpo-territorio depende de ellos, venían gritando eco-interdependencia. Venían diciendo, una vez más y como tantos movimientos y luchas eco territoriales en América Latina, que justicia socioambiental y salud colectiva van de la mano.
El aire que llegaba a los pulmones mezclado con las columnas negras que se elevaban desde las islas de enfrente de la ciudad, y la lluvia de cenizas cotidianas tenía una toxicidad cinco veces mayores a los niveles permitidos para la vida humana. Las gargantas picaban permanentemente, los ojos ardían, las narices sangraban, las niñeces enfermaban, los profesionales de la salud denunciaban en hospitales y sanatorios el incremento de cuadros agudos respiratorios. Se incendiaba el pulmón verde de la región.
El Delta del Paraná tuvo fuego desde febrero de 2020 hasta este fin de año. Este Delta es una de las zonas más grandes de humedales del mundo, ocupa 19 300 km2, atraviesa núcleos urbanos de entre los principales de tres provincias del país, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y provee de agua y “servicios ecosistémicos” a más de 15 millones de personas (un tercio del país). Habitan el delta cerca de 700 especies vegetales, 500 de vertebrados y 250 especies de aves. En esta maravilla de la biodiversidad se registraron a mediados de 2020 más de 3500 focos de incendio diarios. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, decía que más del 90 % de los focos eran intencionales.
Con una velocidad que intentaba desde los propios cuerpos frenar el poder arrollador del fuego desde marzo de 2020 la ciudad de Rosario y localidades aledañas asistieron a la más grande conflictividad socioambiental de los últimos tiempos, no sólo en términos cuantitativos sino también en la expansión del debate y la reflexión crítica en torno a los modelos de desarrollo hegemónicos, el poder del capital y la devastación sobre la naturaleza.
Un conjunto de acciones sociales nuclearon primero a organizaciones de la ciudad, ONGs con trabajos en relación a la protección de la biodiversidad del Delta, equipos de investigación de universidades, Taller Ecologista de Rosario, PIARA, STS Rosario, Paren de Fumigarnos, Paraná no se toca, Cauce, Somos río, Fridays for future, Mundo Aparte, Extincion Rebelion, etc., con trayectoria en luchas frente a los agrotóxicos, en la defensa al río frente a la Hidrovía, en la lucha contra el avance inmobiliario financiero en la ciudad. Pero inmediatamente las movilizaciones expandieron estas redes desbordándolas en una autoconvocatoria que alcanzaba el 1 de agosto de 2020 a más de 4000 almas reunidas en gritos de: “¡Basta de quemas! ¡Paren el ecocidio en las islas! ¡Somos Humedal!”
El corte del puente Rosario-Victoria –paso obligado de gran parte de la circulación de mercancías del país, pero también de la expansión de la actividad ganadera sobre las islas desde su construcción en 1998 a 2003–, hizo parte de un repertorio de movilización propio de esta lucha, que trazó fidelidad con aquel 2007 en el conflicto en Gualeguaychú, al tiempo de nombró nuevas configuraciones. “Cruza el amor como un puente”, “la unión de las dos orillas”, dieron nombre a convocatorias que vinieron a simbolizar la reconfiguración de un territorio de resistencia, en defensa de lo común donde si bien toda la ciudad se veía afectada por el humo, los principales afectados eran, como siempre, aquellas y aquellos que habitan en las islas. La comunidad cuya relación de vida material es con las islas, pescadores, isleñxs, pequeños ganaderos, así como quienes han emigrado de la ciudad en busca de formas de vida más armónicas con la naturaleza o quienes vivencian cotidianamente el río y las islas en sus trayectorias de vida.
En el seno de este conflicto y en la celeridad del tempo político que éste expresó, emergería la Multisectorial Humedales (MH), una organización caracterizada por su conformación y forma organizacional capaz de articular experiencias, actores y movimientos existentes en la ciudad, al tiempo que expresar las particularidades de esa protesta, ser y hacer movimiento socioambiental en Rosario. La MH se articuló a lo largo y ancho del país en la defensa de los humedales, protagonizando la expansión de este conflicto. Sin embargo, Rosario asistió a una implosión de sectores, agendas, políticas públicas y creación de áreas institucionales y sociales ligadas al ambiente. La creación de sindicatos por el ambiente, el impulso de programas, áreas y observatorios de la Universidad Nacional de Rosario, la creación de Asambleas por el Ambiente y frentes inter-partidarios conformados por partidos políticos de la izquierda, son sólo algunos ejemplos de cómo la reflexividad social en torno a los humedales impulsó un debate socioambiental en general, al que aún le queda mucho por recorrer. Muy lejos de ser un fenómeno sólo de esta urbe, a lo largo de este conflicto similar organizatividad y niveles de movilización sucederían en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, como La Capital, en la provincia de Entre Ríos, Victoria y Paraná y en la provincia de Buenos Aires como Ramallo, por solo mencionar las más conocidas.
Uno de los aprendizajes sociales más importantes ha sido el de lograr desmarcarse de los falsos antagonismos creados una y otra vez a fin de no asumir las responsabilidades políticas de estos incendios y desviar la atención enfrentando al municipio de Rosario con el de Victoria o bien a la gobernación de Santa Fe con la de Entre Ríos respectivamente. La creatividad política de estas movilizaciones, los criterios hiper debatidos en el seno de las protestas, la labor y organización en muchas de ellas de las comisiones de trabajo de la MH lograron establecer principios y antagonismos muy claros frente al poder invasor y opresor del capital. Los “dueños del fuego”, fue una primera consigna que definió responsabilidades y connivencias político económicas de la maquina Estado Capital pero también de individualidades, en tanto que propietarios de enormes extensiones que fueron quemadas y/o inmobiliarias con intereses en la zona. Como me dijera un entrevistado, el capital también tiene nombre y apellido, entre ellos se denunciaba en los primeros meses del conflicto Rufino Pablo Baggio; Enzo Federico Vignales; Raúl Álvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Julián Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto; y José María Vicenti. Se trata de propietarios de los terrenos identificados, quienes serían posteriormente llamados a indagatoria por presunta violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal, y la ley 24.051 de residuos peligrosos.
La inventiva social nuevamente puso al desnudo una profunda crítica de esta movilización a las formas de violenciamiento institucional y ambiental en la magnífica consigna “Plomo y Humo el negocio de matar” que apareció pintada una noche de este año en el “barquito” de la ciudad. Le debemos a unxs lúcidxs artivistas rosarinos mucho pensamiento, puesto que estas siete palabras expresan la inherente relación que todes quienes criticamos el extractivismo denunciamos en torno a la violación de Derechos Humanos y Derechos socioambientales que existe en los modelos de maldesarrollo, que exacerban la dependencia de nuestro país y lo relegan perpetuamente al colonialismo del saqueo del capital trasnacional.
El proyecto de minoría Vs los dueños del fuego, sepultureros de humedales y acaparadores de agua
El extraño carácter del federalismo en Argentina, tuvo su expresión en este conflicto mutando las formas de un viejo refrán que plantea que el amperímetro se mueve recién cuando el problema (humo) llega a buenos aires. Pero no sólo llegó el humo, también lo hicieron los carpinchos, en una especie de justicia poética la aparición de estos animalitos reocupando el territorio suyo vino a denunciar el poder arrollador de la urbanización sobre los humedales. Nordelta emergió como el ejemplo de barrios privados que se construyen sepultando humedales. El ecocidio entonces se ligó con el desplazamiento de especies, con la pérdida de biodiversidad al tiempo que evidenció la injusticia social que la segregación del espacio genera. Zonas de territorio que son elevados y terraplenados para que unos pocos privilegiados vivan en confort y seguridad, ocasionan la pérdida de las capacidades de absorción o drenaje del agua de crecidas y lluvias, relegando a los asentamientos urbanos más pobres al continuo riesgo y realidad de inundaciones, desplazamientos, autoevacuaciones, pérdida de sus pocas pertenencias. Los y las afectadas en muchos casos son, quienes trabajan y garantizan con este trabajo /tiempo el confort para los barrios privados. Cosas conocidas, el capital se eroga el derecho de vida o de muerte y define qué cuerpos y ambientes son los que importan y cuáles no.
La velocidad de las articulaciones de un robusto entramado de organizaciones ambientalistas y ecologistas del país, la creación de la Red Nacional de Humedales, el permanente diálogo entre diversos territorios afectados y comunidades que resistían con sus cuerpos los dramáticos incendios, confluyó en un acuerdo: La urgencia de una Ley de Humedales Ya!
¿Pero por qué es necesaria una ley que defienda los Humedales? Porque son imprescindibles. Sean esteros, pantanales, bañados, turbines, mallines patagónicos, salares, pajonales, bofedales, lagunas, todos estos nombres designan un lugar de refugio para la vida. Necesitamos de sus capacidades ecosistémicas como reguladores hídricos, climáticos, de biodiversidad. Los necesitamos en las luchas y procesos de resistencia por la defensa de la soberanía alimentaria, en cualquier política que impulse la mitigación del cambio climático. Dicho de manera ilustrativa son esponjas naturales con la mayor capacidad de absorber gases de efecto invernadero, quemarlos, incendiarlos es precisamente emitir más dióxido de carbono, metano, amoníaco entre otros gases, es atentar contra la humanidad y la vida en su integralidad.
La extrema sequía, las bajantes históricas de los ríos en los últimos años y las quemas intencionales constituyen una bomba explosiva. Simplemente no podemos darnos ese lujo, no como se ha hecho hasta aquí, todas las agendas globales lo anuncian y existen informes desde hace cinco décadas al menos. El negacionismo ambiental es la primera chispa. La no penalización es el viento que la expande. Necesitamos una ley que regule qué se puede y qué no se puede hacer, donde lo segundo es lo que se ha hecho hasta aquí, extracción indiscriminada de agua para las actividades extractivas, intervención y/o introducción de especies no nativas (pinos u eucaliptos) para el monocultivo de exportación, vulneración química y fumigaciones, expansión de la frontera de la soja genéticamente modificada y ahora también del trigo, sobreexplotación de “recursos” y megaminería metalífera, más aún minería del litio y los “minerales críticos para la transición”. Es decir, alteraciones ecosistémicas que lo cambian y destruyen todo, sino pregunten a la ballena desorientada en el río Paraná.
Más de diez años tiene el derrotero de una de las leyes más vapuleada, negada y frenada en nuestro país. Pero entre 2020 y 2022 se logró la articulación de 13 propuestas en la Ley de Humedales Proyecto Consensuado. Presentado por el diputado Leonardo Groso, este proyecto en su génesis núcleo a más de 350 organizaciones, incorporando herramientas políticas en la defensa de estos territorios. La valorización de los mismos, el reconocimiento de sus servicios ecosistémicos, la exigencia de un inventario nacional, el cese de proyectos hasta la reglamentación de la ley, la creación de un fondo nacional, el reconocimiento de la reparación ecológica, la figura de la moratoria y la figura de delito penal para aquellas actividades nocivas con los territorios y la salud humana.
Una vez más, desoído, en diciembre de 2021 cerró el año parlamentario sin sesiones extraordinarias, en marzo de 2022 se volvió a presentar para otra vez ser cajoneado por las históricas comisiones de agricultura y ganadería. Sobre el último tercio de este año el proyecto consensuado se presentó con modificaciones, producto del desacople total que existe entre la radicalidad política emancipatoria que impulsa este proyecto y la posibilidad de que sea aprobado en estas vetustas comisiones. Se cedieron algunas de las herramientas, es cierto, pero se conservaron muchas extremadamente necesarias y urgentes. Paradójicamente, o la verdad no, el dictamen que obtuvo mayoría fue para el proyecto que presentaron los pregoneros del maldesarrollo, los sectores que defienden los intereses privados, económicos corporativos para expandir sus negocios.
El proyecto de Ley de minoría, continúa exigiendo la creación de un Programa Nacional de Conservación de Humedales, obliga a la restauración de las áreas degradadas, establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres, el de mayoría NO. El proyecto de minería establece que el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley. El de mayoría de 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1). Las definiciones del proyecto de minoría son más amplias, y más protectoras, que el proyecto de mayoría. El proyecto de minoría continúa el reconocimiento de las actividades locales y productivas de las comunidades de pescadores y pequeños agricultores que habitan allí, en detrimento de aquellas que transforman los usos del suelo.
La élite económica de este país, genera pura mentira sobre la posibilidad de una reglamentación. Mienten. Dicen que el proyecto de minoría atenta contra la “productividad” del país. Han presentado su proyecto, el que es a imagen y semejanza del capital, el de los tres lobbys más feroces en este país, que presiona y/o se liga a diputados y senadores en el parlamento. Ellos son los Dueños del fuego, los sepultureros de humedales, y los acaparadores de agua y tierra. La idea de productividad que tienen en la de sus ganancias exportadoras, no las cuentas fiscales, no el ingreso al país, no la supervivencia ecosistémica.
Argentina vive tiempos de exaltación de la felicidad, ganamos la copa del mundo el domingo. La fiesta popular le ganó a tanta disputa tóxica, a tanto discurso de odio, a tanta grieta insistentemente tallada desde la “corpo” mediática para ocultar los debates urgentes y necesarios. Ojalá seamos capaces de transitar y trasladar la ética del cuidado que mayoritariamente expresa la alegría compartida, el respeto, la humildad, las pasiones y pulsiones vitales que nos mueven por estos días en un país dolorosamente desigual y castigado. Lo común nos encuentra, nos potencia, nos dignifica. Nuestros humedales son lo común porque “Somos Humedal”. Sumate a la campaña #ActivaElCongreso y exijamos juntxs nuestra Ley de Humedales Ya!
