Por: Juan Antonio Acacio y Gabriela Wyczykier
Vivimos en sociedades energívoras. Ciertamente, consumimos grandes proporciones de energía para satisfacer necesidades productivas, de calefacción y de transporte, entre otras. Aunque se advierten desigualdades entre regiones, países y grupos sociales, el modo de acumulación capitalista que se consolidó durante el siglo XX, y que continúa hasta el día de hoy, fue posible gracias a los recursos hidrocarburíferos que ocupan un lugar central en el sistema energético a nivel global. Los guarismos que lo demuestran son elocuentes: para el año 2022, la producción mundial de energía estaba representada en un 30% por el petróleo, un 23% por el gas, y un 28% por el carbón.
Convertidas en una mercancía valiosa para gobiernos y empresarios, estas fuentes no renovables contribuyeron a gestar una geopolítica de la energía donde los conflictos bélicos, la exportación e importación de bienes naturales y de tecnología para estos fines, se conformaron en aspectos destacados de un proceso que se tradujo en fuertes asimetrías entre países del Sur y del Norte global.
Asimismo, las diversas economías afrontan problemas claves respecto de estos bienes naturales no renovables: por un lado, los llamados hidrocarburos de fácil acceso o convencionales muestran límites extractivos a mediano plazo. En consecuencia, las técnicas requeridas para garantizar el acceso al petróleo y al gas son más costosas y con impactos y efectos socioterritoriales cada vez más acuciantes. Además, la extracción y el uso de estos recursos generan gases altamente contaminantes para el ambiente, convirtiéndolos, junto con el carbón, en los que más contribuyen a la aceleración del calentamiento global.
La matriz energética de la Argentina es altamente dependiente de los hidrocarburos: en el año 2022, el 53% de la energía producida en el país provenía del gas natural, y el 31% provenía del petróleo.
Si bien desde las carteras de energía y ambiente de la actual gestión nacional se afirmó el compromiso con los acuerdos para disminuir los gases de efecto invernadero en consonancia con la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, lo cierto es que Argentina en las últimas dos décadas ha realizado una fuerte apuesta por la ampliación de la frontera hidrocarburífera. Esta apuesta también fue adoptada por otras regiones que cuentan con riqueza de bienes fósiles a pesar de, y en contradicción con, los compromisos asumidos en el 2015 por la mayoría de las naciones a escala global que asumieron la tarea de descarbonizar la producción de energía.
Las acciones que evidencian el proceso de expansión de la frontera fósil a nivel nacional se enmarcan en dos experiencias recientes: la primera, que inicia en el año 2012 con la proyección de producción comercial y masiva de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica de Vaca Muerta de la mano de la técnica del fracking, o hidrofractura. La segunda, más reciente, resulta del impulso a la actividad mar adentro –offshore– en las cercanías de la costa de la localidad de Mar del Plata, en el Mar Argentino.
Estas políticas, que trascienden gobiernos de diferentes orientaciones partidarias e ideológicas, tienen como objetivo principal lograr el autoabastecimiento de energía y, en segundo lugar, impulsar oportunidades de negocio. Ambos objetivos se consideran prioritarios para distintos actores políticos, empresariales, sindicales y sociales. Sin embargo, las resistencias a estos proyectos económicos de carácter extractivo también se han dinamizado. Así, al anunciarse en el año 2019 la licitación para la exploración en determinadas áreas frente a las costas de Mar del Plata, se gestaron acciones colectivas que reunieron a sectores estatales, profesionales, del trabajo, académicos, movimientos sociales y ambientalistas, así como a la ciudadanía de la localidad costera, en lo que se conoció como El Atlanticazo.
Algunas coordenadas sobre el offshore
La exploración y explotación offshore implica la búsqueda y extracción de petróleo y gas mar adentro. Se estima que el 30% de los hidrocarburos del mundo provienen de este tipo de actividad. Aunque más de 50 países llevan adelante esta clase de producción, los principales son Qatar, Irán, Noruega y Arabia Saudita, seguidos por Brasil y Estados Unidos. Cada país posee sus propias legislaciones y medidas de seguridad para encontrar y extraer la materia prima de los pozos ubicados en el lecho marino.
La actividad se realiza en áreas oceánicas a través de diversos tipos de plataformas (que pueden ser fijas o flotantes) y/o buques acondicionados especialmente para la actividad. La inversión que requieren, en comparación con la que se realiza en tierra firme, es mucho mayor. Se estima que la posibilidad de éxito comercial varía entre un 20% y 50%, ya que la producción es compleja y se deben transportar los hidrocarburos desde el mar hasta el puerto más cercano.
Las empresas transnacionales con mayor presencia en América Latina que se dedican a esta actividad son ExxonMobil, Total Energy, Qatar Petroleum, Shell y Equinor. Esta última es la que se ocupa mayormente de la explotación de hidrocarburos mar adentro a nivel mundial. Aunque esta actividad se desarrolla hace décadas, gran parte de las licitaciones adquiridas por estas empresas comenzaron a desarrollarse a partir de 2016, incrementándose en los últimos años.
En Argentina, las cuencas sedimentarias suman alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados, y aproximadamente un tercio de esa superficie corresponde a las áreas marinas en la plataforma continental. En el país, se distinguen 19 de estas cuencas, de las cuales 5 producen actualmente hidrocarburos: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral. A diferencia de las cuencas sedimentarias terrestres, donde se han realizado decenas de miles de pozos, en el mar sólo se concretaron, hasta el presente, alrededor de 200[1]. Actualmente, el 17% del gas que se produce el país es resultado de la actividad offshore; mientras en el petróleo las cifras son menores[2].
El consenso político en torno a la actividad hidrocarburífera en el país responde a una historia ligada a más de un siglo de extracción de gas y petróleo, que tiene como hito la fundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creada en el año 1922 con el fin de promover bienes considerados estratégicos en el desarrollo nacional.
En este sentido, el vínculo entre producción de hidrocarburos y dinamización del tejido económico productivo local, provincial y nacional, contribuyó a fortalecer perspectivas propicias a la explotación de estos bienes. La producción de gas y petróleo emplea actualmente en el país a más de 100.000 trabajadores de forma directa, y existen alrededor de 10.000 empresas proveedoras a lo largo de toda la cadena de exploración, extracción y transporte de gas y petróleo. La participación de PyMES resulta significativa, representando alrededor del 80% de empresas proveedoras de la actividad, distribuidas en todo el país[3]. Esta industria motoriza además empleos indirectos (se calcula entre 5 y 6 por cada puesto directo), relacionados con la construcción, el comercio, la hotelería, la alimentación, el transporte y, en el caso de la producción offshore, de la industria naval y portuaria.
Un dato a tener en cuenta es que, en los procesos de transición energética, en el cual a velocidades dispares pero concretas se encuentran embarcados muchos países, el gas natural es considerado por sectores tecnocráticos como un combustible puente o de transición, por su menor peso relativo en la emisión de gases dañinos para el ambiente si se lo compara con el petróleo y, sobre todo, con el carbón. De esta manera, se ha colocado como un recurso tentador para promover negocios de exportación dentro de algunos actores que planifican la transición energética.
Sin embargo, como contracara de la perspectiva favorable al despliegue de estos procesos extractivos, distintas voces alertan sobre los efectos territoriales y en la biodiversidad que el estímulo de estas fuentes fósiles puede ocasionar en el ecosistema en un escenario de crisis socioecológica. El Atlanticazo, una movilización que tuvo lugar principalmente en localidades costeras de Argentina, reunió a estas posiciones disidentes, aportando al debate público sobre las consecuencias de la ampliación de la frontera hidrocarburífera.
Criticas y resistencias a la actividad offshore
La aprobación de los estudios de impacto ambiental para la actividad offshore se realizó luego de distintas audiencias públicas en las que participó la ciudadanía, organizaciones ambientalistas, científicos, artistas, funcionarios estatales, sindicatos, partidos políticos, profesionales del sector petrolero y empresarios. Allí se expusieron argumentos a favor y en contra de la actividad. Entre las voces favorables, se destacaba la creación de nuevos puestos de trabajo, la importancia de generar autoabastecimiento de energía, de exportar gas natural para el ingreso de divisas al país y, en último lugar, la relevancia del gas natural como combustible puente para la transición energética.
Entre los argumentos en desacuerdo se manifestaron diversas posiciones, acentuándose las posturas conservacionistas que denunciaban el riesgo que podía traer aparejado para la fauna marina la utilización de dispositivos sonoros para la exploración hidrocarburífera. Además, la preocupación se centró en la posibilidad de los derrames y su consecuente gravedad para la vida marítima y las actividades económicas que se desarrollan en el mar, entre ellas la pesca. Quienes se oponían, advertían además sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la contradicción entre promover la actividad petrolera y los discursos que recalcaban la importancia de promover la transición energética.
Las movilizaciones en las calles de la localidad de Mar del Plata, que se extendieron luego a distintas zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, expresaban en gran medida estos reclamos. Así se constituyó la denominada “Asamblea por un Mar Libre de Petroleras”, actor que llamó a movilizar, el día 4 de enero de 2022, en lo que se daría a conocer como el “Atlanticazo”.
Los riesgos de la actividad de exploración sísmica, así como la posibilidad de derrames en el océano se pusieron en la primera plana. Este aspecto no resulta desdeñable, ya que la actividad cuenta con antecedentes alrededor del mundo de explosiones en las plataformas marinas y de derrames, cuyas consecuencias sobre la fauna, la flora marina, los ecosistemas y las economías locales son graves y de muy difícil saneamiento. Además, logró un lugar de jerarquía la necesidad de pensar la transición energética y de poner en el centro el problema las emisiones de gases de efecto invernadero.
El tratamiento de la cuestión tomó los senderos de la judicialización. En ese sentido, el intendente de la ciudad de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, así como distintas organizaciones ambientalistas, presentaron medidas cautelares para frenar la actividad. Estas se sostenían en la falta de información pública, así como en el derecho a un ambiente sano y a la falta de instancias de participación ciudadana, elemento necesario para la toma de decisiones sobre actividades que potencialmente puedan afectarles. Esto último se vincula al acuerdo de Escazú, firmado por el propio Estado Nacional, cuyo objetivo es garantizar la participación de los ciudadanos en todos los tramos procedimentales para la implementación de actividades productivas, entre otras cuestiones.
Aunque el juez Martín hizo lugar a las cautelares, tiempo después la Cámara Federal de Mar del Plata, revocó estas medidas afirmando que no se contaba “con una situación de riesgo o peligro inminente que pudiese colocar al medio ambiente en situación crítica o de peligrosidad tal que impusiera esa medida”. No obstante, se estableció la condición de una nueva Declaración de Impacto Ambiental a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con la revocación de las medidas cautelares, el intendente de la ciudad retornó sobre sus pasos para defender la actividad siempre y cuando generara empleo y saldos positivos para la localidad.
Luego de estos sucesos, la actividad continuó en su rumbo, fue aprobada y las exploraciones están prontas a concretarse. Ello tiene lugar en un contexto mundial y climático caracterizado por distintos procesos de transición energética hacia fuentes renovables, que deberían contribuir a la descarbonización y des fosilización de las matrices energéticas. Si bien los procesos de organización y movilización continúan activos, han mermado su presencia en el espacio público, mientras las distintas administraciones del nivel local, provincial y nacional continúan apostando a la profundización del paradigma fósil.
[1] Luciani, Adrián (2022), “Medio siglo de actividad offshore en la Argentina”, ArgenPorts, 6 de enero 2022, https://s.itoeste.com/aIaSF.
[2] Origlia, Gabriela (2022), “Hidrocarburos off shore: ¿puede la Argentina pasar a exportar petróleo?”, La Nación, 10 de marzo, https://acortartu.link/3rtkc
[3] Matarazzo, Gabriel (2022), “Hidrocarburos: la importancia en la generación de puestos de trabajo”,Ámbito,17 de diciembre 2022, https://s.itoeste.com/a67kT; EconoSur (2022), “Qué son las exploraciones offshore y cuáles son los beneficios para la Argentina”, Economía Sustentable, 2 de diciembre de 2022, https://s.itoeste.com/anwiX.
