Qué votaste, árbitro

La Honorable Cámara de Diputados del Congreso Nacional legisló nuevamente a favor de los grupos económicos. Así como el Congreso fue capaz de reparar otras culpas propias cuando corrigió “puntos finales”, “banelcos” y “obediencias debidas” (Ley 23.492 de Punto final, Ley 23.521 de Obediencia debida, Ley 25.250 o Ley Banelco), aún no ha demostrado capacidad para remediar los grandes perjuicios que sufrió el pueblo argentino con la privatización de los hidrocarburos, de YPF. y de Gas del Estado.

La privatización del gas se hizo con graves y manifiestos actos de corrupción que fueron comentados en la prensa mundial, como el hecho de utilizar cinco diputados truchos sin que se aplicaran sanciones de ningún tipo a los delincuentes activos y pasivos que actuaron en este operativo de saqueo.

Ahora el actual Poder Ejecutivo, tan comprometido con esas privatizaciones, continúa con la política de los años noventa, enviando dos proyectos de ley que son como una tenaza que intenta anular el naciente y creciente repudio popular a la política de entrega de nuestros yacimientos.

El primero, aprobado por diputados, elimina el riesgo empresario de las multinacionales del petróleo, otorgándoles -mediante contratos de uniones transitorias de empresas (UTE)- la exención de impuestos a las ganancias, a la importación de capitales y otros, para su actividad de exploración y explotación en el Mar Argentino y en las zonas no exploradas -y aun en las exploradas- del territorio continental.

El gobierno elogia los presuntos beneficios de esta ley diciendo que el Estado argentino participará a través de ENARSA, pero olvida informar que en esas UTE la presencia minoritaria de ENARSA puede ser fácilmente burlada, porque está prevista la posibilidad de que sus ocasionales funcionarios resuelvan la renuncia expresa a participar en esas uniones transitorias. Y por otra parte, este sistema también elimina la licitación pública para el otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación, con lo que abre un nuevo campo potencial de fuerte corrupción, aún cuando el régimen pretende ser de «libre competencia».

Con la segunda ley, conocida como «ley corta», de modificación de la vigente Ley de Hidrocarburos, el Poder Ejecutivo amenaza convertir el «dominio originario» que la Constitución del 94 entregó a las provincias hidrocarburíferas, en la instauración del «dominio jurisdiccional o útil».

Con esto, el Estado Nacional le cedería a las provincias la potestad de otorgar todas las concesiones, eliminado el poder vigente del Estado nacional para efectuar (y controlar) las concesiones.

En el derecho público se entiende, por «dominio originario» que la propiedad de los recursos del subsuelo le corresponde a las provincias, pero para que puedan ejercer totalmente ese derecho se debe legislar y reglamentar el «dominio jurisdiccional o útil», que es el que permite ejercer el derecho del uso energético del que ahora no disponen.

Muchas voces se han levantado contra estos proyectos, pero el Poder Ejecutivo y gran parte de los legisladores mantienen su política de continuidad y perfeccionamiento menemista. No obstante, de los 257 diputados de la Cámara sólo 121 votaron a favor de la ley que completa la entrega de nuestros recursos hidrocarburíferos.

Estos se ganarán así el dudoso honor de figurar en la historia futura entre quienes entregaron nuestros recursos naturales.

O, como dice el actual funcionario Eduardo L. Duhalde en el prólogo del libro de Carlos Lafforgue (“A QUIÉN NO VOTAR: lista de los legisladores que votaron las leyes más oprobiosas”, Bs. Aires, 2003):

«Esta suerte de escrache documental alimentará la memoria colectiva y permitirá saber quién es quién en la vida parlamentaria posterior a 1984.

Permitirá la imputación de responsabilidad a quienes fueron parte en legislar contra la Nación y el pueblo, y también excluir de un reproche generalizado y de la sospecha abstracta a quienes no han tenido responsabilidad con el dictado de estas leyes oprobiosas».

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