Sebastián Premici fue de los primeros periodistas en advertir que un joven había desaparecido en la madrugada del 1 de agosto, durante una represión a una Pu Lof ubicada en un campo de la familia Benetton, en las afueras de Esquel. Su alerta se viralizó en las redes como anticipo de lo que finalmente ocurrió: el caso Santiago Maldonado se convirtió en un símbolo de la espiralización del accionar represivo del Estado al mando del PRO.
Por cercanía geográfica -Premici vive en Santa Cruz, desde donde edita la agencia de noticias patagónica Cadena del Sur- y, sobre todo, por inquietud profesional, el periodista se dedicó durante un año a seguir cada detalle del caso. El resultado de sus observaciones y pesquisas tomó forma de libro: “Santiago Maldonado, Un crimen de Estado” (Acercándonos Ediciones). El título ofrece una primera conclusión. Para Premici, Santiago -quien luego de un mes de intensa búsqueda apareció flotando en el río donde se lo vio por última vez-, fue víctima de un crimen de estado.
¿Qué motiva la afirmación del título?
Las evidencias que hay en la causa. Santiago fue víctima de un crimen de Estado, en principio, por la planificación de la represión. Esta construcción de un supuesto “enemigo interno” comienza en febrero del 2016, cuando (Patricia) Bullrich mantuvo una reunión con empresarios de la Patagonia que le reclaman mano dura hacia los mapuches. Una suerte de pedido de represión para garantizar la seguridad jurídica de los empresarios de la zona, nucleados en sociedades rurales de Neuquén, Bariloche, Esquel. Ese entramado siguió con (Pablo) Nocetti haciendo inteligencia en la región, que emitió un primer informe sobre la RAM en agosto de 2016. Allí se ponía ya el eje en la figura de Facundo Jones Huala. Luego ocurrió la represión de enero de 2017 como antesala del horror de todo lo que vino en agosto. Y no sólo la represión, sino el armado de varias causas judiciales, el plantado de pistas dentro del expediente. Después está lo que sucedió con Santiago desde el 31 de Julio, con Nocetti en una reunión en Bariloche con fuerzas de seguridad, impartiendo la orden de cómo tenían que actuar. Ahí se les dijo a las fuerzas federales que el poder jurisdiccional de los jueces quedaba subsumido a una decisión del Poder Ejecutivo, es decir: la orden del ministerio era avanzar por sobre la comunidad. Ya no alcanzaba con desalojar una ruta, sino que había que apresar a todos lo que ellos consideraban y consideran mapuches terroristas.
¿El operativo policial fue una provocación?
Mirá, la ruta se desaloja o despeja a las 3:30 de la madrugada de ese 1 de agosto. Aún así se quedan agazapados en las inmediaciones para poder reprimir. Tuvieron la oportunidad, luego de crear un hecho de flagrancia, provocando a los mapuches con la persecución de un auto que salía de la Pu Lof. Y a partir de ahí avanzaron. Eso para mí constituye una primera planificación. La segunda tiene que ver con el encubrimiento del gobierno nacional sobre lo que sucedió en esa cacería que duró 8 minutos, donde lo primero que dijo Bullrich y otros funcionarios fue que no habían llegado gendarmes al río, que no habían llegado vehículos cerca de la pendiente, que no habían disparado… Bueno, se probó que todo eso era falso: si llegaron al río, si dispararon, los vehículos ingresaron y fueron mucho más allá de la altura de la casilla de la guardia de la Pu Lof. A esas mentiras planificadas se le sumó el rol de Gonzalo Cané como el gran prestidigitador del juez Otranto, que le fue marcando el camino y lo que tenía que hacer dentro de la causa judicial. Y Daniel Barberis como gran guionista de los gendarmes, el encargado de unificar la voz de los gendarmes para evitar contradicciones, que si bien las hubo, se hizo un trabajo para evitarlo. Por esa planificación de la represión y el encubrimiento posterior es que considero que fue un crimen de Estado.
Mencionabas que la persecución y represión a la comunidad mapuche surgió del pedido de empresarios locales. Existe una relación personal entre Mauricio Macri y el poder económico de la zona. ¿Creés que eso influyó en la ferocidad del operativo?
La relación existe y es muy estrecha. Macri tiene amistad Joseph Lewis, el empresario británico que no sólo adquirido de manera fraudulenta tierras patagónicas en 1996, sino que es socio de Marcelo Mindlin, dueño de un emporio energético. Y fue a partir marzo de 2016, en la emblemática fecha del 24 de marzo del 2016 cuando Macri pasó una de sus tantas vacaciones en la estancia de Lewis en Lago Escondido, que empezaron a aparecer panfletos de la RAM, supuestos atentados de la RAM a uno de los testaferros de Lewis, de apellido Van Ditmar, que tiene fuerte injerencia en todas las operaciones inmobiliarias en la zona. Desde este momento se instaló la idea de los “mapuches terroristas”. El lobysta de Lewis en la zona es el diputado Sergio Whisky, del Pro, que a su vez tiene injerencia en la Sociedad Rural de Neuquén. De modo que se puede trazar la línea de vinculaciones directas Macri- Lewis-Whisky-SRA de Neuquén y un personaje que yo menciono mucho en el libro: Martin Zimmermann. Es presidente de la Sociedad Rural de Neuquén y contribuyó a construir esta idea de enemigos internos y mapuches terroristas.
La pata civil de la represión…
Claro. Por ejemplo fue muy elocuente el por entonces presidente de la Sociedad Rural y hoy ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, cuando a los 8 días de la desaparición de Santiago Maldonado celebró el uso de la violencia de Estado para frenar la usurpación. En otra entrevista, Etchevehere dijo que que en la Argentina había que hacer como en Brasil, donde el Estado avanzaba contra todo tipo de delitos para garantizar la “seguridad jurídica”. El mismo argumento utilizó Dardo Chiesa, presidente de Confederación Rural Argentina. Hay una línea común de pensamiento y de accionar el empresariado y el Estado gestionado por Cambiemos.
¿Ves relación entre el proceso represivo desatado contra la comunidad mapuche y la decisión de incorporar militares q tareas de seguridad interior?
Sí. Primero el gobierno modificó de facto la doctrina de seguridad nacional a partir de la construcción de enemigos internos. Todo lo que se dijo sobre la RAM y la vinculación de los pueblos originarios con esta supuesta organización guerrillera inexistente abonó la teoría de la vinculación de mapuches argentinos y chilenos, dejando establecido que se trata de una amenaza extranjera. Eso fue puesto por escrito en el informe sobre la RAM difundido en diciembre del año pasado. Para construir ese informe se consigna la existencia de 96 causas judiciales vinculadas a la RAM. Pero de esas 96 causas, 84 son NN, y las 12 restantes son causas donde los imputados fueron sobreseídos, en algunos casos, porque se había demostrado que les habían inventado pruebas. En el libro yo hablo de un caso puntual de dos hermanos que se habían ido a solidarizar con la Pu Lof en enero del 2017, pero los metieron presos acusándolos de abigeato, de quererse robar 300 cabezas de ganado. Les inventaron pruebas, fueron a juicio y luego de 9 meses de procesos determinaron el sobreseimiento porque comprobaron que les habían inventado pruebas. A pesar de eso Bullrich incluyó ese proceso como una las 96 causas contra la RAM. También incluyeron una causa donde los imputados son policías que habían disparado contra la Pu Lof. Con lo cual queda claro que la construcción del enemigo interno estuvo basado en la invención de pruebas. Cabe preguntarse, entonces, si van a hacer lo mismo para justificar el accionar de las Fuerzas Armadas, que ahora van a ejercer seguridad interior sobre activos estratégicos. ¿Van a utilizar la misma metodología de inventar organizaciones guerrilleras como hicieron con la RAM para justificar el accionar represivo de las fuerzas federales? Me parece que es otro paso más hacia ese abismo que creó el macrismo.
Antes te referiste al encubrimiento del Ministerio de Seguridad con los gendarmes que participaron del operativo ¿Cuáles son los rasgos centrales de ese encubrimiento?
El encubrimiento tuvo distintas capas. Primero Daniel Barberis elaboró una suerte de investigación interna de la gendarmería y en dos días dictaminó que la fuerza no tenía responsabilidad. En ese informe se sostiene que gendarmería accionó contra la RAM, y se presenta lo de Santiago Maldonado casi como un daño colateral. Barberis elaboró el informe a partir de las entrevistas a los gendarmes, que respondían como si siguieran un guión. De hecho, un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) sostiene que esas entrevista y esa investigación interna fue un poco “chapucera” -utiliza esa palabra-, que las entrevistas habían sido pautadas y que el cuestionario que les hizo llenar a los gendarmes era poco menos que una encuesta de supermercado. El otro gran encubridor fue Gonzalo Cané, no sólo por haber dado la orden de lavar las camionetas antes de ser peritadas, sino por haber plantado pistas falsas dentro del expediente a través de una comisión policial, como la supuesta participación de Santiago Maldonado en el asalto a un puestero herido el 21 de Julio. Y luego operó inteligencia de gendarmería, que fue enviado a esquel el mismo primero de agosto a las 12:30. Ese grupo espió a la familia Maldonado y también a los organismos derechos humanos.
Los jueces que llevaron y llevan el caso, ¿son rehenes o cómplices de ese accionar oficial?
El proceso de encubrimiento buscó robustecer la idea de Maldonado vinculado a la RAM y trasladarle cualquier tipo de responsabilidad a la comunidad mapuche. En ese sentido creo que Otranto fue cómplice, básicamente porque actuó en consecuencia de lo que le marcaba Cané. Por ejemplo, fue muy veloz para peritar los teléfonos celulares que le había secuestrado a los mapuches y volcar esa información al expediente. Y creo que también es cómplice por su accionar posterior cuando, una vez fuera de la causa, se dedicó a crear causa judiciales para acusar a los mapuches de falso testimonio, de procesarlos por el corte de ruta o por la agresión a los gendarmes. Con relación a Gustavo Lleral, la óptica es totalmente distinta.Por ejemplo, él cree que los mapuches que declararon no le ocultaron nada. Y esto es 180° distinto a la concepción que tenía Otranto. Ahora, si eso se va a traducir en un avance concreto en la causa judicial, la verdad no lo sé.
Por lo que viste del expediente, ¿qué cosas no se hicieron y debieran hacerse para obtener justicia?
En función de las veces que hablé con Lleral, más el trabajo que yo hice de reconstrucción, una medida que ya se podría tomar es una ampliación de las testimoniales a los gendarmes para, por lo menos, ponerlos un poco en tensión sin caer en ese abismo que hay entre la declaración testimonial y la indagatoria. Ampliar la testimonial de Lucas Pilquiman y ya con eso avanzar en una reconstrucción sobre el terreno. Yo sé que que el juez está avanzando en el trabajo de localizar a cada uno de los actores, a cada uno de los gendarme y de los mapuches donde fue encontrada la boina de Santiago y los distintos elementos que permiten hacer una reconstrucción de lo que sucedió en esos 8 minutos, desde las 11:32 hasta las 11:40. La reconstrucción al detalle es la clave para poder desarmar el nudo que ataron con el encubrimiento.
