Nueva denuncia de las comunidades de Oran: El ingenio tabacal militariza y cerca territorio indígena

Por Pablo Indio.- INDYMEDIA) 10/09/04

Integrantes de la Comunidad Indígena Guaraní El Tabacal denunciaron que la empresa azucarera, propiedad de la multinacional estadounidense Seabord Corporation, destruyó todos los accesos al paraje La Loma. Mientras tanto en la Comunidad Tupí Guaraní El Algarrobal, ubicada en la banda sur del paraje Río Blanco, continúa operando la seguridad privada contratada por el Ingenio: el grupo Search, también de origen estadounidense. El mismo que el 5 de agosto apaleó a numerosos integrantes de la comunidad y obligó la hospitalización de uno de ellos durante una semana.

Los últimos hechos en La Loma sucedieron horas después que una delegación de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados de La Nación visitara la región y comprobara las constantes denuncias de violaciones a los derechos indígenas.

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Provincia de Salta, Raúl Romeo Medina, había manifestado la semana anterior en el Congreso Nacional que «no hay antecedentes de una provincia que haya trabajado tanto por las tierras de nuestros hermanos indígenas».

La Comunidad El Tabacal de la localidad de Hipólito Irigoyen difundió ayer mediante un comunicado de prensa que empleados del Ingenio Tabacal derribaron los precarios puentes que dan acceso a las 5000 hectáreas que reclaman, conocidas como La Loma, y realizaron murallas de tierra con topadoras. También denunciaron un incremento en las amenazas y persecuciones hacia integrantes de la comunidad, que comenzaron en septiembre del 2003, cuando intentaron recuperar las tierras de las que fueron desplazados décadas atrás.

El abogado de la comunidad, Hernán Mascietti, había denunciado el 31 de agosto que los efectivos de la seguridad privada de la empresa «ahora van por La Loma» «y que están trayendo perros para olfatear a los indios y perseguirlos por el monte».

«Volvemos al año 20» afirmó el asesor legal de las comunidades de Orán, al tiempo que se hacían públicas las primeras imágenes de los guardias del Ingenio armados con palos, machetes y garrotes con púas. Las fotografías fueron registradas el 5 de agosto en la banda sur del paraje Río Blanco, a 4 kilómetros de la ciudad de Orán, cuando el grupo Search atacó a integrantes de la Comunidad El Algarrobal, quienes mantienen una disputa con la empresa azucarera por las 200 hectáreas que ocupan desde hace 30 años.

Excusas oficiales

La Comisión de Población de la Cámara de Diputados de La Nación citó el 24 de agosto a funcionarios del gobierno provincial para que dieran explicaciones ante las denuncias provenientes de las comunidades El Tabacal, Río Blanco Banda Sur y Río Blanco Banda Norte, también conocida como Comunidad Kolla Guaraní. Esta última, con una superficie de 300 hectáreas, mantiene un conflicto con otra empresa llamada Río Zenta SRL, aunque según rumores registrados en Orán durante el mes de marzo, sería una subsidiaria del Ingenio Tabacal.

El Secretario de Gobierno de Salta, Raúl Romeo Medina, respondió ante los diputados que las informaciones llegadas desde Orán tienen un «cierto margen de tergiversación» y que ‘en la provincia no tenemos ninguna situación de gravedad en cuanto a la integridad física o en cuanto a la posibilidad de violencia’. “En el país no hay antecedentes de una provincia que haya trabajado tanto por las tierras de nuestros hermanos indígenas” aseguró.

Por su parte, el interventor del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Luís Gómez Almaraz, destacó que el gobierno de Juan Carlos Romero está brindando asistencia jurídica y financiera a las comunidades. Pero consultado por un corresponsal de Indymedia, el abogado Hernán Mascietti aclaró de qué se trató la asistencia: “Cuando sucedió el desalojo a Río Blanco Banda Norte (Kolla Guaraní) y los dejaron en la ruta, ellos pidieron apoyo al IPPIS. Entonces vino Gómez Almaraz y pagó 35 estampillas de 18 pesos cada una para las nulidades que presenté. Ahora el secretario de la Comunidad Río Blanco Banda Sur (El Algarrobal) recibió 100 pesos para el estampillado del interdicto posesorio que presentamos hace tres semanas”.

Medina justificó la falta de respuestas a la Comunidad El Tabacal con un argumento recientemente descartado por el gobierno nacional: que la comunidad se encuentra dividida. «En este momento tiene dos dirigencias. Es decir, dos presidente y dos secretarios porque hay un fraccionamiento dentro de la comunidad, cosa que es tal vez habitual,» explicó el funcionario.

El Secretario de Gobierno se refirió así a la comisión directiva encabezada por Mariel Chávez, una puntera política de excelentes relaciones con el Ingenio Tabacal. Esta «dirigencia» se consagró en una reunión que se realizó el 26 de febrero en Hipólito Irigoyen con la participación de los interventores del IPPIS Raúl Gómez Almaraz y Oscar Valdivieso, según consta en una filmación.

Luego de reiteradas denuncias por parte de la Comunidad El Tabacal, el 29 de junio el director del INAI, Jorge Rodríguez, dictó una resolución donde rechaza la legitimidad de la comisión de la que habla el funcionario provincial: “Comunico que este Instituto desconoce la reunión realizada en fecha 26 de febrero de 2004 ya que la misma fue realizada desatendiendo al estatuto aprobado por la Comunidad Indígena Estación Tabacal y por haber tenido como resultado la designación de personas que no forman parte de la comunidad”.

Durante el lapso que la comisión de Mariel Chávez fue reconocida por el INAI, sus integrantes sacaron una personería jurídica provincial y realizaron, en nombre de la comunidad, varios acuerdos con los directivos del Ingenio y las autoridades del gobierno de Romero.

Voces de repudio

Las constantes denuncias contra el Ingenio Tabacal y el Gobierno de Salta por violaciones a los derechos indígenas lograron llamar la atención de los grandes medios de comunicación, y ganaron el repudio de distintos organismos nacionales e internacionales.

En una carta dirigida el 10 de agosto al Secretario de Derechos Humanos de La Nación, Luís Duhalde, la organización no gubernamental Foodfirst Information & Action Network (FIAN), con sede en Alemania y status consultivo ante las Naciones Unidas, declaró:

La falta de reconocimiento del derecho a las tierras de la comunidad indígena Guaraní de Río Blanco Banda Sur contradice abiertamente los compromisos adquiridos por Argentina con el Derecho Internacional y regional.

FIAN Internacional considera que la inseguridad de posesión integral de tierras de las comunidades indígenas limita la plena realización del Derecho Humanos a la Alimentación, reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y viola el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo que establece que los Estados miembros, entre ellos Argentina, se comprometen a garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de tierras de las comunidades indígenas’.

También se manifestaron el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que conduce el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE), entre otras. Por su parte el Diputado Nacional José Roselli, del Bloque Convergencia, presentó el 11 de agosto un proyecto de repudio en el Congreso Nacional.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Jorge Dorio recorre la semana post-elecciones y con sus versos nos revela que, aunque la derrota aun no haya sucedido, el Frente de Todos debe no solo aliarse, sino empezar a actuar en vez de hablar.
En esta nota descomponemos los resultados de las elecciones del domingo pasado. Pensamos en los debates internos de las diferentes coaliciones y las estrategias que deberán ser llevadas a cabo.
A 66 años de la autodenominada Revolución Libertadora, leemos nuestro presente y encontramos sombras de la misma, la cual amenaza el futuro y la existencia de la sociedad argentina.