La ley del libro, la de defensa de la actividad librera o la 25.542 está siendo defendida en estos días porque protege a una red de librerías que sostiene la circulación de la literatura en todo el país. Esto implica además que se sigan editando y traduciendo obras que no son best sellers, primeros títulos de escritores desconocidos o autores que no conocemos, pero se acercan a nuestros universos por traducciones cuidadas.
En la Argentina desde 2002, los libros tienen un mismo precio en cualquier lugar del país. Decidido por la editorial, ese precio fijo permitió el desarrollo de nuevos sellos y librerías en estos 24 años. Esto se tradujo en crecimiento de una comunidad lectora activa que, por ejemplo, se congrega en ferias de libro organizadas por tema, municipio o provincia. Cada fin de semana en esta parte del mundo, podés encontrar una feria para ir a buscar catálogos, conversar con editores o escuchar charlas y presentaciones.
El desarrollo de la industria editorial encuentra en las librerías no sólo un lugar de compra de libros, sino también un espacio para la conversación con el librero o librera que puede sostenerse a lo largo del tiempo. Recomendaciones, sugerencias y consejos sobre lo que te puede gustar, podés regalar o te puede salvar de vos mismo por un rato. Elegir un libro es proyectar un tiempo para leer, para generar un rato de intimidad en medio del aturdimiento impuesto por la maquinaria de productividad que no perdona. Se calcula que hay cerca de 1.500 librerías en este suelo y el 70 % son impulsadas por proyectos independientes.
La defensa de la ley del libro reúne a las voces de la industria editorial argentina ante la circulación del borrador que prepara el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para intentar derogar esta norma con el argumento de que podrán hacerse descuentos. Sancionada en noviembre de 2001, promulgada en enero de 2002 e impulsada por el entonces senador Leopoldo Moreau, la 25.542 no lo permite porque establece el precio único del libro.
Una ley que protege una trama:
“Hay un consenso absoluto en relación con esta ley porque es sistémica, ya que toca una variable como el precio y de ese modo, actúa de manera virtuosa sobre el conjunto del ecosistema del libro”, explica Alejandro Dujovne, director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro (EIDAES-SCCyT) de la Universidad Nacional de San Martín.
Sobre la trama que puede desarmar esta medida, explica que “hay librerías de nicho, especializadas, con curaduría especial que son las más permeables a editoriales nuevas que, a su vez, son las que dan voz a nuevos autores y autoras que de otra manera no hubieran publicado. Además, para ganar lectores, las librerías hacen actividades culturales, en sus pueblos y comunidades. Ese rol no lo cumplen las grandes plataformas digitales y las cadenas lo cumplen parcialmente”.
Mónica Dinerstein es librera desde hace 36 años, trabaja “en el gremio” hace 55 y desde 2023 es la primera presidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI). Se trata de una organización que nuclea a más de 50 librerías y “está en crecimiento”. Para ella, la ley es producto de la inquietud de algunos libreros ante el avance, por ejemplo, de los supermercados que vendían libros y “ponían los precios que querían solamente para poder captar clientes”.
La responsable de la librería Tiempos Modernos apunta que la norma “no protege solamente a la actividad librera sino a todo el ecosistema del libro: desde los autores pasando por todos los que trabajan hasta que el libro llega a imprenta, el editor, los libreros. Y también al lector que se vería sumamente afectado si esta ley es derogada”.
“La derogación de la ley presupone que las librerías son meros expendedores de libros, entonces los coloca en un lugar en el que no interesa la dinámica cultural. Son otra cosa: venden libros pero al venderlos, generan una experiencia social y cultural muy importante. El valor de esta ley reside en su carácter sistémico porque al tocar una variable tocas todas las variables del sistema”, insiste Dujovne.
Sobre el precio del libro, Dinerstein explica que “no lo pone el librero, lo pone el editor a partir del papel, la imprenta, el diseño, ilustradores, los derechos de autor, por supuesto. Como libreros, no somos formadores de precios”. En la Argentina, el 50 % del costo del libro se lo lleva el papel, insumo concentrado en dos empresas: Celulosa y Ledesma.
El impacto de la ley en la industria:
La implementación de la ley de defensa de la actividad librera impactó en el crecimiento de la vida cultural: aumentó el número de librerías, editoriales y publicaciones. Por ejemplo, en 2001 la cantidad de publicaciones anuales fue de 12.000 títulos, mientras que en 2023 ascendió a 35.000. Esa foto demuestra la importancia de la regulación del mercado editorial para cuidar la bibliodiversidad, es decir, la posibilidad de encontrar una amplia variedad de libros para distintos intereses, búsquedas e inquietudes.
“La Ley 25.542 es la pieza central que sostiene todo nuestro ecosistema editorial. Al garantizar un precio único, frena a los grandes jugadores y plataformas para que no asfixien a las librerías independientes con agresivas competencias a la baja. En Argentina, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o el Reino Unido, este canal de ventas es absolutamente vital. Si sacás esta regulación, la venta se concentra rápido en un puñado de gigantes con enorme poder de compra”, sostiene Víctor Malumián, editor de Godot y uno de los creadores de la Feria de Editores (FED), un evento anual que reúne a editoriales independientes nacidas en los últimos años.
Antes de realizarse la decimoquinta edición de esta feria en la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que empezó a realizarse en FM La Tribu, pasó por el Centro Cultural Kirchner y ahora se hace en el Complejo C Art Media y da cauce a la cantidad de sellos que aportan a la mencionada bibliodiversidad, Malumián destaca la relevancia de esta ley desarmando la idea de que la desregulación funcionó en otros países.
“La historia ya nos demostró qué pasa cuando se toman estas medidas: en Reino Unido derogaron una normativa similar a mediados de los noventa y el resultado a mediano plazo fue que los libros aumentaron por encima de la inflación”, resume. En ese sentido, enfatiza: “La ley no insume un solo centavo de los fondos públicos ni funciona como un subsidio para editores o libreros”.
El editor marca un antecedente de esta política: un acuerdo del sector librero alemán a principios de siglo que luego tomó impulso en Francia en 1981 de la mano de la Ley Lang –por el apellido del ministro de cultura que la redactó–, y recién se implementó en nuestro país en el 2001. “Finalmente, lejos de ser una rareza nuestra, potencias del mundo editorial como Japón, Italia, Portugal, España y México, entre muchos otros, protegen sus industrias con acuerdos o normativas de este mismo estilo”, completa.
Para Dujovne, la ley 25.542 permitió construir “un entramado cultural, económico y social que se puede desarmar muy rápidamente si se desarman las condiciones de funcionamiento del mercado”. “Es una ley que no le cuesta un peso al Estado, no está subsidiando nada, es solamente regular para un bien especifico, cultural que no puede ser subsumido o reducido a un bien mercantil. Eso le cuesta entender a un gobierno que piensa la vida solamente en clave del Estado”.
Sancionada al calor de una crisis que dejó huella en la memoria popular argentina, la ley defendida con contundencia desde el sector editorial parece querer cuidar un intento de retorno a los 90 en un momento en el que parece que el libre mercado nos arrasa, con el Fondo Monetario Internacional sentado en la reunión de gabinete del gobierno de Javier Milei. Pese a todo, la lectura insiste porque la memoria de lo posible también se construye en los libros y en la conversación en torno a ellos.
Píxel / Revista Zoom