La feudalización del subsuelo: provincias y municipios quieren ser propietarios del petróleo y el gas

Por Causa Popular.- En su edición del 25 de mayo pasado, el diario La Arena de la provincia de La Pampa, denunció el redoblado interés de los gobernadores por sacar una mayor tajada de los hidrocarburos existentes en sus subsuelos y plataforma marítima, protegidos por el texto de la actual Constitución reformada en 1994. El MORELP (adherido al MORENO) denunció que “Ahora, hasta van por el mar”.

Las provincias pretenden que se les reconozca la propiedad de todos los recursos que existen en su suelo. Dicen que así aumentarán la exploración y extracción de petróleo y gas.

El gobernador Carlos Verna, junto a los primeros mandatarios de las provincias productoras de hidrocarburos, acordaron gestionar una pronta reunión con el gobierno nacional para impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos que compatibilice los intereses mutuos en materia de exploración y explotación del petróleo y gas.

Los mandatarios participaron en Buenos Aires de la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), en la que designaron presidente al gobernador de Mendoza, Julio Cobos.
“Desde la OFEPHI se impulsa una nueva Ley Nacional de Hidrocarburos que contemple una relación equitativa entre la Nación y las provincias productoras, y se constituya en un marco jurídico preciso para los inversores en el sector”, dijo Cobos en declaraciones reproducidas por DyN.
Sobre la base de la actual Ley 17.319, y lo establecido en la Constitución Nacional reformada en 1994 respecto de la propiedad de los recursos, los gobernadores aspiran a la «rápida sanción» de una «ley corta» que considere además las leyes provinciales en la materia. Cobos consideró que una nueva ley de Hidrocarburos resulta esencial para captar inversiones y avanzar rápido en el desarrollo de programas de exploración e incremento de la producción de crudo y gas, cuyas reservas están en fuerte baja.

«La propiedad de los recursos no se discute «, dijo el gobernador mendocino.

«Nosotros queremos un marco legal nacional que va a dar claridad a las inversiones, precisando quién es el propietario del uso del suelo. En este caso corresponde a las provincias la propiedad de todo lo que esté en su territorio», manifestó.

De la reunión de la OFEPHI participaron los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Julio Cobos; de La Pampa, Carlos Verna; de Santa Cruz, Carlos Sancho; de Tierra del Fuego, Hugo Cóccaro; el vicegobernador de Río Negro, Mario de Rege; el subsecretario de Energía de Salta, Mariano Arce Llovera, y la directora de la Casa de Jujuy, Olga Badra.

El proyecto que impulsan los gobernadores detalla:
“Los yacimientos de hidrocarburos situados en el territorio de la República Argentina dentro de los límites de su mar territorial y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio del Estado Nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en el que se encuentren.

“Los yacimientos situados en el territorio nacional pertenecen al patrimonio de la provincia en la que se encuentren y los yacimientos situados en el lecho y el subsuelo del mar pertenecen a la provincia ribereña de que se trate”.

“Las provincias asumirán en forma plena el ejercicio de la jurisdicción sobre los yacimientos alojados en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar del que fueren ribereñas”.

“Quedan transferidas a las provincias de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como otro tipo de contrato otorgado o aprobado por el Estado Nacional, sin que ello afecte los derechos adquiridos por sus titulares.
“Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a permisos de exploración y concesiones de explotación en vigor al momento de entrada en vigencia de la ley se calcularán conforme lo disponen los respectivos permisos y concesiones y se abonarán a las jurisdicciones a las que pertenezcan los yacimientos”.

Las provincias productoras (que en realidad no producen, porque las que extraen son las concesionarias internacionales), tienen sólo el 15% de la población nacional, mientras que las provincias consumidoras con el 85%, no están dispuestas a darle una ley para que fijen precios de los combustibles, creen aduanas internas del crudo y de los derivados, o establezcan las políticas petroleras y gasíferas del país.

Por eso no hay ni habrá Ley de Hidrocarburos que desnacionalice el petróleo de todos los argentinos. Con estas consignas voltearon a Yrigoyen y al Art. 40 de la Constitución de 1949, pero no podrán imponerse a la mayoría de los consumidores y habitantes del país.

Hasta el Presidente Kirchner reconoció su error cuando canjeó la reelección de Menem por la provincialización del petróleo argentino.

El gobernador Romero de Salta ha ofrecido 16 áreas de los departamentos San Martín y Rivadavia al mejor postor internacional. Hasta ahora compraron pliegos 4 multinacionales, pero pueden hacerlo otras más, hasta el próximo 11 de agosto, cuando se hará la apertura de ofertas.

Para el área “Tartagal Oriental” y “Hickman” se presentaron Panamerican, Petrobras, Pluspetrol y Tecpetrol.

Panamerican quiere las áreas “Metán”, “Rosario de la Frontera”, “Valle de Lerma”, “Valles Calchaquíes”, “Cobres”, “Arizaro”, “Unión”, “Joaquín V. González” y “Rivadavia”.

Panamerican, Pluspetrol y Petrobras se presentaron para las áreas “Morillo”, “Chirete” y “Güemes”.

El ex empresario nacional Oscar Vicente fue entrevistado por el diario “El Tribuno”, propiedad del gobernador menemista Romero, y se mostró satisfecho:
“Me gusta el planteo de Salta; es muy realista, muy cerca de lo que yo creo que debe ser la realidad petrolera, tratar de usar la Ley 17.319, y en vez de ponerse a hacer otra, hacer propia a aquella. Licitar áreas respetando los decretos en la medida que el Poder Ejecutivo Nacional también los respete. Los decretos que complementan la Ley 17.319, me parecen muy buenos”.

Cuando se le preguntó cuáles eran las garantías jurídicas que esperaban los inversores, Vicente respondió:
“Estoy preocupado por la duración de los contratos cuando hay que explotar. Debe concederse hasta agotar los recursos; a medida que el área es explotada siempre se encuentra un poco más, y si el operador es bueno no habría que cambiarlo”.

El gobernador de Río Negro viajó a Houston para ofrecer su subsuelo. A fines de mayo se reunió con empresarios texanos y expuso sobre la conveniencia de recibir concesiones petroleras en Río Negro. La Empresa de Hidrocarburos Provinciales S.A. (Edhipsa) ofreció quedarse con el 5% del negocio. Al retornar de la Meca petrolera, presentó un plan para adjudicar las áreas “Laguna El Loro”, “Laguna de Piedra”, “Loma Kauffman”, “Meseta Baya” y “Cinco Saltos”, a las que seguirán en los próximos meses otras 13 áreas más.

El titular de la gobernación de Neuquén y candidato Jorge Sobisch, pidió al gobierno nacional una ley que le permita conceder y prorrogar las concesiones de los grandes yacimientos de la Provincia sin tener que acordar con la Nación, a pesar de que lo hizo con la prórroga ilegal, diecisiete años antes de su vencimiento, de Loma de la Lata.

A través del senador Pedro Salvadori y la diputada Alicia Comeli, Neuquén presentó un enésimo proyecto para acabar con los puntos oscuros en la provincialización del subsuelo, titulado «Ley de transferencia de la propiedad de los hidrocarburos líquidos y gaseosos a las provincias».

Chubut licitó distintas áreas. El señor Cristóbal López, dueño de bingos, loterías y casinos, y además titular de Oil M. & S., se quedará con los yacimientos “Paso Moreno” y “Río Senguer”, pero también tiene interés en el resto: “San Bernardo”, “Confluencia”, y “Pampa Salamanca Norte”.

Un caso extremo de feudalización es el yacimiento “El Mangrullo”, en Neuquén, explotado por Petrobras luego del abandono de Petrolera Santa Fe. Esa área es de propiedad de los municipios de Cutral Có y Plaza Huincul.

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