El conflicto de docentes y estatales está por entrar en la décima semana. Hoy, mientras los gremios docentes llevan adelante un paro nacional, en Chubut los camioneros se suman al conflicto. Desde anoche los grupos de whatsapp de las trabajadoras y trabajadores de la educación no dejaban de sonar advirtiendo que era necesario abastecerse de alimentos. A 30 años del “Chubutazo”, los cruces entre el gobierno provincial y nacional mantienen a la provincia patagónica en el centro de una inestabilidad “que pone en riesgo la paz social” del país, según declararon dirigentes sindicales.
Los reclamos van dirigidos tanto a Mauricio Macri y la gestión nacional de Cambiemos (“que parece no enterarse que hay una provincia paralizada desde hace dos meses”), hasta la gestión provincial del gobernador Mariano Arcioni, quien fue reelegido en las recientes elecciones del 9 de junio, realizadas mientras se encontraba en el cargo luego de haber asumido tras la muerte de Mario Das Neves, de quien era vicegobernador. Una provincia endeudada, un ejecutivo que envía proyectos a la Legislatura para aumentarse el sueldo un 100% y una crisis financiera y administrativa descomunal. Entre el “Macri ya fue”, reclamos de renuncia del gobernador, ciertas expectativas populares por las elecciones de octubre y lo que parece ser un inevitable triunfo de la fórmula Fernández/Fernández, la discusión sobre el peronismo en las provincias más alejadas de los grandes conglomerados urbanos del centro del país otra vez a estar en debate.
Una sola chispa puede encender toda una pradera.
El trayecto Rawson/Comodoro Rivadavia de la Ruta Nº 3 está a punto de convertirse en la pradera que, ante una sola chispa, puede encenderse y hacer arder no sólo al gobierno de la provincia de Chubut, sino incluso a la gestión Cambiemos a nivel nacional. Es que tras el fallecimiento de Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, este martes, cuando retornaban de un plenario de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) y una movilización de carácter provincial, la CTERA decretó un paro nacional para hoy jueves; cese de actividades que se llevará adelante en el contexto de un conflicto provincial que está por entrar en la décima semana. Los dirigentes sindicales nacionales ya advirtieron que la situación pone en riesgo la “paz social de la Argentina” y hoy los camioneros se solidarizarán con las maestras, como ya ha sucedido en otros momentos.
“El gobierno de Chubut es responsable de las muertes de las dos maestras por la desidia en la que nos ha dejado el Estado”, dice Florencia Franco (docente de nivel secundario en escuelas de Puerto Madryn y de Puerto Pirámide), en diálogo con Zoom. Tanto las dos mujeres fallecidas, como sus tres compañeras que viajaban en el mismo auto y aún permanecen internadas con lesiones, trabajan (trabajaban) en la escuela Nº 7 de Comodoro Rivadavia. Como tantas otras docentes se trasladaron el martes para participar de un momento de deliberación y decisión sindical respecto de cómo seguir sosteniendo este conflicto que, desde el primero de julio, mantiene tanto a los docentes y auxiliares como al conjunto de trabajadoras y trabajadores del Estado en huelga, que ha sido decretada por tiempo indeterminado ante la gravedad de la situación: salarios adeudados, reformas edilicias nunca ejecutadas y deudas con la obra social es el trasfondo reivindicativo de este conflicto que ya tuvo sus picos de violencia, hace unos días, cuando los docentes padecieron un ataque por parte de una patota paraestatal, mientras cortaban el cruce de las rutas 3 y 26, y que este martes a la noche se expresó por parte de quienes –indignados– fueron a protestar frente a los edificios gubernamentales por la muerte de sus compañeras, al ser reprimidos, terminaron incendiando partes de la Legislatura provincial.
Diego Ávalos, profesor de historia, cuenta que el martes tuvieron que viajar unos 800 km, desde la Comarca Andina, para poder asistir a la movilización y al plenario sindical que se realizó en Rawson, y que a su regreso se enteraron del accidente fatal. “El clima político en Chubut está cada vez más tenso y el gobierno no parece tener oídos”, comenta ante este medio, no sin dejar de responsabilizar al gobierno por lo sucedido. Ávalos insiste en que una posible solución al conflicto podría ser que establezca un diálogo sostenido entre la gestión de Arcioni y Macri (“que el año pasado tuvieron muy buena relación”), y pensar en un plan de emergencia, “porque las cosas van de mal en peor, y no estamos en condiciones de esperar hasta diciembre cuando asuma un nuevo gobierno y baje fondos para esta provincia”.
Para Florencia Franco, la situación en este momento es muy grave y considera que el conflicto atraviesa su punto más agudo. En diálogo con este medio, denuncia que el Estado vienen realizando el pago de los salarios de manera escalonada, y fuera de tiempo y forma (“hay gente cobrando a fin de mes”); también que las autoridades están incumpliendo los acuerdos de la última paritaria (a partir del mes de julio, de acuerdo a la paritaria firmada y homologada en marzo de este año, los salarios incluyen una cláusula gatillo con el promedio de los índices de inflación de la Patagonia y Nacional que el gobierno se niega a abonar), y que al hecho de no poder usar la obra social (por una deuda que el Estado mantiene con la misma), tampoco pueden acceder al boleto estudiantil y docente gratuito. Florencia destaca, de todos modos, lo que la protesta está generando al interior de la comunidad: actividades culturales, como cafés literarios y cine-debate; talleres de percusión y arreglo de bicicletas; charlas informativas sobre temáticas varias como el derecho al aborto y los problemas de la megaminería. Denuncia, en ese sentido, que detrás de todo este conflicto está la discusión sobre la implementación de la megaminería en la provincia y el intento por esconder las malas decisiones que tomó el gobierno, como la firma del Pacto fiscal en 2018, que dejó a Chubur con el presupuesto diezmado.
Con varias escuelas ocupadas en distintos puntos de la provincia, así como la sede de la obra social, el conflicto mantiene en vilo a toda a población chubutense, que participa activamente reclamando el derecho a la educación pública. Como históricamente sucedió en provincias vecinas, como Río Negro y Neuquén, también en Chubut ahora la modalidad de protesta no se reduce a la movilización docente sino que incluye en corte de ruta.
Martín Álvarez, docente de Comodoro Rivadavia, subraya ante este cronista la importancia de que los sindicatos de municipales y camioneros adhieran a esta protesta, como lo hicieron el 4 de septiembre, luego de que los docentes fueran atacados por una patota del sindicato de petroleros, mientras realizaban 12 cortes en las llamadas “rutas del petróleo”. “Los fondos nacionales apenas cubrieron los gastos para el pago de jubilados y una pequeña porción de trabajadores. Chubut es la tercera provincia exportadora del país, no hay más explicación que el robo para que no haya dinero; robo de las petroleras y robo del dinero que fue a parar al pago de deudas con el FMI. La situación es crítica. No podemos esperar a meter un papel en un sobre y en una urna para solucionar nuestros problemas de ahora. Está claro que antes de asumir este gobierno ya emprendió una guerra despiadada contra los trabajadores”, remató Álvarez.
Daños (¿colaterales?) y guerrilla comunicacional
Los medios locales y nacionales hegemónicos oscilan entre el silencio y la selección tendenciosa de datos, como suelen hacer a menudo en la Argentina contemporánea. Así, mientras el diario El Chubut afirma que la crisis provincial es consecuencia de los altos salarios que paga la provincia a sus trabajadores, baja línea respecto de las advertencias que en el futuro el gobierno deberá tener en negociaciones paritarias y deja entrever que la necesidad de desarrollar la megaminería (actualmente prohibida por ley) para obtener financiamiento. Por otra parte, el diario Clarín publica declaraciones del jefe de Pediatría del Hospital Zonal Esquel, quien advierte que la situación de crisis ha incrementado las consultas de pediatría, con niñas y niños que muestran diversos síntomas como depresión, ansiedad, angustia. Así y todo, el diario no puede sino dar cuenta de la categórica conclusión a la que arriba el profesional de la salud: “Responsabilizamos plenamente al Estado por no cumplir su rol de empleador, y la solución es abonar los salarios del personal docente y no docente, y que los chicos puedan ir a clase. Debería ser una cuestión de Estado”, expresó Pérez Maldonado.
