La confesión

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, admitió que su oficina no impulsa causas contra el presidente que la nombró. El CIPCE hiló una dura réplica: "La OA necesita una reorganización profunda".
Por CIPCE*

 

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo que no querellan causas de funcionarios del Gobierno actual porque la han acusado de “falta de imparcialidad” y porque la OA no tiene los recursos humanos suficientes. ¿Qué implica esto?

 

La falta de personal y de recursos puede justificar la priorización de ciertos casos, pero nunca la decisión de querellar únicamente los casos que se vinculen a determinado Gobierno y no a otro. Si un organismo de control hace bien su trabajo, que lo acusen de “falta de imparcialidad” no debería ser razón suficiente para cambiar su forma de trabajo.

 

El problema no es la crítica, sino que la OA -ya desde gestiones anteriores- efectivamente no hace bien su trabajo. Acá pueden encontrar un análisis que publicamos en 2013 sobre el funcionamiento de la OA entre 2000 y 2012. El problema viene desde hace rato.

 

Las polémicas declaraciones de Laura Alonso

 

De cualquier modo, si la OA considera que querellar causas del Gobierno actual puede generar críticas sobre parcialidad, ¿por qué considera que la querella de casos de ex funcionarios/as sí estaría exenta de críticas? Lo que todo esto pone de manifiesto, en definitiva, es la falta de mecanismos institucionales para garantizar y controlar que un organismo fundamental como la OA desarrolle sus políticas de prevención y persecución de manera objetiva y eficiente.

 

La OA necesita un funcionamiento realmente independiente del Gobierno, tanto para la designación y remoción de su titular como para el desarrollo de su trabajo en general. La AGN, por ejemplo, es presidida por una persona propuesta por la oposición (art. 85 de la CN)

 

Incluso la OCDE le recomendó hace unas semanas a Argentina “reforzar la autonomía operativa y financiera de la Oficina Anticorrupción”.

 

Toda esta discusión se centra en las políticas de persecución penal de casos. Pero la OA también tiene otras funciones. El (des)control de conflictos de intereses es todavía más preocupante.

 

En definitiva, la OA necesita desde hace años una reorganización profunda. Si es un organismo encargado de controlar a los/as funcionarios/as públicos/as, tiene que contar con las condiciones para hacer bien esa tarea.

 

 

*Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
En twitter: @cipce

 

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