Un halo de superclásico, a lo Talleres y Belgrano, pulula en el panorama electoral de la provincia de Córdoba. Arriba del podio estarían la fuerza centralizada en el PJ cordobés, capitaneada por Martín Llaryora, y la versión vernácula de Juntos por el Cambio, con Luis Juez a la cabeza. Algunos tiros se escuchan. Pero dentro del fuego amigo, hay amortiguadores. La alianza oficialista de Hacemos Por Córdoba, que llevará un nombre distinto, logra apaciguar los contrapuntos de sus miembros, incluso tanteando la apertura de jugadores de otros equipos (aún cuando lidia con el cambio generacional del Partido Justicialista). Mientras que el Juntos cordobés está muy lejos de los gritos cuasi-separatistas que se escuchan desde el puerto.
Capitalinos inversos
Ambos espacios ejercieron la intendencia de la capital cordobesa. Pero sus trayectorias van por procesos inversos. Llaryora fue, primero, dos veces jefe municipal de San Francisco, una ciudad del interior beneficiada por el derrame sojero. Desde esa distancia, cuestionaba el poderío de los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti dentro del partido oficialista por no abrir la cancha. Finalmente, logró escalar peldaños hasta aceptar la propuesta de manejar la gran ciudad desde 2019 hasta este año.
Luis Juez ya lo había hecho a partir del 2003, con un 56% de votos cosechados, sin que ningún intendente superara ese resultado. Después fracasó en cada intento por ser gobernador, e incluso cuando trató de volver a ser intendente, con resultados catastróficos: en 2015, por ejemplo, quedó en cuarto lugar con 16 %. Pero en 2019, al reforzar su discurso anti-K, fue la gran sorpresa en las elecciones legislativas con el 54%, incluso generando simpatía en pueblos alejados de la gran urbe. Así llegó a ocupar su actual banca en el Senado, con el joven maravilla radical Rodrigo De Loredo en Diputados, generando una fórmula convincente pero no sellada todavía.
La odisea de los vices
El viernes 14 de abril, se oficializó la alianza “Juntos por el Cambio” en Córdoba, en una conferencia realizada en un coqueto hotel céntrico. “Es la primera vez que la oposición está unida”, sentenció Juez con micrófono en mano. En declaraciones a Zoom, el presidente del PRO Córdoba, Javier Pretto, señaló que “fue muy trabajoso. Pero que finalmente se constituyó la unidad, contra pronósticos del oficialismo. Y es un gran aporte para la democracia de Córdoba que la oposición sea unida. Va a ser un escenario muy interesante al ofrecer una alternancia, que es lo que hace falta”.
Hasta la edición de esta nota, De Loredo se ha negado a confirmar si será candidato para la vicegobernación o para la intendencia de la capital. Su indecisión tiene que ver con su fuerte aceptación en la gran ciudad. Pero si llega a perderlo, el costo lo consumiría solo él. Distinto si lo hace a nivel provincial y secundado por alguien que está fuera de su partido. Cuando la prensa le insistió en el hotel sobre qué decisión tomará, Juez le retrucó a los movileros: “Yo le pregunto a ustedes… ¿cuál es el candidato a vice de Llaryora?”.
Desde el año pasado, se insiste en la “fórmula Lla-Lla”, es decir, que Llaryora sea acompañado por su par de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Otros simpatizan por figuras femeninas como Natalia de la Sota, aunque solo convence por su portación de apellido.
Pero sobre todo, se advierte que el peronismo provincial estaría perdiendo apoyo en el interior. Primero, por la decisión de Schiaretti de no avalar una reforma política para permitir las re-elecciones municipales continuadas, generando el enojo de casi la mitad de autoridades comunales. A eso se suma la salida de algunos capataces como Carlos Caserio, que se unió al Frente de Todos y eso implicó algunas fichas perdidas en el departamento de Punilla. Algo parecido pasa en otro valle, en Calamuchita, donde el intendente de Embalse, Federico Alesandri, lanzó su campaña para gobernar la provincia con el apoyo del oficialismo nacional. E incluso, desde lo trágico, se suma la salida del legislador en licencia Oscar González, con fuerte presencia en la región noroeste provincial, que protagonizó un siniestro vial que acabó con la vida de la docente Alejandra Bengoa, más graves secuelas a dos niñas.
Eso sí: el equipo de Schiaretti y Llaryora están logrando, de a poco, enfilar al intendente de Villa María, Martín Gill, quien había sido candidato por el kirchnerismo.
Juntos saltando el cerco
La actual alianza oficialista cambiaría de nombre a “Hacemos Juntos por Córdoba” o “Juntos Hacemos por Córdoba”. La palabra “Juntos” permite una transversalidad que atrae a una tropa de militantes de la Unión Cívica Radical, como la ex-intendenta de Juárez Celman, Myriam Prunotto, quien amaga con ser la compañera de fórmula de Llaryora. Química inédita, pero por ahora difícil de visibilizar.
Pero emerge otra figura, detrás de las sombras: Mauricio Macri. Desilusionado no solo con Horacio Rodríguez Larreta sino también con la “balcanización” de su proyecto electoral en Córdoba. Se comenta que aprovecharía la buena relación que tiene con Schiaretti para proponerle a alguien del riñón del PRO para acompañar al sanfranciscano. Se baraja a Gustavo Santos, quien ejerció la cartera de turismo tanto desde la provincial schiarettista y delasotista como de la nacional macrista; y al ex-árbitro Héctor Baldassi, ofuscado años atrás por el ninguneo de su partido y porque su hermano Eduardo es el intendente de Río Ceballos, pero de la mano del PJ.
“No tenemos ningún indicio de que eso llegue a ocurrir. No pasa de ser una versión que surge de una charla de café”, contestó Pretto a Zoom, pero que también reconoce que no ha tenido contacto ni con Santos, ni con Baldassi.
Cargar balas, guardar perdigones
De a poco Schiaretti va armando su propio proyecto nacional “antigrieta”. Por ahora, solo tendría unas PASO contra Juan Manuel Urtubey. Pero también debe atender a la tardía renovación generacional de su partido, para evitar ciertos tropiezos en la campaña. Por ejemplo, le machaca a Llaryora en nunca responder las críticas de la oposición o de la prensa.
Sin embargo, en el cierre de un acto, con la presencia de centenares de dirigentes del frente, el intendente de dos ciudades reconoció que los problemas actuales de la provincia son la inseguridad, el narcotráfico, la educación y la salud.
No es para menos: en su tercera y última gestión como gobernador, Schiaretti descabezó a sus autoridades de salud (Diego Cardozo), de seguridad (Alfonso Mosquera), de cultura (Nora Bedano) y dos legisladores (Eduardo Serrano y el mencionado González) por distintos escándalos, la mayoría judiciales. Las trágicas muertes de bebés en el Hospital Neonatal y la condena a policías en dos juicios por gatillo fácil –los casos de Isaías Luna y Valentino Blas Correas—, que ocurrieron en su actual gestión, son algunos ejemplos.
A esto se le suma inéditas protestas callejeras encabezada por docentes, empleados del Estado y movimientos sociales. Todo acorde al último dato de la medición provincial del IPC (Índice de Precios al Consumidor), cuya variación intermensual en marzo fue del 7,99 %, la más alta en 21 años. Eso trae a colación los números del INDEC, que señalan que el Gran Córdoba (capital y alrededores) es la región urbana del país con mayores índices de subocupación y personas ocupadas o subocupadas que están buscando más fuentes de ingresos.
Así como el saliente gobernador se enorgullece ante empresarios de la Fundación Mediterránea y la Sociedad Rural de ser la provincia con menos trabajadores públicos, estos mismos se manifiestan en las calles, como son los educadores. Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), en los últimos cinco años, la paritaria de maestro y profesor llevó a una merma de sus ingresos del 10 %, siendo la sexta provincia que menos invierte en educación pública. Esto lleva a que el secretario general del gremio que los nuclea, Juan Monserrat, cediera ante los reclamos de sus bases para tomar medidas de fuerza.
Lo mismo ocurre con José Pihen, líder gremial de empleados públicos provinciales que, al mismo tiempo, es legislador de Schiaretti. Por primera vez en dos décadas peronistas, la Policía de Córdoba e Infantería tuvieron una dura respuesta contra una marcha que organizaron trabajadores del gremio, frente a la Casa de Gobierno, que terminó con piedras y gases lacrimógenos. Por esta situación, el fiscal Ernesto de Aragón ordenó imputar a dos manifestantes. Desde su oficina, le confirmó a Zoom que también envió notificaciones a seis dirigentes de organizaciones sociales por cortar calles, realizadas el miércoles 5 de abril, en protesta contra el FMI y la quita del Potenciar Trabajo. La mitad de ellos, con identidad reservada, le dijeron al presente cronista que creen que el gobierno provincial estaría operando detrás de estas acusaciones.
Mientras se caldean las calles, los candidatos guardan sus perdigones, que son aquellas municiones que duelen más para aquellos que están más cerca.
