Luego de los destrozos ocurridos el 16 de julio, cuando el tratamiento del Código Contravencional porteño desembocó en corridas, piedrazos y roturas alrededor del palacio legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, sólo un medio alternativo se atrevió a desenmascarar la verdadera trama de lo que pasó. Lavaca.org demostró que tras los incidentes hay densas vinculaciones entre la barra brava de Boca, la comisaría 24 y Mauricio Macri. A pesar de las pruebas, ningún medio difundió la información.
Causa Popular reproduce íntegra la investigación que puede ayudar a comprender qué fue lo que ocurrió ese día. En la foto, uno de los momentos difíciles en una de las entradas a la Legislatura
Los sospechosos de siempre
¿Quién propició el ataque a la Legislatura?
La respuesta puede tenerla el encargado de la custodia de la puerta de Perú 160, jefe de La Doce, procesado por asociación ilícita en dos oportunidades y hombre vinculado a Enrique Nosiglia, en las causas que investigó el juez Mariano Bergés. Uno de los barras bravas arrepentidos contó cómo el ministro del Interior de Duhalde, Jorge Matzkin, les pagó 20.000 pesos para infiltrar una movilización por Brukman al día siguiente del desalojo. Y el juez Bergés habló en su fallo de la connivencia de La Doce con la comisaría 24 (sospechada por el asesinato del Oso Cisneros) y Mauricio Macri. Una trama de impunidad y complicidades que reconstruye esta investigación de lavaca.
Todos los que participaron de la protesta contra la reforma del Código Contravencional el viernes 16 de julio frente a la Legislatura porteña coinciden en describir a un grupo de sospechosos. Unos cuarenta hombres, que se sumaron a la multitud con la cara tapada y que, en los momentos claves, se comunicaban con «handys» con el interior del edificio.
Está claro que la participación de policías de civil fue parte de la estrategia que, junto al centenar de uniformados de infantería, se desplegó ese día. Está claro también que, esa estrategia incluyó la detención de 23 personas una vez que habían concluido los disturbios, ya que todos fueron interceptados en los alrededores: en el subte, algunos; en la parada del colectivo, otros. Todos después de las seis de la tarde. Está claro también que los 16 que continuan presos bajo el peligroso cargo de «coacción agravada e incitación a la violencia pública contra las instituciones» con el que decidió caratular la causa la jueza Silvia Ramond todavía esperan que la magistrada revise las grabaciones de televisión para justificar así los cargos que se le imputan. Marisa Bonini, subdelegada de un sector disidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes, al que pertenecen seis de los detenidos ese día, lo sintetizó así al diario Página 12:
–«Pueden pasar todos los videos en crudo y no van a encontrar a ninguno de ellos rompiendo ni un vidrio. Estuvimos ahí tocando el bombo, pero nada más. Nosotros vimos venir a unos vándalos, sin banderas políticas, con la cara tapada, que fueron los que prendieron la chispa, los que empezaron a romper todo. Sin duda hubo infiltrados que produjeron los hechos más violentos».
Lo que aún no está claro es si la jueza Ramond tiene alguna intención de revelar este misterio.
No es tan difícil.
Solo tiene que citar a declarar a una persona clave. Su nombre es Santiago Horacio Lancry. Su DNI 12.961.920. Su trabajo: custodiar la puerta de Perú 160, centro de los ataques del viernes. Esa es la tarea que desempeña, desde hace varios años con el legajo 9.306 y por la que recibe un salario de 2.020 pesos, el hombre que ingresó al viejo Consejo Deliberante de la mano del fallecido dirigente radical Carlos Bello y al que hoy todos reconocen como puntero de Enrique Nosiglia y por sus alias: El Gitano o El Cabezón. La justicia, en cambio, lo conoce por otros motivos: es uno de los jefes de la barra brava de Boca Juniors, el equipo de fútbol que preside el impulsor de la represiva modificación del Código, Mauricio Macri.
Lancry, a quien el libro El Palacio de la Corrupción le dedica un capítulo completo, fue detenido por primera vez por el juez Mariano Bergés, en su puesto de trabajo de Perú 160, el 10 de octubre de 2003 y abandonó la cárcel y regresó a trabajar tras pasar 69 días en prisión, el 20 de diciembre, previo pago una fianza de 15.000 pesos y el procesamiento como «organizador» de una asociación ilícita. La segunda vez fue hace apenas dos meses, cuando el juez Bergés lo volvió a procesar en otro causa bajo los cargos de asociación ilícita y coacción, junto a otros cuatro integrantes de la barra (Guillermo Seisdedos, Sergio Rebequi, Raúl Sala y Guillermo Cerminaro) y el secretario general del Club Boca Juniors, Luis Buzio, en un fallo que desnuda una trama que puede explicar este misterio.
El pacto de impunidad
El juez Bergés investigó las actividades ilícitas de la barra brava de Boca en dos ocasiones. La primera dio en el clavo: logró llevar a prisión al máximo responsable, Rafael Di Zeo, un hombre con una vida cinematográfica, en el sentido en que solo el clásico de Francis Coppola puede darle a esta palabra. «Rafael Di Zeo tiene dos caras. Por un lado es un tranquilo empleado municipal que hace años está de novio. Por otro, es jefe de la barra brava de Boca, maneja millones de dólares, tiene decenas de propiedades y vehículos y varias amantes». Así lo describía una crónica periodística que intentaba resumir lo que la policía «descubrió» el día que allanó su departamento en el barrio de Flores y de donde se escapó por el balcón, atando sábanas, según la versión oficial, o con la complicidad de la propia policía, según las otras. Lo cierto es que Di Zeo tenía allí una credencial de la municipalidad porteña, un revólver calibre 38, una pistola 22, municiones de todo tipo, cien mil pesos en efectivo (entre dólares, pesos y patacones; algunos falsos) y en un estacionamiento cercano un Mitsubichi Eclipse (con una pistola Bersa en la guantera) y un Peugeot 206. También, en el departamento, encontraron una foto de Di Zeo con Carlos Menem, recuerdo del encuentro en Anillaco, poco antes de la frustrada segunda vuelta electoral del 2003.
Di Zeo fue atrapado recién a principios de diciembre y liberado poco después, cuando la Cámara aceptó su apelación en un trámite que también apartó a Bergés de la causa.
«En el gobierno siguen con interés las investigaciones que lleva adelante el juez Mariano Bergés por la violencia en el fútbol y el contacto entre barrabravas, dirigentes políticos y sindicalistas» -escribió Martín Piqué en Página 12, el 23 de octubre de 2003 – Por esa causa quedó detenido el vicepresidente de Chacarita, Amando Capriotti y fue citado a declarar el titular del Club, Luis Barrionuevo, por ahora protegido por sus fueros de senador.
Mientras Bergés estudia los próximos pasos, en la Casa Rosada anticipan quién será el próximo afectado por la investigación: el dirigente radical Enrique «Coti» Nosigilia, quien fue vinculado con la barra brava de Boca por un miembro arrepentido de La Doce que declaró ante el juez. «Que se busque un buen abogado» sugería ayer un funcionario, hablando de Nosiglia, desde su despacho en el primer piso de la Casa Rosada. «Se acabaron los pactos espurios de impunidad».
Quien habría desnudado ante Berges la relación entre Nosiglia y Lancry era el barra brava Carlos Amenedo, alias Paleta. La nota continúa:
«Pero Nosiglia no es el único dirigente que podría quedar complicado en la investigación sobre el accionar de la barra brava de Boca Juniors. Las declaraciones de los barras bravas detenidos también podrían apuntar hacia el presidente del club, Mauricio Macri.»
Por supuesto, las cosas no llegaron a tanto y los espurios pactos de impunidad continuaron intactos.
La repentina y fugaz fama de Di Zeo permitió que llegara a las pantallas locales -a través del programa Estudio Fútbol, de TyC Sports- un informe de la BBC de Londres sobre las barras bravas de distintos países. En la Argentina, la emisora había estado en la Boca, acompañando durante una semana al jefe de La Doce. Ante las cámaras, Di Zeo -entre otras cosas- dijo:
-«Muchas veces fui utilizado junto a otros miembros de La Doce para cuestiones políticas».
Brukman: un ejemplo del trabajo de La Doce
A fines de octubre de 2003 la revista Gente entrevistó en la cárcel al barra brava arrepentido. Lo presentó bajo el seudónimo de «Gustavo» y entre otras cosas, le preguntó:
-¿Qué función cumplía Lancry en la hinchada?>
–Junto al Rafa (Di Zeo) eran los jefes de la hinchada. Y aunque no iba más a La Doce y veía los partidos desde la platea, igual seguía teniendo mucha incidencia en la hinchada. Como trabajaba en la Legislatura porteña y es el contacto con un importantísimo dirigente radical, trataba de mantenerse alejado. Aunque sus negocios los seguía teniendo…
-¿Cómo nació su relación con los políticos?
– Ellos son los que nos vienen a buscar cuando necesitan que le hagamos campaña o cuando tienen algún trabajo pesado para hacer.
– ¿Por ejemplo?
– Y… hace poco Di Zeo viajó al interior para reunirse con un candidato peronista y arreglar el tema de la campaña electoral. De esto hay testimonios, porque cuando le allanaron la casa se llevaron la foto del Rafa con el tipo. Ahí, en esa reunión, el Rafa le pidió un millón de pesos. Como no llegaron a un acuerdo, le mandaron 450 Planes Trabajar para que tampoco apoyemos a la contra. Y te puedo contar otra: cuando en abril fue el quilombo de Brukman, tomada por piqueteros, vino a la Bombonera un ministro y le dio a Di Zeo 20 mil pesos para que llevara cien hombres e hicieran lío en una marcha. Fuimos, y como los piqueteros nos reconocieron, la marcha se disolvió a las tres cuadras. Es decir, nos ganamos 40 pesos en un par de horas. Eso nos pagó el Rafa.
Un año y medio después, cuando los hechos en la Legislatura porteña reactualizaban estas prácticas, lavaca investigó lo dicho en esta entrevista. Dos fuentes narraron esta semana el mismo episodio, pero aportando más datos.
La infiltración se concretó el 22 de abril de 2003, el día después del desalojo de la fábrica Brukman, en ocasión de la marcha de apoyo convocada por diferentes agrupaciones y que reunió a más de 25.000 personas que partieron desde Plaza Once.
Esa misma mañana, el entonces ministro del Interior Jorge Matzkin fue el encargado de concretar el contacto con Di Zeo. Fue hasta el garage de la Casa Amarilla, en la calle Balcarce, y sin bajarse nunca del auto, le entregó a Di Zeo el efectivo.
La «idea» fue del entonces subsecretario de Inteligencia del Estado (SIDE) Oscar Rodríguez. El mismo que ya había puesto en práctica los montados «enfrentamientos entre manifestantes» en ocasión de la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia, tal como denuncia el libro Darío y Maxi, dignidad piquetero.
La pregunta del millón es ¿por qué?
La respuesta:
-Duhalde tenía mucho miedo que ese día le pase lo mismo que a De la Rua.
El eje del mal
Desde entonces hasta ahora, Di Zeo y el juez Berges jugaron al gato y al ratón en varias oportunidades. Hasta que en mayo de este año encontró una nueva oportunidad para continuar la cacería. La excusa fue la reventa de entradas, una investigación que le permitió tomarse revancha. Contaba a su favor con filmaciones y un operativo en el propio estadio que montó con los fiscales y empleados del juzgado. En ese operativa Di Zeo se escapa, dicen que disfrazado de cocacolero. En el noticiero del mediodía de Telefé pudieron verse las imágenes de Rafael Di Zeo en el partido Boca-River, tomadas por la cámara «51 de la Norte Baja», a las 17.36 de ese domingo 16 de mayo. Se ve claramente cuando Di Zeo recibe un llamado, momento en el que le estarían avisando que el juez Mariano Bergés estaba dando la orden de detenerlo. Tras cortar la llamada, el video muestra cómo Di Zeo levanta su mirada -probablemente hacia algún palco bajo- y hace un evidente gesto de «¿Qué hacemos?». Acto seguido, se logra leer en sus labios ¿»Adónde? ¿Abajo?» y levanta el pulgar derecho en actitud de OK. Esa fue la última imagen de Di Zeo, a quien el juez le denegó el pedido de excarcelación de prisión que presentó su abogado. Ese día, en cambio, el juez logró apresar en la puerta del estadio, en plena faena de controlar las entradas «truchas» a Santiago Lancry.
La causa llegó hasta el mismo límite de siempre: las excarcelaciones fueron concedidas por la Cámara el 3 de junio de 2004. Y hasta ahí parece haber llegado también la paciencia de Bergés: presentó la renuncia a la justicia el 1 de julio de este año.
Sin embargo, esta segunda investigación encontró no solo pruebas, sino testimonios más sólidos, producto de algunos pactos rotos entre la propia dirigencia del club. El peronista Roberto Digón, ex vicepresidente de Boca, fue uno de los que prestó colaboración al juez, alegando que antes no había hablado «por miedo». Digón, cuya mujer es integrante de la Legislatura porteña, declaró ante Bergés que «existió una idea previa» al partido que el equipo de Boca disputó con Chacarita el 31 de agosto de 2003 para «provocar hechos de violencia». «La agresividad estuvo preparada», dijo Digón y especuló que los incidentes pudieron haber sido organizados para perjudicar al director del Programa de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli o al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, según publicó el diario Crónica el 15 de mayo de 2004.
Esta semana, sentado en el living de su casa, a las diez y media de la noche, el hombre que más conoce esta investigación confirmó a lavaca alguna de sus convicciones:
– «Sé que las declaraciones del barra brava arrepentido son en un 90 por ciento ciertas. Las pudimos comprobar. Digón también parecía convincente».
– ¿Y cúal es el diez por ciento que no se pudo investigar?
– La red política. Hasta allí no llegamos. Un ex barra brava mencionó elípticamente a Nosiglia, pero no lo constatamos. No tenemos pruebas de la relación de Lancry con Nosiglia, pero es verdad que toda La Boca rumorea sobre eso. De todas formas, el vínculo del fútbol y la política es notable, pero en el único lugar donde quedó efectivamente probado es en Chacarita.
Quizá por eso, lo más interesante de la causa es la trama que revela de complicidad de la barra brava de Boca con la policía. Dice el hombre que más la conoce:
– En la primera causa, procesamos a dos dirigentes y detectamos la connivencia entre ellos, la barra y la policía. En la segunda causa ya pudimos ir más allá.
Más allá es un lugar del que todos hablan desde el pasado 26 de junio, cuando los vecinos de La Boca, indignados por el crimen del dirigente Martín Oso Cisneros, tomaron la comisaría 24 en reclamo de justicia. Solo así lograron que la policía detenga a quienes lo vecinos señalaban como autor del homicidio, Juan Carlos Duarte, a quien reconocían como un traficante que trabaja amparado por esa comisaría.
La comisaría 24 es, justamente, la investigada por el juez Bergés en la causa por la entradas truchas. Su comisario, Cayetano Grecco -relevado después del homicidio de Cisneros- es reconocido por el hombre que mejor conoce esta causa de la siguiente manera:
– Grecco tenía predilección especial por la barra de Boca. La relación de La Doce con la 24 es histórica.
El fallo del juez Bergés, fechado el 27 de mayo de 2004, se expresa directamente sobre la actuación de esa comisaría en estos términos: «salvo muy puntales excepciones -que justifican la regla- la Policía Federal por acción u omisión, tienen concretas responsabilidades en la materia. De hecho se ha procesado personal policial de alta jerarquía (…) y ha de analizarse el comportamiento policial de los funcionarios de jerarquía por la actividad desempeñada en los hechos que se investigan». También avanza sobre la situación de Mauricio Macri. «Los directivos, conforme se acreditó en este y otros expedientes, tienen especial responsabilidad en lo que sucede. Y como anillo al dedo se encaja aquí la exposición brindada por el señor presidente del club Vélez Sarfield, Raúl Gómez: » todos los directivos tienen contacto con la hinchada, todos los directivos sabemos que existen esos grupos de delincuentes, no se pueden hacer los distraídos». Recuérdase que luego de esas afirmaciones, el presidente del club Boca Juniors, Mauricio Macri, negó esas apuntaciones, que se prueban día a día en el legajo. El estado de sospecha a su respecto, se da en esta causa y la declaración indagatoria debiera ser rendida a la brevedad».
Así quedó esta causa hace menos de dos meses. Con el dedo acusador del juez Bergés apuntando a la barra brava de Boca, a la comisaría 24 y a Mauricio Macri.
Una de las fuentes consultadas esta semana por lavaca asegura que a Rafael Di Zeo se lo puede ver ahora acompañado por ocho guardaespaldas. Dos, se presentan como pertenecientes a la comisaría 24.
Otra de las fuentes asegura que la semana pasada había visto, como todos los días, a Santiago Lancry en su puesto de trabajo: custodiando la puerta de Perú 160.
Por su parte, el hombre que más conoce la causa, dijo haber visto la revuelta en la puerta de la Legislatura desde la televisión en su casa.
-¿Puede haber actuado allí la barra brava de Boca?
-No lo sé, pero no me parece descabellado. Le doy un dato: en la investigación comprobamos que La Doce tiene un sistema de comunicación Nextel, esos celulares que sirven como handy. Por uno de esos es que le avisan a Di Zeo que lo estábamos buscando.
La cuarta fuente, ante la misma pregunta, señala la pantalla del televisor:
-Mire bien: hoy ahí hay cien muchachos trabajando. Los contrataron por si se arma lío. Para que peguen ellos y no la policía, así no se arma todo ese lío con los derechos humanos.
Es jueves y la pantalla muestra la movilización que se organizó para exigir la liberación de los presos.