El diputado mendocino por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, es el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, además de integrar la Comisión de Seguridad Interior. Este abogado, oriundo de la ciudad cuyana de Dorrego, es actualmente una de las voces en disidencia ante el proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Militares con oficiales y tropas de los Estados Unidos. En caso de aprobarse, durante los próximos dos meses unos 30 pilotos navales norteamericanos patrullarán, junto a sus pares de la Armada, el litoral marítimo de la provincia donde desapareció Santiago Maldonado. En esta entrevista, Carmona devela el lado oscuro de tal gimnasia bélica. Y se explaya sobre otros tópicos: la probable intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, los deseos del oficialismo por articular una versión aggiornada de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la ofensiva contra las comunidades mapuches como ensayo de construcción del enemigo interno.
¿Qué objeciones puntuales plantea su bloque frente al proyecto de ley que legitimaría las maniobras conjuntas con militares norteamericanos?
En principio, hacemos una objeción formal: todos los años el Poder Ejecutivo tiene que enviar al Congreso el llamado Programa de Ejercitaciones Militares para un período que va desde septiembre hasta agosto del año siguiente. Ese es el lapso que, de acuerdo a la Ley de Defensa Nacional, queda comprendida la autorización de ingreso de tropas extranjeras o de egreso de tropas argentinas. La ley exige que tal envío sea en marzo. Pero este año recién llegó al Senado a fines de agosto. Allí pasó muy rápido. Y sin su tratamiento en comisión. Hasta me parece que hubo senadores que estuvieron desprevenidos en tal situación. Así, en esas condiciones, se aprobó antes su envío a la Cámara Baja.
Si el Poder Ejecutivo mandó “fuera de horario” el proyecto al Senado, ¿cuál fue su incidencia en su tratamiento parlamentario?
El Ejecutivo lo hizo con el argumento de la urgencia y, al parecer, con acuerdo de los presidentes de bloque. Así resolvieron tratarlo a las apuradas. En años anteriores el asunto no fue cuestionado porque los ejercicios militares eran con países de la región, con países de la UNASUR, del MERCOSUR. Y con otros con los que tenemos situaciones compartidas, como es el caso de Sudáfrica en relación con el Atlántico Sur. Entonces, no había grandes objeciones referidas a los ejércitos participantes. Este año vino un paquete de 22 ejercicios de los cuales hay cinco claramente cuestionables. Ese es el paquete que fue tratado en Diputados y nosotros hicimos objeciones sobre esos cinco ejercicios.
¿Cuáles son?
Hay uno que se llama Gringo Gaucho, es un ejercicio vinculado con la llegada de tropas estadounidenses en un portaviones. Unos 5000 efectivos. Lo curioso es que aún no tiene fecha de realización. Nosotros queremos estar seguros de que no esté relacionado con la seguridad de la Cumbre del G20. Después está el ya muy conocido Unitas, un ejercicio clásico. Su objetivo: establecer vínculos de “confianza” entre las Fuerzas Armadas de la región. También hay uno llamado Panamax. Se hace en el Canal de Panamá para operar ante un presunto ataque terrorista. Una cosa realmente pintoresca. Hay otro, el Bold Alligator, se trata de un ejercicio de combate en zonas del litoral. El quinto es el Cormorán. Ese es el que pretenden que aprobemos para que se efectúe en unos días.
Tengo entendido que este ejercicio consiste en la capacitación de pilotos locales en el uso de aviones PC-3 Orion, que sirven para detectar actos de pesca furtiva y contrabando de drogas, o sea, situaciones policiales más que militares. ¿Es verdad?
Desde un punto de vista general, el denominador común que tienen esos cinco ejercicios que estamos cuestionando se relaciona con el hecho de que hay un involucramiento de las Fuerzas Armadas argentinas en capacitaciones para la seguridad interior. Desde un plano particular, el Cormorán, a realizarse en las bases Almirante Zar, de Trelew, y Espora, en Bahía Blanca, no se encontraba originalmente entre los 22 ejercicios mencionados, puesto que fue fruto de un acuerdo posterior con la Armada. En el aspecto técnico, el Cormorán consiste en tareas de observación en el Mar Argentino con aviones. Aunque no estarían autorizados para que pudieran realizar otras maniobras en el territorio nacional. Salvo observaciones marítimas. Pero es, nada menos, que con Estados Unidos. Y para sus hipótesis de conflicto preferidas: la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, con todo lo que implica la inclusión de la Argentina en ese tipo de conflictos.
¿Es la Doctrina de las Nuevas Amenazas?
Exacto. Y la Doctrina de las Nuevas Amenazas es un eufemismo anclado en la Doctrina de la Seguridad Nacional. De eso no hay duda. Porque cuando se ven las hipótesis sobre las que buscan articular la participación de fuerzas armadas latinoamericanas, no hay sino temas vinculados al narcotráfico y el terrorismo. Y ya hemos visto al respecto que los casos de México o de Colombia han sido absolutamente desastrosos. Por eso considero no aconsejable la participación argentina en ejercicios militares que promueven semejantes giros en la política de defensa y seguridad. Este es el criterio que yo adopto. Claro que no se trata necesariamente el criterio del conjunto del bloque. Debo aclarar que el bloque del Frente para la Victoria en Diputados lo que hizo fue únicamente expresar su disidencia con un dictamen particular sobre la autorización de los ejercicios que, hasta ahora, se venían autorizando con las Fuerzas Armadas de los países de la región, excluyendo los ejercicios a los que hice mención.
«Desde un punto de vista general, el denominador común que tienen esos cinco ejercicios que estamos cuestionando tiene que ver con el hecho de que hay un involucramiento de las fuerzas armadas argentinas en capacitaciones para la seguridad interior»
¿Acaso no es algo inoportuno hacer justo ahora en el sur un ejercicio con tropas norteamericanas, en vista de la cercanía geográfica y temporal con la desaparición de Santiago Maldonado?
Sin ninguna duda que, en tal contexto, es particularmente sospechoso el avance del gobierno argentino con respecto a esta cuestión. Pero a la luz de los pasos que viene dando Macri eso forma parte de una generalidad. Debemos recordar que a pocos días de asumir la presidencia declaró la emergencia de seguridad por decreto sin la necesaria intervención del Congreso. Ahí precisamente se le concede a la Fuerza Aérea la competencia del derribo de aviones sospechosos, en violación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Luego de eso, avanzan con acuerdos aún más oscuros, por ejemplo, la capacitación para militares argentinos por parte de la Guardia Nacional de Georgia, cuya base de entrenamiento tuvo mucho que ver en el pasado con la educación de oficiales latinoamericanos en la peor época de la Doctrina de Seguridad Nacional. Y ese acuerdo ni siquiera pasó por el Congreso.
¿Cómo es que un acuerdo de ese tipo no pasó por el Congreso?
Así de simple. No lo mandan al Congreso. Y con la siguiente argucia: como se trata de un acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos, firmado por las propias Fuerzas Armadas, Macri elude su tratamiento parlamentario. Tanto es así que hay referencias concretas de que los militares argentinos ya se están capacitando en Georgia. Y de eso nos enteramos por los dichos del encargado de negocios norteamericano en Argentina en una entrevista que le hicieron la semana pasada en el diario Clarín. Incluso menciona la cantidad de oficiales: son 12 por año. Eso significa una ruptura del concepto de defensa nacional, y no sólo el que estipula la legislación vigente sino que, además, se lleva puesto los compromisos que Argentina había venido asumiendo en el marco del Consejo de Defensa de la UNASUR, un ámbito donde las hipótesis no tenían nada que ver con estas “nuevas amenazas” sino que se planteaba un esquema de defensa común orientado, fundamentalmente, a proteger nuestros recursos naturales entre los países de la región y también la cooperación en materia de catástrofes. Hay un giro, hay una toma de distancia de esa política en el mismo momento en que Macri es el presidente pro tempore de la UNASUR. Y eso es, además, una enorme contradicción, a lo que se suma el aporte clarificador –claro que desde la perversidad– del senador (Miguel Ángel) Pichetto, un sujeto que pidió que las Fuerzas Armadas intervengan en acciones preventivas.
Pichetto hablaba de “reconciliarse” con las Fuerzas Armadas.
Además lo plantea para la Patagonia, lo plantea para el caso mapuche. Algo sumamente grave, ¿no? Creo que Pichetto es la voz más clara de la vuelta de hoja al pasado. Pichetto es quien habla sin eufemismos. Y él lo hace mientras el gobierno aún titubea al decir las cosas como realmente las piensa. Claro que a veces al ministro de Defensa, Oscar Aguad, se le suelta la lengua. También el propio Presidente ha tenido expresiones en ese sentido. Pero nunca han sido tan explícitas como las de Pichetto.
¿En la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión que usted integra, cómo es la correlación de fuerzas en relación a estos temas?
Bueno, la oposición tiene mayoría en esa Comisión. Pero, lamentablemente, en estos temas los avances del macrismo cuentan con el fiel acompañamiento del Frente Renovador y del Bloque Justicialista. Es decir, de figuras como Massa y Urtubey, junto con sus adláteres. El decreto presidencial sobre la emergencia en materia de seguridad no hubiera conseguido consolidarse si el massismo no hubiese acompañado silenciosamente aquella postura. En el sentido de apoyar, de no dar los votos necesarios para que la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo lo volteara. Aclaro que la emergencia de seguridad significa, más que nada, un festival de compras sin control.
¿Y cuál es entonces el rol de la Bicameral?
En teoría, las compras sin licitaciones que realiza el Ministerio de Seguridad deben ser auditadas por la Comisión Bicameral que preside Massa. Es nada menos que la Comisión Bicameral que, a raíz del caso Maldonado, convocó a la ministra Patricia Bullrich sin conseguir que viniera. Da la impresión de que esa Comisión en realidad no controla nada. Lo de emergencia de seguridad es escandaloso por haberse violado las competencias del Congreso, por haberse autorizado cosas que están prohibidas por la Ley de Seguridad Interior y por la Ley de Defensa. Y por generar una situación de discrecionalidad absoluta que hoy se encuentra en manos de la ministra más cuestionada del gabinete. A eso se le debe sumar el escándalo por la compra de armas a Estados Unidos con la participación estelar de los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, sin que aún logremos que den explicaciones. Cuando digo que no hemos logrado que den explicaciones tiene que ver con la complicidad de algunos sectores de la oposición, que miran para otro lado en relación con estas cosas. Insisto con que tal cuadro de situación apunta a un regreso militar en temas de seguridad interna.
«Creo que Pichetto es la voz más clara de la vuelta de hoja al pasado»
En semejante escenario, ¿la ofensiva contra los mapuches no sería acaso un globo de ensayo?
Yo creo que hay que mirar con mucha atención la situación que se está dando en la Patagonia. La de las comunidades mapuches parece una condición que se torna necesaria para el gobierno a los efectos de poder construir una suerte de enemigo interno al cual combatir. Y me parece que la brutalidad aplicada en esa persecución es muy significativa al respecto. Da la impresión de que es nada menos que la antesala de una intervención militar. Por eso el empeño en demostrar que existe un factor terrorista en esas comunidades, ¿no? También hay una simetría con lo que desde hace años se viene viviendo en Chile. Resulta además muy preocupante. Chile, en materia de seguridad y defensa, no debería ser visto como un modelo para la Argentina. Porque en Chile el pinochetismo está muy presente en las políticas de defensa y seguridad, aún bajo el imperio de la democracia.
Volviendo a los efectos externos de esa política y más allá del carácter represivo del enroque entre seguridad y defensa, ¿el alineamiento tan fáctico con los proyectos regionales del Comando Sur no importaría en este territorio el conflicto que tiene Estados Unidos con el terrorismo islámico?
Yo tengo tres preocupaciones principales en ese campo. La primera tiene que ver con la sugerencia de Trump de limones a cambio de apoyo en su conflicto con Corea del Norte. Tal planteo fue realizado en el marco de la cooperación militar, no en el marco del campo diplomático. Nos habla del involucramiento en un conflicto extra-regional, absolutamente ajeno a la Argentina. Y que implicaría romper con la posición de salida negociada que hemos venido planteando en los conflictos internacionales.
¿Sus otras preocupaciones?
Tienen que ver con Medio Oriente. La reciente visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, abre ahí una hipótesis de acompañamiento de la Argentina en situaciones que también son conflictos no regionales. Y el tercer caso, que para nosotros debería ser el más alarmante, sí es de orden regional. Y es el planteo de una posible participación argentina en el marco de una “intervención humanitaria” en Venezuela. Eso peligrosamente nos habla de la Argentina articulando políticas de seguridad regional con Estados Unidos, al que podemos calificar abiertamente del agresor en este caso. De hecho, los presidentes de la región no tuvieron otra alternativa que salir a diferenciarse. Pero Macri venía trabajando en esta idea de la intromisión humanitaria. Y no sólo eso: en coincidencia con su postura hasta lo planteó con aquellos mismos términos en el Senado de Estados Unidos el jefe del Comando Sur.
