El caso de la chica débil mental violada en La Plata a la que no se le practicó un aborto terapéutico en tiempo “muestra que en este tema hay una alianza entre las corporaciones médica y judicial”, asegura la ensayista Laura Klein.
Más aún: la describe como una “estrategia brillante” de la Iglesia católica y sectores que le responden “de someter continuamente a un debate médico y judicial temas sobre los cuales ya había consenso social y jurídico definido, como es interrumpir sin penalidad la gestación en una mujer violada y deficiente”.
“Lo que se busca es hacer retroceder toda la legislación, aunque para ello se cometan hechos de una enorme crueldad mientras se invoca el derecho a la vida”, opina.
Graduada en filosofía y ensayista, Klein es autora de Fornicar y matar, un libro que descubre la espinosa transversalidad de criterios que se esconde detrás de la milenaria pero renovada polémica sobre esos dos pecados capitales.
Ese debate devino en un eje central en la lucha de ideas en Occidente, al punto que en las elecciones presidenciales de 2002 en Estados Unidos diferenció de forma nítida a los conservadores republicanos de Bush y los liberales demócratas de Clinton.
También en la Argentina la cuestión se convirtió en un tema central de la agenda pública como lo revela que sólo en el último mes hubo por lo menos tres hechos de trascendencia relacionados con la cuestión.
Al caso de la chica violada de La Plata, se sumó el de otra menor violada en Mendoza y el debate por la sanción de la ley para permitir dos métodos de anticoncepción -la ligadura de tropas y la vasectomía- en los hospitales públicos. Además, las reformas impulsadas en el Código Penal “se paralizaron al trascender que incluía normas despenalizantes”, opina la especialista.
En este escenario, Klein describe la actitud del ministro de Salud, Ginés González García, como la de alguien que “está librando una batalla con el apoyo de vastos sectores de la sociedad para demostrar que hay problema de su área que deben ser resueltos y también para poner en evidencia que lo criminal son actitudes que impiden el cumplimiento rápido de la ley”.
La lista de casos que generaron una conmoción pública se enriquece cuando se repasa que en menos de un lustro hubo además dos embarazos de bebés con anencefalia que debieron llegar a las Cortes Supremas nacional y bonaerense para poder ser interrumpidos. Además del doloroso caso de Romina Tejerina, la chica jujeña que mató de 21 puñaladas a su bebé recién nacido producto de una violación.
“En los casos de anencefalia era claro que la madre era un sarcófago, que iba a parir un muerto pero hubo voces que dijeron que había que respetar la vida así fuera un minuto, como si vida fuera sólo respirar”, opina Klein, si bien admite que los fallos llenaron un vacío legal.
“Lo de Tejerina, a quién se juzgó por un infanticidio penado por la ley, es una verdadera catástrofe social, como la misma ley llegó a considerar este tipo de hechos hasta no hace tanto”, dice la especialista.
Y agrega: “Una mujer que mata al bebé que acaba de parir porque no puede ni quiso tenerlo, y ni siquiera pudo decírselo a la familia con que vivía, está penada de por vida al margen de lo que opine la justicia”.
El actual caso de la chica platense es emblemático “porque a todas luces ese aborto no era punible según el articulo 86 del Código Penal, pero es revelador de cómo actúan las corporaciones en estos casos”.
Klein apunta especialmente a “las alianzas que establecen la corporaciones médica y la judicial”.
Alude así a la actitud de la fiscal que al enterarse de que el aborto se iba a realizar conforme lo legal, denunció el hecho como una tentativa de crimen e hizo que la jueza paralizara el procedimiento médico hasta que la se expidieran las instancias superiores. Por su parte, los médicos no advirtieron que el paso del tiempo impediría el procedimiento de rutina.
“Ahora nos parece un avance que la Corte Suprema bonaerense haya dicho que era legal practicar un aborto terapéutico, pero ya hay un retroceso, dentro de una estrategia brillante de la Iglesia católica y sectores que le responden para revisar los consensos sociales y jurídicos existentes”, sostuvo la especialista.
“Es común que los médicos pidan autorización y los jueces no respondan porque aseguran que no deben hacerlo pero tampoco obliguen al Estado, es decir al medico que es su agente, a hacer lo que deben hacer sin dilación”
“Los códigos niegan el derecho”
“Lo escucho a Mariano Grondona argumentando que nadie se preocupa de esa vida indefensa que está en el vientre de la madre y me parece una soberana falacia”, asegura Laura Klein.
“A quien más le interesa esa vida es sin duda a la mujer que debe abortar esa vida que engendró. A la sociedad -agrega- seguro que ese chico no le interesa”.
Con esa excepción y otras pocas, la especialista valora muy especialmente el rol que están jugando los medios de prensa cada vez que surgen estos temas “porque la actitud general es que lo transmiten como una injusticia”.
“La mirada de los medios es que los códigos violan el derecho de esa mujer que es la que padece el conflicto real”, estima.
Esta fricción entre derechos y poderes, ya sea el que se arroga el Estado de penalizar la interrupción de un embarazo o el de la mujer de poder concretarlo, es tan intensa que -según Klein- “las mujeres abortan igual, aunque arriesguen la vida”.
