Por Luis Lazzaro*
Este 10 de octubre se cumplen 10 años de una decisión política trascendente para la democracia: plasmar en Ley una política de Estado en materia de medios audiovisuales debatida por la sociedad toda y votada por el Parlamento. Recién en 2009 los argentinos logramos dejar atrás la vergüenza de 26 años de connivencia política con una norma de la Dictadura Militar. La ley 26.522 consagró la comunicación como un derecho humano y reivindicó la identidad cultural mediante la producción nacional de contenidos a través de medios públicos, comunitarios y comerciales. Principios de jerarquía constitucional que se completaron luego mediante las leyes Argentina Digital y Argentina Satelital, que consideraron a internet, el espectro radioeléctrico y la infraestructura de conectividad como recursos públicos, federales y soberanos.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -impulsada por la presidencia de Cristina Kirchner y un vasto movimiento social y cultural- conllevó un debate participativo sin precedentes, reconocido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, que consagró los principios del pluralismo informativo, los derechos de las audiencias, la multiplicidad de voces, el rol de los medios educativos y de las organizaciones sin fines de lucro. También creó fondos de fomento para el cine, el teatro, la música y la producción comunitaria, al tiempo que puso límites a la concentración y el autoritarismo de los más poderosos.
Al cumplirse este aniversario, debe señalarse en primer lugar el ataque grosero a varios de estos principios por parte del gobierno de Mauricio Macri por la vía de decretos de necesidad y urgencia que pusieron bajo control gubernamental los órganos de fiscalización y control de las normas audiovisuales y las TIC. Para ello eliminaron toda independencia y pluralismo, mediante la exclusión de las provincias y la sociedad civil en los Consejos Federales y los directorios legalmente constituidos de AFSCA y AFTIC. También congelaron la Comisión Bicameral, creada para funcionar como instancia de control parlamentario, con funciones en los órganos decisorios y en la designación de las autoridades de la Defensoría del Público. Nada más lejos del ideal republicano y federal que inspiró la ley.
De esta manera, han gozado de una impunidad notable para disponer del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales nacionales así como para el uso discrecional de fondos como el de Servicio Universal en los servicios TIC o la sub ejecución del Fondo de Fomento Comunitario (FOMECA) en el sector audiovisual. El ente oficial (ENACOM) ha venido alentando la mercantilización de la comunicación en todas las plataformas, y la asignación a demanda de frecuencias radioeléctricas para grupos empresarios amigos del poder. Asimismo, debe observarse que la acefalia deliberada de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual impide al organismo cumplir adecuadamente su función, al no poder actuar con la debida legitimación ante la justicia.
Estas políticas se completan con el uso discrecional de fondos públicos para la propaganda oficial y la aplicación de políticas de ajuste que, junto a los tarifazos y la recesión, han silenciado numerosos medios independientes y causado la pérdida de miles de puestos de trabajo en empresas periodísticas y productoras de contenidos. El desguace y vaciamiento de empresas públicas del sector –como TELAM, solo evitado en parte por la lucha de sus trabajadores- y el abandono del programa de la Televisión Digital Abierta (TDA) son también un testimonio del apartamiento de una agenda democrática en la comunicación, que ha llevado a un verdadero apagón de fuentes informativas diversas.
Pese a todo, los alcances de la ley en el tiempo han permitido la existencia de nuevos canales comunitarios y pymes de televisión (unos 50 en todo el país, desde canales comerciales y alternativos en la Capital Federal hasta televisoras comunitarias en Buenos Aires, Viedma o Formosa), el desarrollo de contenidos federales y de producción local para medios comunitarios mediante los (demorados e insuficientes) concursos del FOMECA. Asimismo, la obtención de licencias de servicios audiovisuales y de servicios TIC por parte de más 200 cooperativas de servicios públicos en todo el país, la creación de nuevos canales públicos provinciales (Chaco, Mendoza, Santa Fe) con agendas locales y regionales, la duplicación de radios universitarias en menos de diez años contabilizando 62 en la actualidad, la tutela de posiciones en el espectro para las licencias a cientos de emisoras con Permisos Precarios y Provisorios o medios no comerciales reconocidos a partir de 2006. También deben contarse decenas de emisoras municipales con agendas propias y locales así como los medios de comunicación de Pueblos Originarios en diversas localizaciones que fortalecen la identidad en sus territorios.
En esta fecha renovamos el compromiso con el derecho a la comunicación, entendido como el acceso a los medios y a todas las plataformas, con garantías de diversidad y pluralismo, en pos de la libertad de expresión y la construcción de una sociedad más democrática para todas y todos los argentinos.
