Cifras elocuentes

Las estadísticas de INDEC pueden ser interpretadas de varias maneras distintas.
Una de ellas es la brecha entre ricos y pobres, que se establece estableciendo la diferencia entre los ingresos promedio de los dos extremos de la población.
La pregunta del millón es si existe una fórmula mágica que permita cerrar de un día para otro tal distancia.
Algunos dicen que sí, que es sumamente fácil, pero existen fuerzas poderosas, fuera del control de los gobiernos y sociedades nacionales.

Hace pocas horas, el gigante multinacional Wall Mart (cuyos ingresos superan en mucho a casi todos los países africanos pobres tomados en conjunto) anunció que emplearía 1,5 millones de empleados en todo el mundo, a media jornada, y fuera de las legislaciones laborales locales.

Dos de sus nuevas sucursales estarán en la Argentina.

En realidad, el punto de partida para entender qué es lo que sucede, es que este sistema económico se sustenta en una violenta concentración de la riqueza en unas pocas manos, cada vez menos.

Eso no tiene vueltas.

Tomados individualmente, países como el nuestro no controlan los flujos de comercio, las inversiones, los precios internacionales, etc.

La cuestión es si esos Estados nacionales aceptan pasivamente esta realidad que no controlan, actitud que lleva a una acelerada imposición de lo peor del modelo y termina siendo insustentable, o si toman medidas activas para reducir algunos de sus efectos.

Este gobierno merece fuertes críticas, sobre todo en la profundidad y el alcance de las políticas activas que encara, pero que ellas existan, aunque insuficientes, marcan una dirección en el sentido correcto.

Lo real es que desde la impaciencia hasta el gatopardismo, la brecha entre el decil (10% del universo) más rico y el más pobre pasó de 56 veces en 2003, a 31 en el primer semestre de 2006.

Esto se desprende de los datos brindados por el INDEC según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que, como todo dato estadístico, no es una radiografía idéntica a la realidad sino una imagen con tendencias.
Los datos son pavorosos, y parten de una población económicamente activa (PEA) de 15.835.436 personas:

– 9.540.062 son trabajadores precarios, constituidos por 4.847.252 asalariados no registrados, 2.652.440 cuentapropistas que viven bajo el nivel de subsistencia y 1.872.486 desocupados.

– Sólo el 38.5% (más un 1.3% de profesionales independientes) son asalariados registrados. El 60.2% de la PEA trabaja en negro.

– Si a los desocupados se suman las personas que reciben un plan social (y que razonablemente no se pueden contar como ocupados) el total de desocupación afecta a 2.315.969 personas de la PEA.

-Si se comparan las cifras del INDEC con las del Ministerio de Trabajo sobre planes sociales, surgen algunas contradicciones.

Para la EPH son 948.204 quienes los reciben, desagregados así: 713.723 realizan alguna contraprestación, 45.653 son desocupados y otros 188.827 figuran como “inactivos”.

Para el Ministerio de Trabajo, reciben el Plan Jefes 1.472.187 personas, pero el presupuesto de esa área de gobierno es de 2.750 millones, que alcanzan para 1.522.000 beneficiarios.

– Según la EPH, el ingreso promedio de los ocupados en el primer semestre es de $ 831.40 y el salario medio de $ 814.40. La línea de pobreza está establecida en unos $ 860.

– Los asalariados registrados tienen un ingreso promedio de $ 1.131, y los cuentapropistas profesionales, de $ 1.508.50. Ésta es una de las fallas de la encuesta: en el decil más rico entran las personas que ganan desde $ 1.800 para arriba.

– El salario promedio de los no registrados (en negro) es de $ 416.0, y el de los cuentapropistas no profesionales, de $ 649.5.

– 7.291.161 ocupados (el 49.7%) cobran bajo el salario mínimo.

– De ellos, el 72% (5.213.032) son asalariados.

– El 37.1% de la población de más de 65 años (1.739.309) no cobra ningún tipo de prestación.

– De los 3.318.886 beneficiarios del sistema provisional, 2.152.881 cobran la prestación mínima (antes de la acordada de la Suprema Corte) Hay que tener en cuenta además que la mitad de los ahorristas de las AFJP (que la semana pasada compraron 1 millón de dólares en bonos brasileños a la baja por el proceso electoral) cobra menos que la mínima.

– 1.8822.746 mayores de 65 años reciben una sola prestación. EL 59.8% recibe dos: jubilación propia y pensión del cónyuge.

– La población pobre en el país es de 13.298.664 personas. De ellos, 6.861.583 (el 51.6%) son menores de 18 años, según el SIEMPRO y CTA.

– Las personas en situación de indigencia son 4.782.211. De ellos, el 58.7% (2.808.819) son menores de 18 años.

– Tomando el total de la población, el 49.5% de los menores son pobres y el 20.3% son indigentes. Esto significa que sólo el 30.2% de los menores de 18 años tiene algún futuro.

Hay políticas activas sobre todo en las áreas de Economía y Planificación. El Ministerio de Desarrollo Social es una incógnita. La comparación de cifras homogéneas demuestra que la pobreza, la indigencia, la desocupación y el empleo en negro bajaron, pero aclarando que todas ellas son consecuencias necesarias del modelo económico.

Este achatamiento se apoyó en el crecimiento sostenido de la producción, inducido por las políticas del Estado. Pero la propia idea de que la construcción es el gran motor de la economía tiene algo del viejo “derrame”, al menos en la actualidad.

El crecimiento de este rubro se ha apoyado sobre todo en las viviendas nuevas para los sectores altos, los que según el INDEC ganan más de $ 1.800 pesos mensuales.

Pero todavía no se descubrió la receta mágica que permita acabar con los ciclos económicos, vaivenes naturales al sistema.

Y como muchas de las variables macroeconómicas son supranacionales, no hay que quedarse dormido en los laureles.

En este contexto, la brecha era de 56 veces en 2003, de 41 a principios de 2004, de 37 en el segundo semestre, y ahora tocó las 31.

Nadie tiene la vaca atada. Y aunque conviene recordar de dónde venimos, el ternero, contra todos los deseos, puede salir corriendo.

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