Toda la región sur del continente está viviendo las alteraciones del paso del fenómeno de la Niña al Niño, mientras en el norte opulento se rompen los record de temperatura en la superficie. La puja sobre por qué tipo de estatalidad se diseñará para afrontar el cambio climático ya empezó.
Desde hace cuatro meses que la zona sur de Uruguay viene sufriendo una sequía inédita que está afectando el acceso al agua. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tomó una serie de decisiones para una resolución tentativa. La primera, ligada a la creación de lo que fue presentado como un nuevo “embalse”, que tomaría un mínimo de 30 días para su construcción. La segunda medida fue básicamente realizar una exacción impositiva sobre el agua embotellada, trasladando al mercado la resolución del conflicto por el abasto de agua. Esta medida inédita de desafección frente a la prestación de un servicio básico consagrado en la constitución parece anticipar la forma en la que los gobiernos conservadores abordaron las crisis ambientales en curso. Para recorrer este tema conversamos con Carlos Santos, antropólogo y docente del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República, e integrante de la Comisión Social en Defensa del Agua y de la Vida.
Lacalle Pou, entre la improvisación y de la mercantilización
Desde el gobierno se tenía información de que la crisis de acceso al agua y la bajante de los embalses podría recrudecer pero fue recién en los últimos meses que la gestión de Lacalle Pou mostró algunos reflejos. La escasez de agua potable y el malestar social aceleraron la necesidad de intervenir ¿Pero que tipo de intervención? Según el investigador Carlos Santos la reacción gubernamental fue lenta y llena de negligencias: “hace ochenta días que el agua no es potable y que no cumple con los estándares de potabilidad definidos por el propio Estado Uruguayo, ya que tiene exceso de cloruros y de sodio. Es más salada y el sabor es insoportable. El 4 de mayo el gobierno anunció un cambio y la autorización para que el agua tuviera esos niveles.” Esta medida afecta al segmento poblacional con afecciones cardíacas siendo que es un tipo de agua no recomendada para ser tomada por toda la población.
Vale preguntarse cómo se llegó a esta situación, ya que la sequía se suma a casi 40 años sin obras para garantizar el acceso al agua.Como indica Santos “hay dos niveles, una es la mirada coyuntural, y la otra es la mirada de más largo plazo de estos últimos 20 años. La primera tiene que ver con tres años de sequía continua, que es la misma que ustedes están viviendo en el Río Paraná, hay un contexto ahí de acumulación. Nosotros tenemos un sistema de embalses que están todos sobre el Río Santa Lucía. La última represa fue construida entre 1982 y 1987, por lo que fue iniciada por el gobierno de la última dictadura y fue inaugurada por el primer gobierno democratico con la presidencia de Julio Maria Sanguinetti. Es la última gran obra de agua potable que se ha hecho en Uruguay, por lo que hay una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos que no han invertido en obras de saneamiento en el país.” Como dijo el propio Pepe Mujica “nos dormimos todos”. Nuestro entrevistado agrega que “No hay nadie exento de responsabilidad en el sistema político. El embalse de Santa Lucía baja tanto que no se puede tomar agua de ahí y lo que deciden hacer es llevar del mismo río pero de aguas abajo, más cerca de la desembocadura del Río de la Plata para después bombearla hacia el embalse. Esta zona está ubicada a 50 kilómetros de la desembocadura y por lo tanto entra agua del Río de la Plata, que es un tipo de agua muy mezclada con agua oceánica, que es altamente salada. Esto hace que el agua tenga altos niveles de sodio y cloro.”
Soluciones que no llegan
El gobierno uruguayo anunció una batería de medidas que solo han brillado por su ausencia. La más importante es la construcción de un canal para elevar el cauce del Rio Santa Lucia. Pero en términos más precisos Carlos Santos nos indica que: “la medida que ellos resolvieron en términos de obra no es un embalse, es un trasvase de cuenca. Osea un caño de 20 kilómetros que conecta otro río que está en la misma cuenca, que es el río San José, pero que tiene un cauce mayor. Lo que están haciendo es desviar el agua de ese afluente hacia el río Santa Lucía para aumentar el caudal de agua dulce. El problema es que según las autoridades la obra va a demorar un mes pero la empresa privada que está haciendo la obra dice que va a demorar dos meses. La obra implica construir un canal en el campo de unos 20 kilómetros, poner un caño que conecte el agua de un lugar a otro y poner bombas para mover el agua. Es una obra importante que perfectamente se podría haber hecho en diciembre del año pasado o principios de este año y no ahora cuando la crisis ya está instalada. En octubre del año pasado el Estado Uruguayo declaró la emergencia hídrica para el sector agropecuario. La sequía ya estaba instalada pero lo que se hizo fue priorizar las explotaciones rurales y no se tomó ningún tipo de medida para el sector urbano hasta que ya fue muy tarde. Esta crisis afecta al 60% de la población que vive en las ciudades del sur del país, en particular Montevideo y todo el departamento de Canelones.”
Improvisación y Estado mínimo
Llegado este punto consultamos a nuestro entrevistado sobre cómo fue la gobernanza y el manejo de la crisis. “No se manejó, no hicieron nada. Una de las cosas que pensamos es que no midieron la magnitud del fenómeno. Creyeron que era una sequía pasajera, que en algún momento iba a llover y la situación se resolvería. Desde la reforma constitucional que se aprobó en el año 2004, existen unos organismos que se llaman Comité de Cuenca –similares a los que están en Argentina en la cuenca Matanza-Riachuelo—, estos son órganos donde participan todos los actores estatales, las universidades, los movimientos sociales y los usuarios privados del agua. En esos espacios se discute la situación y se buscan soluciones. Desde el gobierno no convocaron al Comité, no escucharon a las organizaciones sociales. No se nutrieron de información técnica de lo que estaba pasando a nivel meteorológico, no midieron la gravedad de la bajante del Río Santa Lucía que es la más grave en los últimos 70 años. Cuando empezaron a tomar decisiones es cuando la situación ya estaba completamente fuera de lo manejable. Luego hicieron anuncios que no cumplieron: nos dijeron por ejemplo que iba a venir en mayo una planta desalinizadora desde EEUU pero tardó dos meses en llegar. Empezaron a hacer perforaciones en Montevideo para ver si encontraban agua en las napas subterráneas. Es cierto que hay agua debajo de las ciudades pero están totalmente contaminadas, además de que son reservas mínimas. Nada de lo que están encarando implica una solución sistémica del problema, son parchecitos.”
El conocido intelectual e investigador uruguayo Eduardo Gudynaz declaró que este es un gran experimento en el que estamos, que es el de privatizar el agua para el consumo. Si uno quiere tomar agua tiene que comprarla embotellada. Agrega Santo que “lo que hicieron fue reconvertir el sistema de tuberías de agua en un sistema de agua para saneamiento. Para lo único que se puede usar el agua es para lavar o para tirar la cisterna pero no para consumo humano.”
Privatizar de hecho
¿Cómo es el vínculo del gobierno con la empresa estatal del agua? ¿Hay un intento de privatizar? “Es muy pertinente la pregunta. Ellos vienen planteando la privatización desde antes de esta situación. Hay un tema que no pueden evadir que es la constitución, que dice que la gestión del agua debe ser prestada por personas jurídicas estatales. Aca le encontraron la vuelta por medio de una interpretación que hacen de la constitución que es que el servicio va a seguir en manos de la empresa estatal pero lo que están proyectando es la construcción de una gran planta privada de potabilización del agua del Río de la Plata ¿Con que argumento? Con el argumento de que no podemos depender solamente del Santa Lucía, lo cual es cierto. Pero lo que plantean es potabilizar por medio de una empresa privada que le va a vender agua a la empresa estatal. El servicio lo va a seguir prestando esta empresa pero como la misma consigue el agua, ese es otro tema. Es una especie de tercerización. La empresa estatal firma un contrato a 25 años pagando un promedio de 20 millones de dólares por año. Los economistas que vienen estudiando el sistema de tarifas nos dicen que la empresa funciona solamente con su propia caja, no tiene transferencias del Estado. Lo que va a pasar es que esos 20 millones de dólares se van a trasladar a la tarifa de todos los uruguayos y uruguayas que toman el agua de la empresa estatal. Es una privatización de hecho. Además hay dos problemas: el primero es el lugar donde quieren ubicar esta planta, tiene altísimos problemas de salinidad y de calidad del agua. El segundo, es la proliferación de cianobacterias –sobre todo el verano— que hacen que el agua sea tóxica y no potabilizable. Los embalses del interior del país están funcionando como una especie de criadero de cianobacterias. El agua embalsada hace que se acumulen los nutrientes y cuando hay condiciones de temperatura se acumulan las cianobacterias. Cuando se liberan esos embalses ese agua escurre por todo el litoral del país y ha llegado a todo el sur del país.”
Cambio climático
En las últimas semanas asistimos a imágenes criticas donde veíamos el impacto de las alteraciones climáticas y las sequías en varios países del norte global. Desde graves sequías en los ríos de Cataluña a imágenes de manifestantes franceses enfrentados a la policía para destruir los embalses privados de los productores agropecuarios. La privatización de los cursos de agua para ser utilizadas en actividades productivas es una respuesta global ante la crisis. En Uruguay se advierte de la proliferación de embalses privados en el norte de Uruguay para la producción de soja, de madera, de arroz, la producción ganadera. No se le cobra a los empresarios privados por el uso del agua. Las fábricas de celulosa consumen más agua que toda la población del Uruguay. ¿Cómo va a ser la respuesta pública frente al cambio climático y que tipo de estatalidad va a surgir? Lo que se ve es que los dirigentes de tendencia más conservadora tienen una gimnasia para ofrecer lo mismo de siempre, que no implican soluciones sistémicas sino más bien privilegios para los sectores empresariales y un aumento de la carga tributaria para las poblaciones urbanas. Estos gobiernos se van deslindando de los problemas de la prestación de un servicio esencial y trasladan al mercado esa resolución mientras en los barrios vulnerables y los segmentos sociales más postergados no reciben solución alguna.
