Agentes estatales, agencias privadas, paramilitares y desapariciones

El movimiento popular paraguayo, encabezado por las organizaciones campesinas, está librando una batalla campal ante el crecimiento de la militarización del país, que incluye la presencia militar norteamericana y el asedio constante de las denominada “Seguridad Ciudadana”, creada por el Ministerio de Interior.

A pesar de que las “comisiones de seguridad” fueron acusadas de varias muertes y abusos de poder, el titular de la cartera de Interior, Rogelio Benítez, sigue defendiendo la existencia de estas organizaciones armadas, diseminadas en todo el país. El ministro insiste que son auxiliares de la Policía Nacional, no sabiendo explicar bajo qué figura jurídica y constitucional funcionan.

Tienen autorización de portar armas y hasta llegan a realizar detenciones.

Uno de los escenarios de violencia de parte de este grupo paramilitar fue en la localidad de Kamba Rembe, distrito de General Resquín, departamento de San Pedro. Allí fue asesinado el día 11 de julio el dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo MCP, César Luis Martínez, quien venía denunciando el accionar delictivo del grupo de “seguridad”.

Sin embargo, el viceministro de Seguridad Interior, comisario Mario Agustín Sapriza Nunes, negó las acusaciones de los vecinos. Sapriza alega que los miembros de la “Guardia Ciudadana” mantienen “buen reracionamiento” con las fuerzas policiales y la Fiscalía. El tal buen relacionamiento convierte en mantos de inmunidad a los “guardias de seguridad”.

Igual clima de inseguridad sufre los pobladores de la colonia San José del Norte, en el departamento de San Pedro, según las denuncias presentada esta semana en el parlamento paraguayo por la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy). De acuerdo a la denuncia de la Codehupy, en dicha colonia en poco tiempo fueron asesinadas cuatro personas a manos del grupo de “Guardias de Seguridad”.

Durante una audiencia pública ante la presencia de autoridades nacionales, varios fueron los testimonios en contra de las actuaciones de las comisiones de seguridad; algunos pobladores de la colonia, como Daniel Romero, Cándido Villasanti, Zacarias Vega, Antonia Gómez y Elvio Romero, denunciaron tortura, allanamientos, detención de personas y amedrentamiento a quienes no se integran con ellos en la comisión hasta lograr que abandonen la zona.

Francisca Miranda, comentó que su casa fue allanada por los miembros de la guardia ciudadana, quienes ingresaron con armas de fuego: “violentaron mi casa, asustaron a mis hijos porque supuestamente perseguían a unos desconocidos dedicados al abigeato”.

Por su parte, monseñor Fernando Lugo, obispo de la diócesis de San Pedro, expresó que ante tantos testimonios sobre la forma de proceder de las organizaciones de seguridad ciudadana, estas no se pueden sostener. No tiene sentido que existan, acotó, y añadió que la seguridad no pasa por formar estas comisiones o darles más armas a policías, llenar de policías y militares una comunidad. La verdadera seguridad pasa por otros aspectos como la alimentación, el trabajo, la salud y la educación, manifestó el obispo.

De acuerdo al reporte de los corresponsales de los principales diarios de la capital paraguaya, los viceministros de Interior, Félix Silva Monges y Mario Sapriza, no ofrecieron ninguna respuesta clara ante los reclamos de los pobladores. Sólo señalaron que el asesinato del poblador de San José del Norte, Luis Martínez, será esclarecido y que se reforzó la dotación policial en la colonia San Vicente.

Aclararon que la guardia ciudadana no puede realizar detenciones, allanamientos y que sólo deben informar a los organismos de seguridad sin intervenir.

Los senadores José Nicolás Morínigo, Estanislao Martínez y Ana María de Acha, afirmaron que el Plan Nacional de Seguridad -creado por el ejecutivo- es un rotundo fracaso y no tiene sentido que se siga sosteniendo organizaciones como las comisiones de seguridad ciudadana, coincidieron los parlamentarios mencionados, durante la visita realizada en la colonia San José del Norte, este último fin de semana.

El decreto 167 del presidente Nicanor Duarte Frutos legalizó la presencia militar y paramilitar en las áreas rurales, ante las dificultades de la policía para contener las luchas campesinas. El militarismo tiene entonces varias caras, con agentes estatales, agencias privadas, y paramilitares. Cada cual responde a distintas fracciones del poder, lo que hace que el país avance en una acelerada espiral de violencia, en la que es difícil identificar los autores de cada hecho particular.

La Misión Internacional que visitó Paraguay entre el 15 al 20 de julio, para verificar los impactos de la militarización impulsada por EEUU, denunció secuestros, asesinatos, violaciones de derechos humanos, torturas, quema de casas y desalojos.

En Yvy Ya`u, la Misión recogió informaciones sobre 49 casos de desapariciones y muertes de campesinos. La actividad de la Misión tiene lugar dentro de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas. El informe final será enviado a diversas organizaciones que actúan en el área de Derechos Humanos

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