Por Mário Augusto Jakobskind, desde Rio de Janeiro, gentileza Semanario Brecha especial para Causa Popular.-
La mayor ciudad sudamericana y capital económica y política de Brasil vivió días de furia y caos provocado por el crimen organizado. Los hechos de San Pablo tendrán repercusiones en la campaña electoral en curso. El Primer Comando de la Capital (PCC) consiguió sumir a San Pablo en un clima de pavor y miedo con un saldo de 115 muertos y 251 ataques, además de motines en 46 cárceles del estado en los primeros cinco días. El motivo fue la transferencia de 765 presos integrantes del PCC a una cárcel de máxima seguridad en Taubaté, en el interior del estado.
La violencia urbana desencadenada por el PCC dejó en evidencia la ausencia del Estado, la desorientación de la policía y la inoperancia de los servicios de inteligencia de las policías Civil y Militar (PM). Las autoridades negaron cualquier tipo de negociación con la cúpula del crimen organizado, más precisamente con el jefe del PCC, Marcos Camacho, o “Marcola”, pero el comandante general de la PM, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, admitió que hubo “conversaciones” con los líderes.
La población paulista vivió momentos de gran tensión. Las fuerzas de seguridad de Rio de Janeiro, considerada la metrópoli más violenta del país, declararon el alerta máximo temiendo que las acciones del PCC pudieran inspirar a los grupos marginales de la ciudad.
Punto débil del PSDB
No es una novedad que el PCC actúe con soltura en San Pablo, un punto vulnerable para el gobierno socialdemócrata del psdb y el PFL, que viene siendo objeto de duras críticas ya que ha estado al frente del ejecutivo paulista en los últimos 12 años. Geraldo Alckmin, que dejó el pasado 31 de marzo el gobierno estatal para candidatearse a la presidencia, ya había enfrentado otra rebelión en el sistema penitenciario, no tan grave como la actual, en 2001, cuando el PCC hizo otra demostración de fuerza.
Entonces Alckmin garantizó a la población que las fuerzas de seguridad habían ganado la batalla contra el crimen. Los hechos posteriores demostraron que no era cierto. Al contrario, hoy sus integrantes usan celulares en las cárceles sin sufrir bloqueos, lo que permitió a los jefes comandar las acciones violentas.
Ahora, en plena precampaña electoral, Alckmin intenta desvincularse de los acontecimientos paulistas. Se limitó a elogiar al gobernador, Cláudio Lembo, por la “firmeza” de la policía contra los bandidos. Naturalmente, se colocó a la defensiva cuando fue cuestionado por la ineficaz política de seguridad de los últimos años. Será sin duda un tema a explotar por el Partido de los Trabajadores (pt) y se convertirá en un factor de desgaste del candidato socialdemócrata.
Pequeñez política
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a través del ministro de Justicia, Marcio Tomás Bastos, ofreció dos veces ayuda de la Policía Federal, de la Fuerza de Defensa Nacional y del Ejército para enfrentar la barbarie, lo que fue rechazado por el gobernador alegando que era innecesaria. La negativa fue considerada como una pequeñez política, pues Lembo y sus correligionarios temían que fuera interpretada como una debilidad. Todo indica que el gobernador decidió seguir los caminos menos ortodoxos, o sea llegar a un acuerdo con el PCC, aunque las autoridades lo nieguen.
Sostén de la dictadura militar, Cláudio Lembo, del PFL, que sustituyó a Alckmin al frente del estado paulista, llegó a asegurar a la población -en el momento en que se registraban los ataques más intensos- que la situación estaba bajo control. En tanto, la gente se preguntaba cómo era posible que fueran asesinados decenas de funcionarios de seguridad, se incendiaran ómnibus con cierta facilidad y se atacaran cientos de agencias bancarias y cajeros automáticos con gran impunidad.
Con algunas excepciones, entre ellas el ministro Bastos, de Justicia, la población exige mayor represión, como si no fuera eso lo que viene sucediendo en los últimos años. El presidente del Congreso, senador Renan Calheiros, del PMDB, enumeró una serie de medidas preventivas que pueden ser votadas en el parlamento en cualquier momento. Prácticamente ninguna de ellas se refiere al problema que disparó las acciones del PCC: la superpoblación del sistema penitenciario.
Los políticos conservadores, la mayoría del parlamento, procuran siempre desvincular la situación del sistema penitenciario y de la seguridad del modelo económico vigente. Prefieren la represión pura y simple, que ha demostrado no producir resultados.
Volverá la violencia
La reducción de inversiones en el área social es, para muchos analistas en materia de seguridad pública, el principal problema. Para Loic Wacquant, profesor de sociología de la Universidad de Berkeley en California e investigador del Centro de Sociología en París, que estuvo en Brasil recientemente para analizar las desigualdades sociales y el sistema carcelario y judicial, los sucesos de San Pablo se van a repetir.
En una larga entrevista en el diario Folha de São Paulo, Wacquant dijo que es necesario actuar en el campo social y no sólo en el criminal. Señaló que “en las últimas décadas las elites políticas brasileñas han usado el Estado penal-policial, los tribunales y el sistema judicial como el único instrumento no sólo de control de la criminalidad sino de distribución de la renta y del fin de la pobreza urbana. Expandir ese estado de cosas no hará nada para acabar con las causas del crimen, especialmente cuando el propio gobierno no respeta las leyes que dice velar: la policía de San Pablo mata más que las policías de todos los países de Europa juntas, y casi con impunidad”.
Wacquant fue más lejos en su análisis al afirmar que “los tribunales actúan con preconcepto de clase y raza. Y el sistema penitenciario es un campo de concentración de los más pobres”. Luego se pregunta: “¿Cómo se puede esperar que ese trío calamitoso pueda establecer la ‘justicia’?”.
Guerra sin cuartel
Una línea de razonamiento conservadora es la seguida por el coronel Teixeira Borges, comandante de la Policía Militar, que dijo que el estado de San Pablo está viviendo “una guerra”, pero que la policía “no va a retroceder frente a los ataques promovidos por el crimen organizado”. Admitió que “podemos tener más bajas, vamos a tener más bajas, pero no vamos a retroceder”.
En esta “guerra” los soldados que están en el campo de batalla no esconden las críticas a sus comandantes. Hay un gran descontento en la PM, revelado por varias entrevistas con soldados y oficiales de baja graduación, porque el comando no habría informado lo que los servicios de inteligencia venían detectando después de la transferencia de los 765 presos de la PCC.
Para algunos analistas, la cúpula de seguridad de San Pablo, además de no prever la reacción que preparaba el crimen organizado, no preparó a sus efectivos, no les avisó con tiempo y se equivocó al repetir las medidas disciplinarias contra los miembros del PCC presos.
Según el profesor de derecho penal y vicepresidente del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, Sérgio Mazina Martins, el gobierno de San Pablo falló al implantar en febrero de 2001, para combatir otra rebelión de presos, el llamado Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD). A pesar de haber tenido un efecto inverso al esperado durante el gobierno de Alckmin, la medida punitiva contra presos se volvió contra la sociedad. En los cinco años posteriores a su creación la situación de seguridad empeoró. Mazina Martins recuerda que “tenemos hoy un problema mucho mayor que el que teníamos en 2001, una situación de caos social generalizado”.
El PCC -que parece estar ganando la batalla contra el Estado- es una organización mafiosa que amplió de tal forma sus negocios que, según informes de prensa, presta dinero que cobra con intereses y cuenta en las cárceles con por lo menos 130 mil hombres,* además de un ejército de 10 mil “soldados” en las calles. Según Folha de São Paulo el PCC tiene planes para elegir un diputado federal en las elecciones de octubre. La organización tiene pensado invertir unos 350 mil dólares en la campaña electoral.
El Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, órgano de la Secretaría de Seguridad del gobierno de San Pablo, está buscando identificar a los posibles candidatos.
En medio de esta guerra declarada por el PCC al Estado, la población paulista se siente cada vez más insegura. Durante cinco días la violencia forzó la paralización de una ciudad que tiene como lema “San Pablo no puede parar”. Más de tres millones de personas se quedaron sin transporte público para acudir al trabajo, y las colas que se formaron en el metro no se habían visto nunca. Pero ya no sería una sorpresa si estos hechos se repitieran.
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– * En el estado de San Pablo hay 360 mil presos.
