Por Emilio Marín, especial para Causa Popular.- Uno de los sectores donde hubo más paros en los últimos años es el del transporte, particularmente el subte. Los empleados quieren recomponer sus salarios y Metrovías se resiste. Echemos una mirada a Roggio, dueño de esa y varias empresas más.
El martes y miércoles previos a Semana Santa, porteños y bonaerenses no pudieron viajar en las cinco líneas de subterráneos y el premetro. Algunos pasajeros afectados y casi todos los medios de comunicación achacaron el problema a los empleados en huelga. En esa oportunidad pararon varios centenares de tercerizados que reclamaban ser encasillados en el convenio de UTA, lo que implicaba mejores haberes.
Metrovías-Roggio tiene tercerizadas buena parte de las tareas. Hay 21 compañías que contratan a los empleados y les abonan salarios deprimidos, aunque varias pertenecen al mismo holding, caso de Taym. Otras, como Compañía de Seguridad Metropolitana (CSM), también jugarían en el equipo capitaneada por Aldo Roggio, titular del monopolio en el orden nacional.
La lectura sobre cuáles son las causas de los conflictos gremiales no debería obviar la responsabilidad patronal. Esta rechazó el encasillamiento de los tercerizados en UTA como antes había negado a sus empleados formales de Metrovías la recomposición salarial del 53 por ciento solicitada desde 2004.
La memoria-balance presentada el 27 de enero de 2005 reconoció que en 2004 la empresa había transportado 269 millones de pasajeros, 5,62 por ciento más que en el ejercicio anterior.
Además de Metrovías, los Roggio tienen la concesión del ramal ferroviario General Urquiza, en Buenos Aires, y en enero de 2005 ingresaron en la Unión de Gestión Operativa SA, que administra el ramal San Martín.
La otra novedad es que ha formalizado una alianza con el operador ferroviario Emepa para entrar con el 40 por ciento del paquete accionario de Shima. Se trata del consorcio conformado por Sideco-Macri y la empresa china Sanhe para recibir la concesión del ramal Belgrano Cargas.
Ninguno de estos emprendimientos conlleva mayores riesgos. Como fundador de la “Patria Contratista”, que sigue gozando de buena salud, Roggio recibe subsidios millonarios del Estado. Entre enero y noviembre de 2004 había cobrado 90 millones de pesos del Estado como operador de Metrovías y el Urquiza. Serán muchos más cuando les ingresen sus partes del San Martín y el Belgrano.
El periodismo que come de la mano de los monopolios calla que el Estado subvenciona los trenes privados con más de 477 millones de pesos anuales. Ahora guardan silencio los que clamaban por la privatización agitando el cuco de que el Estado “perdía” un millón de pesos diarios. Hoy pierde en serio una suma mayor.
La expansión
La negativa de Roggio a acceder a los reclamos gremiales provocó el paro ferroviario del 12 de marzo de 2004 y el de subte del 17 de marzo, los paros de subte del 2 al 5 de abril, 18 y 22 de noviembre y 6 y 7 de diciembre. En febrero de 2005 siguió esa estadística hasta que los empleados consiguieron una parte de lo solicitado. Después hubo otras medidas de fuerza de los tercerizados, comentadas al inicio.
La contención salarial se explica porque estamos hablando de miles de asalariados, 3.000 en Metrovías. Aflojarles implica dinero y los directivos no quieren perder ni un mango.
Esa política es inexplicable desde otro ángulo: el contraste irritativo entre los haberes del personal y los ejecutivos. Cuando éstos quisieron poner a la defensiva a sus dependientes porque percibían buenos sueldos, uno de los delegados contestó: “A mí no me dá vergüenza ganar 2.000 pesos, me da vergüenza que los jubilados ganen 300 y que los ejecutivos se lleven 20.000 pesos o más”.
¿Ese gremialista estaba exagerando? Los volantes y afiches que pegaron en los vagones, alertaban: “los directivos de la empresa cobran sueldos que van desde los 22 a los 45.000 pesos por mes. El señor Juan Ordoñez, vocero de la empresa, cobra 23.000 pesos. En total los directivos reciben una masa salarial superior a los 600.000 pesos mensuales”. Nunca fueron desmentidos por Metrovías.
Roggio SA, nueva denominación de Benito Roggio e Hijos SA, explota en total a 10.000 empleados en nuestro país, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Ecuador, Colombia y Venezuela, y en Texas, EE.UU. Si en todos estos “mercados” les saca el jugo a sus empleados como en Argentina, se puede deducir el volumen de sus ingresos. Sólo en Metrovías le entran 220 millones de pesos anuales.
Esa expansión se dio de la mano inicialmente de la dictadura, con la que obtuvo obras como la construcción del estadio mundialista de Córdoba, el edificio de ATC, rutas y puertos.
Luego vino el gran salto con el menemismo, lo que es admitido por la página oficial de la empresa: “la década de los noventa se caracterizó especialmente por la privatización de los servicios públicos en la Argentina y la región, proceso en el cual Benito Roggio e Hijos S.A. participó de manera activa. Como resultado de distintas licitaciones se le adjudicaron en concesión varios proyectos de construcción y operación de rutas por peajes, así como la operación integral de la red de subterráneos de Buenos Aires y el ferrocarril Urquiza.
También toma parte en los procesos de privatización en Latinoamérica y participa de concesionarias de rutas en Brasil, Paraguay y Ecuador, y de servicios de higiene urbana en Uruguay, Brasil, Bolivia y México”.
Como dicen los abogados, a confesión de parte (neoliberal), relevo de pruebas.
Si los automovilistas que viajan a Mar del Plata o a La Plata, o los que llegan a Capital por la autopista del Oeste, no lo sabían, ahora lo saben. El que les mete la mano en el bolsillo con el peaje aumentado, es Roggio. Este controla Coviares, concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata, Covisur S.A. a cargo de la autovía Buenos Aires-Mar del Plata y en Puentes del Litoral S.A., concesionaria de la construcción y operación del puente que une Rosario con Victoria.
No es burguesía nacional
Roggio opera en tres grandes rubros: la construcción, el transporte y el presunto saneamiento ambiental, donde interviene con Clima desde hace veinte años en ciudades como Buenos Aires y Córdoba y otras de Brasil, Uruguay y México.
En 1996, con Cliba, compartía con Manliba-Macri los 220 millones de dólares anuales que le cobraban al municipio gobernado por Carlos Grosso, Jorge Domínguez y Fernando de la Rúa. Esas alternancias de peronistas y radicales no causan preocupación a la empresa que también las disfrutó en Córdoba. Allí se turnaron los radicales Ramón Mestre y Rubén Martí, Germán Kammerath (Unión por Córdoba) y Luis Juez (Partido Nuevo). Todos pagaron sin chistar 5 millones de pesos mensuales.
Pero esos tres filones no son los únicos porque Roggio también juega sus fichas a la informática con Prominente, y al escolaso y turismo con CET, que gestiona dos hoteles cinco estrellas con casinos.
Néstor Kirchner quiere recrear una “burguesía nacional” y se equivoca al ubicar a Roggio en esta categoría, a la que excede largamente con su plantel de 10.000 empleados. Se trata de gran burguesía asociada al imperio, como lo demuestran sus sociedades con los estadounidenses de Burlington en Metrovías, la cadena Hilton en la construcción de hoteles y casinos, Grupo Suez y Agbar en Aguas Cordobesas.
Coherente con esa pertenencia, Aldo Roggio es vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y directivo de la Asamblea Empresaria Argentina; su hijo Sergio preside la Fundación Mediterránea. O sea, son parte constitutiva del establishment empresario y monopolista.
La verdadera burguesía nacional, como Zanello de Las Varillas, denunció a Roggio en 1999 por violar la ley de compre nacional y adquirir 80 vagones en Brasil con 197 millones de dólares de subsidios estatales, en vez de hacerlo en el país a la mitad del precio.
