Un gobierno que arrasa con los derechos democráticos
La baja en la edad de imputabilidad fue votada este año y consiguió mayoría. Es apenas un eslabón más de un gobierno que busca arrasar con todos los derechos democráticos de jóvenes, niños, ancianos y personas con discapacidades.
Es un secreto a voces que el punitivismo hacia los sectores populares es uno de los caballitos de batalla históricos de la extrema derecha, sabiendo que hay un sector de la sociedad que siempre ofrece consenso a este tipo de medidas represivas.
Nuestros jóvenes de 14 años aún son niños que necesitan un Estado presente que les ofrezca estudio y escenarios saludables de esparcimiento, además de garantías para que sus familias cuenten con un trabajo digno y salarios acordes a las necesidades.
El problema de estos proyectos, que exacerban el punitivismo planteando soluciones ficticias, es que el sistema se endurece y detiene cada vez más a los jóvenes pobres con derechos vulnerados. Crece la prisionización, la sobrepoblación y el hacinamiento, sumando nuevos problemas y agravando situaciones que deterioran aún más estos ámbitos. La reforma genera mayor presión punitiva policial en el territorio sobre los pibes.
La conclusión es más jóvenes detenidos, a quienes se les vulneran sus derechos, y menos oportunidades dignas para desarrollarse. Menos salud y educación; más balas y cárceles. La demagogia de derecha es la peor de todas porque construye relatos falaces, generando consensos despreciables que edifican violencia e injusticia social. La especialidad de La Libertad Avanza.
Emergencia carcelaria
La presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, expresó preocupación por el debate nacional sobre la baja de edad de imputabilidad y alertó que las provincias no cuentan con infraestructura adecuada para alojar menores detenidos. La funcionaria judicial fue entrevistada en el programa Entre Vistas, de Canal 13 San Juan.
“Hay emergencia carcelaria en todo el país. Todas las provincias estamos desbordadas”, afirmó. La magistrada explicó que el tema fue analizado recientemente dentro del foro penal juvenil y consideró que el problema excede la discusión estrictamente penal.
“Las estadísticas muestran determinados tipos de delitos, pero la respuesta tiene que pasar también por otros aspectos del Estado”, sostuvo. Según Valle, reducir la edad de imputabilidad podría generar nuevas complicaciones en un sistema penitenciario ya saturado.
“La baja de edad va a traer inconvenientes incluso respecto de los lugares adecuados de alojamiento”, advirtió. La jueza remarcó que los menores necesitan dispositivos específicos y diferenciados de los sistemas penitenciarios tradicionales.
“Los menores requieren otro tipo de instituciones y otro abordaje”, señaló. Además, insistió en que la discusión no debe centrarse únicamente en el castigo, sino también en políticas de contención, prevención y asistencia social. Para la titular de JUFEJUS, la problemática juvenil exige un trabajo integral entre Justicia, educación, salud y políticas públicas. “La respuesta no puede ser únicamente penal”, concluyó.
El Senado de la Nación sancionó este 2026 el nuevo régimen penal juvenil, que modifica la edad de imputabilidad en la República Argentina. Los integrantes de la Cámara alta sesionaron para validar el proyecto oficialista, que recibió el acompañamiento de los sectores dialoguistas. La votación definitiva transformó en ley la propuesta del Poder Ejecutivo antes del inicio del período ordinario.
A cuánto bajó la edad de imputabilidad con la nueva ley
La nueva normativa estableció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo cual reemplazó el límite anterior de 16 años, fijado en la legislación previa. El texto determina que los adolescentes que alcancen esa edad enfrentarán procesos legales ante la Justicia.
La sanción ocurrió en el marco de una sesión intensa que incluyó el tratamiento de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El presidente Javier Milei planificó contar con estas herramientas para poder seguir avanzando con sus políticas represivas.
El oficialismo obtuvo el quórum necesario con el apoyo de bloques opositores, mientras la bancada peronista mantuvo gran parte de sus bancas vacías al inicio del debate.
El alcance del nuevo sistema de penas
La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según la gravedad del hecho cometido. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.
El abanico de penas alternativas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.
El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.
Qué argumentaron los senadores sobre la baja de la edad de imputabilidad
El senador por Salta, Gonzalo Guzmán, justificó la iniciativa: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales”. El parlamentario libertario destacó que la norma reconoce asistencia legal idónea para los adolescentes desde el comienzo de las actuaciones judiciales.
La senadora Lucía Corpacci rechazó la iniciativa desde la bancada kirchnerista. La legisladora de Catamarca afirmó: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”. La representante cuestionó que se utilice el endurecimiento de penas para desviar la atención sobre la situación social actual.
En una línea opuesta se manifestó la radical Carolina Losada, quien defendió la plena consciencia de los menores sobre sus actos. La senadora santafesina sostuvo: “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”.
Cuánto costaría aplicar la nueva normativa
La puesta en marcha del sistema penal juvenil requiere de una inversión económica que fue objeto de discusión en el recinto. El Poder Ejecutivo incorporó un artículo que asigna un presupuesto de 23.800 millones de pesos para financiar la estructura procesal.
El senador Jorge Capitanich consideró que el monto asignado resulta insuficiente para cubrir las necesidades del nuevo esquema. El representante de Chaco manifestó su preocupación por los plazos de ejecución de las obras necesarias.
Estos fondos deben utilizarse para la edificación de centros de detención adaptados para adolescentes, ya que la ley prohíbe explícitamente que los menores compartan espacios de encierro con adultos.
La mirada de las organizaciones
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) apuntó contra el proyecto oficialista, que reforma el régimen penal juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años, por buscar cambiar la legislación cuando son “ínfimos” los casos de menores que cometen delitos graves tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país.
El secretario de la CPM, Roberto Cipriano, tiene datos. En diálogo con Buenos Aires/12, señala que de los aproximadamente 4 millones de menores de 16 años que viven en la provincia “actualmente hay 71 detenidos por delitos graves, 24 de esos por homicidio, 8 por tentativa de homicidio, 47 por robos agravados y 2 por abuso sexual”.
En su detalle, advierte que en Buenos Aires existen 1.036.000 investigaciones penales de adultos y las investigaciones penales de jóvenes son solo 23.846, lo que implica que la incidencia de casos de menores que cometen hechos delictivos es mínima con relación a la cantidad de adultos que delinquen.
El Ministerio Público bonaerense reveló que la participación juvenil en el delito constituye apenas el 2,25 por ciento del total provincial. Es decir, remarca Cipriano, se busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, cuando “hay verdaderamente muy pocos pibes menores de 16 que cometen delitos graves en la provincia de Buenos Aires”, y hay distritos directamente con cero casos.
Siguiendo los datos del último informe de la Procuración provincial, las investigaciones por homicidios dolosos que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó en 2024 fueron solo 70 sobre un total de 814. Es decir, apenas un 8,6 por ciento.
El acento sobre el recorte no es menor, ya que los casos que escalan en la agenda pública y generan el clima de opinión epocal que luego se utiliza como base argumentativa para quienes exigen un endurecimiento de las penas y la baja en las edades de imputabilidad tienen a menores protagonizando robos seguidos de muerte en la vía pública.
Tomando los 462 homicidios dolosos, sin discriminar edades, ocurridos en la calle durante el año pasado, apenas el 14 por ciento estuvieron precedidos por intento de robo.
En medio del debate y con los números sobre la mesa, Cipriano sostuvo que no es cierto que hoy “no pase nada” con los jóvenes menores de 16 años que cometen delitos graves. “Esos pibes no escapan a la acción de la Justicia. Están encerrados en los mismos institutos de jóvenes donde están los que tienen entre 16 y 18 años”, contó.
Actualmente, la Ley 22.178 tiene un artículo que establece medidas especiales para los casos de menores de 16 años que cometen delitos graves, donde los jóvenes no punibles quedan a disposición de un dispositivo que depende de la Justicia civil y no de la Justicia penal. Es decir, se interna de forma provisoria a estos adolescentes en lugares con condiciones de encierro semejantes a las de una detención de cualquier mayor de 16 años.
Los riesgos de la mirada punitivista
Cipriano manifestó que abrir el sistema penal a los niños y niñas de 14 años va a generar que más jóvenes queden detenidos en lugares donde “se vulneran derechos cotidianamente” y donde no se prioriza que los menores son una población en pleno desarrollo.
“En la actualidad son 680 pibes menores de 18 años los que se encuentran detenidos en la provincia y a ninguno se le garantiza el acceso a la educación o a la formación laboral. Están en lugares cuyas condiciones de detención son inhumanas y con regímenes de mucho tiempo de aislamiento en celda”, alertó.
El texto que logró dictamen en las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación busca llevar la edad, a partir de la cual se puede procesar a una persona, a 14 años y no hace distinción alguna entre un joven de 14 y uno de 17 a la hora de evaluar la pena correspondiente. Además, establece la pena máxima en 15 años, lo que significa que un adolescente de 14 condenado por un delito grave podría recibir una pena mayor a su propia edad.
De aprobarse en el recinto, la cárcel será la respuesta principal frente a cualquier tipo de delito y, si bien es cierto que el texto consensuado prevé “espacios acondicionados especialmente”, se descree que habrá un lugar y un trato diferencial para los más jóvenes. “No va a existir un tratamiento diferencial o propuestas de resocialización para esos pibes porque no existe en los sistemas de encierro de la Argentina”, aseguró Cipriano, y sentenció: “Son falacias”.
En este sentido, el abogado y psicólogo social manifestó que, si el proyecto se convierte en ley, va a profundizar el proceso de “adultización y carcelización” que se viene dando desde hace años. Los centros especializados de jóvenes “se convierten en cárceles de adultos, y se da un proceso de carcelización” donde se iguala a las personas menores con las mayores, por lo que caracterizó al texto de “regresivo”.
“Se plantea resolver la problemática a partir de políticas punitivas cuando, en realidad, hay que resolver con políticas sociales y políticas educativas. Hay que llegar antes frente a esas situaciones de vulnerabilidad que llevan a los pibes al delito”, agregó.
La mirada punitivista parece no contemplar un grave problema relacionado con muchos de los adolescentes que delinquen, que tiene que ver con los consumos problemáticos. El secretario de la CPM advirtió que “en el caso de la provincia de Buenos Aires, los centros de prevención de adicciones son lugares que están debilitados, con poco personal y serias dificultades para poder enfrentar los problemas que llegan”, por lo que marcó la necesidad de que se piensen y se pongan en marcha dispositivos públicos para contener a esos menores.
“Se necesitan dispositivos públicos que den respuesta y eso es lo que no hay. Frente al retiro del Estado florecen las comunidades terapéuticas privadas, y ese es un nicho de negocios sin ningún tipo de control del Estado”, aseguró, alertando sobre ciertas comunidades terapéuticas de la provincia que, al no tener control estatal, “someten” a los jóvenes. “Lo que estamos viendo en las inspecciones que hicimos son violaciones a los derechos humanos tremendas, donde los adolescentes no tienen ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico”, agregó.
“Cualquiera medica a los pibes; están sobremedicados, encerrados, en aislamiento permanente o con situaciones de mucho sometimiento”, detalló sobre la situación que padecen los jóvenes que se encuentran internados en algunas comunidades terapéuticas privadas.
Cipriano también manifestó su preocupación por los servicios locales de niñez, que “son los que tienen que llegar frente a una situación de vulnerabilidad, pero están desmantelados o tienen profesionales mal pagos”, y cargó sobre las modificaciones a la ley, que no plantean fortalecer las instituciones que trabajan para que esos pibes no caigan en el delito, sino que “se destinan grandes sumas a la seguridad y no se está haciendo lo propio con las niñeces”, concluyó.
El dictamen impulsado por el Ejecutivo y acompañado por otras bancadas cercanas al oficialismo propone una serie de modificaciones que, según manifestaron durante el trabajo en comisiones las organizaciones de derechos humanos y los especialistas en infancias, van en contra de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y consideraciones señaladas especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Argentina.
La iniciativa que logró dictamen fue acompañada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, y superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria, que mantenía a los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
Además de la CPM, otras organizaciones repudiaron el dictamen de mayoría que se aprobó en la Cámara baja y que quedó listo para tratarse en el recinto. Es el caso de la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia de Argentina, que advierte: “Los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro”.
Conclusión
Como mencionamos en otra oportunidad, es muy acertada aquella frase del reciente fallecido poeta Carlos Solari: “Todo preso es político”. La política de encarcelar a los jóvenes provenientes de los sectores más vulnerables y dejar en libertad a los endeudadores seriales, a los que se enriquecen con las arcas del Estado nacional, es una política de clase.
Los medios de comunicación hegemónicos colocan en la agenda la punitividad de los niños y adolescentes como si fuera el tema acuciante de cualquier gestión gubernamental, con el agravante de que en gobiernos de extrema derecha, como el libertario, dicho pedido se vuelve prioritario y urgente como producto de su populismo demagógico derechista.
Los medios de comunicación del sistema son especialistas en esa otra frase del gran poeta urbano: “Violencia es mentir”. Y en esa narrativa van construyendo consenso ciudadano. La violencia y el pedido de bala y cárcel no son tan solo un grito de un transnochado fascista, sino un producto colectivo.
Es hora de replantearse ciertos ejes de narrativa. Narrar la realidad de manera urgente.