El día 10 de abril de 1887 nació, en Buenos Aires, Bernardo Houssay, quien después fue médico, después catedrático, después farmacéutico, después el primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina (1947) y, en el último “después”, el fundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famosísimo CONICET.
Cuando recibió el Nobel, dijo: “No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando muera. Mi voluntad es que no se haga nada de eso. Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo actual, que tenga artistas, pensadores y científicos que enriquezcan nuestra cultura y cuya obra sea beneficiosa para nuestro país, nuestros compatriotas y la especie humana”.
Houssay murió en 1971. No vio la planta de enriquecimiento de uranio ni la primera exportación de cobalto-60 ni la teoría de Álvarez padre y Álvarez hijo sobre el impacto de un meteorito como causa de la extinción de dinosaurios ni el Nobel a César Milstein, ni la clonación de animales para usos médicos, ni la biotecnología en la agricultura, ni la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, las Telecomunicaciones, ni los satélites de telefonía y datos,[1] ni la consolidación de un sistema científico-tecnológico capaz de producir conocimiento situado. Tampoco vio —y en esto hay algo menos azaroso— la violencia sistemática contra ese mismo sistema: la última dictadura cívico-militar, la crisis de 2001, las locuras del COVID-19, la interrupción recurrente de políticas científicas, el desfinanciamiento de la ciencia que inició con el gobierno de Mauricio Macri y que hoy, bajo la gestión de Javier Milei, se profundiza y agudiza hasta volverse estructural. Quizá tampoco alcanzó a ver que el problema no es solamente cuánto se financia a la ciencia, sino cómo se la piensa.
Cuando las clases en las universidades nacionales, públicas y gratuitas estaban por iniciar, los docentes paramos. La principal exigencia es concreta: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia, pero no ejecutada por el Ejecutivo. Deben asignarse fondos para elevar el presupuesto asignado a Educación en un porcentaje del PBI que tiene que llegar al 1,5% en 2031. La ley, por sí sola, no alcanza para nombrar toda la situación. En términos reales, el salario cayó más de un 48% en la gestión actual, afectando la calidad de la enseñanza pública y la calidad de vida. Hoy, en Tucumán, un jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple —el cargo más bajo para un profesional universitario— cobra en mano $ 185.366,96. Es que la inversión en educación es, en términos comparativos, la mitad de la de 2023.
Carolina Blanco, profesora de Letras, egresada en la UNT, escribió en el newsletter Total Interferencia que: “me he dado el lujo de rechazar un trabajo de doce horas semanales […] Me cubrían el 70% de los viáticos; el sueldo no llegaba a los doscientos cincuenta mil pesos y yo sabía eso desde el inicio. Creo que decir que no ha sido un acto de amor propio…”.[2] Como muchos docentes, ella completa sus ingresos como community manager y vendiendo ollas. Y este es un ejemplo clarísimo de que el problema es estructural.
Sin embargo, cada vez que se anuncia un paro, el discurso reaparece con una violencia conocida: vagos de mierda, no quieren trabajar, abandonan a los estudiantes. Como si la vocación pudiera funcionar como variable de ajuste, como si el compromiso con la enseñanza y la producción de conocimiento debiera compensar por sí solo la caída material de las condiciones de trabajo. En respuesta a los numerosos tuits del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, la educación no se defiende con apelaciones abstractas al “dar clases”. Se defiende cuando existen condiciones materiales que hagan posible enseñar, investigar, leer, escribir, formarse. Se defiende cuando el tiempo de trabajo no está completamente absorbido por la supervivencia.
Y si esa escena ya resulta difícil de sostener en las aulas, en el sistema científico se vuelve directamente crítica. El CONICET, ese mismo organismo que encarna, quizá como ningún otro, el deseo de Houssay, atraviesa hoy un proceso de desfinanciamiento severo. Vivimos la interrupción concreta de la producción de conocimiento. Se suspendieron proyectos de investigación ya adjudicados (PICT 2022), dejando equipos sin financiamiento ni insumos. Se redujeron becas doctorales y posdoctorales. Se discontinuaron ingresos a la carrera de investigador. Se perdieron puestos de trabajo. El presupuesto destinado al organismo y a la Agencia I+D+i se contrajo de manera drástica. Y, en paralelo, se reorientaron las áreas consideradas “prioritarias”, desplazando —cuando no directamente excluyendo— a las ciencias sociales y a la investigación básica. El impacto es federal. Los Centros Científicos Tecnológicos en todo el país ven paralizadas sus actividades, afectando no solo a investigadores sino a las tramas locales que dependen de esos desarrollos.
“Sin ciencia básica, en veinte años no habrá nada para transferir”, advirtieron autoridades del CONICET NOA SUR. La frase, en su formulación más simple, desmonta uno de los argumentos más repetidos: no hay aplicación sin conocimiento previo. No hay innovación sin investigación sostenida en el tiempo. No hay futuro productivo si se desmantela aquello que lo hace posible. Y, sin embargo, el desfinanciamiento avanza.
El CONICET fue, durante décadas, mucho más que una institución: fue una forma de imaginar la vida. Un horizonte posible para miles de jóvenes que encontraban en la investigación más que una profesionalización, una forma de inserción social, de pertenencia, de construcción de sentido. Hoy ese horizonte se achica porque el acceso se vuelve más restrictivo —menos becas, menos ingresos, menos líneas de investigación habilitadas—, porque, incluso para quienes están dentro del sistema, las condiciones materiales resultan cada vez más difíciles de sostener. En febrero, una familia tucumana necesitó $ 1.168.435 para no caer en la pobreza. Un investigador en etapas iniciales del CONICET apenas supera ese monto. La consecuencia es previsible: precarización, abandono de carreras científicas, migración hacia el exterior o hacia otros sectores. Una nueva fuga de productores de ciencia y tecnología, pero ya no marcada únicamente por la búsqueda de mejores oportunidades, sino también por la imposibilidad de sostener la propia vida dentro del sistema. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un sistema cuando producir conocimiento deja de ser una forma viable de vivir?
“No deseo estatuas”, dijo Houssay. Y lo que queda hoy no es el riesgo de una estatua, es la imposibilidad de sostener aquello que él sí formuló como programa: la producción de conocimiento como política pública, como sistema, como condición de desarrollo. El Día del Investigador y la Investigadora Científica se conmemora el 10 de abril, en su nombre. Pero la conmemoración, en este contexto, exige ser reformulada. ¿Cómo decir feliz día cuando los indicadores materiales del sistema —salarios, financiamiento, continuidad de proyectos, acceso a becas— muestran una tendencia regresiva sostenida? ¿Cómo decirlo cuando la estructura que permite investigar —institucional, presupuestaria, federal— se encuentra en proceso de contracción? ¿Cómo decirlo cuando la producción de conocimiento deja de ser una trayectoria viable y se convierte en una actividad cada vez más intermitente, precarizada o directamente inviable? Las preguntas no son retóricas, son metodológicas. Si un sistema científico pierde capacidad de financiamiento, reduce su base de investigadores, interrumpe sus líneas de trabajo y deteriora sus condiciones materiales, el resultado no es simbólico. El resultado verdadero es una disminución efectiva en la producción de conocimiento. Y, a mediano plazo, una pérdida de capacidades acumuladas que no se recuperan de manera inmediata.
¿Cómo vamos a hacer para evitarlo? Si el problema es estructural, la respuesta no puede ser individual ni voluntarista. Requiere, necesariamente, una reconfiguración de las políticas públicas que sostienen el sistema científico. En primer lugar, la restitución y ampliación del financiamiento. Dejar de considerarlo un gasto, y hacer una inversión estratégica, con previsibilidad plurianual que garantice la continuidad de proyectos, equipos e instituciones. En segundo lugar, la recomposición salarial del sector, de modo tal que investigar vuelva a ser una forma viable de trabajo y no una actividad sostenida en la precariedad. En tercer lugar, la recuperación de los programas de becas e ingresos a la carrera, que aseguren la reproducción del sistema y eviten la pérdida de generaciones completas de investigadores. En cuarto lugar, una política científica que no reduzca el conocimiento a su dimensión inmediata de transferencia, que sostenga la investigación básica y las ciencias sociales como condiciones de posibilidad de cualquier desarrollo futuro. Y, finalmente, el reconocimiento del carácter federal del sistema científico, garantizando condiciones de funcionamiento para los centros de investigación en todo el país.
En este marco, “feliz día” deja de funcionar como saludo y pasa a ser, en el mejor de los casos, una expresión desfasada respecto de las condiciones reales del campo. Porque, sin condiciones materiales que sostengan la producción de conocimiento, no hay conmemoración posible: hay, simplemente, la progresiva desaparición de aquello que se pretende celebrar. De igual manera, vale señalar a quienes todavía sostienen la investigación en estas condiciones. No desde una lógica de sacrificio o de una supuesta resistencia individual —porque nadie investiga ni se forma en soledad, siempre es con otros—, sino como parte de entramados concretos de trabajo, formación y producción que, aun precarizados, continúan produciendo conocimiento y evitando su interrupción total.
[1] Muchos de los datos fueron tomados de https://www.argentina.gob.ar/cnea/institucional
[2] Nota completa en: https://totalinterferencia.substack.com/p/como-todos-los-dias