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Glaciares en riesgo | Entrevista a Enrique Viale

Conversación con el abogado ambientalista Enrique Viale sobre la maratónica participación ciudadana en torno a la reforma de la norma que protege las fuentes de agua y las razones por las que se logró ponerle un freno momentáneo, a diferencia de la reforma laboral. Por Lea Ross

La Cámara de Diputados está por discutir la reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Nº 26.639), o “Ley de Glaciares”. Después de su aprobación en el Senado, existió una instancia inédita de audiencia pública que evitó que el proyecto se aprobara con rapidez, como lo quería el gobierno nacional.

Eso se logró mediante una presión ciudadana que ve con preocupación que esta permite el paso de inversiones mineras, principalmente en zonas cordilleranas, a costa de vulnerar los ecosistemas donde nacen los principales cursos de agua dulce del país. Se calculó que más de 102 mil personas se anotaron con el anhelo de dar su opinión a la iniciativa, lo que generó que la inmensa mayoría no pudiera participar por el criterio de los organizadores de reducir la actividad a solo dos días. Si se hubiera escuchado a todos los anotados, probablemente el debate iba a durar más de ¡cinco años!

Zoom charló con el abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los más reconocidos en las luchas ambientales, quien realizó un balance de la actividad. Y planteó una duda: cómo fue posible evitar que se sancionara al instante ese proyecto, a diferencia de otras iniciativas del gobierno de Milei como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

Glaciar de Mendoza

—¿Qué balance hacés de la audiencia pública?

—Tuvo un sabor agridulce. Por un lado, es un hecho trascendente que 102 mil personas se hayan inscrito para exponer, incluso para hablar delante de diputados. La gente tuvo ganas de poner el cuerpo y de participar en un proceso legislativo. Por otro lado, hubo un manoseo democrático, dejando afuera al 99,7% de los inscriptos, lo que generó una degradación democrática e institucional en el Congreso.

—Muchos de quienes participaron se quejaron de que la mayoría haya quedado afuera, porque viola el Acuerdo Internacional de Escazú que brega por la participación ciudadana en temas ambientales. ¿Es así?

—Es flagrante la violación del propio reglamento que ellos mismos hicieron para la convocatoria. Por adherirse a Escazú, Argentina se compromete a realizar instancias de participación ciudadana sobre cuestiones ambientales. Ellos pensaron que se iban a inscribir solamente 500 personas y terminó siendo un récord mundial. Esto está claramente violado, porque no pudieron satisfacer un porcentaje razonable de los anotados. Quisieron compensarlo con que las personas que no entraron pudieran mandar un video o un escrito. Si el 10% hubiera hecho eso, iban a necesitar 40 días para escucharlos. Ni siquiera ampliaron el debate por un día más. Yo les había propuesto hacer las audiencias de manera simultánea en distintas provincias, escuchando a la gente en el territorio y estirarlo a quince días.

-¿Hay algo que te llamó la atención de la audiencia?

-Ocurrió algo increíble, que tiene que ver con quiénes se posicionaron a favor y en contra de la reforma de la ley. En contra se manifestaron juristas, la Iglesia, científicos, un representante de la ONU y gran parte del pueblo argentino. Y a favor, solo había cuatro mineras. De los pocos que hablaron, no hubo uno que no tuviera vinculación directa con el sector minero. Hubo empleados o proveedores de la Barrick Gold o de quienes integran los ministerios del gobierno de San Juan. No hay una persona que sea un ciudadano común. Eso es muy elocuente.

—Mencionaste que solo había “cuatro mineras”. ¿Querés decir cuáles son?

—La principal es el Proyecto Vicuña en San Juan, operado por el cruce de empresas BHP y Lundin Mining. De hecho, se reunieron dos veces con el Presidente en Casa Rosada, donde en una de las fotos lo muestran con la motosierra. Creo que Milei tiene ministros con los que ni siquiera se había juntado dos veces. Después está Veladero, de Barrick Gold, también de San Juan. Está la corporación Glencore, que maneja el proyecto MARA —ubicada al norte del país— y El Pachón —nuevamente sanjuanina—. Hay otros proyectos como los de Mendoza y no mucho más. Es un proyecto a medida de estas corporaciones. Tienen el poder de adaptar la ley a sus proyectos, en lugar de que sean ellos quienes se adapten a la ley. Encontraron un gobierno que les da esa ventaja.

Milei con Jack Lundin (CEO de Lundin Mining), Carlos Ramírez (Vicepresidente de BHP), Ron Hochstein (CEO de Vicuña Corp) y José Luis Morea (Country Director de Vicuña Corp.). Archivo: Enero de 2026.

—Después de tu exposición, presentaron una denuncia penal contra Flavia Royón, una de las senadoras nacionales que votó a favor de la reforma. ¿En qué consiste esa presentación?

—Venimos meses haciendo una investigación minuciosa desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Es un ejemplo paradigmático de lo que el mundo llama la “puerta giratoria” o, peor aún, de estar en los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Flavia Royón estaba en la Mesa Nacional del Litio y, a su vez, era parte de la junta directiva de una consultora llamada Zelandez, una muy importante proveedora de servicios mineros y muy vinculada a lo que se quiere hacer con la Ley de Glaciares. Es una interesada directa, porque tiene proyectos relacionados con el estudio de glaciares y su importancia hídrica. Además, Zelandez es proveedora del proyecto Los Azules de la empresa Río Tinto. En su propia página web, Zelandez se jacta de que uno de sus clientes es Río Tinto, que es otra de las beneficiadas por este cambio normativo, que le produce miles de millones de dólares. Ella fue secretaria de Energía y Minería en Salta, después fue secretaria de la Nación en el gobierno anterior y saltó para el gobierno de Milei. Luego dejó de tener un cargo público, hasta que en diciembre de 2025 fue elegida senadora nacional. Y, en el medio, tiene otra consultora llamada Minenco más su participación en la junta directiva de Zelandez.

—Pareciera ser que el ambientalismo no estaba pasando por su mejor momento. Hubo protestas frustradas en distintas provincias para evitar la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), propuesta por distintos gobernadores. Incluso el año pasado, en Mendoza, las protestas no evitaron la aprobación de una ley provincial que facilita las inversiones mineras. ¿Cómo explicás entonces que se llegó a un récord de compromiso con los glaciares?

—Yo creo que no es un problema del ambientalismo. Las ultraderechas avanzan en todo el mundo, con un proceso muy fuerte de generar resignación en el resto de la población. Es la cultura de la derrota, donde se instala que todo ya está dado y que nada se puede hacer. Pasó lo mismo con la reforma laboral: más allá de las marchas, no hubo una respuesta contundente ante semejante retroceso de derechos. Además, está la labor de las redes sociales para adormecernos o hacernos creer que estamos participando solo por compartir un posteo. Lo interesante de la audiencia pública es que rompió con eso. Porque también hay una minimización y una subestimación al movimiento ambiental, que se reducía solo a jipis o cuatro gatos locos. Y los cien mil inscriptos excedieron eso, y son de distintas provincias.

—Resulta curioso que el único proyecto que Milei no ha podido aprobar con rapidez fue el de los glaciares, a diferencia de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

—Eso es interesantísimo. Fue el proyecto más silenciado, no estaba instalado en los medios. Y aun así se logró, gracias al esfuerzo enorme que hizo mucha gente. Creo que eso debería hacernos sentir orgullosos a quienes somos parte del movimiento socioambiental.

—Quizás también la campaña fue efectiva porque se dejó a un lado la invocación a conceptos muy académicos, como “extractivismo”, o jurídicos, como “RIGI”, ya que se puso más el foco en palabras más entendibles para el ciudadano común, como “agua”.

-Puede ser. Se metieron nada más y nada menos que en los lugares donde nacen los ríos de nuestro país. Eso genera una vinculación con cada ciudadano, porque se metieron con algo muy elemental. Coincido en eso y también, recurriendo al libro de Miguel Bonasso, El palacio y la calle, las audiencias tuvieron ese doble rol. Era institucional, porque uno se anotaba a una actividad que convocaba el propio Congreso, pero también tenía algo de protesta. Se pudo vincular una cosa con la otra. Yo estuve en Mendoza y, si bien avanzaron con una ley a favor de las mineras, los movimientos ciudadanos eran más amplios que quienes se manifestaron contra la reforma laboral, teniendo en cuenta que no era solo en la capital sino que también duró varios días. Yo ahí vi el germen de la resistencia contra el modelo económico de Milei, que está basado en la reprimarización de la economía, en donde solo haya agronegocio, hidrocarburos y minería, sin industria, y que el resto se las arregle. Todo eso reúne la Ley de Glaciares, es una síntesis de eso.

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