Quienes alguna vez hayan pasado por la cárcel nunca se van de ese espacio oscuro, frío y siniestro. Tampoco sus familiares, que también padecen aquel cautiverio. Las penas se cumplen después de un determinado lapso de años cuando hay condena y, en otros casos, pasan los años y ni siquiera se consigue una. Sin embargo, la Tumba nunca abandona la piel ni los poros de los que alguna vez vivieron enterrados allí.
Las sociedades avanzan en materia edilicia y arquitectónica. Avanza la tecnología y la ciencia, sin embargo, las cárceles siguen abandonadas en el tiempo. El dolor que ellas provocan es como dagas eternas incrustadas en las vísceras. Aun aquellos que recuperan la libertad saben que nunca se irán del todo; de ningún modo dejarán atrás ese frío doliente del invierno y ese calor pegajoso del verano. Los olores no abandonan, el aroma a muerte deja una huella imborrable. Escribir sobre la problemática carcelaria es inevitablemente un territorio inhóspito. Es indagar de lleno en el andar salvaje de los atrapados sin salida. Más allá de los discursos punitivistas que piden la construcción de mayores espacios penitenciarios y de encierro para aquellos que delinquen contra la propiedad privada, hay vidas, realidades.
La cárcel como dispositivo disciplinario
La teoría de Michel Foucault sobre el poder disciplinario y las instituciones de control ofrece un marco fundamental para analizar la realidad carcelaria argentina. Para el filósofo francés, las cárceles no son solo espacios de reclusión, sino dispositivos que construyen y normalizan el comportamiento de los individuos, reproduciendo relaciones de poder en la sociedad.
Según Foucault, las instituciones carcelarias forman parte de un sistema de «poder disciplinario» que opera a través de la observación constante, la normalización y la clasificación de los sujetos. En Argentina, esta lógica se manifiesta en varios aspectos:
- Violencia institucionalizada: Las normas, rutinas y sistemas de clasificación de los reclusos funcionan como mecanismos de control que pueden generar violencia. Por ejemplo, el ordenamiento por delito o la progresividad de pabellones, diseñados como medidas «reformistas», pueden llevar a prácticas discrecionales y violentas cuando se aplican de manera arbitraria, como se observa en la Unidad Penal N°1 de Corrientes.
- Observación y control: Las cárceles cuentan con sistemas de vigilancia, registros detallados de los reclusos y rutinas estrictas que regulan cada aspecto de la vida cotidiana, similar al «panóptico» descrito por Foucault.
El control constante a través de vigilancia, registros y revisiones no solo busca prevenir actos ilícitos, sino también moldear el comportamiento de los reclusos. Cuando este control se intensifica, puede derivar en abusos por parte del personal penitenciario, como se ha documentado en algunos establecimientos del país. - Normalización y estigmatización: Los reclusos son clasificados según criterios como el delito cometido o el comportamiento dentro de la cárcel, estableciendo una «norma» que define lo que es aceptable y lo que no. Esto genera una estigmatización que sigue al individuo incluso después de su salida.
La clasificación de los reclusos como «fuera de la norma» no solo justifica su encierro, sino que también legitima formas de violencia contra ellos, tanto dentro como fuera de la cárcel. Esta lógica se ve reforzada por la sobrepoblación, que en 2024 alcanzó un 23% a nivel nacional y supera el 200% en algunas unidades penitenciarias, amplificando el alcance del control disciplinario. - Reproducción del poder: El sistema carcelario no solo controla a los reclusos, sino que también refuerza las desigualdades sociales existentes en Argentina, donde la mayoría de los internos proviene de sectores vulnerables con acceso limitado a educación, trabajo y justicia.
Problemas estructurales y la lógica carcelaria
La situación actual de las cárceles argentinas —con sobrepoblación, falta de recursos, violencia y deficientes condiciones de vida— no es solo un problema de gestión, sino que responde a la lógica disciplinaria:
- La sobrepoblación amplía el alcance del control disciplinario, convirtiendo a más personas en objetos de vigilancia y normalización.
- La violencia, tanto por parte de autoridades como entre reclusos, funciona como un mecanismo de coerción que refuerza la obediencia a las normas establecidas.
- La falta de oportunidades de reinserción laboral y social mantiene a los ex reclusos dentro de un ciclo de marginación, confirmando su posición como «fuera de la norma».
La violencia en las cárceles argentinas no es un fenómeno aislado ni una excepción al funcionamiento del sistema penitenciario.
Dimensiones de la violencia carcelaria en Argentina
- Violencia entre reclusos: La competencia por recursos limitados, las jerarquías internas y la falta de oportunidades de reinserción generan un clima de tensión que puede desencadenar violencia. Desde la perspectiva foucaultiana, esta violencia no es solo un problema de orden interno, sino que también reproduce las lógicas de poder y dominación de la sociedad exterior.
- Violencia por parte del personal penitenciario: Los funcionarios están investidos de poder disciplinario, lo que puede llevar a abusos de autoridad, como golpizas, torturas o negligencia. En algunos casos, estas prácticas son toleradas o incluso institucionalizadas como formas de mantener el orden.
- Violencia estructural: La falta de recursos, las malas condiciones de vida y la ausencia de políticas de reinserción social constituyen una forma de violencia simbólica que afecta la dignidad y los derechos de los reclusos.
Esta violencia está estrechamente ligada a las desigualdades sociales del país, donde la mayoría de los internos proviene de sectores vulnerables. - Violencia de género: Las mujeres reclusas son especialmente vulnerables a formas de violencia que están ligadas a su condición de género, como el acoso sexual, la separación de sus hijos o la discriminación en el acceso a derechos. Además, como se vio en el traslado violento de mujeres de la Unidad 31 en 2014 para dar espacio a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad, la violencia pasada continúa reproduciendo desigualdades de género en el sistema carcelario.
La violencia como expresión de la crisis del modelo carcelario
La situación de violencia en las cárceles argentinas refleja la crisis del modelo carcelario disciplinario descrito por Foucault. El enfoque en la reclusión y la normalización no ha logrado reducir la delincuencia ni promover la reinserción social, sino que ha generado un ciclo de violencia y marginación.
Además, la «modernización carcelaria» impulsada en diferentes épocas, como en los años sesenta y setenta, no ha logrado reducir la violencia del Estado, sino que en algunos casos la ha profundizado.
La realidad cruda del sistema al desnudo
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó un nuevo informe sobre la situación de encierro en el país, el cual arrojó cifras inéditas respecto a la cantidad de presos en unidades penales. A fines de 2024, la población penitenciaria ascendió a 121.443 internos, lo que representó un incremento del 7,1% en comparación con el año anterior. Se trata de un nuevo récord histórico, que consolidó una tendencia de crecimiento sostenido.
El documento detalló que la tasa de encarcelamiento fue de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes, también la más alta de la que se tenga registro.
A excepción de los años de pandemia, la tendencia de crecimiento poblacional en las cárceles se mantuvo a lo largo de los años. Al contrastar estos datos con la evolución demográfica general, se notó que la persecución penal creció a un ritmo mucho más acelerado que la ciudadanía total. Mientras los habitantes aumentaron en promedio un 1% anual durante la última década, la cifra de presos subió cerca del 6% cada año en ese mismo período. Asimismo, el reporte destacó una desconexión entre el aumento del encierro y la criminalidad; las estadísticas oficiales sobre delitos se mantuvieron relativamente estables y con oscilaciones, sin acompañar el alza constante de las detenciones.
Aunque los índices delictivos se mantienen relativamente estables, cada vez hay más presos. Uno de los puntos centrales que abordó el relevamiento fue la sobrepoblación. El sistema operó con un nivel de ocupación del 130,2%, lo que implicó que hubo un 30% más de internos que plazas disponibles. En otras palabras, se alojaron 130 personas por cada 100 lugares habilitados.
La situación varió según la región; la provincia de Salta registró el índice más crítico con un 245% de ocupación, seguida por San Juan y Buenos Aires. Aunque la capacidad de alojamiento se expandió un 17,5% a nivel nacional gracias a obras en jurisdicciones como Jujuy, Tucumán y en territorio bonaerense, esto no logró resolver el hacinamiento existente, concluyó el informe del CNPT.
Sin condena
Respecto a la situación judicial de quienes permanecieron tras las rejas, el 62% de la población contaba con una condena firme, mientras que el 37,3% se encontraba en calidad de procesado, es decir, bajo prisión preventiva a la espera de una sentencia. Si bien la proporción de condenados aumentó, el uso de la detención previa al juicio siguió siendo elevado en términos absolutos, sumando más de 45.000 casos en 2024. Neuquén se destacó por tener casi la totalidad de sus internos con sentencia, a diferencia de Córdoba y Formosa, donde cerca de la mitad de los reclusos no tenían condena firme. El análisis de los tipos de delitos reveló que la mayoría de los encarcelamientos, un 36,4%, respondió a ilícitos contra la propiedad, como robos o hurtos. En segundo lugar aparecieron los hechos contra las personas, con un 21,7%, seguido muy de cerca por aquellos contra la integridad sexual, que representaron el 20,5%. Hay diferencias notables según el género: mientras que en los varones predominaron las causas por robo, entre las mujeres y la población transexual la principal razón de detención se vinculó a estupefacientes, alcanzando el 36,3% y el 34%, respectivamente, en esos grupos.
Distribución geográfica y demográfica
Otro dato relevante que surgió del estudio fue el crecimiento de las penas cortas. El 17% de los condenados recibió sentencias de hasta tres años de prisión.
Este porcentaje se incrementó respecto a 2022, cuando representaba el 13,5%. Se trata de delitos que, por su menor gravedad, la legislación permite en ciertos casos que sean de ejecución condicional, pero que en la práctica terminaron engrosando el sistema carcelario.
San Juan, el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza mostraron los porcentajes más altos de reclusos con este tipo de condenas breves. En cuanto al perfil sociodemográfico, los varones constituyeron el 95,4% del total, frente a un 4,4% de mujeres y un 0,2% de personas trans o no binarias. La edad promedio evidenció una población mayoritariamente joven: casi siete de cada diez internos tenían entre 21 y 39 años. Por otra parte, los extranjeros representaron el 4,5% de los detenidos, una cifra proporcional al porcentaje de inmigrantes que residen en el país según el último censo, siendo la comunidad paraguaya la más numerosa dentro de este grupo. Finalmente, el informe mencionó la presencia de 256 individuos alojados bajo medidas de seguridad por motivos de salud mental, lo que constituyó el 0,2% del total. La mayoría de estos casos se concentraron en Buenos Aires, Misiones y Salta.
Informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) presentó en noviembre de 2025 sus observaciones sobre la Argentina. Instó al Estado a adoptar una política de tolerancia cero a la tortura en el país y expresó su preocupación por el aumento, desde 2024, de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales reportadas en varios de los informes remitidos. La grave situación carcelaria y la falta de sanciones a los hechos denunciados muestran una continuidad de las prácticas de violencia estatal y de patrones de impunidad. Además, el Comité registró un agravamiento de las formas en que se manifiestan la tortura y los malos tratos, como ocurre en el régimen de “alto perfil” y el mal uso de las llamadas armas menos letales en protestas. Estas escenas muestran que la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica reiterada en la Argentina. Luego de evaluar el séptimo informe presentado por el país, el CAT destacó positivamente la vigencia de leyes y políticas como la del acceso al aborto, asistencia a víctimas y prevención de violencias, pero advirtió que esos logros conviven con retrocesos que impactan directamente tanto en las personas privadas de la libertad como en el ejercicio del derecho a la protesta.
Encierro de “alto perfil”
Uno de los puntos más importantes de las observaciones del CAT es su preocupación especial por el régimen de encierro de “alto riesgo” asociado a las políticas contra el narcotráfico. Además de cuestionar su implementación, reparó en las condiciones inhumanas de encierro que afectan a estas personas, algunas de ellas, incluso, sin condena: encierros en aislamiento de hasta 20 horas, restricciones de visitas y atención médica limitada. En este punto, el Comité pidió ajustar esta modalidad a las Reglas Mandela, además de exigir una revisión judicial periódica y que se limite el aislamiento, para que se lo aplique solo como último recurso.
Torturas
El informe alertó sobre denuncias de tortura y malos tratos documentadas en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, provincia de Santa Fe, que incluyen simulacros de ahogamiento, golpes, abusos sexuales y descargas eléctricas. Destacó también la medicalización forzada y represalias ante denuncias internas. Pidió investigaciones independientes, la suspensión inmediata de los agentes involucrados y mecanismos concretos de protección a víctimas. Además, advirtió deficiencias estructurales en la investigación judicial de este tipo de casos, donde rara vez se actúa de oficio, las pericias resultan insuficientes y los procesos se demoran, lo que contribuye a reforzar la impunidad y representa una habilitación judicial a la tortura. El Comité propone la creación de fiscalías especializadas con recursos adecuados y la aplicación del Protocolo de Estambul. El CAT señaló la falta de designación de cargos y vacantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y la insuficiencia presupuestaria para los mecanismos locales. Marcó las restricciones para el acceso a centros de detención y pidió garantías para la participación de la sociedad civil.
Hacinamiento y sobrepoblación
El informe señala los problemas graves de hacinamiento y sobrepoblación, y la necesidad de incorporar un cupo penitenciario de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, la atención médica deficiente, las requisas corporales invasivas, la falta de separación entre personas procesadas y condenadas. Remarcó las limitaciones educativas como un problema para la reinserción. Respecto de las mujeres detenidas, señaló la existencia de violencia obstétrica, falta de insumos básicos y alejamiento de su núcleo familiar. El Comité recomienda priorizar medidas alternativas al encierro, sobre todo en casos de embarazadas o madres con hijos.
Las Reglas de Nelson Mandela constituyen el modelo universalmente reconocido para la gestión penitenciaria en el siglo XXI. Esbozan las condiciones penitenciarias mínimas, proporcionan orientación y establecen puntos de referencia claros para el personal penitenciario sobre cómo mantener la seguridad y la dignidad humana. El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
También reparó en la situación de detención de niños, niñas y adolescentes. Observó los encierros prolongados, la distancia geográfica respecto a sus familias y la convivencia con adultos. Además, rechazó la reducción de la edad de responsabilidad penal y exigió medidas alternativas a la privación de la libertad, que exista una atención especializada y que se termine con las detenciones de menores de edad en comisarías.
Conclusión
Es una discusión profunda y estructural como para agotarla en una sola nota. Tiene innumerables aristas por donde abordarla. Sin embargo, afrontarla es necesario y urgente. La situación es alarmante y se hace cada vez más evidente. La dominación ejercida por el Estado, en tiempos de nuevos paradigmas que hacen del control y la vigilancia de los cuerpos y las mentes, expresa un mecanismo perverso y flagrante.
El trabajo denodado de familiares y organizaciones de Derechos Humanos es inagotable. Son los centinelas que incesantemente velan por la seguridad de aquellos atrapados sin salida del sistema. Aquellos que poco a poco van perdiendo sus restos de humanidad en centros de hacinamiento y tortura permanente. Son los mismos que atraviesan condenas o, en algunos casos, la esperan aún y tal vez mueran en esa resolución que nunca llega.
La problemática carcelaria se torna cada vez más crítica, es transversal a todos los gobiernos sin delimitar connotaciones ideológicas. Los sectores desposeídos siempre ponen el cuerpo y los dueños de todo construyen las leyes y las cárceles. Mientras la balanza siga asimétrica de una manera contundente, será imposible construir una sociedad realmente justa en materia de justicia y Derechos Humanos.