La aún reciente abdicación de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia tuvo un solo motivo: el lucro cesante que le causaba la imposibilidad de ejercer, como penalista, su apostolado de “sacapresos” del poder.
De inmediato fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques, quien, muy ligado al macrismo, era hasta ese momento el fiscal general de la CABA. Y que adquirió renombre por haber integrado la comitiva de aquella famosa excursión de magistrados y fiscales organizada por el Grupo Clarín al paraíso rionegrino del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.
Sin embargo, quien ahora lo secunda en esta cartera no es tan conocido por la opinión pública. Su nombre: Santiago Viola. Es un abogado de 38 años. Y tras su designación, el primer desafío que debió enfrentar fue el calendario: solo faltaban 19 días para el 24 de marzo.
—No es el momento, Karina —le dijo, entonces, a la Gran Hermana.
Esa frase —según un asesor del viceministro— habría sido declamada en el despacho que ella ocupa en la Casa Rosada. Y se refería al aprovechamiento de la efeméride por el quincuagésimo aniversario del último golpe de Estado para anunciar el indulto a los represores presos por delitos de lesa humanidad. Un anhelo que –ya se sabe– late desde siempre en la cúpula del régimen libertario.
—No es el momento —repitió, meneando la cabeza.
Y ella, a su pesar, comprendería que eso era así.
Lo cierto es que entre ambos hay una maravillosa sintonía. De hecho, fue él quien, en representación de Karina, articuló el recurso para frenar la difusión de los audios del otrora jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por parte del canal de streaming Carnaval. Y además, hasta su nombramiento, había sido el apoderado de La Libertad Avanza (LLA).
Pero esta, en rigor, no es la parte más vidriosa de su carrera. Porque en la misma aún palpita una truculenta trama que merece ser relatada.
El emprendedor del infierno
Corría un atardecer primaveral de 2021, cuando el doctor Viola atendía en su estudio de la avenida Córdoba al 1200 a una clienta.
Ella, una señora casi sexagenaria, se explayaba sobre ciertas operaciones inmobiliarias a través de sociedades anónimas. Y lo hacía con notable solvencia. Es que era licenciada en Administración de Empresas y contadora pública.
Pero había un dejo de nerviosismo en su semblante.
—No se preocupe, doña Norma. Veremos que se puede hacer —le dijo él, tras escrutar el reloj, a modo de despedida.
Su nombre completo era Norma Berta Radice, y tenía la desgracia de que su hermano mayor, Jorge, estuviera preso en la Unidad Penal N° 31 de Ezeiza.
Juntos habían llevado adelante un provechoso emprendimiento –diríase– comercial, que las vueltas del destino malograrían por “revanchismo político”. Así, al menos, lo decía ella.
Pero vayamos por partes.
Jorge también se había recibido de contador. Pero, a la vez, tenía otras vocaciones. Así fue qué, con su título bajo el brazo, fue asimilado a la Armada, donde llegó a ser teniente de fragata. Tenía 25 años.
Recién una década más tarde, tuvo que explicar en una sala tribunalicia, como testigo, algunos detalles de los servicios que había prestado en esa fuerza. Eso ocurrió durante el histórico Juicio a las Juntas, en 1985.
—La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionando las armas –fue el resumen de su rol durante la llamada “lucha antisubversiva”.
—Dé un ejemplo práctico –le exigió el fiscal Julio César Strassera.
—Me fijaban por blanco una ventana. Y me ordenaban: ‘¡Bata esa ventana con fuego!’. Y yo le tiraba a la ventana.
—¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
La respuesta, tras unos segundos de silencio, fue:
—No recuerdo.
Su voz pausada y muy baja poseía una resonancia escalofriante.
Jorge Radice era, en verdad, una bestia con garras. “Un asesino temible”, tal como lo definiría el sobreviviente Martín Grass. Las personas liquidadas por este sujeto se cuentan por decenas.
Pero él —quien en el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2 con base en la ESMA se hacía llamar “Ruger” o “Gabriel”— también gerenció, debido a su formación en el campo de la contaduría, todos los asuntos inherentes al “botín de guerra”; es decir, los bienes robados a los detenidos–desaparecidos.
Ruger se inició en eso de manera artesanal y minorista. Fue cuando en el Pañol Grande —como se le decía al antiguo casino de oficiales que había en ese “chupadero”— se acumulaban ropas, electrodomésticos y toda clase de objetos portátiles rapiñados en las casas de las víctimas.
Ya en aquellos días, jefe del GT 3.3.2, Jorge “Tigre” Acosta, le reprochó haberse quedado con un “vuelto” de 125 mil dólares.
Pero él salió bien librado de aquella situación, dado que el “Comandante Cero” —tal como Emilio Eduardo Massera se hacía llamar allí— lo puso bajo su ala, porque, al efecto de su propio enriquecimiento, era el oficial que necesitaba.
Fue una época dorada para el bueno de Ruger.
En resumen, aquellos bienes también incluían innumerables propiedades, automóviles y hasta caballos de carrera, para lo que él diseñó un entramado de sociedades anónimas y dispositivos para el lavado de dinero, con el propósito de borrar así sus orígenes ilícitos. A la vez, se puso en marcha una inmobiliaria y algunas empresas, cuyo personal se nutría con el trabajo esclavo de cautivos que, de día, eran llevados desde la ESMA a esos sitios y, al caer la noche, eran devueltos a esa mazmorra.
Todo funcionaba como un mecanismo de relojería, que se mantuvo en los tiempos posteriores al pase a retiro de Massera, a fines de 1978.
Poco después, Ruger también dejó la Armada para trabajar con Massera en sus oficinas de la calle Cerrito al 1100, donde atendían los negocios (siempre vinculados al “botín de guerra”), además de lanzar el diario Convicción, junto al Partido de la Democracia Social (PDS).
En el Juicio a las Juntas, Massera fue condenado a reclusión perpetua. Y los negocios, administrados por Radice, continuaron.
Pero ahora, con la inestimable colaboración de su hermana, Norma Berta.
En 1990, Massera recuperó la libertad en virtud del indulto otorgado por el presidente Carlos Saúl Menem. Y los negocios, siempre en manos de Jorge y Norma Berta, seguían viento en popa.
En 1998, Massera fue otra vez detenido en una causa por apropiación de niños (un delito no incluido en el indulto). Y los negocios, gracias a los Radice, no quedaron a la intemperie.
Pero, ya bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad, con la causa ESMA a la cabeza.
Fue a comienzos de 2006 —al saber que su captura era inminente— cuando Ruger optó por entregarse en el Edificio Libertad, sede de la Armada.
Fue para eludir una imagen que temía: él, un caballero del mar, devenido en un vulgar reo con las muñecas esposadas. Nunca más recuperó la libertad.
Los negocios continuaron, ahora totalmente al mando de Norma Berta.
Por entonces, el doctor Santiago Viola tenía 18 años y acababa de iniciar sus estudios de Derecho sin, claro, suponer su protagonismo en esta trama.
Los hermanos sean unidos
Dos décadas después, ya convertido en un prestigioso abogado, diría:
—No se preocupe, doña Norma…
Ella no dejaba de comerse las uñas.
Corría un atardecer primaveral de 2021, y su nerviosismo tenía un gran asidero: se la acusaba de un delito que aún transcurría (las sociedades anónimas dibujadas para encubrir el robo de bienes a desaparecidos seguían existiendo). Y su indagatoria, junto a la del hermano, sería en los próximos días.
Lo cierto es que la prensa ya anunciaba la comparecencia de ambos ante el juez federal Ariel Lijo con profusas coberturas del caso.
Desde entonces, los vecinos la miraban por primera vez de reojo.
—Veremos lo que se puede hacer –añadió el doctor Viola, sin convicción.
Aquel 1° de octubre llegó para los Radice sin demasiadas esperanzas.
Al clarear, rigurosamente esposado, el represor —ya con pelo encanecido a sus 71 años— fue ingresado por dos guardias penitenciarios a una salita aledaña al juzgado, y quedó ahí como una encomienda olvidada hasta la media mañana.
Luego, cuando lo llevaron al despacho de Lijo, se topó en la antesala con Norma Berta. Ambos se miraron sin decirse nada.
El doctor Viola, junto a su defendida, solo atinaron a carraspear.
Casi de inmediato, siempre esposado y con los guardias escoltándolo, fue sacado de allí. Se había negado a declarar.
Norma Berta tampoco lo haría. Pero dejó un escrito (redactado por Viola y firmado por ella, como si fuera de su cuño).
Allí especificaba que solo tenía 14 años cuando su hermano fue parte del GT 3,3.2 ; que desconocía sus actividades; que empezó a hacer “tramites” para una empresa de él cuando ya se había retirado de la Armada y que el represor la eligió a tal efecto porque ella era “muy organizada”.
Ese viernes quedó firme el procesamiento de ambos.
Al salir del edificio de Comodoro Py, el doctor Viola le prodigó algunas palabras de consuelo. Y siguió entendiendo en el caso.
Su fracaso más reciente en la materia fue, en noviembre de 2025, cuando la Cámara de Casación rechazó un recurso en favor de la acusada, para evitar la multa de 50 mil pesos diarios que el Tribunal Oral Federal N° 5 le impuso por incumplir un trámite vinculado a los embargos de las acciones correspondientes a dos empresas bajo la lupa del expediente.
El juicio oral será en el transcurso del corriente año.
El doctor Viola maldice semejante circunstancia, que ocurre en paralelo a su nombramiento en el Ministerio de Justicia y, para colmo de males, con la misión estratégica de crear las condiciones del indulto.