Por Causa Popular.- Que el sistema carcelario argentino está colapsado no es una novedad. Pero como en muchos otros temas, una masacre con el clásico tratamiento amarillista de la prensa impone el tema en la agenda política. Presos desnutridos, con enfermedades terminales y un 70 por ciento de su población sin sentencia en la primera instancia judicial, es apenas una muestra de un escenario que amenaza con explotar con hechos tanto o más virulentos que los sucedidos esta semana en la localidad santafesina de Coronda y a principios de este año en la cárcel del barrio San Martín de la capital cordobesa. Expertos consultados por Causa Popular consideran que el estado miserable de las cárceles argentinas podría llevar a un efecto dominó nunca antes visto.
La cárcel de Coronda se convirtió en el segundo penal del interior del país en el que se produce un incidente con final trágico en lo que va de 2005. Hace dos meses se registró un sangriento motín en una unidad penitenciaria de la capital cordobesa, que terminó con ocho muertos. Desde ya que estos son sólo los hechos que trascienden, pero las cárceles superpobladas están plagadas de una violencia que incluye tráfico de drogas, violaciones y bandas que salen del penal a robar, entre otros hechos delictivos.
Por si fuera poco, aquellos que se animaron a denunciar la corrupción en el Servicio Penitenciario están amenazados de muerte. Como sucede con las fuerzas policiales, se suceden las purgas y las denuncias, pero nada de fondo se modifica.
Aquella rebelión en Córdoba, originada el 10 de febrero pasado en la cárcel del barrio San Martín, en la que se alojaba a 1.500 presos, se prolongó durante cerca de 24 horas y finalizó con la muerte de ocho hombres, cinco de ellos presos, dos guardiacárceles y un policía. El incidente comenzó con un intento de fuga protagonizado por 16 presos finalmente frustrado y derivó en una rebelión, con toma de rehenes, en la que se incluyó al director del penal, a un grupo de guardiacárceles y a mujeres y niños, que visitaban a los presos.
Una muestra del dramatismo del motín fue evidenciada por las cámaras de televisión, cando un guardiacárcel fue lastimado con un arma blanca, humillado y amenazado con ser arrojado al vacío desde una de las terrazas del penal. Pocos días después de la finalización del motín, la directora del Servicio Penitenciario de Córdoba, Graciela Lucientes de Funes, presentó la renuncia a su cargo.
En relación a los trece asesinatos en el penal Modelo de Coronda, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó el esclarecimiento de las muertes, y denunció “la falta de políticas que garanticen la vida de las personas privadas de libertad en la provincia de Santa Fe”.
A través de un comunicado, la entidad que dirige el periodista Horacio Verbitsky también recordó que “los antecedentes de violencia al interior de las cárceles y comisarías de Santa Fe, y del penal de Coronda en particular, muestran la sistemática falta de políticas destinadas a garantizar los derechos de los internos”. En ese sentido, el dirigente Gustavo Palmieri señaló que más allá de la autoría material de los hechos “es responsabilidad del Estado velar por la integridad física de las personas privadas de su libertad”.
El CELS también señaló que en “Santa Fe, el hacinamiento y el alojamiento de personas en lugares no habilitados para ello es una situación que no revirtieron los distintos poderes provinciales en 21 años de democracia”. En ese sentido, Palmieri indicó que “durante los últimos años las condiciones de detención se han agravado, tanto por la ausencia de políticas de los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, como por decisiones de los funcionarios judiciales que mantienen detenidas, en condiciones degradantes, personas que en su mayoría ni siquiera han sido juzgadas”.
El CELS indicó a su vez que “según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), se encuentran privadas de libertad en la provincia 4.846 personas, de las cuales 2.279 permanecen en comisarías y el resto, en unidades penitenciarias. Casi la mitad de las personas alojadas en cárceles, 1231 personas, son procesados que no tienen condena firme”, añadió.
Por su parte , el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, declaró a la prensa que la superpoblación carcelaria se debe a “una situación histórica de morosidad judicial”, y admitió que ante esta situación el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene una “preocupación permanente» para que no se registren motines violentos.
Arslanián admitió que “las cárceles tienen el 85 por ciento de los presos sin condena, porque los detenidos están con prisión preventiva y esto es la disfuncionalidad más grave del sistema”. Precisó, además, que la superpoblación “es responsabilidad de muchas cosas, son fenómenos de tipo histórico porque en realidad la morosidad judicial debe atribuirse a la falta de recursos suficientes, de fiscales, de jueces y de tribunales de juicio como para que atienda alguna emergencia de estas características. Obedece también a que se ha endurecido el sistema excarcelatorio en la provincia y esto trae como consecuencia inexorable un aumento en la población carcelaria”, aludiendo implícitamente a las llamadas “leyes Blumberg” que puso más trabas para que los presos sean excarcelados.
La masacre santafesina
Entre la noche del lunes y la madrugada del pasado martes, trece presos rosarinos murieron tras ser salvajemente apuñalados por un grupo de internos rival en la cárcel de la ciudad santafesina de Coronda, donde otros cinco reclusos resultaron heridos. Dos de los presos fallecidos fueron además “quemados”, aunque aún no se sabe si antes o después de morir. Desde un principio la principal hipótesis fue confirmada, la revuelta fue producto de histórica rivalidad entre los detenidos rosarinos y santafesinos.
Funcionarios del gobierno provincial admitieron que ésta fue la mayor masacre en la historia carcelaria de la provincia por la extrema crueldad con que un grupo de presos avanzó sobre el otro luego de tomar a dos guardiacárceles como rehenes cuando iniciaron la revuelta.
El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Fernando Rosúa -hijo del ministro de Gobierno Roberto Rosúa-reconoció que la cárcel de Coronda está “desbordada” ya que aloja a “1.400 internos y posee una capacidad para 1.100”.
Aunque ante casos como el de Coronda siempre se declaran soluciones de fondo que nunca llegan, esta vez ni siquiera surgen parches, un marasmo que evidencia la ausencia de políticas reales para mejorar las condiciones de las cárceles. En este sentido, el gobierno santafesino comenzó a estudiar el proyecto de levantar en la cárcel de Coronda un muro que divida los pabellones donde se alojarán los presos oriundos del norte y los del sur de la provincia, para evitar que las rivalidades entre ambos lleguen a consecuencias trágicas.
Por supuesto no faltaron las reiteradas y tradicionales propuestas de construir nuevas cárceles. El gobierno provincial anunció que en Santa Fe se construyen otros lugares para albergar reclusos y destacó obras que se realizan en Piñero para “alojar a 480” que se proyecta otra en “San Cristóbal, para 120” y que hay un plan de “expropiación de terrenos de San Martín y Circunvalación para hacer una alcaidía de 300” y otros para “la ciudad de Santa Fe de 200 unidades”.
Coronda, entre las masacres más sangrientas
Con trece presos muertos, la revuelta ocurrida en la cárcel santafesina se convirtió en una de las más sangrientas ocurridas en el país en las últimas décadas. Según las crónicas policiales, el incidente que se cobró la mayor cantidad de vidas, en la Argentina, fue la que se produjo en el penal porteño de Villa Devoto en marzo de 1978: 61 internos murieron durante el “Motín de los colchones”, todos alojados en el pabellón sexto de ese centro de detención.
Esta cifra parece insignificante frente a dos casos que tuvieron lugar en los penales de Carandiú (San Pablo, Brasil) y Maracaibo (Venezuela) en la década del 90: en cada uno de ellos fallecieron unas 500 personas. Entre los casos ocurridos en el país, otra revuelta trágica ocurrió el 6 de mayo de 1990 en el penal de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, con un saldo de 33 reclusos muertos.
Si bien no contó con gran cantidad de fallecidos, el levantamiento ocurrido durante la Semana Santa de 1996 en Sierra Chica será recordado por la ferocidad con la que doce amotinados, a los que se llamó “Los doce apóstoles”, asesinaron a ocho de sus compañeros y los incineraron en el horno de la panadería del penal. El caso más reciente tuvo lugar en Córdoba, el último 10 de febrero, donde murieron ocho personas -dos guardiacárceles, un policía y cinco reclusos- y unos 30 heridos.
Devoto, Coronda, Sierra Chica, la Penitenciaría del barrio San Martín y la U9 de La Plata, son algunos de los nombres que hoy retumban en la prensa por las inhumanidades que deben soportar sus reclusos. Pero lo cierto es que los muros grises de todos esos pabellones son añejos reservorios de injustos sufrimientos. Es cuestión de preguntarle a los miles de presos políticos que entre 1975 y 1983 pasaron por sus celdas y tuvieron que soportar lo indecible durante casi una década. Hoy como ayer, las cárceles argentinas siguen siendo lo peor de un Estado casi ausente y muchas veces criminal.
