Por Causa Popular.- Cuando el gobierno nacional otorgó la semana pasada un aumento no remunerativo de 100 pesos para trabajadores privados y estatales, muchos analistas leyeron la medida como una forma de contener los crecientes conflictos salariales cuyo pico de tensión estuvo en la toma de dos pisos del edificio de Telefónica de Argentina de la porteña Avenida Corrientes. Lo cierto, es que los conflictos por aumento de salario crecieron en los últimos meses de manera exponencial, al calor de la recomposición de la actividad sindical producto de salarios que están un cuarto por debajo a los anteriores a la devaluación, y de una persistente lucha contra las conducciones gremiales empresariales. Los conflictos salariales producidos durante la última semana muestran la inconformidad de los trabajadores con los aumentos otorgados además del fracaso de la estrategia del gobierno.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dan cuenta de leves descensos en la tasa de desempleo producto de las mejoras que obtuvieron muchos sectores por los efectos de la devaluación, aún muy lejanos a responder a un patrón de industrialización como pretende mostrar el gobierno. Estatales y trabajadores de los servicios públicos privatizados se mostraron esta semana como los más activos.
Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), considerando como desocupados a los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar la tasa de desempleo se ubica en 17,6 por ciento, frente a 19,1 del segundo trimestre y 21,4 de igual período de 2003. Si bien mantienen una tendencia a la baja, los números son distintos a los que muestran en tapa los principales matutinos.
La cifra que se difunde es que en el tercer trimestre hay una desocupación del 13,2 por ciento contra 14,8 del trimestre anterior y contra el 16,3 de hace un año, pero los números no incluyen los que reciben el plan Trabajar. Todas estas cifras bien podrían compararse con el 18,4 por ciento de desocupación de mayo de 1995, que había marcado el punto más alto de crisis laboral antes del estallido de la convertibilidad en 2001.
Los números por sector muestran que el mayor crecimiento del empleo se registró en hoteles y restaurantes con un aumento del 51 %, lo sigue la construcción con el 23% y aún muy por detrás la industria con una tasa interanual del 6,5%. De los 865.000 puestos registrados, hasta el tercer trimestre el salario promedio de los empleos de 395 pesos mensuales, apenas 61 pesos por encima de la canasta básica de indigencia ubicada en $ 334.
Uno de los datos que sobresale del mapa laboral de la Argentina son los bajos salarios producto de la devaluación que incrementó las ganancias de los empleadores -el Estado inclusive-, una de las razones que explican las modificaciones en los índices de empleo.
Los salarios, apenas por encima de la canasta de indigencia, aún están muy por debajo de los 730 pesos en los que se ubica la canasta básica de pobreza para una familia tipo de cuatro personas. Estos datos que revelan la persistencia de una país injusto en la distribución de la riqueza, son la causa fundamental que explican los crecientes reclamos por aumento de salarios que se multiplican en todo el país y que han provocado el desplazamiento de la escena política de los movimientos de desocupados, algo impensado hace dos o tres meses atrás.
Los propios empresarios tuvieron que admitir la caída del salario de los trabajadores, aunque no piensan resignar las ganancias crecientes producto de la devaluación y proponen un aumento indirecto con una reducción de impuestos que afectaría la recaudación del Estado.
Así lo declaró el miércoles 15, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) cuando admitió que el poder adquisitivo de los salarios «se vio bastante mermado» desde la devaluación, aunque se manifestó a favor de una rebaja generalizada del IVA en lugar de un aumento nominal como el concedido la semana pasada por el Gobierno.
Para el titular de la filial local de Unilever, Luís Mario Castro «el IVA y toda la carga impositiva sobre el consumo debería ser del 12 por ciento en lugar del 25 por ciento actual». Unos meses atrás, los empresarios alimenticios y la Cámara de Comercio acercaron al Gobierno un plan para rebajar el IVA a los productos de la canasta básica, que fue desestimada ante la posibilidad de que no sea trasladada al precio final.
El panorama de las luchas sindicales se concentra en los estatales y el sector servicios. En este último se han destacado durante los últimos dos meses los ferroviarios, los trabajadores del subte y los telefónicos. Los 18 mil millones de pesos de superávit fiscal con el que cuentan las arcas del Estado, y las millonarias ganancias de las concesionarias de trenes y subtes, además de las telefónicas Telefónica y Telecom, son percibidas por los gremios como una posibilidad de recomposición de sus salarios y se organizan para alcanzarlo.
Ni siquiera quedan afuera de la presión de los trabajadores las dirigencias sindicales que acostumbrados a poner el oído y el bolsillo en la mesa de los empresarios, se tuvieron que poner nuevamente el mameluco para salir al ruedo de las reivindicaciones y no perder las conducciones de sus respectivos gremios.
– El Panorama de los reclamos salariales por sector en todo el país
Estatales: el miércoles 15 del Congreso de la Nación quedó paralizado por un reclamo salarial de los empleados legislativos, que derivó en una ruidosa toma del recinto del Senado y de espacios claves de la Cámara de Diputados. A la medianoche los trabajadores alcanzaron un acuerdo y levantaron la ocupación. Los gremios cuidaron especialmente que los ocupantes del recinto del Senado fueran todas autoridades sindicales y, por lo tanto, poseedores de protección legal especial en caso de la aparición de una denuncia penal.
La toma del recinto fue una medida inédita y polémica, porque impidió el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. La protesta fue conducida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que forma parte de la CTA, y la Asociación del Personal Legislativo (APL), que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores y reporta a la CGT. El acuerdo parcial alcanzado esta noche incluye 100 pesos no remunerativos a partir del 1 de enero, una tregua de una semana y el comienzo de una negociación en el marco del Ministerio de Trabajo.
El mismo miércoles 15 el Frente Gremial Docente, que integran la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), reiteró que peligra el normal dictado de clases en el 2005 en el territorio bonaerense, debido a que hasta el momento, las autoridades educativas no les formalizaron una propuesta salarial.
En el enfrentamiento que mantiene desde hace varios meses el Frente Gremial con el gobierno provincial se realizaron ya 16 paros en el actual año escolar, la dirigencia advirtió que «ante la falta de propuestas a los reclamos planteados responsabiliza a las autoridades provinciales de la profundización del conflicto educativo en el próximo ciclo lectivo».
Por otro lado el Frente de Gremios Estatales (FGE), que nuclea a 25 sindicatos de la Administración Pública, realizó el pasado martes un «paro de dos horas» en todos los organismos del Estado, para ratificar su reclamo por «una mejora salarial remunerativa», para todos los trabajadores del sector. La medida de fuerza se cumplió entre las 12 y las 14, en todos los organismos públicos. El paro estuvo precedido por «cinco minutos de aplauso sostenido» que realizaron los estatales, para manifestar su disconformidad con el aumento de 100 pesos no remunerativos que otorgó el Gobierno para los empleados de la Administración Pública con sueldos hasta 1.250 pesos. En junio de este año el FGE realizó una multitudinaria movilización de protesta en la Plaza de Mayo que fue seguido, en los meses posteriores, de paros parciales, marchas, batucadas y asambleas de personal. Además de la UPCN, integran el frente el SUPARA, la FAECyS (Rama Anses), los viales nacionales, La Bancaria, el PECIFA, el Sindicato de Televisión y el UDA, entre otros.
Por su lado, los gremios estatales cordobeses, entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), insistieron ante el gobierno de José Manuel de la Sota sobre la conveniencia de otorgar los aumentos salariales que se dieron a nivel nacional por decreto. El SEP tenía previsto para el cierre de esta edición realizar un congreso de delegados del que podría salir alguna medida o protesta si la decisión provincial de conceder 100 pesos no remunerativos sigue demorándose.
Por el lado de los Hospitales públicos, los médicos y enfermeros de los 76 hospitales públicos bonaerenses realizaron el último jueves un paro de actividades por 24 hs en reclamo de un aumento salarial y el pase a planta permanente de decenas de trabajadores de ese sector. La medida fue convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP), que denunció la precarización laboral con que se desempeñan a diario profesionales de salud en hospitales provinciales y municipales.
El Ministerio de Trabajo tuvo que dictar el martes 14 la conciliación obligatoria por un período hábil de 15 días en el conflicto que mantienen las autoridades de la Casa de Moneda y los agentes agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por mejoras salariales y la inclusión de los empleados en el convenio colectivo del sector público. Una asamblea general de trabajadores realizada el mismo día decidió acatar la vigencia de los plazos legales de la conciliación. Los trabajadores iniciaron el conflicto realizando paros de tres horas por turno, los que luego se extendieron a seis, paralizando prácticamente las tareas durante toda la jornada del martes.
Servicios: Luego de que los trabajadores telefónicos obtuvieran un aumento salarial del 20%, los paros en las cinco líneas de subterráneos fueron presión suficiente para que Metrovías otorgara un aumento y aceptara iniciar discusiones paritarias a partir del 18 de enero. El acta acuerdo «fue firmada» el pasado miércoles, después de más de cinco horas de negociaciones entre los trabajadores y la empresa en la sede del ministerio de Trabajo.
El delegado de la Línea E, Roberto Pianelli, explicó a la prensa que se acordó que «darán una suma fija en diciembre próximo de 450, 400 y 350 pesos, según la categoría; 100 pesos a cuenta de futuros aumentos, en carácter de remunerativos; el plus por horas nocturnas y un aumento en el ítem por antigüedad de 2,50, a 5 pesos».
Pianelli recordó además que «nosotros pedimos un aumento del 53 por ciento en el básico y el 2 por ciento por cada año de antigüedad, que se analizará en las paritarias». El acuerdo permitirá destrabar el conflicto que comenzó el pasado lunes 6, con un paro de actividades por turnos que se repitió al día siguiente. La empresa Metrovías ofreció una propuesta, que fue rechazada el jueves pasado en asambleas realizadas por los trabajadores. Como consecuencia, la empresa contrarrestó con otra luego aceptada por los delegados en el marco del compromiso de las paritarias para mediados de enero.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) levantó el martes por la noche el paro total de actividades realizado durante todo el día, luego de acordar un incremento remunerativo de 100 pesos a partir del 1 de enero próximo y el pago de los 100 no remunerativos otorgado por el gobierno. El gremio que lidera José Luís Lingeri acordó también el pago de una suma extraordinaria única de 300 pesos para el 17 de enero de 2005.
El mismo martes por la noche en Salta, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) realizó un paro sorpresivo del transporte urbano e interurbano de pasajeros. El paro estuvo acompañado por una movilización de chóferes. El paro fue decidido ante «el incumplimiento de los empresarios que, al abonar los sueldos, no respetaron la escala salarial en vigencia», informó el secretario General de la UTA, Oscar Cruz a la prensa. El paro comenzó poco después de las 19 y afectó especialmente a los trabajadores del comercio y de otras actividades en una hora considerada «pico».
El panorama confirma que tras los reclamos más simbólicos que obligaron a las patronales a aflojar un poco de la cuerda, el efecto dominó demuestra el tremendo atraso en el ingreso de los trabajadores argentinos tras la devaluación del peso convertible y su ingreso en un proceso de lucha que hasta hace algunos meses sólo era impulsado por los trabajadores desocupados, una cifra que el INDEC se animó a reconocer en “5 millones trescientas mil personas con problemas de trabajo”.
