El gobierno logró mantener el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria propuesta por una parte de la oposición. Los protagonistas de la sesión de Diputados del miércoles pasado no ejercieron alocuciones memorables. Sino que quedaron mudos ante la imagen congelada del día anterior. Hablamos de los cinco que asistieron a una reunión, selfie de por medio, con el presidente Javier Milei, la secretaria de gobierno Karina Milei y el presidente del mismo recinto Martín Menem.
Hablamos de Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes) y Pablo Cervi (Neuquén). Todos integran el bloque de la Unión Cívica Radical que impulsó y logró la aprobación, el 4 de junio pasado, del beneficio previsional de agregar un 8,1% a los haberes jubilatorios de abril, para así alcanzar el 20,6%, que se perdió por la inflación de enero. También estipulaba que el mínimo debía alcanzar el 1,09 de la canasta básica por adulto y que debía haber incrementos semestrales contando la variable de los aumentos salariales.
En la jornada del miércoles pasado, el único de los cinco que habló fue el tucumano Campero, por sentirse «aludido» ante las sospechas de sus pares de los sugestivos cambios de postura. Afirmó que «no todos somos iguales», al rememorar los «bolsos de López» y que Cristina Fernández había vetado el 82% móvil. Sostuvo que “los kirchneristas” empujan a que el actual gobierno emita más gasto para generar más inflación y, con ello, complicar su gestión: «No voy a ser participe de una desestabilización».
La irónica arenga que ejerció contra quienes lo silbaban se distancia del tono calmo que tuvo cuando votó a favor de la reforma jubilatoria, porque lo consideró “un honor”. “Hoy nuestros jubilados no están llegando a fin de mes. Tienen que optar entre la compra de remedios o de comida”, argumentó. Por eso, se estaba “dando un gran paso de poner a los jubilados en la valoración que corresponde”: “Me parece que la motosierra tiene que ir a la casta, no a nuestros jubilados”. “Honrar a nuestros jubilados es una obligación moral que tenemos en este recinto”, finalizó sin tapujos.
Escarbar
Los conversos habían votado a favor de la reforma jubilatoria, salvo Federico Tournier que aún no era diputado. Había reemplazado a Alfredo Vallejos, para ejercer el Ministerio de Seguridad de Corrientes, en el contexto de la búsqueda por el niño Loan. Tournier no es afiliado a la UCR, sino que integra el partido Encuentro Liberal. Sería el caso que menos llama la atención en cuanto a su posible animosidad con La Libertad Avanza.
En cuanto al resto, tenemos al sanjuanino Cervi, que justificó en Radio 10 su actitud conversa al afirmar que “los datos” que tenían implicaba “un costo”, y que el dilema sería “ver de dónde se sacan los recursos”. Sin embargo, algunos sabuesos vienen desempolvando los archivos de los conversos, donde se descubrió que lo que apuntaban era que lo aportara “la casta”, como decía Campero. De hecho, periodistas mesopotámicos advirtieron que el misionero Arjol borró una publicación suya, donde había caracterizado la iniciativa opositora como “sensata y responsable fiscalmente que se podría cubrir eliminando privilegios” y que es “el paso correcto para nuestros jubilados”.
En mayo pasado, el cordobés Picat planteaba que existían 4,72 puntos de PBI que la administración nacional podría “escarbar” para recompensar esa pérdida. Para eso, se podría revisar en los rubros de exenciones impositivas, en particular los programas de promoción empresarial, como el discutido régimen de Tierra del Fuego.
Ahora, Picat finge demencia y, una hora antes de la sesión del miércoles, publicó en X que “las demandas sociales y económicas se deben discutir en el próximo presupuesto”.
Dobles varas
Luis Picat es un caso concreto de vivir de la doble vara. Antes de ser intendente de la ciudad de Jesús María, presidió la Sociedad Rural de susodicha ciudad, una entidad que se sumó a la campaña en defensa de la propiedad privada, ante las sospecha de una ola de toma de tierras urbana y rural, que iba desde los mapuches de la Patagonia hasta familias del conurbano bonaerense.
Lo insólito es que en diciembre de 2022, la familia Picat quedó involucrada en un megaoperativo sobre usurpación de tierras en Santiago del Estero. Según el Ministerio Público Fiscal de esa provincia, se detectaron ocupaciones en terrenos fiscales de los departamentos de Copo y Alberdi. Desde allí, se entregaron notificaciones de medidas cautelares, dictadas por jueces civiles. Serían 40 mil hectáreas, donde se detectaron maquinarias agrícolas de gran volumen y de última generación, donde incluso se habrían ejecutado desmontes e incendios.
En el listado de las personas involucradas, aparecen directivos de la empresa cordobesa Agroservicios Picat SA, como son Iván Picat, Pablo Picat y Horacio López. Meses antes de la inspección ocultar, en Jesús María se creó una sociedad anónima simplificada llamada El Desierto, el mismo nombre de una de las localidades allanadas. Lo integran Matías Caneva y Pablo Picat, ambos mencionados en las notificaciones. Otra empresa de Jesús María es el Establecimiento Bosque Alto SA, dirigida por Mario Albino y María Belén Picat, también involucrados en la causa de usurpaciones.
Según pudo saber Zoom, el actual diputado converso resalta que su nombre personal no aparece en esos registros y se mantiene ajeno a los negocios de sus familiares. Sin embargo, sí se menciona a El Cebil SA, empresa del cual formó parte. Además, figura José Luis Picat, quien tuvo su paso en los frigoríficos Qualita, dirigida por el congresista.
Pero la doble vara jesusmariense no es un privilegio de los Picat. El vice de Luis en la Rural era el ganadero Luis Magliano, quien lo sucedió en la presidencia. Tuvo que renunciar al estar prófugo por diez días, con pedido de captura internacional en 2021, cuando se descubrió que había robado 3.500 vacas en la misma provincia santiagueña. La causa penal apunta a una asociación ilícita que involucra también a Juan Pablo Miretti, ex-presidente de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, que comprende a las mismas localidades usurpadas.
El costo de ser converso
Desde las redes sociales, el analista de discursos políticos Mario Riorda establece una diferencia entre “transfugas” y “conversos”. El primero alude a quienes abandonan una fuerza política pero mantienen el escaño por el cual fueron electos, sea por motivaciones legítimas (rechazo a la burocratización del partido original) o ilegítimas (prebendas). Al ocurrir lo segundo, trae como consecuencia el deterioro de la representación política, el resquebrajo de la estabilidad del sistema de partidos y la sensación sobre una gobernabilidad opaca. Para este politólogo, técnicamente, los cinco son más “conversos” que “transfugas”, caracterizados por “la liviandad argumental”, el “intempestivo cambio de postura en tan breve plazo sobre un voto realizado en dirección inversa hace pocos días” y “la descalificación de las posturas de pares de bancada””.
“¿Podrían pagar costos personales? –se pregunta Riorda—. Para mí, más que podrían, deberían. Pero lo cierto es que el transfuguismo político o los conversos sospechados pagan menos costos en sistemas de partidos rotos o en pleno reacomodo, como la que vive hoy la Argentina”.
