El pasado mes de agosto la Legislatura de la Provincia de Córdoba dio lugar a una modificación exprés, valiéndose de su particular estructura legislativa, unicameral y donde tiene mayoría simple, de la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial. Este cambio en la ley consistió en reducir los procesos de control ciudadano para determinados proyectos inmobiliarios, puntualmente en loteos grandes que ahora pueden ser aprobados sin el requisito de estudio de impacto ambiental y audiencia pública y la instalación de antenas celulares que solo requerirán trámite comunal o municipal.
Organización y resistencia
El repudio y la denuncia a estas iniciativas sin consenso llevadas a cabo por el Gobierno Provincial es compartido por muchas organizaciones territoriales que están movilizadas desde hace algunos años.
El Valle de Paravachasca, al suroeste de la ciudad de Córdoba, es conocida por su ciudad principal Alta Gracia y las localidades serranas hacia el Dique los Molinos como Potrero de Garay y Embalse. En esa región se constituyó hace unos años la Asamblea Paravachasca, un colectivo de organizaciones en el territorio, que lucha por la defensa del medio ambiente. Uno de sus integrantes, Diego Aranda comenta que:
“Con respecto a la modificación de la ley de política ambiental de la Provincia de Córdoba, la 10208, nosotros venimos denunciando la inconstitucionalidad de la misma, de las modificaciones de los anexos sobre todo porque abre las puertas al desmonte, la contaminación y el ecocidio que ya se viene llevando a cabo en la provincia de Córdoba pero que con estas modificaciones se va a incrementar enormemente”
Es importante destacar que estas organizaciones vienen luchando hace varios años contra estas políticas. Si bien hoy es la modificación de la Ley 10208, previamente lo fue el intento de modificación de la Ley de Bosque 9814 así como los incendios forestales, desmontes y fumigaciones.
Actualmente la Asamblea Paravachasca está movilizada por la obra de la autovía Ruta 5 que parte de la ciudad de Córdoba y la atraviesa hacia el sur por la zona del Dique los Molinos. Dicha obra, de iniciativa del Gobierno es publicitada como necesaria e importante para la conexión con las regiones turísticas de la provincia. Esto sin mencionar el impacto a nivel ambiental de las regiones por donde se intenta construir. Al respecto Aranda comentaba: “la obra de la autovía Ruta 5 viene siendo lo que venimos denunciando como el proyecto extractivista, el saqueo de los bienes comunes que está pasando en el Valle de Paravachasca”.
Más al norte, en la región de Punilla, al oeste de Córdoba Capital, existe otro espacio que también comparte las mismas luchas que la Asamblea Paravachasca, es su homónima en Punilla. Una de sus integrantes, Eugenia Caraballo de la Asamblea San Roque, comenta que fue la amenaza de la construcción de la autovía por esa región en el año 2018 la que dio orígen a las Asambleas de Punilla.
“El surgimiento de las Asambleas de Punilla es dentro de un proceso. Si bien se da por esta amenaza en común que era la autovía que atraviesa el valle de Punilla, también hay una relación con quienes estaban movilizados por la Ley de Bosque, somos parte de un proceso. En todas las localidades había una cuestión ambiental y lo que nos unificó fue la amenaza de la autovía pero que hoy nos tiene preocupados no solo por eso sino también por los incendios, los basurales y un montón de cosas que también va generando redes con otras organizaciones”
La autovía a la que hace referencia Caraballo es la de la ruta 38 hasta la localidad de La Cumbre. Al igual que lo sucedido en Paravachasca, el Gobierno Provincial lo anuncia como una necesidad para aliviar el tránsito de la ruta vieja que atraviesa varias ciudades turísticas como Santa María, Cosquín y La Falda. La presión de la asamblea logró en primera instancia que se diera lugar a un cambio en el trayecto que significaba atravesar reservas naturales y cadenas de montañas. La nueva propuesta no resuelve la situación pero el gobierno no está dispuesto a negociar.
¿Y el resto del bosque nativo?
Los casos narrados anteriormente no son situaciones aisladas, de hecho la provincia de Córdoba ya perdió más del 95% del bosque nativo. Esta destrucción de la flora cordobesa no es resultado del azar sino que se explica a partir de la acción e inacción del gobierno provincial.
Respecto al rol activo del gobierno provincial en contribuir a la destrucción del bosque nativo lo encontramos en el modelo productivo instalado en Córdoba. Si analizamos la evolución del Producto Geográfico Bruto (PGB) provincial en los últimos años vemos que las dos actividades que más crecen son el sector agropecuario y las actividades inmobiliarias.
A su vez, como destacan desde Proyecto Montes, entre las principales causas de pérdida del bosque nativo se encuentran el corrimiento de la frontera agropecuaria y el crecimiento urbano. Por lo tanto, no quedan dudas de que el modelo productivo instalado en Córdoba es una de las causas principales de la pérdida de bosque nativo.
En referencia a la inacción del gobierno provincial, nos referimos a su desdén por cumplir sus obligaciones pautadas en la constitución provincial. Particularmente los artículos 11, “El Estado provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el ambiente y preserva los recursos naturales”; 66, “establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano” y 68, “el Estado provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables.”
Este desdén se plasma en términos económicos en el recorte en el presupuesto de políticas ambientales de la provincia. Desde 2016 hasta 2021 se llevó a cabo una caída constante en los montos disponibles de los programas de Ambiente. En 2022 se produce un repunte pero no logra recuperar los niveles previos a 2020. A precios de hoy, se han recortado cerca de $390 millones entre 2016 y 2022. A su vez, las políticas ambientales tienen cada vez menor peso en el total del presupuesto provincial. Mientras que en 2016 estas representaban el 0,36%, en 2022 son el 0,25%.
En síntesis, la modificación de la Ley 10208 de Política Ambiental Provincial es un ladrillo más colocado por el gobierno cordobés en la construcción de un modelo productivo que no le interesa el daño ambiental que provoca. Con la economía cordobesa dependiendo de los avances de la frontera agropecuaria y las actividades inmobiliarias, no hay compatibilidad alguna con un modelo productivo que respete el medio ambiente. Para luchar por la conservación del bosque nativo es necesario exigir un cambio de rumbo en el modelo económico provincial.
