VIOLENCIA
Después de quince años de gobierno frenteamplista, la asunción del gobierno de Luis Lacalle Pou logró aunar a todas las fuerzas de la derecha en una coalición que reúne a derechistas moderados y otros más extremos, como el general Manini Ríos, para llegar al gobierno. Con la aplicación de todas medidas de corte liberal, la situación social y económica del país se viene deteriorando, en un territorio que suele ser puesto como ejemplo de sus prácticas democráticas y transparencia institucional.
Como suele ocurrir, uno de los caballitos de batalla para que la derecha ganara las elecciones, fue el tema de la inseguridad o seguridad pública, a través de un bombardeo mediático proyectado por los medios de comunicación concentrados. Una táctica a la cual no fue ajeno el asesor macrista Durán Barba, quién antes de las elecciones de octubre de 2019, realizó viajes a Montevideo para contribuir en la campaña electoral lacallista, votación en la que el Frente Amplio perdió el gobierno.
Aplacada por los dos años de pandemia, las cifras de los delitos y crímenes violentos hacían sonreír al gobierno, que mostraba datos de una realidad dudosa, debido a la contingencia sanitaria y que, pasada la ola de mayor agudización, trajo como resultado una escalada violenta que parece no tener techo y que resulta atípica para el Uruguay. Con secuencia matemática, no hay día en el cual no se cometa un crimen y ya aparece como moneda corriente la aparición de cadáveres desmembrados y mutilados en las playas del Río de la Plata, como así también las operaciones de sicarios, que no dudan en asesinatos truculentos, como el acribillamiento de un matrimonio delante de sus hijos a la salida de un cumpleaños, en las afueras de Montevideo. Tampoco escasean los cuerpos aparecidos en descampados, parcial o totalmente quemados. Hechos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, atribuye a la disputa territorial entre bandas de narcos, acorraladas por el accionar policial, argumento que muchos desmienten ya que la persecución policial se centra en el narcomenudeo.
Ante esta contingencia, hay quienes se plantean la hipótesis de operaciones llevadas adelante por escuadrones de dudosa conformación. Vale agregar que el 7 de mayo pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, realizó una denuncia por casos de maltrato policial en el barrio Santa Catalina, ubicado en la periferia de montevideana y la muerte a manos de un policía, de un joven de 19 años -asesinado por la espalda por el Chocobar uruguayo- al pensar que era un delincuente. La institución enmarca esos hechos de violencia institucional en “un clima de violencia e intolerancia que se ha incorporado en la rutina diaria de la sociedad uruguaya”.
SOCIEDAD
Da la impresión de que varios factores confluyen en el estado actual de cosas que es, efectivamente, atípico para Uruguay, sobre todo por la espectacularidad de la violencia y por la truculencia de algunos crímenes. La pobreza ha aumentado, como así también la falta de contención social de un inmenso número de personas, y eso puede explicar en parte el hecho de que se produzcan robos violentos de poca monta y que ingresar al delito aparezca como una opción de salvataje.
Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de leyes que cercena derechos sindicales, como la quita de otros derechos, también terminó con la bancarización obligatoria, lo cual facilita la circulación de importantes sumas de dinero en efectivo (hasta 100.000 dólares) que escapa a los registros y controles. Hubo además, cambios en la retórica de las autoridades, que orientan la acción de la policía hacia una “guerra a las drogas” que en los hechos se objetiviza en una persecución del narcomenudeo, como ya marcamos antes. Los cambios legislativos aparejados a la LUC, devino en que aumentaran en forma desproporcionada los delitos vinculados al suministro de estupefacientes, de hecho expresiones vetustas, como “consumo de estupefacientes” volvieron con un esplendor que sólo habían tenido durante la dictadura y en décadas nefastas del siglo pasado. Los cambios en las jefaturas policiales departamentales retrocedieron a esquemas represivos anteriores al año 2005.
Se puede decir, después de apreciar estos fenómenos propios de la aplicación de políticas neo liberales, que después de dos años de pandemia y de varios años de cambios en el mercado de trabajo, uno encuentra a la sociedad uruguaya mucho menos cohesionada, más temerosa, más presionada y más inclinada a la violencia irreflexiva, con una tolerancia casi salvaje al uso de armas, a la justicia por mano propia y a otras formas de exacerbación de la violencia social no orientada a cambios estructurales. El castigo ejemplarizante se ha naturalizado y con ello, la idea de que aquellos que mueren violentamente, andaban en malos pasos.
POBREZA
Un estudio realizado y difundido el 7 de abril pasado por el Instituto Cuesta Duarte, perteneciente a la central de trabajadores PIT-CNT, nos muestra los siguientes datos para descubrir, en parte, el germen de esa violencia que los medios concentrados hoy tratan de ocultar. Algunas de las cifras que recoge el estudio señalan que, de los 66.000 pobres –generados durante el actual gobierno- en el entorno de 21.000 tiene menos de 18 años, alcanzando el 32% del aumento de la pobreza a explicarse por la caída en la misma de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se sostiene como distintivo estructural de la pobreza uruguaya la incidencia especial sobre las minorías étnicas raciales, en especial sobre la población afro, donde la pobreza es 9,3 pp superior que en el parámetro poblacional. Así mismo tiene especial impacto sobre los hogares con jefatura femenina, superando en 1,6 pp al parámetro registrado para los hogares en general y 3,3 pp a los hogares con jefatura masculina. Otros datos aportados por el instituto Cuesta Duarte muestran también que: los valores extremos se manifestaron en el año 2020, donde la pobreza pasó de 17% en menores de 6 años, 16,5% entre aquellos con edades de 6 a 12 años y 15% entre los de 13 y 17 años; a ubicarse en 21,3%, 20,3% y 18,9% respectivamente. Significando aumentos de 4,3 pp, 3,8 pp y 3,9 pp en cada caso.
Luego de cerrar el peor año de pandemia y tras un 2021 que registra recuperación en varios indicadores económicos, los valores en cada tramo se ubicaron en 18,6%, 19,4% y 18,8% para los menores de 6 años, los niños de 6 a 12 años y los adolescentes de 13 a 17 años. El saldo respecto a los valores pre pandemia es de aumentos de 1,6 pp para menores de 6 años y 2,9 pp para los niños de entre 6 y 12 años y 3,8 pp entre adolescentes de 13 y 17 años. Después de padecer los embates del gobierno macrista, la situación en Uruguay resulta casi un calco de la vivida en Argentina durante esos años, donde un empobrecimiento de la clase trabajadora venía aparejado con el enriquecimiento del sector agrícola ganadero y el financiero, algo lógico puesto que Argentina y Uruguay basan su economía en las políticas exportadoras extractivistas, cuyas ganancias se vuelcan a la fuga de capitales amañadas en los depósitos en el exterior.
PÉRDIDAS
El sector agroexportador ha tenido ganancias extraordinarias en estos últimos años. Los depósitos de uruguayos en el exterior han aumentado también en forma sostenida, pero, los depositantes son un porcentaje ínfimo de la población. En ese contexto, las cosas empeoraron para los trabajadores, los cuales vienen perdiendo salario desde antes de que se declarara la emergencia sanitaria. La primera medida tomada en torno al tipo de cambio a comienzos de marzo de 2020, apenas asumió el gobierno, fue una devaluación del peso, lo que trae aparejado una pérdida en el salario real de los trabajadores y ganancias para los exportadores. A la pérdida también se suman los pequeños productores y comerciantes, que deben resistir en un mercado interno deprimido; la masa de afectados comprende a la mayoría de los jubilados, que han visto deteriorarse su poder de compra ya de por sí muy bajo; para los desocupados, que aumentaron en cifras, y en general, para todos los que han sufrido el aumento de las tarifas (en particular, los combustibles están sujetos por ley a una actualización cada no más de sesenta días).
A todo esto hay que agregar el deterioro de políticas públicas en materia de salud, vivienda y educación. ¿Qué ha incidido en esta situación? El gobierno dice que la pandemia, a lo que ahora agrega la guerra en Ucrania, pero en primer lugar esta situación se explica por una política que apuesta a reducir el gasto social, que busca ampliar el mercado para los actores privados en perjuicio de las empresas públicas, que ahora decide no intervenir cuando las mesas de negociación entre trabajadores y patronales no lleguen a un acuerdo (como si ambas partes participaran de la negociación en igualdad de condiciones) y que prefiere la renuncia fiscal a imponer a los grandes capitales cualquier forma de gravamen siquiera temporal para afrontar la crisis. Es la concepción liberal de la economía la que favorece las condiciones de precariedad en las que viven unos y las ganancias extraordinarias que obtienen otros.
Ante esta situación donde reina lo desparejo y las brechas se acrecientan, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay ha venido denunciando que: desde el inicio del año hasta el cierre de julio de 2021, en Uruguay los depósitos bancarios aumentaron US$ 2.845 millones, cuando en todo el año 2020 lo hicieron en US$ 2.979 millones. Y el 90 % de los casi US$ 2.900 millones corresponde a cuentas con más de US$ 100.000, que son propiedad del 2 % de los clientes de los bancos. A esa concentración alcanzada en el ámbito local se le debe sumar el incremento de los depósitos en el exterior. Estos sumaron, al cierre de marzo de 2021, US $8.711 millones. Lo cual equivale al 16 % del PBI. Esta cifra es US $2.500 millones mayor que al cierre de 2019, lo que amplía la visión del nivel de acumulación alcanzado por los sectores privilegiados.
LIBERTADES
La desigualdad social y la falta de oportunidades que acarrea, siempre ha provocado que aquellos que se ven cada día más marginados del consumo capitalista, salgan a buscar lo perdido por mano propia. Esto genera actitudes perversas por parte del poder, que aplica medidas represivas extremas como solución a esa problemática social. Entre las soluciones, que no lo son, está el dotar a la policía de amplias libertades en sus procederes y el alentar con subterfugios, a la justicia también por mano propia.
Estos retrocesos originados por las políticas económicas y decisiones políticas para implementarlas, se expanden y replican en otros ámbitos. Uno de ellos es el de los medios de prensa y el acceso a la información. En estos días se difundió un ranking elaborado por la ONG, Reporteros Sin Fronteras, donde Uruguay cayó del puesto 18 al 44 en cuanto a libertad de prensa se refiere, en el canal estatal se despidió a periodistas considerados opositores y se levantaron programas que podían ser críticos con la gestión gubernamental del presidente surfista, Luis Lacalle. En este cercenamiento, también están involucradas las libertades individuales, ya no resulta novedoso, pero, no por eso deja de ser ultrajante ver docentes sumariados por expresiones vertidas fuera del ámbito del aula, donde cuestionaban las políticas educativas y a militantes opositores judicializados por pintar paredes, toda una muestra del conservadurismo liberal.
