Las formas de organización y los métodos de lucha de la clase trabajadora no pueden pensarse sino en relación a los modos de organización general del trabajo en cada etapa histórica. No fue la misma la forma de organizarse de las y los y trabajadores durante los primeros años de experiencia sindical en Argentina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que aquella que se desarrolló durante el crecimiento de la gran industria, hacia mediados del siglo XX. Hoy, experiencias como la de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) promueven una recuperación de la tradición sindical (poderosa en nuestro país), pero lo hacen desde la creatividad (también poderosa) que tuvieron las denominadas organizaciones sociales durante los últimos cuarenta años.
Los Movimientos Populares, podría pensarse, expresan de algún modo esa mixtura y ofrecen la oportunidad de revisitar el pasado para ver que, incluso antes, los modelos sindicales fueron varios, y estuvieron en puja durante años (el debate televisivo entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco en 1973 expresan uno de los momentos cumbres de esa discusión, que no puede reducirse a un contrapunto entre izquierda y peronismo, puesto que una enorme corriente del peronismo coincidía entonces más con el segundo que con el primero). Entre a herencia y la invención, entonces, pensar la discusión actual sobre la cuestión sindical en Argentina.
Retrospectiva
El trabajo de educación y cultura, de promoción de la solidaridad entre pares y de gestación de instituciones propias de la clase que podemos ver en las bibliotecas populares y publicaciones (diarios y revistas, libros), mutuales y cooperativas, compañías de teatro y composición musical impulsadas por la militancia anarquista y socialista durante la gestación de los primeros gremios, así como la creación de las comisiones internas en cada lugar de trabajo durante el peronismo (cuando ya puede verse con claridad el pasaje de la organización por gremio a las ramas de sindicatos de masas), son un claro ejemplo del poder localizado de la clase trabajadora allí donde realizaba sus actividades diarias, cotidianas.
Luego, con la profundización de la lucha de clases tras el desalojo violento del poder del peronismo, y la “revancha clasista” emprendida vía la “Revolución Fusiladora”, el movimiento obrero retomó métodos de lucha y formas de organización clandestina previas a la llegada del peronismo al poder. Y también profundizó sus definiciones respecto del rol de la clase obrera en la sociedad moderna.
Los plenarios obreros realizados en Córdoba hacia fines de la década del cincuenta e inicios de los sesenta dan cuenta de ese proceso. Desde entonces, aquello que sería catalogado como una política antiimperialista y latinoamericanista, de activa solidaridad internacionalista de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional emprendidas por los pueblos oprimidos se combina con una propuesta de desarrollo nacional con justicia social, que implica asumir la necesidad de la liquidación de los monopolios extranjeros y el control estatal del comercio exterior, expropiación del latifundio con extensión del cooperativismo agrario, en perspectiva de desarrollar la industria liviana y pesada en plena integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica. Además, estas propuestas se concebían a partir del desarrollo de un pleno protagonismo popular a la hora de tomar las grandes decisiones que marcaran el destino nacional. “Control obrero de la producción” (y de los precios); “distribución de la riqueza nacional mediante la participación efectiva de los trabajadores” y “creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales” figuran entre las bases programáticas de La Falda, a las que se agregarán luego, en Huerta Grande, la línea de avanzar en un proceso de nacionalización de todos los bancos (“establecer un sistema bancario estatal y centralizado”) y sectores claves de la economía (siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas), propuesta que remata con una aseveración fundamental a la hora de pensar en cortar con la dependencia, como lo es “desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo”. Esto, en 1957 y 1962.
En 1968, acorde a los vientos de rebelión que soplan por todo el continente y gran parte del mundo, un año antes de que acontezca el Cordobazo, la combativa y antiburocrática CGT de los Argentinos, en pluma del director del periódico CGT, Rodolfo Walsh, lanza el Primero de Mayo un “Llamamiento al pueblo argentino”, en el que la clase trabajadora posiciona un punto de vista específico (anticapitalista) a partir del cual reorganizar la sociedad sobre nuevas bases: “La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción”.
Por último, ya incluso tras la gran derrota estratégica propinada a la clase trabajadora por el Proceso de Reorganización Nacional que la última dictadura cívico-militar llevó adelante vía el terror entre 1976 y 1983, la CGT conducida por Saúl Ubaldini construyó a mediados de los años ochenta un Programa de 26 puntos en los que la clase trabajadora argentina encontró por última vez una propuesta de país más allá de las luchas gremiales. Allí aparece con claridad un planteo en torno a la necesidad de establecer una “moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa, en razón de la necesidad vital de aplicar los recursos nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional”; se insta a colocar al sistema financiero al servicio del país, con créditos orientados a la actividad productiva; se sugiere nacionalizar los depósitos bancarios “para impulsar la producción y los servicios de interés primordial del pueblo y de la Nación”; se impulsa una reforma impositiva para “estimular la producción y desalentar la especulación”; se propone la implementación de planes de construcción de viviendas populares; se sugiere alcanzar “la formación de una conciencia nacional independiente, con amplio respeto por las modalidades regionales y las expresiones culturales de las provincias, acentuando la integración federalista de nuestro país” a través de una serie de reformas en el ámbito de la educación y la cultura, entre otras cuestiones.
Perspectiva
En una nota anterior planteábamos que el sindical era uno de los cuatro vectores de acumulación de fuerzas dentro de esta estrategia (junto con el productivo, el estatal y el político-emancipatorio). Allí decíamos que resultaba fundamental recrear la dinámica sindical teniendo en cuenta el aporte comunitario y territorial, feminista y diverso de la economía popular, para lograr un sindicalismo más inclusivo, democrático y participativo, pero también, más comprometido con las posibilidades de que los trabajadores tengan como clase una voz en el sistema político.
En ese sentido, la intervención sindical desde la economía popular implica una serie de cuestiones, entre las que podemos rescatar al menos tres:
- 1- Lucha por el reconocimiento de la economía popular en tanto otra forma (que escapa a la relación patrón-empleado) de organizar los trabajos, tanto de servicios como de producción de bienes y de reproducción de la vida.
- 2- Incorporación en el ámbito sindical, de una mayor comprensión de que en el capitalismo la explotación y la dominación a la que se encuentran sometidas las grandes mayorías se entrelazan con factores raciales y de género (la mujer o cuerpo feminizado, negra o inmigrante, padece mayores injusticias que su par trabajador varón, incluso si éste es también negro o inmigrante). Comprensión que entre otras cuestiones debe expresarse en el ámbito organizativo asumiendo, como lo hace hoy la UTEP, la paridad de género en los ámbitos de conducción.
- 3- Asunción de que la pelea por la redistribución del ingreso no se presenta separada de la mejora de la situación en otros aspectos de la vida (tierra para un techo y para producir e, incluso, para la gestación de espacios de la comunidad más allá de las viviendas particulares; infraestructura barrial y servicios esenciales; educación y salud –incluyendo la “mental”–; deporte, arte y recreación, etcétera) y de la redistribución del poder (no se demanda solamente al Estado liberal que intervenga para ofrecer soluciones sino que se pretende transformar el Estado liberal mismo, para que el pueblo –en tanto sujeto colectivo– sea protagonista de las políticas públicas, del desarrollo de la comunidad y no simplemente espectador de soluciones que vienen de otra parte, y de mejoras que le llegan a cada quien en tanto ciudadano, es decir, en tanto individuo).
En esta perspectiva, el sindicato no puede funcionar como corporación obrera, sino que debe forjarse como ámbito de pelea para obtener mejoras materiales, pero también, como escuela de organización, de auto-educación y de elaboración política de la clase trabajadora, hoy esparcida no sólo en los ámbito tradicionales de trabajo, sino en las barriadas populares, donde funcionan miles de cooperativas y polos productivos; comedores y merenderos; casas de atención a mujeres acechadas por la violencia de género y jóvenes con consumos problemáticos; ámbitos de terminalidad educativa y recreación artística; instancias de cuidados de infancias y adultos mayores; espacios de capacitación en oficios y de formación ciudadana; en fin, todo un entramado que hace del territorio un espacio-tiempo donde se comienzan a ensayar formas de comunidad a partir de la cuales se aspira a gestar otras prácticas, afectos y razones.
Sin todo ese recorrido, surgido de la experiencia de las organizaciones sociales durante décadas, es muy difícil –por no decir imposible—pensar en un futuro virtuoso para el sindicalismo argentino.
