En Alemania, precisamente en Berlín, se sufre la falta de oferta de viviendas y el aumento indiscriminado de alquileres. Con una población de 3,6 millones de habitantes (casi la misma que en la Ciudad de Buenos Aires) y donde un poco más del 80% son inquilinas e inquilinos, desde 2019 se vienen implementando políticas para mejorar la oferta de viviendas, como lo son congelar precios de alquileres (en cinco años aumentaron un 43% en un país donde la inflación anual es del 2%) y desconcentrar el mercado inmobiliario que lo acaparan menos de cinco grandes inmobiliarias (Expropiar Deutsche Wohnen fue el lema de la convocatoria al referéndum del 26 de septiembre pasado en referencia al gigante inmobiliario cuya cartera supera las cien mil propiedades).
«Del dicho referéndum el 56% de berlineses votó a favor para que el Senado trate la Ley para expropiar viviendas, basándose en el Artículo 15 de la Constitución alemana que dice: “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva por una ley que fije modo y monto de la indemnización.«
Este 7 de octubre, Berlín compró catorce mil setecientas cincuenta propiedades y cuatrocientos cincuenta locales para pasarlos a la órbita del ámbito estatal que gestiona la política de viviendas; Esto resuena en decisiones pasadas, ya en 2019 había comprado seis mil propiedades.
Por otro lado, en España ya se discute un proyecto de ley donde se distingue entre grandes propietarios (los que tendrán topes de precios de alquiler) y el resto, donde los alquileres serán congelados; dicho proyecto prevé un recargo impositivo de hasta un 150% de impuesto inmobiliario sobre la vivienda ociosa. También se implementará el BONO JOVEN, que será un auxilio económico de 250 euros para acceso a la vivienda en alquiler por dos años.
MIENTRAS TANTO EN LA CIUDAD DE LA FURIA
Venimos describiendo los distintos problemas que atraviesa la población de la Ciudad de Buenos Aires en materia de acceso a la vivienda y alquileres, que se sintetizan en la imposibilidad de acceso a créditos hipotecarios con tasa subsidiada, con nula política de construcción de viviendas y totalmente parada la urbanización de barrios populares.
Partiendo de la base que Argentina no es Alemania y que Berlín no es la Ciudad de Buenos Aires, es hora que en esta última, donde se registran ciento cincuenta y cinco mil propiedades ociosas, que posee un 15% de locales comerciales desocupados en sus principales arterias, con alquileres que suben por encima de la inflación y en donde de un poco más de dos mil quinientas escrituras mensuales sólo ciento treinta de ellas son con créditos hipotecarios, se piensen políticas de vivienda como algunas de las iniciativas que en ciudades europeas se viene implementando.
Debemos destacar que las medidas implementadas en otras ciudades surgen a partir de la protesta masiva y deterioro de la calidad de vida de quienes habitan las mismas, los cuales temen que en el futuro estas problemáticas empeoren.
Si la política del Gobierno de la Ciudad que encabeza Horacio Rodríguez Larreta va a seguir siendo la de promover la construcción de barrios privados para sectores de altos ingresos, no regular el precio de los alquileres y no asistir a las familias en dicho gasto, sólo se va a lograr aumentar la desigualdad económica, desplazar a sectores de ingresos bajos y medios de la Ciudad, mientras se encarece el costo de vida en Buenos Aires.
La realidad de las porteñas y los porteños es que durante el 2020 un porcentaje superior al 25% se endeudó en el pago de expensas de consorcios y el Gobierno de la Ciudad sólo ofreció eximir del pago del Impuesto Inmobiliario, que representa un porcentaje muy pequeño del gasto familiar, cuando hubiese correspondido un auxilio económico para solventar el pago de los gastos comunes de los edificios. Así mismo, los alquileres que no están bajo la reglamentación de la Ley de Alquileres (sin mencionar que estos no están exentos del problema a la hora de cambiar o actualizar el contrato) aumentaron por encima de la inflación, con lo cual más de 400.000 habitantes del distrito sufren diversas problemáticas habitacionales.
Del mundo desarrollado, de ciudades acosadas y agobiadas durante años por la especulación inmobiliaria, soplan vientos que empiezan a marcar una tendencia: la intervención y regulación del Estado en el acceso a la vivienda y en los costos de los alquileres es una realidad palpable que se expresa en leyes, políticas fiscales e incentivos económicos, dejando a un lado una idea fracasada: que todas las fallas de la economía las resuelve el mercado.
