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La política andina agita la región desde sus cimientos. Y uno de los capítulos decisivos se juega en Chile, un país que viene de una profunda crisis política desde octubre de 2019. Del “No son 30 pesos, son 30 años” tras el aumento de tarifas de transporte, pasando por un estallido social sostenido, al proceso constituyente en curso y las elecciones presidenciales de noviembre. Un recorrido tan imprevisto como agotador para el más dedicado de los analistas.
Durante largo tiempo, Chile fue considerado un caso “modelo” para la derecha latinoamericana y su proyecto neoliberal. Poco antes de que se desatara el ciclo de protestas, el presidente Sebastián Piñera señalaba: “En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile: es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo”. Los hechos posteriores no tardaron en poner las cosas en su lugar.
Chile tiene uno de los PBI per cápita más altos de la región, y aún así, se trata de un territorio históricamente desigual, donde una porción minoritaria de la población se apropia del crecimiento, mientras las mayorías acusan un alto costo de vida, desprotección por parte del Estado y la privatización de sus derechos básicos. Según estudios de la Universidad de Chile, el ingreso per cápita del 10% más pobre de la población es 78 veces menor que el del 10% más rico.
Más allá del cambio de signo de los sucesivos gobiernos democráticos, no ha habido esfuerzos por apartarse del modelo económico y social, un modelo en el que el mercado es reconocido como el principal mecanismo de distribución de ingresos. Quizás por primera vez en mucho tiempo, este sentido común está siendo desmontado a la vista de todos, incluida la dirigencia política chilena, que en tres meses enfrentará elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Piñera.
Una nueva Constitución…
El 4 de julio de 2021 se instaló en Chile su Asamblea Constituyente, con la tarea de redactar una nueva Constitución para dejar atrás la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Esta Asamblea fue uno de los compromisos adoptados tras el estallido social, en el intento por adoptar por una salida constitucional y evitar que prosperen las propuestas de carácter destituyente, que exigían la renuncia inmediata de Sebastián Piñera.
La composición general de la Constituyente expresa, en buena medida, la aspiración de cambio del pueblo chileno. Las listas de izquierda e independientes lograron la mayor parte de los 155 escaños y, en alianza con las opciones de centro, contarían con los 2/3 de votos necesarios para dejar atrás la Constitución pinochetista. Se trata de un universo político complejo y lleno de matices, pero la oportunidad de avanzar está al alcance de la mano. Esto significa además que la derecha se quedó sin su poder de veto, su principal apuesta a la hora de disputar los escaños.
En total, la nueva Constitución será escrita por 83 mujeres y 72 hombres. Y en otro hecho de enorme sentido histórico, 17 de las bancas son ocupadas por representantes de los pueblos originarios, favorables a realizar modificaciones de fondo a la Carta Magna y con vocación de impulsar un Estado Plurinacional.
Quizás como un símbolo de estos nuevos tiempos, quién resultó electa como presidenta de la Asamblea fue Elisa Loncón, mujer del pueblo mapuche. “Este sueño es de nuestros antepasados, este sueño se hace realidad, es posible refundar este Chile, establecer una nueva relación entre las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país”, manifestó tras asumir su lugar al frente de la Convención.
Loncón sintetiza en su figura, y en su discurso, todo un cúmulo de postergaciones y de reclamos desoídos por el sistema político del país. “Tengo continuas amenazas del sector político de la derecha chilena. Es otra expresión más de la violencia instalada desde la política”, declaró esta semana tras presentar una denuncia ante la Justicia. La constituyente cuenta ahora con protección permanente de dos carabineras.
Se espera que el debate general de la Asamblea Constituyente contenga algunos de los principales problemas de la sociedad chilena. En materia de derechos sociales, una de las discusiones neurálgicas es el sistema jubilatorio. Actualmente, los fondos son administrados por las aseguradoras privadas, que se crearon bajo el régimen de Pinochet y son uno de los pilares del modelo económico. En 2020, se aprobó la llamada Ley del 10%, que permite el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales que administran las aseguradoras privadas de pensiones o AFP.
Con la redacción de la nueva Constitución, también estará en juego la incorporación de derechos de bien común. Constituyentes de distintas extracciones políticas hicieron pública una declaración donde detallaron 16 puntos para el medio ambiente, como la recuperación y desprivatización del agua, la defensa del “buen vivir” como concepto emanado de la culturas ancestrales y el rechazo al acuerdo transpacífico TPP-11.
Pese a los antagonismos que conviven en la Convención, se logró avanzar en la organización interna del espacio y en el reglamento que permitirá redactar las nuevas leyes. Se instalaron ocho comisiones de trabajo: presupuestos, derechos humanos, educación popular, social y territorial, descentralización, participación y consulta de los pueblos originarios, participación ciudadana, información y transparencia. Mantener un marco de acuerdo será clave para que el proceso avance, en los nueve meses de plazo que se establecieron para la construcción de esta nueva Constitución.
… y un nuevo presidente
Hacia las elecciones presidenciales de noviembre, la imagen del actual mandatario, Sebastián Piñera, parece estar por el piso. Un informe publicado en abril por el Centro de Estudio Públicos (CEP) indica que el 74% de los encuestados desaprueba su gestión de gobierno. Pero a falta de confianza en cualquier encuesta, hay aún más elementos que alimentan esta idea. Uno de ellos es que la derecha chilena decidió renovar su identidad de cara a la campaña y eligió como nuevo nombre de la coalición “Chile Podemos +”.
A esto se suma que, en junio, la segunda vuelta para elegir gobernadores regionales profundizó la crisis política de los partidos de derecha. De las 16 gobernaciones que conforman Chile, solo una será gobernada por ellos. En esas elecciones, el espacio triunfador fue la centroizquierda, con 10 gobernaciones. El Frente Amplio y el Partido Comunista —que alcanzaron acuerdos en distintas regiones bajo la fórmula “Apruebo Dignidad”— se quedaron con dos gobernaciones, entre ellas la de Valparaíso, con Rodrigo Mundaca, conocido militante ambientalista. También estuvieron muy cerca en Región Metropolitana —que concentra aproximadamente el 40% de los votantes—, con la candidatura de Karina Oliva.
En la carrera presidencial, la más reciente encuesta de Pulso Ciudadano reveló que 31,8% de las personas tiene muy decidido por quién votará en la primera vuelta. En el segmento de Votante Probable (que representa un 55,4% de la población y se construye a partir de la intención de ir a votar, la participación en último plebiscito y el nivel de interés en los comicios), lideran Sebastian Sichel por “Chile Podemos +” y Gabriel Boric, diputado frenteamplista por “Apruebo Dignidad”.
El punto en común de estos candidatos es que ambos fueron los vencedores inesperados de sus respectivas internas. Por fuera de eso, representan dos proyectos diferentes para Chile, uno de continuidad en relación a Piñera, representado por Sichel, y otro que busca recoger el descontento de la población e impulsar una plataforma en clave transformadora. Boric fue uno de los referentes de las movilizaciones estudiantiles de 2011.
Este lunes 23 de agosto es la fecha límite para inscribir las candidaturas presidenciales y las listas para parlamentarios y consejeros regionales. La Lista del Pueblo —un sector de izquierda independiente, de alcance electoral incierto, pero con cierta incidencia en la vida política del país—, anunció el viernes que Diego Ancalao, de origen mapuche, se impuso en las primarias que realizaron de forma virtual, aunque todavía deben presentar las firmas requeridas para inscribirse.
Del lado de la Democracia Cristiana, la senadora chilena Yasna Provoste será la candidata presidencial de la coalición Unidad Constituyente (UC), al imponerse el sábado en la consulta popular organizada por este bloque político. Será la única mujer que se presentará a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. El pinochetismo también tendrá su candidato: José Antonio Kast, quien ya ha demostrado su apoyo y simpatía hacia figuras como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Parece que cada país de la región ya cuenta con su propio “Bolsonaro” en la disputa electoral.
Chile tiene la tasa de participación electoral más baja de América Latina. Tras 17 años de dictadura, la confianza en las estructuras del Estado es escasa. El voto fue obligatorio hasta 2009, aunque la inscripción para votar no era obligatoria y los jóvenes, en particular, no se inscribían en el servicio electoral (Servel). Este dato contrasta con la fuerte participación de las juventudes en las protestas de 2019 y, antes también, en las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011.
