Por José Scasserra
El 23 de Julio del 2010 se promulgó la ley de matrimonio igualitario, aprobada el 15 del mismo mes. La ley consistió en una modificación del código civil que, en materia de matrimonio, reemplazó todas las marcas de género por la expresión «los contrayentes». De esta manera, nuestro país se convirtió en el décimo en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el primero en América Latina. A 11 años de este acontecimiento histórico, recordamos la historia de luchas que posibilitó el triunfo del año 2010.
Los activismos y militancias en torno a la diversidad sexual hunden sus raíces, en nuestro país, al menos hasta la década del 50. Pero es difícil reunir militancias tan diversas bajo un solo marco, porque sus estrategias y objetivos cambian según los horizontes de cada época. Por ejemplo, ya en los años 50, Maricas Unidas Argentina buscaba construir redes de apoyo para sobrevivir; en los 70, el Frente de Liberación Homosexual (FLH) buscaba sumar la liberación sexual a la liberación nacional que resultaría en un proceso revolucionario cuyo objetivo era la abolición del capital. A partir de los años 90, la «cuestión homosexual» se volvió una pieza de la lucha por los Derechos Humanos.
Si bien el FLH ya había reconocido la conexión entre derechos sexuales y derechos humanos, no fue hasta la restitución democrática que esos dos focos militantes se filiaron por completo. En Argentina, esto tiene su peso específico: Madres y Abuelas de plaza de mayo son, sin dudar, antecedentes e interlocutoras del movimiento que llevó, en el 2010, a conquistar el derecho de todxs a casarse, independientemente de su orientación sexual.
Activismos y militancias de post-dictadura
En el marco de una sociedad reconstruyéndose, los movimientos de Derechos Humanos lucharon por instalar una agenda dentro del Estado para reconocer y reparar la vulneración a la que la sociedad argentina había sido expuesta. En ese marco se gestan organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y en 1990, la asociación Gays por los Derechos Civiles, dirigida por Carlos Jauregui.
Como señalé, estos movimientos son parte del escenario de post-dictadura que buscó elevar el reclamo por los derechos humanos. En efecto, desde la CHA se produjo un frente amplio junto a Madres y Abuelas, cuya alianza sirvió como presión en el proceso de construcción del Nunca Más como registro fundante de nuestra democracia de post-dictadura. El «orgullo» que se había atisbado en los discursos revolucionarios de los 70, regresaba ahora en un proceso de reclamos, desde abajo, para construir marcos de derecho dentro del estado. De este modo, el «reclamo homosexual» se filia con las políticas de la identidad, e ingresa en las retóricas políticas de nuestra democracia.
En este período, las estrategias más destacables de activismo y militancia orbitaron en torno a la visibilidad, y la alianza. En El puto inolvidable, el documental de Lucas Santa Ana sobre la vida de Carlos Jáuregui, no sólo se repone el itinerario mediático del militante y profesor de historia que logró insertar «la cuestión homosexual» en la agenda pública, sino también su insistencia en asambleas y espacios de lucha de producir alianza con lesbianas, travestis, bisexuales en vistas de construir una trinchera común de batalla. Lo «LGBT» aún no había llegado, y necesitaba ser fundado.
A comienzos de los años 90, la organización Gays por los derechos civiles presentó un primer proyecto para una ley de Matrimonio Civil, que contribuyó en el proceso de visibilidad, pero no llegó a resultados en el congreso. Lo que se reclamaba, desde este momento, era el acceso igualitario a derechos, entre ellos, el reconocimiento estatal de las uniones homosexuales.
Como siempre sucede con los géneros y las sexualidades, este reclamo implicó tener que combatir con la condena y la violencia que la moral hegemónica descargó contra todas aquéllas existencias que no estaban dispuestas a complacerla. El golpe que el VIH / SIDA había dado a las minorías sexuales, y cómo esto había promovido prejuicios y estigmas sociales era un fantasma con el que combatir en cada manifestación pública. Testimonio de este estigma y violencia fue la «guerra santa» que Monseñor Quarracino, el entonces arzobispo de Buenos Aires, desató contra la militancia de Carlos Jauregui. Entre sus numerosas expresiones de odio, es memorable su propuesta de que los homosexuales nos mudáramos a «un país aparte».
A esta discriminación cotidiana se le sumaba la desigualdad material resultado de la desigualdad ante la ley que precarizaba las vidas de minorías sexuales. No tener un marco legal en el que escudarse era una vulneración al propio patrimonio y al gobierno de la propia vida, especialmente en tiempos en los que el VIH / SIDA se cobraba vidas por doquier. Por ejemplo, el propio Jauregui debió abandonar el departamento en el que había construido su hogar un rato después del funeral de su compañero, que era el propietario del inmueble. Carlos lo había cuidado y acompañado mientras el SIDA se llevaba su vida, pero sus «suegros», que hacía años no hablaban con su hijo por maricón, no dudaron en exigirle el departamento cuando el cuerpo de su dueño no terminaba de ser enterrado. Carlos, ante la muerte de aquél con el que había construido su vida, tuvo que sufrir nuevamente el exilio. Vivió el resto de sus años migrando entre casas de amigos. Este tipo de historias marcaron, para las militancias y activismos, una certeza: era necesario combatir por un marco legal que escudara nuestras vidas, y desafiara una época.
Activismos y militancias en el siglo XXI
A pesar de las dificultades, el proceso de visibilización estaba hecho: la homosexualidad había sido «sacada del closet» en la Argentina de Post-dictadura. En 1998 se presentó la ley por el parteneriato, la cuál evitaba confrontar directamente con la institución católica ya que buscaba una figura diferente al matrimonio. El proyecto fue presentado en numerosas ocasiones, incluso después del cambio de siglo, sin lograr resultados en el congreso, pero allanando el camino para el proceso vivido en el año 2010.
Aprovechando los aires de transformación que tomaban a la región en la primera década del siglo, el 14 de febrero de 2007 María Rachid y su pareja Claudia Castrosín apelaron nuevamente a la estrategia de la visibilidad pidiendo ser casadas, y siendo rechazadas en el registro civil de la calle Montevideo. No faltaron cámaras: con ese acto, la homosexualidad interpelaba nuevamente a la sociedad.
Otro antecedente importante en el siglo XXI son los fallos a favor de parejas del mismo sexo que, desde el año 2009, permitieron que hasta diez parejas homosexuales se casaran antes de julio de 2010. Esto hizo que el debate escalara, y organizaciones conservadoras buscaron bloquear distintos usufructos del fallo. Simultáneamente, leyes de unión civil habían sido aprobadas en distintas provincias.
De este modo, por medio de aparateos, discusiones, asambleas, y manifestaciones, el camino hacia julio de 2010 se terminó de construir. El proyecto definitivo de Matrimonio Igualitario ingresó a la cámara baja, con el acompañamiento de los activismos y las militancias. Los dichos de Quarracino contra Carlos Jaúregui se repitieron como tragedia y como farsa de boca del entonces Arzobispo Jorge Bergoglio: la campaña por el matrimonio igualitario era una «movida del diablo» que buscaba «herir gravemente a la familia».
Como ya es costumbre, a partir del triunfo de la ley en diputados, las organizaciones conservadoras, que hoy llamaríamos de «anti-derechos», realizaron la contrapropuesta de la «unión civil». Lo que hasta ese momento había sido una conquista, ahora era un adversario. En su libro El fin del armario, Bruno Bimbi cuenta que el movimiento no estaba dispuesto a transar con la «unión civil». La oportunidad estaba dada para disputar la moral heterosexual hegemónica, y producir un marco de derechos absolutamente igualitario en materia de construcción de parentesco. Caso de triunfar, la «unión civil» sería acusada por ellos como discriminatoria.
De ese modo, la madrugada del 15 de julio de 2010 ante una multitud espectante, Argentina dio un paso hacia la igualdad de derechos y la abolición de cualquier tipo de discriminación en materia de géneros y sexualidades. Es claro que «hecha la ley, hecha la trampa», y que el fin de la violencia no puede legislarse. Con ese horizonte, rescatar nuestro archivo de disputas nos puede servir para poner en perspectiva el proceso casi inédito que nuestro país viene desarrollando en lo que va del siglo.
