Internet y soberanía: la amenaza subterránea

Mientras los países centrales aceleran sus políticas de intervención y protección, la región queda cada vez más expuesta a los designios del gran hermano digital. La urgencia invisible.

Ya en los años cincuenta, John William Cooke mencionó que las cadenas periodísticas, las agencias noticiosas y los diarios de nuestro país funcionaban como “ramificaciones imperialistas en América Latina”. En el año 1966, el pensador fue categórico y destacó que “la televisión está directamente en manos norteamericanas” y que “el pueblo goza de libertad de prensa, que consiste en la libertad de comprar la prensa del régimen”.

 

La concentración y la extranjerización de medios de la que habló Cooke, caracterizan al funcionamiento de internet en la actualidad. El servicio lo proveen compañías radicadas en Silicon Valley, y llega a la Argentina a través de cables submarinos que ingresan por la localidad de Las Toninas, Provincia de Buenos Aires. El mercado de transporte y distribución que abastece los tubos, cables, fibra óptica, routers y centros de datos, está controlado por las mismas empresas propietarias de las instalaciones de las telecomunicaciones. Un reducido grupo de corporaciones extranjeras son dueñas de los cables de fibra óptica que proveen el servicio¹. Tres empresas tienen, prácticamente, el monopolio de la provisión de internet: dos extranjeras (Speedy de Telefónica y Arnet de Telecom) y un grupo nacional (Fibertel de Clarín, que actualmente es operado por Telecom Argentina).

 

Internet opera con plataformas de empresas norteamericanas, y el mercado de generación de contenidos también se encuentra mayoritariamente fuera de la Argentina. Las dueñas del sistema operativo de nuestras computadoras (Microsoft, Apple) y de nuestros celulares (Android, Windows Mobile, Iphone) son compañías norteamericanas. Las redes sociales que utilizamos (Facebook, Instagram, WhatsApp) y los buscadores de información, como Google, tienen la misma nacionalidad. Ésta última corporación monopoliza el funcionamiento de la tecnología de navegación y obliga a los usuarios a utilizar sus servicios en celulares y tablets que operen con Android (Google Play, Google Play Music, Google Drive, Google Fotos, Gmail, Google Maps, etc.)

 

Si bien internet reúne información de una extensa, diversa y compleja red de usuarios y de bases de datos, la ordena y la re-direcciona con buscadores mayoritariamente norteamericanos y el principal de ellos es Google. Esta empresa aplica, modifica y renueva algoritmos que llevan a los usuarios a encontrar, centralmente, algunos portales y datos y a desestimar otros. La información se origina en una estructura similar a una red, pero la búsqueda no es horizontal y hay un grupo reducido de corporaciones que “ordenan” qué leer y qué ver y, sobre todo, qué no.

 

¿El fin de las libertades individuales?

Las empresas que operan para que internet funcione reúnen toda la información de los usuarios y la almacenan en diversos nodos y esa inmensa base de datos culmina en los archivos de Silicon Valley en los Estados Unidos. El derecho a la privacidad individual se está perdiendo y las corporaciones implementan un sistema de seguimiento y de registro total del movimiento de las personas (GPS), de sus gustos, de sus conversaciones (audios y textos en aplicaciones de celulares, opiniones en las redes sociales), de las ideologías, los consumos (tarjetas, mercados de pago en línea, etc.) o de las orientaciones sexuales. Toda esta información es utilizada comercial y políticamente sin conocimiento cabal de los usuarios de internet. En algunos casos parece no haber conciencia real del peligro que esto origina y cabe preguntarnos, ¿será que el uso de la tecnología es el costo que estamos dispuestos a pagar por la pérdida de la libertad?

 

El desarrollo de la big data permite utilizar la información y construir mensajes de manera inteligente. El modelo de consumidor tradicional de información que lee un periódico o escucha un informativo, es reemplazado por un esquema construido y direccionado por una máquina, que te dice “qué” vas a recibir según “tu” perfil (construido a la vez por el registro o rastro que va dejando el usuario en la red).

 

La no intervención supone apoyar la extranjerización de internet

Los gobiernos sudamericanos carecen de un programa coherente de regulación y de organización de los flujos de datos y ello está debilitando la soberanía cultural y política de los países. El pensador argentino Arturo Enrique Sampay ya había planteado que la “no intervención del Estado” significa “dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos (…) la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte”. En la actualidad y en nombre de la libertad de expresión y comunicación, las corporaciones norteamericanas nos imponen un neocolonialismo cultural, comercial y político.

 

Una institución norteamericana sin fines de lucro, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), administra la asignación de dominio y los identificadores de IP (número de personalización de cada dispositivo). El gobierno de los Estados Unidos sancionó leyes y regulaciones que los habilitan a utilizar la información de internet para controlar a los habitantes de otros países. Lo justifican en nombre de la lucha contra el terrorismo (la famosa seguridad nacional que dio origen a internet), pero en realidad es un instrumento de control geopolítico².

 

Para revertir en parte esta tendencia, en el año 2011 el Ministerio de Planificación Federal (MINPLAN) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), impulsaron el proyecto de “Argentina Conectada” con la finalidad de que el Estado Argentino se convierta en un nuevo proveedor de internet. En 2014 el Gobierno sancionó la Ley 27.078 “Argentina Digital, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y el artículo 1 de la norma sostuvo: “Declárase de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.

 

El gobierno de Cambiemos está desandando la legislación anterior y adolece de una política soberana en la materia, permitiendo que los grupos norteamericanos que organizan los flujos de datos de internet nos impongan su proyecto político, económico y cultural neocolonial.

 

Internet y la disputa geopolítica mundial

El enfrentamiento entre los Estados adquiere una dinámica comercial, política, militar y también comunicacional. En este marco, no es casualidad que los países con vocación nacionalista estén construyendo sus propios cables de fibra óptica, sus proveedores de internet o de contenidos y que fabriquen aplicativos y plataformas.

 

El manejo norteamericano de Internet le otorga a sus empresas un lugar privilegiado en el mercado. Por un lado, canalizan los fondos de la publicidad y nos cobran los servicios y aplicativos propios de la red. Además, con la información que reúnen construyen consumidores y los llevan a adquirir los productos de las mismas corporaciones. De no modificarse la tendencia, el sistema actual de internet puede debilitar la industria nacional sudamericana.

 

Si la región no consolida una política soberana en la materia, se pone en serio riesgo la identidad nacional. Asimismo, el manejo político de internet que realizan las corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos, están cercenando el sistema democrático. De no revertirse esta situación, los argentinos vamos a tener que redactar un nuevo artículo 22 de la Constitución nacional, uno que diga que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de Internet y la TV y de los representantes y autoridades creadas por esas corporaciones”.

 

Notas
¹ Telxius (de Telefónica) y Level 3 son propietarias de la mayoría de cables submarinos que proveen servicio de Internet en Argentina. Además, esas empresas controlan el 72% del mercado mundial junto con Telecom, entre otras.
² Es de público conocimiento que los servicios de inteligencia de Estados Unidos espiaron las comunicaciones de la alemana Ángela Merkel y de la ex presidenta del Brasil Dilma Rousseff.   

 

 

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