Primero fue la aprobación del “protocolo antipiquetes” y la sensación en amplios sectores políticos de que, al igual que la ley antiterrorista aprobada en los años kirchneristas, la norma estaría ahí pero no sería utilizada. Luego vino la primera huelga general convocada por la CGT contra el gobierno de Cambiemos y el despeje de la Panamericana de las organizaciones que ese 6 de abril quisieron hacer “activo” el paro cegetista. Tres días más tarde los docentes de CTERA fueron sacados a palazos y gas pimienta de la Plaza situada frente al Congreso de la Nación (que culminó con cuatro “gremialistas” -según Clarín– detenidos), cuando intentaban instalar una “Escuela itinerante” como forma alternativa a la huelga y la movilización, medidas de fuerza probadas sin suerte hasta el momento y atacadas por el presidente Mauricio Macri por considerar que “carecían de creatividad” e insistían en métodos que no daban resultados positivos. En el medio sucedió el violento episodio de Lanús, cuando un grupo de efectivos de la policía bonaerense reprimió en un comedor del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), producto del cual una mujer embarazada que fue baleada perdió a su primer bebé. Ejemplos de los más notorios de una realidad que parece imponerse como dinámica más allá de los hechos aislados.
Un gobierno de gente como uno
Según Ileana Arduino, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), asistimos a un tiempo en el cual hay una “decisión explícita” de parte de la gestión Cambiemos de utilizar la fuerza para reprimir la protesta social, que se asienta “en la recuperación de una memoria que tuvo una fuerte interrupción durante la década anterior y que hoy es fogoneada como un instrumento clave dentro del elenco de políticas desplegadas por este proceso de gobierno”. Para Arduino, no podemos dejar de poner en relación lo que considera una “escalada represiva” con el decreto que declara la emergencia en seguridad, cuyo foco se ubica en una “retórica de guerra contra el narcotráfico”. “La escalada represiva en torno al conflicto social debe ser vista como una escena que está precedida por la criminalización utilizada como estrategia de demonización”, asegura, en una ecuación que tendría su punto de partida en la demonización de lo criminal hasta llegar a una suerte de equivalencia entre lo político y lo criminal, pasando antes por la criminalización de lo político.
“El gobierno está creando condiciones de aceptación de la represión»
Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, subraya en este diálogo con Zoom que les resulta “preocupante” la “escalada represiva” a la que asistimos en los últimos meses, y asegura que se cruzan “razones ideológicas” con otras “de coyuntura” en esta apuesta del macrismo de tratar de instalar la idea de que “toda protesta está fuera de la ley”. “El sustrato ideológico se corresponde con esta cosmovisión de mundo que tienen en la gestión Cambiemos, en la cual no ven a la protesta como un hecho de la democracia sino como un mal a erradicar. Cuestión que se cruza a su vez con una estrategia electoral que parece consistir en realizar un pasaje discursivo desde la idea del “gobierno del diálogo y de todos los argentinos”, a la de un gobierno de algunos, que deja en la ilegalidad a quienes se le oponen”, completa. Para Tufró, se ha pasado de determinadas estrategias de represión puntual (como la de los manteros en Once) combinadas con apuestas por el diálogo (como por ejemplo en torno a la Ley de Emergencia Social) a una estrategia general de represión, donde incluso se ponen en entredicho derechos elementales, como el derecho a huelga.
Rosario siempre estuvo cerca
No parece estar tan lejos la cosmovisión propugnada por Cambiemos a nivel nacional de la que vienen sosteniendo los socialistas en Santa Fe, en general, y en Rosario, en particular, así como los puntos de contacto entre las políticas provinciales y locales que hoy rigen aquellos pagos tampoco estuvieron tan lejos del último kirchnerismo. Algo de eso comenta Eugenia Cozzi, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien destaca el “endurecimiento de las políticas de seguridad pensadas en términos policiales”. Cozzi, que integra la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recuerda asimismo que el abandono del modelo de seguridad democrática, que hoy es total con Mauricio Macri, ya había comenzado a dejarse a un lado en 2013, cuando Sergio Berni era secretario nacional de Seguridad, el mismo año en que se crea la Policía de Acción Táctica (PAT) en Rosario, que tuvo su “bautismo de fuego” con el asesinato de Jonathan Ferreyra (un joven de 24 años acribillado a balazos en el barrio Tablada) y que hoy se encuentra entre las más denunciadas por casos de violencia, junto con el Comando Radioeléctrico. “La PAT tiene una formación para la guerra y caracterizan a los sujetos y a los territorios en función de esa mirada”, comenta Cozzi. Y luego agrega: “esta habilitación de prácticas violentas por parte de la policía hoy son mucho más graves que en años anteriores, pero vienen desde entonces. Antes, por ejemplo, el trabajador era un límite. Hoy se actúa sobre los trabajadores estatales, o se reprime en el contexto de un cortejo fúnebre”, resalta la investigadora, para quien hoy la provincia “está cerca de llegar a los números alarmantes de 2001 respecto de las muertes y los casos de violencia ejercida por la policía contra los pibes”. También insiste en que en esta clave hay que leer propuestas como la baja de edad de imputabilidad y otras iniciativas similares, en las que, si bien con matices, el alineamiento de los gobiernos de Rosario y Santa Fe respecto del gobierno nacional son muy claros. “Se construye escenarios policiales basados en estas concepciones de ‘guerra contra el narcotráfico’ que claramente después podrían ser utilizados como escenarios similares respecto de situaciones de crisis social”, remata Cozzi.
La Docta policializada
Para el abogado Sergio Fernando Job no hay que olvidar que, si bien hay matices en el cambio de gestión de José Manuel De la Sota a Juan Schiaretti, no solo hay un mismo partido en el gobierno (Unión por Córdoba), sino “una continuidad de casi veinte años en una misma política de seguridad, que tiene que ver con una concepción de policialización, más allá del rotundo fracaso de estas políticas”. Para Job (que también es investigador del colectivo universitario “El llano en llamas”), no puede obviarse que la provincia está siendo gobernada por el “Partido Cordobés”, “mafias que exceden al peronismo y al radicalismo” y que están ligadas al agro-negocio y los sectores inmobiliarios, que son los que promueven las políticas de “control territorial” por medio del narcotráfico y la policía, que no es más que la “columna vertebral de esta estructura mafiosa”. En este sentido, el abogado del colectivo jurídico “Deodoro Roca” destaca que Córdoba viene siendo una “ciudad-laboratorio” donde se ensayan políticas de seguridad, como la que ahora puede percibirse con la creación de la División Antiterrorista, en una provincia donde no existen ni antecedentes ni hipótesis de conflicto que tengan como protagonista a lo que denominan el “terrorismo internacional”, pero que sí está en consonancia con “algunas luchas sociales que se protagonizan en otras zonas del país, como los mapuches en el sur y que son caracterizadas como terroristas, o con decretos como el firmado por Mauricio Macri el año pasado, que autoriza al ejército norteamericano a ingresar en territorio nacional en caso de acciones terroristas. Esto que parece alarmista no podemos dejar de leerlo en clave de lo que sucede en Córdoba, una provincia donde crece la pobreza y la indigencia de amplias franjas de la población y donde se incrementan asimismo las luchas sociales y ese no-lugar al que el poder pretende destinar a estos sectores. La tendencia es clara: la criminalización se desplaza cada vez más desde los pobres en general a los pobres y otros sectores sociales que luchan y vienen o se están organizando”.
“Para Tufró, se ha pasado de determinadas estrategias de represión puntual (como la de los manteros en Once) combinadas con apuestas por el diálogo (como por ejemplo en torno a la Ley de Emergencia Social) a una estrategia general de represión, donde incluso se ponen en entredicho derechos elementales, como el derecho a huelga”
El caso Córdoba podría leerse en serie con el decreto que declaró la emergencia en seguridad en el país y que permite a los distintos gobiernos (nacional y provinciales) a modificar el destino de partidas presupuestarias sin ningún tipo de control. Sin ir más lejos, luego de la creación de la División de Inteligencia Antiterrorista a cargo del Subcomisario Guillermo Brunas (dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba capitaneada por Alejandro Mercado), la Secretaría de Administración Financiera habilitó la posibilidad de adquirir, a través del mecanismo de subasta electrónica, distintos gases “antidisturbios”, entre ellos, gas lacrimógeno y “gas irritante”, más conocido como “gas pimienta”, el mismo que utilizó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el domingo 9 de abril para reprimir a los docentes frente al Congreso.
No está de más recordarle al lector que, desde fines del año pasado, se han acentuado los pedidos de orden propagados desde ciertos medios hegemónicos de comunicación. Sin ir más lejos, en diciembre de 2016, el abogado Raúl Faure vociferaba desde las páginas del diario La Voz del Interior (hoy Grupo Clarín, ex La Nación), que había que cortar con ese padecimiento de la “patria piquetera” (como antes se había padecido la “patria de Evita” y la “patria sindical”) y se refería al piquete (modo típico de protesta social protagonizado por los sectores más humildes) como método utilizado por los “grupos neofascistas” previo al “asalto del poder”.
El sublime encanto de los mass-media
Para el abogado platense Esteban Rodríguez Alzueta, las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional respecto del conflicto social y sus posibles salidas represivas constituyen una “pirotecnia verbal” para nada inocente, ya que “constituyen incentivos políticos que legitiman el uso de la fuerza”. Alzueta, que además de docente e investigador universitario es integrante de la organización de derechos humanos Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), destaca que en la gestión Cambiemos saben que no hay represión sin consentimiento social. “El gobierno está creando condiciones de aceptación de la represión a través del periodismo empresarial. Ya sabemos que el periodismo, a través del tratamiento escandaloso y desigual sobre las protestas sociales, tiene la capacidad de enloquecer a los argentinos. Ese consentimiento que recluta a través de la prensa leal, va siendo testeado cotidianamente a través de sus consultoras que encuestan el malhumor de la ‘gente’. El gobierno está buscando ese punto de apoyo, cuanto más amplia sea esa adhesión, mayor será su capacidad de fuego”. El ensayista también pone el foco en el hecho de que “el consenso que necesita el gobierno no es uno racional sino afectivo”, y aclara que ese consenso puede detectarse “en la indignación de los transeúntes, automovilistas y la ‘vecinocracia’ que no termina de entender que, en una democracia, la calle es mucho más que un espacio de circulación, porque se constituye en un espacio de reunión y de expresión colectiva”, y de lo que se trata -subraya- “es de discutir y decidir entre todos cómo queremos vivir”.
La política represiva del Estado en el cruce de temporalidades
En dos meses se cumplen 15 años de la denominada “Masacre de Avellaneda”, el trágico hecho represivo que se cobró las vidas de los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pero también la continuidad del presidente interino Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo. En otro orden de cosas algo similar le pasó al radical Fernando De la Rúa, cuando el combo de decretar el Estado de sitio desató la protesta del 19 de diciembre de 2001, primero, y paso seguido la represión ejercida por la división montada de la Policía Federal sobre las Madres de Plaza de Mayo desató las primeras furias del día 20, que horas más tarde devendría en insurrección. Al parecer, aquellas jornadas de diciembre quebraron las huellas del terror dictatorial presentes en democracia y las de junio, marcaron el límite de las políticas represivas del Estado que la sociedad argentina estaba dispuesta a tolerar. “Con este crimen comienza la fase autoritaria del régimen”, declaró entonces una sorprendentemente lúcida Lilita Carrió. Pero dicha fase se vio abortada luego del 3 de julio, tras la reacción popular ante los asesinatos y las secuencias de fotografías mostradas en televisión, donde podía verse con claridad que había sido la policía quien había disparado sobre los jóvenes militantes, y que tanto Kosteki como Santillán habían muerto por las balas del Estado y no por una “interna piquetera”, como vociferaron entonces los medios hegemónicos (con Clarín a la cabeza), en consonancia con las declaraciones de la primera línea de funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces hubo protestas que fueron reprimidas en Argentina, y también hubo muertos, pero el discurso esgrimido desde la cima más alta del Estado nacional se basó en una política más bien intimidatoria que represiva. Primero Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Fernández comprendieron cabalmente lo que el 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002 habían implicado para la subjetividad de los argentinos (y las argentinas) y no estaban dispuestos a tener que dejar la Casa Rosada en helicóptero o acortar sus mandatos producto de una crisis política surgida tras una represión. ¿Habrá tomado nota Mauricio Macri de esta historia reciente de la patria o es precisamente porque tomó nota de ciertas sensibilidades securitarias que se incrementaron en los últimos años que actúa como actúa?
La pregunta permanecerá abierta durante los próximos meses, y su respuesta pondrá a prueba seguramente las reservas antiautoritarias que como pueblo supimos conseguir.
