La discusión sobre la cantidad de personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires -y la eficacia de los programas ofrecidos por el gobierno porteño- comenzó a cobrar especial relevancia en las últimas semanas. Mientras la jueza Elena Liberatori emitió un fallo donde señala “desidia” en la aplicación de políticas públicas y ordena un relevamiento general, el ejecutivo comandado por Horacio Rodríguez Larreta habla de un total de 850 personas en situación de calle, un número que distintas organizaciones sociales multiplican por más de veinte. En este contexto, el pasado martes 16 de agosto se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad el primer foro sobre personas en situación de calle, un encuentro del que participaron distintas organizaciones y legisladores porteños, y que reveló situaciones y números hasta ahora desconocidos. Cecilia Segura, presidenta de la Auditoria General de la Ciudad, y Hugo Vasques, auditor porteño, participaron del foro. En esta entrevista detallan las denuncias de las organizaciones -que van desde problemas en los paradores hasta la aparición de una nueva y «solapada» UCEP- y qué pasos se van a seguir desde los organismos de control.
¿Con qué objetivos se convocó al foro?
Cecilia Segura: El foro se realiza por una situación muy concreta que es que está aumentando la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que las distintas organizaciones que tienen intervención en la temática señalan es que no solamente está aumentando la cantidad de personas sino también la cantidad de familias, y familias que nunca estuvieron en esa situación. El Gobierno de la Ciudad hizo un censo hace poco donde plantea que hay 876 personas en situación de calle pero esto contrasta muchísimo, no solo con la percepción de las distintas organizaciones, sino también con los datos que tiene la Auditoria respecto de ese universo que tiene que ser considerado en situación de calle. Porque la ley 3706 plantea que en situación de calle están las personas que están en el espacio público pero también aquellas que están en una institución con una fecha determinada de egreso y las que tienen una sentencia de desalojo judicial firme.
Hugo Vasques: El foro es convocado fundamentalmente por estas organizaciones y con mucha responsabilidad el diputado [Gabriel] Fuks genera el marco institucional para que esto pueda expresarse, nada más ni nada menos que en la Legislatura. Nosotros creemos que aportamos tomando la información para después trasladarla a la Auditoria y generar las revisiones que correspondan. Esa información para nosotros fue muy valiosa porque los datos oficiales dan cuenta de una cifra, y quienes realmente tienen la posibilidad de estar en contacto con esa realidad dicen otra muy distinta.
«El foro se realiza por una situación muy concreta que es que está aumentando la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires»
¿Qué cantidad de personas calculan las organizaciones que hay en situación de calle?
H.V.: Hoy como meta física el presupuesto de la Ciudad plantea un máximo de 2000 plazas, que es la suma de las plazas de los distintos paradores que tiene, tanto propios como conveniados, el Gobierno de la Ciudad. Y la verdad es que esto, contrastándolo con lo que escuchamos por parte de las organizaciones, no llega a ser el 10% de lo que realmente está pasando. Las organizaciones proyectan alrededor de 20.000 personas en esta situación.
¿Cómo es el mecanismo de atención gubernamental a estos sectores?
C.S.: El procedimiento que tiene el Gobierno de la Ciudad, y que nosotros auditamos, es: llama una persona al 108, de ahí la Dirección General de Atención Inmediata, que tiene a [Federico] Crespo a cargo, le informa a Buenos Aires Presente (BAP), y ellos se presentan en el lugar, o deberían hacerlo, porque tienen muy pocos móviles y pocos recursos humanos para abordar la problemática. Cuando no está el Operativo Frío, que es cuando reciben apoyo, tienen entre 10 y 15 móviles por turnos para toda la ciudad. Una vez que se presenta el BAP hay dos alternativas: los paradores o un subsidio habitacional de $1800 mensuales en seis cuotas, que es un monto que no alcanza para pagar una habitación, como le señalaron hace poco en una entrevista a [Maximiliano] Corach [responsable del BAP] y él dijo: “bueno, no sabía”. Un funcionario que tiene esa jerarquía y que tiene a su cargo un programa cuyo objetivo es resolver una situación de emergencia habitacional tiene que saber que ese monto no alcanza para poder dar ni siquiera una solución como paliativo. Porque además cuando una familia se encuentra en situación de calle se producen un montón de situaciones. Es mucho más difícil mantener una escolaridad, mantener el trabajo, tener un lugar de referencia, se genera un desacople donde después es mucho más difícil incluir.
H.V.: Más allá de que haya sido una nota periodística, nosotros entendemos como gravísimo que un funcionario que tiene la responsabilidad de llevar adelante el BAP no tenga el valor exacto de mercado de lo que tiene que subvencionar. La distancia entre el valor del subsidio y lo que realmente tienen que afrontar las familias es muy grande. Esa es una cuestión que resaltaron principalmente las organizaciones. Por eso llama la atención las declaraciones de Corach, avaladas por el Jefe de Gobierno unos días después, cuando sostuvo públicamente el número de ochocientas y tanto de personas en esta situación y dijo que era un número “constante y sostenido en el tiempo”. Que un gobierno, con el presupuesto más importante del país, no haya podido solucionar en estos ocho años una población estable de ochocientas y pico de personas en la máxima situación de vulnerabilidad es lamentable. La política pública, en este sentido, fracasó estrepitosamente. Más allá de que, por lo que pudimos escuchar en la Legislatura de la Ciudad, y es lo que vamos a trasladar a esta Auditoria, en cabeza de la auditora Segura y yo, esto no tenga nada que ver con lo que pasa en la realidad. Solo una de las ONG que participaron en el foro, por ejemplo, te cubría el alimento de 800 personas. Es decir, una ONG cubre lo que el gobierno plantea que abarca con el presupuesto público.
«Las organizaciones proyectan alrededor de 20.000 personas en esta situación»
¿Cómo llega el gobierno porteño a ese número?
C.S.: Lo que se discute es la forma de contabilizar la cantidad de gente. La ley establece cuáles son las personas que están en situación de calle. Lo que se denuncia es que el censo se hizo sin la presencia de las organizaciones ni de los expertos. El mismo informe que presenta a la justicia el Gobierno de la Ciudad no indica ni los grupos ni la cantidad ni si las personas que fueron tenían la formación necesaria. Lo que dicen las organizaciones es que salieron un día con algunos móviles, con personas de distintos programas que no están capacitados ni conocen la temática, un día de lluvia, un par de horas, a contar las personas que estaban en el espacio público. No contaron, obviamente, los que están recibiendo subsidio, los que están hotelados, o los que están en instituciones para personas con padecimiento mental que están en una situación vulnerable cuando egresan.
¿Desde la Auditoria hicieron alguna evaluación de los programas que ofrece la Ciudad?
C.S.: El gobierno ofrece dos soluciones, que ninguna funciona. Con respecto al subsidio habitacional, según el informe que hicimos en la auditoria, ellos tienen sistematizados 13.000 beneficiarios, que los contabilizan como 13.000 familias. Lo que no sabemos es qué cantidad de miembros tienen esas familias. ¿Por cuánto multiplicás esos 13.000? ¿Por dos, por tres? ¿Cuánto es una familia medio que está en la calle? Además, hay 3.000 que están judicializados. Si vos de 13.000 subsidios tenés 3.000 que están judicializados, y cada vez más las personas que se encuentran en situación de calle tienen que estar amparados para poder recibir la atención, está claro que el programa no funciona. La otra respuesta que dan son los paradores, que según la ley tienen que ser centros integradores. Desde la Auditoria detectamos que los paradores no se adecuan a la problemática de las familias. Por ejemplo, hay uno solo que tiene plaza para 140 personas con lo cual, si tenés más familias en situación de calle, no podés ir con tu familia. Los obligan a separarse, y como las familias no quieren separarse, y menos en esta situación, muchas veces no quieren ir a los paradores. Además no pueden entrar con sus herramientas de trabajo, no están abiertos los 365 días del año las 24 horas como tienen que estarlo, tienen problemas de hacinamiento, tienen problemas en los baños porque son insuficientes para la cantidad de personas, y el análisis que hicimos del alimento reveló que no cumple con los requisitos nutricionales suficientes.
H.V.: Además tienen horarios muy restrictivos. Después de un horario determinado, las personas no pueden acceder al parador, les cierran la puerta y esa noche duermen en la calle, aún habiendo tenido la habitualidad y estar registrados.
¿Hay que tener documentación para estar registrado?
H.V.: Ese es otro de los problemas. Una de las primeras cosas que se pierden cuando se accede a la calle es la documentación. Lo planteaban las organizaciones: pierden no solo el documento personal, también fotografías, documentos de los hijos, partidas, etcétera, por robos o por traslados rápidos. Los paradores tienen muchos requisitos en este sentido, con lo cual es un circulo vicioso que los termina expulsando. Aunque parezca increíble, estar en un parador es para selectos, dentro de la vulnerabilidad absoluta.
C.S.: Otra de las cuestiones que se planteó en el foro es que el monto de $1800 no solo no alcanza sino que ademas no está actualizado por ningún índice de inflación, ni siquiera con el de la Ciudad. Y además tampoco el gobierno realiza inspecciones sobre las habitaciones o los lugares que se pueden alquilar con este monto. Otra cosa que les sucede a las familias es que les dan el subsidio, van el primer mes a una habitación, cuando logran conseguir, porque en muchos lugares familias no aceptan, y el primer mes pudieron pagarla porque sumaron algún monto más que tenían ahorrado, pero al siguiente mes no tienen con qué y vuelven a la calle. Y una situación que a nosotros nos preocupa mucho es que hay familias que están en situación de calle, que no pueden ir a los paradores, que no les resuelve el tema ni los paradores ni el subsidio, y que personal de Higiene Urbana las están corriendo como si fuera una nueva UCEP que funciona de manera solapada pero muy presente en los distintos lugares donde están estas familias tratando de pasar la noche.
«Los paradores tienen muchos requisitos en este sentido, con lo cual es un circulo vicioso que los termina expulsando. Aunque parezca increíble, es para selectos»
¿Hay denuncias sobre estos operativos?
C.S.: Lo señalan las organizaciones que están trabajando con la problemática. Obviamente, las personas en situación de calle se terminan corriendo porque tienen miedo. Es bastante cínico que Higiene Urbana esté indicándole a esas familias que están en situación de calle que tienen que correrse de un lugar. Pone de relevancia la insensibilidad y lo que opina el gobierno de las familias que más necesitan estar protegidas en sus derechos. Esto es algo que a nosotros nos preocupa porque entendemos que en el marco de un modelo económico que es excluyente, con tarifazos, con aumento del desempleo, que genera cada vez un aumento mayor de la pobreza, estas situaciones se reproducen. En un marco donde nosotros ya venimos marcando los déficits tanto en política habitacional como de estos dispositivos para atender a estas familias, lo único que vas a tener es agravada y complejizada una problemática que el Gobierno de la Ciudad no está pudiendo resolver, como reconoce el mismo Larreta cuando dice que hace ocho años que hay una población estable. Aunque mienta en el número, está indicando que la problemática no la pueden resolver con los dispositivos que tienen.
¿Después del foro, qué pasos va a tomar la Auditoria?
H.V.: El siguiente paso es formalizar un pedido de una auditoria exhaustiva integral sobre la política pública en materia asistencial. El insumo fundamental es lo que escuchamos en la Legislatura, es decir, lo tomamos a modo de denuncia. Había un consenso generalizado en las organizaciones respecto a la insuficiencia de la política pública para satisfacer lo que ellos como alternativa de gobierno, sin financiamiento, sin estructura, sin ningún tipo de recursos más que el propio y el de los voluntarios, están de alguna manera cubriendo. Lo que está pasando acá es que hay una política macroeconómica, como planteaba recién la presidenta, que está excluyendo en estos últimos meses a un número cada vez mayor de personas en la calle. Lo que planteaban en términos de caracterización las organizaciones era que era distinta la gente que estaba en la calle, familias que no habían estado nunca. Y eso es insumo para nosotros para institucionalizarlo y pedir un examen exhaustivo de lo que está pasando en términos de política pública social.
¿Qué significa esa auditoria exhaustiva y qué impacto tiene para el gobierno de la ciudad?
H.V.: Queremos ver cómo se gestionó, cómo se ejecutó el presupuesto, si tuvo que ver con el impacto buscado por la política pública. La política pública tiene que tener metas físicas, ejecución presupuestaria e impacto. Esto es lo que miden nuestros equipos técnicos, para esto se necesita decisión política del colegio de auditores que es quien define esa auditoria y en ese marco nosotros vamos a dar esta discusión. Durante el foro tomamos nota de las denuncias de las organizaciones y esto se va a trasladar junto a lo que, me parece, fue un antecedente importante, como lo fue el fallo de la jueza [Elena] Liberatori, que ordena al Gobierno de la Ciudad distintas medidas en términos de relevamiento y asistencia con política pública.
C.S.: Lo que plantea el fallo es que hay una situación de desidia por parte del Gobierno de la Ciudad en cuanto a la evaluación de la problemática y las políticas que desarrolla. Nosotros venimos marcando todas estas deficiencias, tanto de los paradores como del programa de subsidios habitacionales, desde que [María Eugenia] Vidal era ministra de Desarrollo Social, y nunca hubo ninguna respuesta. Ahora lo que está planteando el fallo es que se haga un relevamiento para determinar el universo total de personas en situación de calle y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que nosotros hacemos con la auditoria integral es verificar efectivamente cómo se hizo ese censo, si ese censo se adecua a los requerimientos de la ley, y después cómo se están adecuando los objetivos de los programas.
H.V.: Lo que tiene que entender el Gobierno de la Ciudad es que vamos a auditar y a evaluar la implementación de la política social en el 2016. Es decir, en un año en el que la población vio deteriorada su condición social, la Auditoria va a evaluar lo que está haciendo en materia de política social el Gobierno de la Ciudad. Y lo estamos advirtiendo a mitad de año, porque la situación se deteriora y porque tenemos las denuncias de las organizaciones. Nosotros tenemos que dar una respuesta institucional. No diseñamos política pública pero advertimos al ejecutivo de que los vamos a auditar, de que vamos a estar en el tema, y de que no vamos a pasar por alto la política como respuesta al deterioro social.
