De la Redacción de ZOOM. El último número del mensuario El comunero cuenta los detalles de la fuerte ofensiva macrista para vaciar de poder político a las Comunas. El proyecto de ley del PRO propone modificar la ley de Comunas para centralizar las decisiones de las Juntas Comunales en su presidente, recortando funciones y salarios para el resto de los comuneros electos por voto popular.
No es un secreto que la propuesta de gobiernos descentralizados y comunales goza de poca simpatía entre las principales fuerzas políticas de la ciudad. Esto lo confirma el hecho de que su implementación recién se haya logrado este año, a pesar que la Constitución porteña de 1996 ya ordenaba la puesta en marcha de éstos y otros mecanismos participativos. Luego de las elecciones de este año, todo indicaba que iba a comenzar una transición, más o menos ordenada, para ir reemplazando los Centros de Gestión y Participación por las Comunas. Pero la realidad, y sobre todo los proyectos de modificación de la Ley N° 1777 (Ley Orgánica de Comunas-LOC), muestra que quienes se resisten a su reglamentación, no escatiman en acciones para demorar el traspaso de las funciones de los CGP a los comuneros elegidos por voto popular. Al día de hoy hay media docena de propuestas que piden que se modifique la LOC (Ley Orgánica de Comunas), presentadas por prácticamente todos los bloques legislativos. Sin embargo, lo que viene levantando polvareda en las organizaciones barriales, no es una ley, sino un decreto del gobierno porteño.
El decreto 376: Unidades de Atención Ciudadana (UAC)
Según la LOC, una vez disueltos los CGP, las Comunas realizarían dos tipos de tareas, las exclusivas y las que dependerán del Poder Ejecutivo porteño. Las primeras, tienen que ver principalmente con la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento barrial (vías secundarias y espacios verdes fundamentalmente), y la elaboración participativa de su programa de acción política y del anteproyecto de presupuesto del año. Una vez aprobado el presupuesto, se encargarán de gastarlo y de administrar el patrimonio transferido a partir de la reglamentación de la ley. El segundo tipo de tareas deberán ser traspasadas durante el proceso de transición hacia las Comunas y comprenden “los servicios actualmente desconcentrados en los Centros de Gestión y Participación y la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas”, según la propia LOC. Pero envalentonado por los resultados electorales, el Jefe de gobierno porteño desconoció toda la norma vigente y el 7 de agosto firmó el decreto N° 376/11, que creó 18 Unidades de Atención Ciudadana (UAC) que funcionarán en los edificios de los CGP. Así, el Ejecutivo les da a estas unidades la posibilidad de prestar servicios a cargo de otros Ministerios y colaborar y cooperar con otras instituciones. Otra de las facultades otorgadas a las UAC es la gestión y el seguimiento de los reclamos, quejas, solicitudes y trámites presentados por los vecinos. Entonces, en concreto, El ejecutivo creó, por fuera de las Juntas Comunales, estos nuevos organismos (UAC) que dependerán de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, y les asignó, al menos por ahora, funciones y tareas que hasta hoy realizan los CGP y que a partir de diciembre deberían gestionar las Juntas Comunales. Esto queda claro si se observa que también les asigna a las UAC el poder de atención del registro civil, para otorgar licencias de conducir, multas de tránsito, la dirección de defensa del consumidor. Todas tareas que realizan actualmente los CGP. Más claro, echale agua.
¿Comunas sin comuneros?
El ataque oficial contra las Comunas no se queda sólo en el decreto que crea las UAC. En junio, el PRO presentó ante la Legislatura el proyecto de ley N°1252, firmado por el mismo Mauricio Macri y por Horacio Rodríguez Larreta, en el que piden la modificación de la Ley Orgánica de Comunas (LOC) con la intención de “facilitar el control de los asuntos públicos por parte de los vecinos y atender las necesidades más postergadas de la ciudad”. Más allá del pomposo objetivo, en realidad este proyecto de ley propone modificar 18 artículos de la LOC y reducir las funciones de las nuevas Juntas Comunales. En las modificaciones que el PRO quiere hacer a estos artículos queda clara la intención de encorsetar todo aquello que se pueda salir del control político del gobierno porteño. La solicitud de cambios en los artículos 10 y 11, que tratan las competencias exclusivas y recurrentes de las Comunas, modificaría las funciones y propone que ya no dependan de la Ley 1777, sino de la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo de ésta. Si se aprueba el cambio, las Comunas no solo perderán la posibilidad de ampliar sus funciones a través de las necesidades barriales, sino que perderán la capacidad que tienen por ley para diseñar y llevar adelante programas sociales, sanitarios, culturales, etc. En varios pasajes del proyecto del PRO para modificar la LOC se nota que la intención última es recortar el poder participativo de los organismos comunales. A modo de muestra van dos ejemplos: en el artículo 10 del que hablábamos más arriba, el proyecto suprime el carácter participativo. Esto, refuerza el cambio que piden del artículo 15, donde directamente excluyen al Consejo Participativo Comunal de la discusión presupuestaria.
Sin dudas, lo más grave de este proyecto es la modificación de las Juntas Comunales. Mediante la propuesta de modificación del art. 25, la intención es que los comuneros no cobren ningún salario por el trabajo dentro del gobierno comunal, excepto los presidentes de la Junta, que hoy por hoy son todos del PRO. Incluso si consiguen la reforma, la conducción, administración y representación legal de la Comuna, por ley en manos de la Junta Comunal, será ejercida de manera exclusiva por el presidente de la Junta, desestimando la formación de gobiernos colectivos.
Las reacciones a estos intentos oficiales por mutilar las funciones políticas y administrativas de las Comunas fueron varias. A comienzos de septiembre Juan Cabandié, presidente del bloque de legisladores del FPV, presentó un amparo judicial contra la iniciativa macrista para crear las UAC y sostuvo que “la creación de dichas unidades es inconstitucional a la vez que vaciaría de funciones a los CGP dejando sin sentido la tarea de los comuneros elegidos democráticamente”. Por su parte, Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur y Presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, presentó un proyecto de ley para garantizar que los fondos asignados al presupuesto comunal sean patrimonio de los entes descentralizados y no puedan ser reasignados por el gobierno central.
