Estados Unidos se ha asegurado el Canal de Panamá y el paso del Océano Atlántico al Pacífico. También ha rodeado a Venezuela con bases militares distribuidas en diferentes países.
En medio de una de las mayores crisis que el sistema capitalista ha tenido y con el avance y la consolidación de gobiernos populares y democráticos en Latinoamérica, el imperio estadounidense se resiste a perder terreno y la hegemonía que venía sustentando desde la caída del Muro de Berlín en 1989.
A la reactivación de la IV Flota, el golpe de estado en Honduras en junio de 2009, la incursión de las Fuerzas Armadas de EE.UU luego del terremoto en Haití, las bases militares, ahora se suma un nuevo paso en la estrategia del imperio estadounidense por recuperar el control de lo que ellos consideran su “patio trasero”.
Se trata de la intervención directa de tropas estadounidenses en Costa Rica para supuestamente combatir el narcotráfico, aunque dentro de sus fronteras las autoridades estadounidenses sólo confiscan el 1 por ciento.
Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, así lo reflejan diversos estudios, entre ellos los de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sólo en cocaína, los estadounidenses consumen un tercio de la producción mundial. La comercialización de drogas alcanza “beneficios” en Estados Unidos por más de 100 mil millones de dólares al año. Esta suma permite conservar la economía estadounidense donde el consumo es la base del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Aunque el costo de esta política es alto: 20 mil estadounidenses mueren cada año a causa de las drogas.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, con 31 votos a favor y ocho en contra, la entrada de las Fuerzas Armadas de EE.UU que permanecerán en territorio costarricense hasta el 31 de diciembre de 2010. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, argumentó que el Gobierno no pretende militarizar la lucha contra las drogas, aunque para el patrullaje se autorice el ingreso de 13 mil soldados, 46 buques de guerra, 200 helicópteros y aeronaves.
De esta forma, la presidenta Laura Chinchilla mantiene la línea del ex presidente Oscar Arias (2006-2010), que había firmado los Tratados de Libre Comercio profundizando el dominio de la Casa Blanca.
El permiso para la ocupación lo solicitó la embajada de Estados Unidos a través de una carta, la cual exige inmunidad para sus oficiales y soldados, y que los tribunales militares y civiles estadounidenses sean los únicos autorizados para recibir denuncias contra sus marines. Las condiciones fueron aceptadas por el gobierno de Costa Rica, que desde 1948 no posee ejército propio.
Algunos parlamentarios calificaron el hecho como ilegal y violatorio de la soberanía nacional. El diputado Luis Fishman, del Partido Unidad Socialcristiana, expresó que “no puede ser que demos un cheque en blanco para autorizar a que cualquier cantidad de buques de la Armada (estadounidense) atraquen en nuestro territorio”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, José María Tijerino y el comisionado antidrogas del Gobierno, Mauricio Boraschi, alegaron que no hay intención en militarizar el patrullaje conjunto que realizan Costa Rica y Estados Unidos desde 1999 y dijeron que “es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas”.
Pero con este movimiento Estados Unidos no busca simplemente “ayudar” a Costa Rica en su lucha contra el narcotráfico, sino que la intención oculta -cada vez más develada- del imperio estadounidense es controlar militarmente una zona estratégica en el continente como lo es el Mar Caribe y el paso del Océano Atlántico al Pacífico por Panamá. Además apunta a desestabilizar a Nicaragua -país vecino-, que pertenece al ALBA y por lo tanto no adhiere a las políticas depredadoras de Estados Unidos.
Asimismo, si nos detenemos y analizamos los últimos movimientos de Estados Unidos en América Latina, se podrá notar que ha logrado rodear a la Republica Bolivariana de Venezuela.
Como en una partida de ajedrez, con el golpe de estado cívico-militar en Honduras, al peor estilo de las dictaduras de la década del ’70, con persecución, desapariciones y muertes -entre ellas 9 periodistas, cada uno en las distintas regiones del país para atemorizar a sus colegas y al pueblo-, la injerencia en Haití de 20 mil marines estadounidenses luego del terremoto en enero de este año que causó la muerte de más de 200 mil personas, las bases en Aruba y en Curazao, el Plan Colombia y las siete bases militares y la actuación en Panamá con las once bases programadas en ese país, el imperio de Estados Unidos asecha a Venezuela.
Mientras tanto, a una niña de seis años el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU no le permitió subir a un avión para viajar junto a sus padres a Minneapolis (Minnesota). La niña, Alyssa Thomas, figuraba en la lista de pasajeros a los que se prohíbe volar por tener posibles vínculos con el terrorismo. Luego de la protesta de los padres y de explicar con detalle que es imposible que una niña de seis años tenga vínculos con el terrorismo mundial, la niña fue autorizada a viajar aunque les dijeron que seguirá figurando en la lista y que no les informarían acerca de los datos que poseen de su hija u otra persona con el mismo nombre.
El imperio estadounidense, en decadencia, avanza y consolida su intervención en zonas estratégicas del continente y del mundo. Y ni los niños se salvan.
