El agotamiento de su modelo de construcción política y el nuevo escenario económico global jaquean al kirchnerismo de cara a las elecciones de octubre. Se abre una nueva etapa donde ya nada será como antes. ¿Prevalecerá la impronta nacional y popular ante la resurrección del estilo moderado neoconservador?
El año 2008 podría ser recordado –si merece serlo– como el del agotamiento de una receta: la elegida por Néstor Kirchner para salir del tembladeral que acabó con cinco presidentes en tiempo record, colocó al país en cesación de pagos, consolidó una marginación estructural –en nuestro país, inusitada–, terminó de desquiciar el sistema institucional, del político al policial, pasando por el económico, el cultural y el judicial. Un tembladeral correspondiente a un “país inviable” que había renunciado a su soberanía aun en sus manifestaciones más nimias y que, en caída libre rumbo a la dolarización, se encontraba a las puertas de perder hasta la moneda.
Un país que ya no era uno sino varias regiones dirigidas por otras tantas oligarquías conservadoras de camiseta peronista coexistiendo dificultosamente y sujetas a tensiones excéntricas.
Entre otros muchos frutos del paraíso neoconservador.
La doctrina de los Derechos Humanos
Con el propósito manifiesto de reconstruir la autoridad política presidencial, la receta de Néstor Kirchner en lo político-institucional consistió en dotar de integridad, independencia y eficacia al poder judicial a partir de la remoción de su cabeza, que había sido, como en todo, lo primero en pudrirse: la destitución de la anterior Corte Suprema y su reemplazo por juristas de idoneidad e independencia reconocidas fue una medida cuya real trascendencia nos resulta difícil calibrar a los contemporáneos. Otro tanto ocurre con la supresión de las leyes que consagraban la impunidad en materia penal (la eliminación de la impunidad de los delitos económicos seguirá siendo materia pendiente en tanto no se modifique sustancialmente la estructura económica y productiva del país) junto a la plena vigencia de los derechos humanos.
Aclaremos: la plena vigencia de los derechos humanos no significa que no se violen jamás, sino que su violación es sancionada.
Segunda aclaración: algunas personas incautas, por llamarlas de alguna manera, sospechan y hasta han llegado a afirmar que los derechos humanos fueron y son esgrimidos como tapadera de negociados, desfalcos y váyase a saber qué cosas; o, en todo caso, como un simple recurso demagógico. Como siempre, lo que vale no es la intención, ni mucho menos la motivación, sino los hechos, razón por la que el ejercicio ilegal del psicoanálisis que apasiona a innumerables periodistas y “observadores” y a no menos políticos de pacotilla carece por completo de pertinencia y más vale prescindir de tales masturbaciones. Lo que aquí importa no es sólo que los derechos humanos en sí mismos deben ser respetados y necesitan consolidarse como un valor incuestionable de una sociedad, sino que además constituyen una doctrina que contraponer y con la que reemplazar a la de la seguridad nacional en la formación y funcionamiento de las fuerzas armadas y las distintas fuerzas policiales del país.
Se dirá que nadie cuestiona la importancia de la independencia judicial ni de la vigencia de los derechos humanos. Es verdad, tan sólo unos pocos taitas se animan a hacerlo a viva voz. Sin embargo, están en estos dos puntos las razones del odio negro que Néstor y Cristina Kirchner han sabido merecer por parte de ciertos sectores sociales y especialmente por un nutrido grupo de dirigentes de diversos partidos políticos, empezando por el justicialista.
También es cierto que ese rencor –que a menudo orilla lo grotesco– es en la actualidad promovido por los grandes grupos económicos con los que el kirchnerismo alternativamente fue discutiendo y pactando, pero a los que de ninguna manera se ha subordinado en forma automática.
El salvavidas de plomo
Con la pesificación heredada de tiempos de Duhalde, la receta económica de Néstor Kirchner fue simple: superávits gemelos, obra pública, aumento de salarios y jubilaciones y por ende, del consumo –lo que como consecuencia traería aparejado un aumento de la producción y el empleo– subsidios a los servicios privatizados, escaso fomento directo a la pequeña empresa, depredación de los recursos naturales y cierto errático sistema de acuerdos con los “formadores” de precios.
La receta dio buenos resultados en lo inmediato, pero muy pronto encontró su límite, que está en la estructura social y económica que quedó como saldo de 25 años de entrega y destrucción. Por ejemplo, con un todavía altísimo nivel de desempleo, la industria se topó con un gran escollo: la falta de mano de obra. A la vez, el porcentaje de empleo en negro sigue siendo descabelladamente alto, lo que desfinancia la seguridad social y el sistema jubilatorio, produce una notable desigualdad en los ingresos de los trabajadores y ahonda los abismos que dividen a los distintos sectores que al menos nominalmente componen la sociedad nacional.
Tal vez se debió haber apelado a políticas de distribución más directas, como las propuestas por la CTA, que dieran más alcance al círculo virtuoso originado en el incremento del haber mínimo jubilatorio así como en los casi dos millones de nuevas jubilaciones, pero convengamos en que el problema no era imputable a las autoridades y que esos sistemas distributivos tampoco son una solución de fondo. Tampoco lo es la redistribución de ingresos por vías indirectas, cuya importancia suele escamotearse. La nuestra es una sociedad que no existe como tal, en tanto la misma geografía política contiene a personas que no pertenecen a la misma comunidad. Para peor, la enorme porción marginada no se compone de expulsados, sino de hijos y nietos de quienes alguna vez fueron excluidos. Su integración –que merecería ser el objetivo nuclear y ordenador de todo gobierno– no podría ser obra de una administración y tal vez ni siquiera de una generación, lo que de ninguna implica que no se requiera de políticas más activas, ambiciosas y totalizadoras de las que pueden ser implementadas desde Acción Social: la entera estructura de lo que quedó del Estado debería estar al servicio de la incorporación de quienes son excluidos de todo, hasta del ejercicio de la ciudadanía.
Otro límite, previsible desde un primer momento, lo encontró el sistema de acuerdos con los grupos más concentrados de la economía, que fueron respetados por éstos en tanto le eran útiles para incrementar su ya casi absoluto poder sobre la estructura económica del país. El gobierno de Cristina Fernández sigue insistiendo en esta estrategia, cuando está claro que esos grupos económicos ya no necesitan del Estado ni de las autoridades políticas. Por el contrario, éstas constituyen un estorbo y son objeto de permanente extorsión. El resultado de la estrategia elegida para el “control” de precios fue una aun mayor concentración de la estructura económica y productiva, vale decir: pan para hoy y hambre mañana, un mañana que ya es hoy.
En cierto sentido podría decirse que los límites de la receta kirchnerista se debieron a su éxito, pero el agotamiento fue consecuencia de la pereza intelectual o acaso la superficialidad y pobreza ideológica de sus dirigentes, que no comprendieron (o no les importó) que la receta que en lo inmediato tan buenos resultados le daba, volvía a la sociedad –y aun a ellos mismos– todavía más inermes frente al creciente poder de los grandes grupos económicos.
El caso Techint –otrora niña mimada de la administración kirchnerista– y muy especialmente el de los grandes medios de comunicación, beneficiados con una prórroga arbitraria de las licencias vencidas mientras se dejaba en la banquina una ley de radiodifusión que democratizara ese espacio, son ejemplos evidentes de lo cortas que son las patas de esa receta.
La conjura de los necios
En líneas generales, esta estrategia de trazo grueso, sumamente errática en la implementación de políticas específicas, constituyó una saludable novedad: la de un gobierno que con sus más y sus menos se puso del lado de los intereses nacionales y populares en vez de servir de dócil instrumento de los intereses externos. Se trata de un “detalle” que los críticos de ésta y la anterior gestión, a veces solemos olvidar, pero que bajo ningún punto de vista pasa desapercibida a aquellos que han hecho sus carreras en base a la sistemática y recurrente entrega del patrimonio nacional, lo que se advierte con claridad en las conductas y actitudes corrosivas de gran parte de los opositores y no pocos ex oficialista o en vías de dejar de serlo, y de los voceros del establishment en general.
Pero esa estrategia ha hecho implosión en el 2008 con la resolución 125 y la demencial batalla librada a su alrededor, donde al empeño suicida de los productores se correspondió la no menos suicida contumacia gubernamental, que habiendo partido del error, se obstinó en reiterarlo.
La resolución 125, más allá de las explicaciones y retoques a posteriori, se originó en una necesidad de caja (no “la de Cristina”, como dicen las tontas señoras y señoros gordos, sino la del Estado nacional) sin responder a ninguna estrategia en materia agropecuaria. Simplemente porque no la había, por desidia, desinterés y, si se quiere, “unilateralidad”, por ese empeño tan propio del kirchnerismo de funcionar en una sola dimensión. Por ejemplo, la necesidad de mantener los superávits gemelos de ninguna manera implica carecer de políticas agropecuarias, o industriales o educativas o sociales, en resumen, políticas específicas para cada área, y dentro de ellas, para los distintos problemas, conflictos y realidades parciales.
Las autoridades creyeron que con “la receta” del trazo grueso bastaba, y “la receta” reveló su agotamiento. Lo grave de la situación, el indicador más crudo del marasmo nacional fue que no era solamente el gobierno, sino los propios interesados quienes no tienen –ni quieren tener– una política agropecuaria. Por no mencionar el descarrilamiento de una supuesta izquierda –desde Vilma Ripoll y Alderete a Lozano y Pino Solanas– que sirvió objetivamente a la peor de las derechas, llegando en algunos casos al absurdo (o a la demostración por el grotesco del sainete en que eran actores de reparto) de marchar del bracete de la más infame oligarquía llevando en las pancartas la imagen del Che.
Pero la orfandad, la liviandad, la estupidez de los diversos sectores políticos y sociales no justifica la liviandad y estupidez gubernamentales, si bien sirve para ponerla en perspectiva: éste no es el gobierno imperfecto de un país de genios, sino el gobierno imperfecto de un país de ineptos.
De lo nuestro, lo peor
Al agotamiento de la receta económica que tuvo lugar el año pasado, se corresponde la implosión de la receta política que está teniendo lugar en estos momentos y cuyo ejemplo tal vez más emblemático lo constituye la renuncia de Carlos Reuteman al bloque de senadores oficialista.
Podría decirse: el crimen no paga. Pero encima, el criminal insiste: ya esta “receta” que los genios del kirchnerismo aplicaron en el caso Reuteman había dado los mismos frutos cuando Néstor Kirchner optó por Guillermo Schiaretti a expensas de Luis Juez, con el resultado previsible que puede tener el entronizar a un tartufo consuetudinario ya en vías de defunción política y a la vez transformar a un aliado incómodo pero aliado al fin en la yarará ciega y rabiosa que hoy es Luis Juez. También Busti fue por entonces resucitado por Néstor Kirchner, por no mencionar a una numerosa cohorte de adefesios “peronistas” del conurbano, empezando por Felipe Solá, uno de los tantos cajetillas incompetentes que tan desolador vuelven el panorama político argentino.
La resurrección del oscuro senador Carlos Reuteman obedece a la misma lógica y tiene los mismos resultados. La receta política –equivalente al “control” de precios en base a acuerdos con quienes los distorsionan– también ha mostrado su límite. Y esto se debe a que el odio que Cristina y Néstor Kirchner despiertan en quienes entregaron el país y se enriquecieron en el proceso, o en aquellos que en su momento no supieron cómo detener la caída libre nacional, es superior a sus propios intereses políticos y aun económicos.
A estas alturas no es posible creer que con un gobierno “normal” alcanza, que una eficiente administración de los asuntos públicos puede resolver los problemas de la Argentina actual, que el espíritu “parlamentarista” de la gestión de Cristina Fernández logrará convocar a un arco opositor más interesado en la destrucción gubernamental que en el interés nacional, el crecimiento propio o en la puesta en práctica de sus ideas, si acaso las tiene.
La discusión hoy no es acerca de una gestión gubernamental sino que se trata de la existencia nacional, la reconstrucción del Estado, la recuperación de la soberanía y el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, objetivos hacia los que el gobierno avanza con vacilaciones y a los tumbos, pero de los que la oposición descree manifiestamente.
Esto requiere de políticas diferenciadas y exige previamente de una “idea” de la sociedad a la que se aspira, “idea” que, para ser posible, debe ser compartida sino por el conjunto, al menos por una porción significativa de la comunidad nacional. Una comunidad que hoy no es más que una sumatoria de personas que están solas y pasivas frente al televisor, listas para pensar y comprar lo que el poder económico quiere que piensen y compren.
Los “estrategas” del kirchnerismo deberían tomar nota. Tal vez entiendan que ya no es posible navegar a dos aguas, que entre las dos argentinas posibles es necesario tomar partido con mayor claridad y que si en una cuesta uno se queda a mitad de camino, se cae.
