Tal como había sido diseñado en los 90, el sistema de AFJP manipulaba el dinero de los trabajadores en una doble intermediación financiera: las AFJP prestaban esos fondos al Estado a interés y cobraban una altísima comisión confiscatoria por administrarlo. De ese modo, si antes el déficit fiscal se financiaba con los fondos públicos del sistema previsional solidario, ahora se hacía con los mismos fondos públicos pero en manos privadas.
En una década, un grupos de banqueros (Roberto Alemann aparecía personalmente en una publicidad, alabando el sistema sin limitación alguna) se apropió de una suma considerable de lo producido por el trabajo argentino. Como consecuencia, la mitad de quienes entraron en el sistema cobrarían hoy 50 pesos mensuales por su retiro de no haber contado con el auxilio del Estado, una decisión tomada en 2005.
El capitalismo mágico operó en los 90 con el argumento falaz de la libre elección, pero como sucedió con los servicios públicos, todos nos convertimos en rehenes del negocio privado.
Como sucedió con la restatización de Aerolíneas Argentinas, el fin de este sistema perverso no se hará por decreto, sino mediante su discusión en el Congreso.
La oposición podrá argüir que Marsans y las AFJP ya son negocios privados inviables, que el Estado sale a socorrerlos aunque no los controló eficazmente cuando eran súper-rentables, con lo cual tuvieron la oportunidad de apropiarse de la parte del león de esos bienes públicos. y lo que se decide ahora es puro oportunismo para afrontar mejor el crack financiero.
Sean cual fueren las intenciones, ambas medidas marchan en buena dirección.
Si el capital privado mostró en ambos casos su ineficacia e inequidad, no menos cierto es que el Estado debe asegurar ahora que los fondos provisionales no van a ser nuevamente expoliados por el propio Estado.
Es una cuestión de justicia distributiva.
