La primera causa contra Martínez de Hoz por el homicidio de Casariego de Bel, iniciada por quien fuera su esposa y su hija, recayó en el juzgado del doctor Oyarbide. Una comisión de Diputados que, formada en 1984, investigó la estatización fraudulenta de la Ítalo concluyendo que la empresa no costaba más de 10 millones de dólares (se pagaron casi 400), tenía testimonios suficientes como para procesar a Martínez de Hoz.
Pero Oyarbide no tomó ninguna medida procesal significativa.
Ahora, el juez Rafecas —con los nuevos elementos aportados por la Secretaría de Derechos Humanos y la familia del asesinado— deberá decidir si continúa con la investigación (que ahora incorpora a Juan Alemann y Guillermo W. Klein) o la gira a Oyarbide para unificar ambas causas.
Nueva pruebas, según trascendió, van a remover el avispero.
En la década del ‘90, un programa televisivo conducido por Mauro Viale simulaba, con actores profesionales, escenas de secuestro, torturas y asesinatos sufridos durante la dictadura, un formato que luego copiaría Chiche Gelblung.
Entre lo truculento, sobresalían los comentarios de un columnista fijo, el Turco Simón, quien, con su habitual sonrisa torcida de enfermo mental irrecuperable, contaba con lujo de detalles cómo se secuestraba, torturaba y asesinaba. Lo que a la postre sirvió para sepultarlo en una cárcel.
Y lo más siniestro de esas puestas en escena: los productores aseguraban que los guiones se basaban en interrogatorios reales, volcados por escrito desde supuestas desgrabaciones, y obtenidos váyase a saber cómo.
Cómo llegaron a la producción de Viale integrada en esos años por Fabián Domán, luego nombrado vocero de prensa de la embajada argentina en Washington y hoy columnista de C5N y Canal 9, será una de las tareas impostergables que deberá encarar el juez.
Fueron tres los interrogatorios tomados como base para guionar: los de Rafael Perrota, Gallego Soto y Casariego de Bel. Los tres, asesinados con una metodología similar. Perrota fue director del diario El Cronista Comercial. Soto y Casariego de Bel, funcionarios del ministerio de Economía.
En aquellos años ‘90, el entonces juez Bagnasco desprocesó a Domán y no tomó ninguna medida contra Viale, ayer protegido del presidente Menem y hoy de Alberto Pierri.
