Un crimen de Estado

La masacre policial de cuatro pibes en San Miguel del Monte marcó una nueva escalada de la Doctrina Chocobar. Antecedentes, objetivos y responsabilidades del gobierno que batió el récord de violencia institucional.

La masacre policial de cuatro pibes de 13, 14 y 22 años en San Miguel del Monte constituyó una tragedia anunciada. Con protocolos, actos, gestos y decisiones políticas, el Gobierno de Cambiemos promulgó un vía libre para que los uniformados disparen a discreción.

 

La brutal persecución que terminó con la vida de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel, el aplauso, medalla y beso al policía Chocobar y el protocolo que habilita a las Fuerzas de Seguridad a disparar sin siquier dar la vos de alto, sin hitos en la escalada de demagogia punitiva que el pasado domingo 19 se cobró la vida de cuatro pibes en un pueblo bonaerense.

 

Los nombres de esos chicos se suman a la nutrida lista de víctimas de la violencia estatal que, en la era macrista, alcanzó un nuevo récord: un muerto cada 22 horas. Algunos casos, como la masacre de Monte, llegan a la opinión pública. Pero la mayoría se diluye en el oscurantismo judicial. “Muchos ni siquiera llegan a juicio y, cuando llegan, las condenas son menores a la reclusión perpetua, que es la pena correspondiente constitucionalmente a un homicidio perpetrado por un agente de las fuerzas de seguridad” apunta un documento de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), una organización que lleva tres décadas relevando y denunciando los crímenes cometidos desde el Estado.

 

El relevamiento anual de la Correpi indica que Cambiemos registra el mayor pico represivo desde el retorno de la democracia. “Nunca se había llegado al punto de generar un aval tan explícito por parte del Poder Ejecutivo a un accionar que es completamente ilegal y que, como sabemos, tiene como única finalidad el disciplinamiento de la juventud de clase trabajadora” enfatiza el documento.

 

El emblema de ese aval al gatillo fácil fue la cálida recepción que el presidente Mauricio Macri y su ministra, Patricia Bullrich, ofrendaron Luis Chocobar, el policía comunal de Avellaneda que asesinó a un joven por la espalda. Correpi detectó que en los días posteriores a esa postal se incrementaron los casos de violencia. A saber:

 

– El 26 de enero, se registró el fusilamiento de un joven en Córdoba, en el Barrio Argüello, en manos de un policía que le disparó, bajo el pretexto de que el joven estaba queriendo ingresar a robar a una vivienda.

 

– El 1° de febrero, al mismo tiempo que el juez procesaba y embargaba a Chocobar, el policía Rubén Darío García de la policía vial de Quilmes, baleó a su ex novia de 19 años, frente a la comisaría de la mujer de Florencio Varela, cuando esta se dirigía a realizarle una denuncia por violencia de género. García terminó baleando también a otros efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

 

– El 3 de febrero, un policía de la Ciudad de la Comisaría N°28 de Barracas asesinó a un pibe de 19 años, que supuestamente lo había interceptado junto con otros jóvenes que bajaron de un auto para robarle sus pertenencias, en la zona de Quilmes Oeste. La UFI 4 de Quilmes catalogó el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y dejó en libertad al policía hasta que se realicen las pericias.

 

– El 4 de febrero falleció en Las Talitas, Tucumán, Alexis Noguera de 23 años. La policía bajo el pretexto de estar buscando a un delincuente, ingresó la noche del 3 de febrero en su casa disparando balas de goma y rompiendo todo a su paso, acusando a su hermano de haber sido el culpable. Cuando Alexis fue a defender a su hermano de la golpiza que estaba recibiendo por parte de los agentes policías, terminó siendo también golpeado. Una mujer que, con su hijo en brazos, registraba el hecho con la cámara de su celular fue estrangulada por la policía y obligada a soltar el aparato. Un policía le disparó una posta de goma directamente a la cara a Alexis, y luego lo golpeó con la culata del arma, lo cual generó que el joven perdiera el conocimiento y falleciera al día siguiente.

 

– El 7 de febrero, un efectivo del grupo Halcón asesinó por la espalda al joven de 17 años Fabián Enrique, porque supuestamente habría intentado robarle el celular. El policía estuvo prófugo por 24 horas, hasta que se presentó en la comisaría 3° de Quilmes, y dio su versión de los hechos. La UFI 4 de Quilmes caratuló el hecho como homicidio, y se desafectó al policía de su cargo.

 

– El 8 de febrero, falleció en el hospital el joven Luis Maldonado de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, quien quedó internado luego de recibir disparos por parte del oficial de policía Ezequiel Gerard, mientras él y otros jóvenes se fugaban luego de un intento de robo.

 

– El 26 de febrero nos llegó la noticia de un joven asesinado por un agente de la PSA, en Monte Grande. Thomas Ramiro Díaz era menor de edad y junto con otros jóvenes habría querido ingresar a la vivienda del policía para robarle con un arma de juguete. El policía, haciendo uso del arma reglamentaria de su pareja, le disparó cinco balazos.

 

Las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte tenían entre 13 y 22 años.

 

El gatillo fácil no es la única modalidad en la que se manifiesta la brutalidad policial. También deben contabilizarse los casos de torturas y muertes en cárceles y comisarías, donde el castigo penal se ejecuta extremando las condiciones de vulnerabilidad.

 

El hacinamiento y el maltrato carcelario hace cumbre en los calabozos atiborrados de las comisarías, donde se desarrolla la quintaesencia de la demagogia puntitiva: la mayoría de los presos están encerrados sin condena y en condiciones infrahumanas.

 

A fines del año pasado, una revuelta de presos hacinados derivó en una masacre. En la madrugada del 15 de noviembre, algunos de los 27 detenidos de la comisaría tercera de Transradio (Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires), encendieron fuego en colchones y frazadas a modo de protestas porque les habían cortado la luz. “Ahora se van a quemar como las ratas que son”, dijo uno de los policías que observaba el fuego crecer en los calabozos. La advertencia derivó en masacre: hubo diez muertos.

 

Tiempo antes de la madrugada fatal, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora había ordenado la clausura del establecimiento. En la resolución emitida por el tribunal, se exigió al Ministerio de Seguridad y al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que desalojara de “manera urgente” los tres calabozos del lugar y trasladara a los presos a otras dependencias. “Ninguno de los funcionarios dio respuesta a la grave situación”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) luego de la masacre.

 

Blindada por los medios y la política, la gobernadora María Eugenia Vidal zafó del escándalo con un medida cosmética: pasó a disponiblidad a los cinco policías que se encontraban en la comisaría al momento del incendio. Del mismo modo respondió a la masacre de Monte. Para apaciguar la escalada del reclamo social separaron a una docena de policías, y encarcelaron a la mitad, acusados de homicidio.

 

La táctica de soltar lastre para mantener a flote el sistema es un clásico de los gobiernos que operan en complicidad con el añejo y aceitado mecanismo de violencia y delitos que desarrollan las Fuerzas de Seguridad. Y del cual se viene sirviendo el macrismo para contener a balazos el conflicto social provocado por un modelo económico que potenció la pobreza y la exclusión..

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