La reciente confirmación de una pena de tres años para Milagro Sala por haber instigado un escrache al actual gobernador jujeño y entonces senador nacional, Gerardo Morales, sigue generando repercusiones en el ámbito jurídico, no sólo porque el delito nunca se comprobó debidamente sino también por dos razones: el caso complica la credibilidad de algunos departamentos de la Justicia argentina ante el mundo y ejemplifica la acción de esta sobre la base de dictados políticos que no por oscuros dejan de resultar evidentes.
Para el jurista Eduardo Barcesat por ejemplo, “estamos frente a tribunales que deshonran el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”. Pedro Dinani, por su parte, miembro del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), observando que “quien deba fallar debe hacerlo con justicia, teniendo en cuenta al más débil”, sostuvo que la reciente convalidación de la condena a Sala por parte de la Sala IV de Casación “realmente atenta contra los principios básicos de la democracia”.
A estas opiniones de prestigiosos juristas y letrados, se suman las de Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, quien consideró que “la prisión de Milagro Sala es absolutamente una cuestión política”. También que el fallo (que sólo implica una condena en una de las tantas causas que el poder político movilizó contra la referente jujeña), implica un “castigo a Milagro Sala por haber intentado una labor en beneficio de los sectores más pobres de la provincia”. Agregó que “se junta su condición de mujer y de integrante de un pueblo originario”, las cuales son, a su juicio, “todas las cosas que la oligarquía y el señor Morales no toleran”.
Justicia y poder
Tanto Barcesat como Szmukler se han manifestado cautos a la hora de brindar apreciaciones sobre la situación de Milagro Sala y esta sentencia –que significa la ratificación de su prisión mientas la condenada denuncia torturas y su caso es considerado por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– fue observada por ambos fuera de las lecturas mediáticas de la misma. Pero estos destacados juristas analizaron el caso desde sus posibilidades y sus palabras brindan pautas de lo mucho que todavía se puede imputar a la Justicia argentina por su acción contra Sala y, también, sobre lo que se puede hacer para su libertad.
Esta Justicia, para Barcesat, manifestó con el fallo de Casación “una especie de obsecuencia con el poder que realmente avergüenza y descalifica su pronunciamiento”. Denuncia que “estamos frente a estos tribunales que deshonran el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional” y que los jueces que obran en esta como en las otras causas contra la líder política “van simplemente por los dictados del poder”.
Además, entiende que todo camino para conseguir la libertad de Sala, que reclaman las paredes de toda Argentina y voces prestigiosas en todo el mundo, “se ha complicado con esto, pero de todas maneras la decisión última la tiene la Corte Suprema”. Aventura que “este expediente en el que acaban de confirmarle el procesamiento va a ir a la Corte seguramente por apelación de la defensa y se va a acumular con el pedido que ya tenía para obtener la excarcelación”.
“Temo que ahora la Corte tenga un pretexto para decir, ‘bueno, esperemos que se junten los dos expedientes y después resolveremos’”, aduce y estima que la situación “prolonga indebidamente” la prisión de Sala y puede “significar un nuevo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la comisión de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias”. Aunque aclara que, pese a que todo ello “tiene un alto valor simbólico, no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya en febrero de este año dictó un pronunciamiento diciendo que era potestativo de la Corte cumplir o no cumplir con las decisiones de los órganos jurisdiccionales de los pactos internacionales”.
“Los organismos argentinos de derechos humanos, en su pluralidad y divergencias, se han manifestado unánimemente por la libertad de Milagro Sala”
Por su parte, Szmukler manifiesta que “hay una razón fundamental para que Sala esté en libertad, porque para estar presa tendría que tener capacidad de perjudicar la investigación o posibilidad de fuga” y que “ninguna de las dos cosas son ni siquiera posibles de imaginar”. Añade: “más allá de este fallo, a Milagro Sala le han metido una cantidad de causas que no tienen ningún sostén desde el punto de vista jurídico”.
Por otro lado, considerando que cursan en ella reclamos de libertad para Sala porque cuenta con fueros como diputada al Parlasur y no tiene posibilidad ni intención de fugarse, califica que “lo que es grave, al margen de este fallo, es que la Corte Suprema de Justicia tenga dos meses el tema sin resolver”. “Eso es gravísimo porque demuestra que el manejo de los tiempos de la Corte está en función puramente política”, denuncia y sostiene que “no hay ninguna justificación para esta demora”.
“El poder judicial de la provincia de Jujuy es absolutamente dependiente del Ejecutivo provincial”, señala Szmukler y no duda en afirmar que “acá hay odio de clase” y que “esta situación compromete al país desde el punto de vista internacional”.
Pero, para despejar dudas y confusiones, destaca que “cualquiera que haya sido su resultado, este fallo no resolvía la libertad porque ella no está presa por esta causa”. Argumenta: “en esta causa ella tenía condena de tres años de ejecución condicional, consecuentemente por esta causa estaría en libertad”. En ese sentido, colige: “lo que está en juego es si tenemos realmente una Justicia que dé garantías a los derechos humanos, al debido proceso, a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los pactos internacionales”.
Desde los organismos
Los organismos argentinos de derechos humanos, en su pluralidad y divergencias, se han manifestado unánimemente por la libertad de Milagro Sala. Esta ratificación de condena contra ella, no hace otra cosa que reforzar sus posiciones y, desde el más antiguo de ellos (que lo es también de toda América, porque existe desde 1937), la LADH, dijo Pedro Dinani que el fallo es “totalmente injusto” y que por ello “nosotros, los agredidos por este fallo, debemos resistirlo en todas las circunstancias”.
Dinani especificó que “quien deba fallar debe hacerlo con justicia teniendo en cuenta al más débil” y en este caso se hizo “todo lo contrario” por lo que, estimó, “es ilegal (…) más allá de que sabemos que la causa fue armada”. Agregó: “Milagro Sala está detenida para que en Jujuy pueda establecerse una pseudo democracia donde el gobernador Morales y los empresarios, como los del Ingenio Ledesma, puedan tener a su servicio la provincia y que esta, a su vez, sea una muestra de lo que nos puede pasar a los que en algún momento resistamos este terrible ajuste neoliberal”.
“El proceso es falso, está mal y es nulo”, observó el abogado de derechos humanos e imputó: “esta convalidación que hace la sala IV realmente atenta contra los principios básicos de la democracia”. Pero analizó: “si nuestro máximo tribunal, que es el Superior Tribunal de Justicia, falla en el sentido del 2×1 nos damos cuenta de que se está utilizando la Justicia como un elemento de apriete al pueblo”.
“Ojalá algún día podamos someterlos a un juicio justo”, expresó en referencia a los jueces que determinaron la prisión que todavía sufre la referente política porque “están avasallando todos los derechos que le corresponden a Milagro Sala y a nosotros como sociedad”.
